Institucionalidad democrática

La institucionalidad democrática de una nación es aquella que debe fundamentarse en su Constitución Política, reforzando la clara y robusta separación de los tres órganos del Estado. Esta pertinente delimitación de los poderes, se logra con una carta fundamental cónsona, que limite el ejercicio del poder político, fortalezca las instituciones, asegure la rendición de cuentas de quienes ostenten el poder público, garantice la estabilidad política y la paz social, fortaleciendo –de tal manera– la democracia y el estado de derecho.

La institucionalidad es la base y sostén del ordenamiento jurídico, social y económico de una nación. Esta garantiza el desarrollo y crecimiento de los pueblos, y permite el compromiso social dirigido al fortalecimiento del ejercicio de las libertades ciudadanas, encaminadas al desarrollo socioeconómico del país.

La patria no puede seguir a la espera. El país necesita una carta fundamental coherente que asegure el respeto a las instituciones democráticas, consolide y promueva los valores fundamentales de la sociedad. La sociedad civil organizada representa propósitos pertinentes en el ejercicio de la democracia participativa y se empeña, de diversas maneras, en impulsar con máxima diligencia y tesón, el urgente rescate de la institucionalidad democrática. Ello solo se logrará mediante la elaboración de una nueva Constitución Política; hacerlo es fundamental, pues esta no debe “autoexcluirse” de tan vital misión ciudadana hacia el fortalecimiento de una real democracia participativa, por la que, con derecho, siempre reclamamos.

No hay duda alguna, en el pensar ciudadano, de la apremiante necesidad de fortalecer el derecho a vivir en plena “paz social”, consecuente con la urgencia de reformar la Carta Magna. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar por una acción gubernamental en este sentido?

El país requiere y está listo para el cambio constitucional. El tema se debe abordar ahora. No debemos seguir postergando y dilatando lo inevitable; nuestro principal objetivo es lograr una verdadera, sostenible y coherente institucionalidad democrática en Panamá.

Reiteramos, la “paz social” ciudadana es el derecho fundamental de toda sociedad que desea vivir en democracia. El marcado presidencialismo de la actual Constitución sirvió de herramienta y dio asidero para que el pasado gobierno abusara del poder, demostrando la frágil institucionalidad democrática que tenemos. Mantener esta situación le indica a la ciudadanía que su presente y futuro continuará a merced de los actos que ejecute el gobierno, ya sea a nuestro favor o perjuicio.

Urge la reforma constitucional. Hagamos lo pertinente para el logro de este primordial propósito. No le demos más tiempo al tiempo, pues de seguir así nuestro destino se perfila repleto de inconsistencias dañinas, que opacan las expectativas de un mejor presente y futuro.

Se puede consultar, pero solo uno decide

Todos pueden opinar, comentar, dar sus consideraciones y criticar sobre los candidatos a ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Todos tienen el mismo derecho de expresarse y ser escuchados, no importa cuáles sean sus posturas políticas. Ninguna opinión debe pesar más que las otras, y nadie debe tener mayor influencia que los demás, a la hora de valorarse los puntos de vista. Esa es la verdadera democracia. Si, por el contrario, simplemente se hace toda una pantomima, los nuevos magistrados de la Corte Suprema nacerán del consenso y, al final, la decisión proviene de lo que digan unos cuantos, entonces, lo único que hay es un dictadura disfrazada en donde los que mandan son aquellos con poder económico y político. La Constitución lo dice, la decisión de elegir a los próximos magistrados es responsabilidad y una decisión del presidente de la República, únicamente. Se puede escuchar, consultar, comentar y evaluar; pero el que decide y tiene la última palabra es el jefe de Gobierno. Escuchar consejo es de sabios, dejarse manipular y ceder ante las presiones de aquellos que tienen intereses particulares, es de tontos. Lo que debe primar en la próxima selección de los magistrados es el bienestar y el futuro del sistema de justicia que es, al final, parte del bienestar y el futuro de la nación. Por favor Sr. Presidente: A la hora de tomar una determinación, que no prime otro factor que ese: el bien del país. Que no influyan los amiguismos ni las presiones políticas ni utilice la ocasión para saldar favores pendientes.

Preparando la descentralización

La descentralización no solo tendría impacto en acercar a las comunidades a la toma de decisiones y dar respuestas rápidas a sus demandas sociales. Incursiona también en variados aspectos relacionados con la migración campo-ciudad, nuevas inversiones, expansión del empleo y consumo, reducir el clientelismo, entre otros. En esta perspectiva, uno de los principales retos será el desarrollar una capacidad de administración en municipios que muestran precarias estructuras de gestión como resultado de una centralidad que limitaron su desarrollo.

Esta es una debilidad a encarar, formulando y alentando con determinación una cultura de planificación que sea el referente sobre el cual se asiente un nuevo arreglo administrativo, capaz de asumir las nuevas responsabilidades en el manejo de importantes recursos y funciones de manera eficaz y eficiente orientado a resultados con participación ciudadana.

Hablamos de un ciclo de aprendizaje de herramientas y criterios que desde ya las autoridades locales deben empezar a movilizar en la construcción de un aparato tecnoburocrático consecuente con las metas de la descentralización.

Hay algunos puntos sobresalientes que empiezan por el proceso de identificación de los proyectos, con base en un inventario de necesidades y diagnóstico detallado que sea el soporte que justifique y oriente la asignación de los fondos. Habrá que priorizar los proyectos, (considerando lo limitado de los recursos y capacidad instalada) y proyectarlos en el tiempo con mecanismos de valoración, cronogramas y planes operativos que desplacen y orienten las actividades y recursos de cada año. Esto nos lleva al manejo de herramientas de monitoreo con las alertas e indicadores que sirvan de control del cumplimiento de lo planeado que busque reducir los desvíos en tiempo, costo y calidad, así como su uso de imprescindible reactivo en la transparencia y rendición de cuentas.

Esto deriva en levantar un Plan Maestro de Desarrollo en cada municipio, que incluya la totalidad de los proyectos ya sean de responsabilidad central o local, pero que tenga los criterios mínimos que reduzcan la improvisación y adelanten acciones pensadas con criterio científico que nos den el panorama completo de necesidades y soluciones a realizar que se convierta en el sello de compromiso ante las comunidades beneficiarias.

La realidad municipal nos plantea otro reto complejo, ¿cómo resulta la estructura de coordinación de responsabilidades que ordene su distribución y nos diga quién hace qué?, lo cual debe armonizar distintas miradas e intereses hacia un centro común. Esto requiere un análisis de estructura que defina y distribuya funciones con vista en los productos y procesos previamente identificados que genera el esquema de producción municipal descentralizado, cuyo reparto se base en la lógica de las tareas y la cadena de corresponsabilidades de quien elabora, verifica, aprueba y presenta.

Por un lado, se tienen productos rutinarios, como los servicios del día a día (pago de derechos, solicitudes, etc.) que probablemente se ajustan a una estructura funcional vertical por departamentos, tal como lo es su actual ejercicio. Y por otro lado, los productos como proyectos de inversión que apuntan a la solución de un problema o aprovechar una oportunidad, lo cual amerita un esquema horizontal de equipos de trabajo dinámicos de distintos perfiles involucrando alcaldía, juntas comunales, asociaciones, comunidades bajo una filosofía participativa de trabajo conjunto.

Estas son variantes, que bien ordenadas apuntan hacia soluciones consensuadas y realistas, aportando los saberes de las comunidades, además de propiciar la auditoría y supervisión de la gente de que las cosas se están haciendo correctamente. Implica un trabajo de equipo que utilice el diálogo y mediación del nuevo modelo de gestión descentralizado.

Estos puntos y definiciones son una muestra de los requisitos de preparación y controles que exige su implementación, los cuales deben ser conversados y divulgados a manera de contrato con la población local, como forma de asegurar el mínimo de riesgos hacia el éxito de esta nueva propuesta.

Actos públicos, protestas y actitudes sospechosas

Canalizar lo que pueda ser el descontento ciudadano por lo que se considere negativo tiene sus formas, sus modos y hasta sus reglas. Hemos notado, con preocupación, cómo en algunos de los últimos actos y eventos públicos, donde ha habido participación de altos funcionarios, se produjeron situaciones de confrontación. Desconocemos si todo sucedió por razones de mala organización de los propios funcionarios; pero una cosa es cierta, crear un ambiente de desasosiego, donde en realidad no existe, le produce graves fisuras a la institucionalidad del país. Llama la atención que durante la entrega de orden de proceder para un proyecto de vivienda de interés social y en la reciente Feria del Empleo en la arena Roberto Durán se produjeran incidentes con un evidente matiz político. Lo peligroso de estos eventos está en la forma como se han producido, en actividades de alta presencia ciudadana. Es completamente inconveniente para el país que brote la violencia; lo es para la economía, principalmente. Mantener el buen clima de inversiones y no perder de vista que Panamá se sostiene como uno de los países con números positivos en este aspecto es necesario, e imprescindible. Atender el reclamo ciudadano es tan importante como que el país tenga un ambiente donde las pasiones se queden en su momento y espacio. No perdamos la compostura.

Presos políticos en Panamá

Diez estudiantes del Instituto Nacional, cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años, cumplieron tres meses detenidos en condiciones que cualquier organismo internacional de derechos humanos catalogaría como tortura. Están casi incomunicados, se restringe la visita de familiares, sufren presiones psicológicas y están mezclados con delincuentes comunes.

El gobierno de Juan Carlos Varela y su Procuraduría General, imitando al genocida George W. Bush, acusó a los estudiantes de “terrorismo”. Creen que esa acusación basta para violar, con descaro, la ley, la Constitución Política y los principios del derecho moderno. La diferencia entre Bush y Varela es que el primero llevó a los acusados de “terrorismo” a Guantánamo, porque sabía que en Estados Unidos nadie puede estar preso de forma indefinida, sin presentar pruebas.

La Procuraduría comete la misma arbitrariedad que Bush, pero no con hombres maduros ni combatientes, sino con jóvenes estudiantes, que apenas alcanzan la mayoría de edad, y a quienes no se les ha comprobado su participación en una protesta callejera, con destrozos. Incluso, un informe de la Defensoría del Pueblo indica que, tanto el profesor como la estudiante afectada señalan que sus quemaduras fueron accidentales y no intencionadas (Panamá América, 12/10/15).

Los métodos de aislamiento y tortura, que practican las autoridades con los alumnos, no se atreven a usarlos con los asesinos flagrantes ni con los capos de las mafias y menos con los millonarios que le han robado al Estado ¿Están reviviendo métodos dictatoriales, supuestamente, superados? La ciudadanía conoció los disturbios cometidos en el Instituto Nacional y la mayoría, incluyendo a activistas políticos, sindicales, de derechos humanos y exdirigentes estudiantiles, deplora el vandalismo irracional. Nadie defiende esas acciones, que deben ser sancionadas. Lo que no está claro es que califiquen bajo el delito de “terrorismo”. Corresponde que las autoridades prueben que los detenidos son responsables; deben permitir que sus padres los vean, dejar que actúen sus abogados y concederle iguales medidas cautelares a todos (unos fueron liberados, pero otros no. Al final del proceso, si resultaran culpables, se les debe aplicar las sanciones correspondientes, atendiendo al principio de la rehabilitación, como ha orientado el papa Francisco. El catolicismo manifiesto del presidente no debe permitirle olvidar ese principio.

También es importante decir que desde hace unos años existe una conspiración para justificar el cierre del Instituto Nacional. Además, que los abusos que se cometen contra esos institutores, la forma como procedieron a detener a un grupo de universitarios durante la última protesta y las amenazas del ministro de Seguridad de que no permitirán cierres de calle, nos dicen que se configura un Estado represor, que pretende criminalizar la protesta social. ¿Se están preparando para reprimir las protestas contra las reformas a la Caja de Seguro Social, el aumento de los impuestos.

El sepulturero de la democracia panameña

La cultura democrática es el conjunto de convicciones y valores perdurables que propician el surgimiento, desarrollo y consolidación de los regímenes democráticos. Existe en el edificio del Tribunal Electoral un Museo de la Cultura Democrática, concebido como “un espacio para la educación ciudadana, que expone en un auditorio, una galería y seis salas, información sobre la historia de la democracia en el mundo y en Panamá, desde 1903” .

De acuerdo con Miguel Seminario, presidente de la Red Internacional de Museos de la Democracia: “Tener un museo de esta naturaleza en Panamá refleja el gran interés de las autoridades del Tribunal Electoral por fortalecer la cultura democrática, a través de una educación y formación cívica ciudadana [sic] permanente” .

En ese contexto, el Tribunal Electoral ha convocado a una licitación para producir un documental sobre el dictador Omar Torrijos (1968-1981), con la intención de proyectarlo en el museo (La Prensa, 17 de octubre). Para disimular, la convocatoria comprende también la elaboración de videos sobre las dirigentes políticas Clara González y Esther Neira, y el líder panameñista Arnulfo Arias, derrocado por Torrijos y sus compañeros militares el 11 de octubre de 1968 .

La idea parece ser confundir al público en un intento por evitar que civilistas y panameñistas protesten por la presencia del sepulturero de la democracia panameña (Omar Torrijos), en un espacio dedicado a promover los valores asociados al sistema democrático. Esa estratagema podrá enredar a los simples, pero carece de todo fundamento teórico o histórico.

Bajo ningún punto de vista puede decirse que Torrijos contribuyó a “fortalecer la cultura democrática”. La cultura democrática sustenta la democracia, el régimen político cuya característica esencial es el gobierno del pueblo, a través de representantes escogidos mediante votaciones libres, competitivas, limpias y transparentes, efectuadas bajo condiciones de la más amplia libertad y autonomía personal.

Tras el golpe militar, Torrijos suspendió las garantías constitucionales, clausuró la Asamblea Nacional, sometió toda la prensa a su control, cerró la Universidad de Panamá y emitió el Decreto de Gabinete No. 58 de 1969, “por el cual se extinguen los partidos políticos vigentes”, aquellas organizaciones que, según los magistrados del Tribunal Electoral, son esenciales para el mantenimiento del gobierno democrático.

Las votaciones populares llevadas a cabo durante la dictadura de Torrijos (1972, 1977, 1978, 1980) no fueron ni libres, ni competitivas ni limpias, ni transparentes. Además, bajo Torrijos ocurrió el mayor número de muertes y desapariciones del período militar.

El dictador hizo de la persecución, la expropiación, el arresto arbitrario, la tortura, el exilio y el asesinato político sus instrumentos predilectos. ¿Son estos los elementos de la cultura democrática que los magistrados del Tribunal Electoral desean promover?

En años recientes, la ciencia política ha avanzado hacia mediciones más esmeradas del carácter y calidad de los regímenes políticos. Polity IV, una de las más citadas, califica a los sistemas políticos en un rango que oscila entre -10 (autocracia institucionalizada) y +10 (democracia institucionalizada) .

En la víspera del golpe, la calificación de Panamá era +4. Durante la dictadura de Torrijos, la calificación de Panamá descendió abruptamente a -7 (1968-1977) y -6 (1978-1981).

Evidentemente, el contenido democrático del régimen vigente hasta 1968, de por sí modesto, se perdió tras la revuelta castrense y la instauración de la autocracia torrijista. ¿Qué democracia es esa?

Freedom House es otra organización que, a partir de 1972, realiza mediciones anuales del carácter de los sistemas políticos. Sus datos son de amplia aceptación en la disciplina.

En las evaluaciones de Freedom House, los Estados democráticos son “libres”. Freedom House califica a Panamá bajo Torrijos como un Estado “no libre” (1972-1977) y “parcialmente libre” (1978-1981), solo después de que Washington obligó a la dictadura a flexibilizarse un poco como requisito para la aprobación de los tratados del Canal de 1977 por el Senado estadounidense.

A no ser para exponer cómo atentó contra el régimen democrático, el sepulturero de la democracia no tiene cabida en un museo dedicado a promover la cultura democrática. El Tribunal Electoral debe rectificar el exabrupto que pretende cometer en su afán de enaltecer al dictador que desbarató el sistema democrático en Panamá.

La corrupción ‘normal, la de siempre’

Agradezco cada domingo los Knockout firmados por Flor Mizrachi, porque son como pasar una máquina de rayos X por el lado más vulgar de los personajes del panorama nacional. No hay nada como preguntar para dejar que algunos seres se retraten de cuerpo entero y sin ropa: así, como son, sin trampa ni cartón.

Las preguntas del Knockout parecen a primera vista algo osadas, pero en realidad son normalitas, las que uno le haría a cualquier persona con relevancia pública; sin embargo, parecen atrevidas en comparación con la aburrida y plana tarea cotidiana de la mayoría de los periodistas que solo hacen las preguntas que el entrevistado espera o las que sus jefes dictan. Ese es uno de los peores males del periodismo contemporáneo mundial: que las entrevistas son pauta encubierta, relaciones públicas camufladas de género periodístico, correa de transmisión para que el político, el cantante o la escritora se luzcan ante un público que, en realidad, no se acercará al verdadero perfil del sujeto que sonríe ante la cámara. El Knockout tiene la virtud de meter el dedo en el ojo sin meterlo, de hacer aflorar la estupidez humana, la cobardía, la alegría o la genialidad con solo un par de preguntas resbaladizas que unos aprovechan para despegar y otros, para estrellarse.

Ahora, concéntrense conmigo. Miren de frente a Fernando Carrillo. Hombros estrechos, el lazo rosa contra el cáncer de mama, afeitado y peinado impoluto, sonrisa esbozada pero artificial…¡Ay, Fernando, Fernando! Qué fácil es despeñarse cuando se quiere parecer natural, o ingenioso…¡Ay, Fernando, Fernando! Qué alucinaciones que quedarán en la hemeroteca de la nube por el resto de los días.

¿Recuerdas Fernando cuando en marzo de 2013 te hicieron en otra entrevista la pregunta típica para la que todo personaje público debe estar preparado? Sí, Fernando, la de qué libro está leyendo. Respondiste por dos veces y sin convicción que uno sobre la vida de Álvaro Uribe y la Constitución de Colombia. Ese ex presidente ahora investigado por la justicia de su país por nexos con los paramilitares. Espero que no aprendieras mucho de su doctrina. O igual te pasó como a él, que todo pasó a sus espaldas, sin que él supiera. ¿Sería eso lo que ocurrió cuando firmaste a ciegas el acta que permitió la compra de comida deshidratada con el que se robó plata de los más pobres para llenar las arcas de compañeros de bancada?

¡Ay, Fernando, Fernando! Ahora, en el Knockout, ofendes a la mermada inteligencia colectiva al afirmar sin rubor que el nepotismo es tan normal como una puesta de sol y al insistir en que se exagera sobre la corrupción en el Gobierno de tu jefe, Ricardo Martinelli, porque, según tú, “seguramente hubo la normal, la de siempre”. La corrupción “normal”, la de “siempre”. Imagino que te refieres a la corrupción que os alimenta a todos los protagonistas de una política sin crédito, la que prende el motor del clientelismo, de los negocios paralelos, del enriquecimiento súbito de muchos de los que pasan por la Asamblea Nacional… La corrupción que invita a manipular procesos electorales de tu partido para ampliar la protección al ex presidente prófugo, la corrupción, al fin y al cabo, que ha logrado que el “juega vivo” sea un juego de bebés al lado de la voracidad corrupta de ministros, empresarios y otros “amigos” del poder.

Lo dicho, “la normal, la de siempre”. Si siempre ha sido así, ¿tú para qué te vas a escandalizar? Solo le debe parecer excesiva, vulgar, desorbitada al idiota que no se beneficia de ese estado de cosas. Tremendo, Fernando. Tremendo.

Lo único cierto, en lo único que te doy la razón, es que la corrupción está naturalizada en Panamá. Es el modus vivendi de muchos y muchas, es el fétido combustible de un mecanismo tan dañado que tú, como miles de compatriotas, no consideran que haya anormalidad en el robo masivo a un pueblo, a sus recursos, a su futuro.

No hay que escandalizarse Fernando, tienes razón. Esto es un negocio y en los negocios hay que ser frío. Tanto como para quedarte sin respuesta en el Knockout cuando la periodista te pregunta si pondrías la mano en el fuego por Martinelli: el jefe, the boss, el capo di tutti capi… Tanto, como para responder con un ataque: “¡Tú sí eres periodista!”. Porque los hombres de negocios sabéis, Fernando, que os salva que no hay tantos periodistas que sean periodistas, ni tantos jueces que sean jueces, ni tantos ciudadanos que sean ciudadanos.

¡Ay, Fernando, Fernando! Tu Knockout se utilizará en el nuevo tiempo –si es que llega– para educar a los niños, para enseñarles el descaro con el que se contaminaba el mundo de lo público en este nuestro tiempo de miserias. Gracias por el ejemplo, pero mejor, si es posible, te quedas callado. Los domingos deberían ser un día para descansar y tus palabras alteran la paz del séptimo día.

Deberían suspender todas las nuevas hidroeléctricas

Ahora que, tras años de insistentes denuncias escritas, ha quedado públicamente corroborado que las nuevas hidroeléctricas en Panamá son unos negocios draconianos que debieran ser investigados por el Ministerio Público. Ojalá que nuestros actuales mandatarios también se percaten que cualquier nueva hidroeléctrica, además de perjudicial, es absolutamente innecesaria.

Es perjudicial por su contribución al calentamiento global, con la producción de metano, generado por la descomposición de las plantas sumergidas en los embalses; porque la corriente debilitada de cualquier río no puede eliminar la cantidad usual de sedimentos que cae en su cauce, así reduciendo el caudal original de agua, que incluso puede causar la desaparición del río; porque dichas hidroeléctricas perjudican la flora y la fauna río abajo; por la diseminación de nuevas enfermedades endémicas al derredor de cualesquiera embalses; y, para no alargar la lista, porque es un hecho comprobado que la enorme mayoría de las empresas constructoras no cumple con sus promesas a las poblaciones desplazadas por los embalses, algo que ha quedado demostrado con la exitosa demanda internacional interpuesta por los indígenas afectados por la hidroeléctrica del Bayano.

Las hidroeléctricas solo son enteramente beneficiosas en regiones desérticas, como la hidroeléctrica Hoover del río Colorado, EE.UU., o la hidroeléctrica de Asuán del río Nilo, Egipto. En Panamá la Verde, como la llamó el novelista Vicente Blasco Ibáñez, ninguna nueva hidroeléctrica nacional es conveniente.

Una situación similar empujó a muchos países sin petróleo, pero técnicamente avanzados, a desarrollar nuevas tecnologías para generar electricidad, como las plantas eólicas y solares, haciéndoles completamente innecesaria la adición de hidroeléctricas. Incluso en la China, que todavía no es un país completamente desarrollado y que todavía permite grandes hidroeléctricas, el Gobierno subsidia hasta el 50 % de cualquier planta solar que alguna comunidad apartada desee construir.

Panamá tampoco tiene petróleo y ya debió haber dirigido todo su planeamiento energético hacia una mayoría de parques eólicos mar adentro y una minoría de hidroeléctricas ya existentes; donde los aerogeneradores suplan la energía base del sistema y las hidroeléctricas suplan la demanda restante que necesite ser satisfecha; igual como actualmente opera la hidroeléctrica del Bayano. Además, el costo de la electricidad eólica ya ha igualado al de la térmica; así que las tarifas deben permanecer intactas.

Finalmente, parte del negociado divulgado públicamente consistió en aparentar una ‘planificación estatal ' para construir una nueva subestación que quedara cerca de las nuevas hidroeléctricas promocionadas por Ricardo Martinelli en el río San Pablo, para unirlas expeditamente a la red nacional de transmisión de energía; así que dichos ‘planificadores ' mentirían impúdicamente si objetaran que sería ‘complicadísimo ' unir las plantas de generación eléctrica eólica y solar a la misma red nacional de transmisión.

Vida y obra de un abogado

A página 18 de la autobiografía puede leerse lo siguiente: ‘Otra experiencia de significación profesional fue la venta de aviones turbo-jets por primera vez a la entonces pequeña aerolínea nacional COPA. Esta empresa tenía al principio de las negociaciones ciertas reservas por la cuantía de esa compra, pero afortunadamente la junta directiva designó como su representante de confianza a don Roberto Eisenmann, empresario hebreo de gran respeto dentro y fuera de su comunidad '.

Por su parte, Hawker Siddeley, la importante empresa inglesa fabricante no solo de aviones, sino también de locomotoras, designó a dos eficientes representantes, quienes viajaban a Panamá. Uno de éstos era ingeniero aeronáutico y el hombre de los números y los cálculos matemáticos, mientras que el otro era relacionista público.

Algunas de las reuniones iniciales se llevaban a cabo en las oficinas de COPA, ubicadas en la avenida del Perú, y otras tuvieron lugar en la casona tipo tejano que para entonces tenía el Sr. Eisenmann en Coronado, la urbanización que él estaba ya desarrollando con buen éxito en esa zona de playas del Pacífico.

Tengo presentes las proyecciones con que anticipadamente Hawker Siddeley, mi cliente, veía el futuro de nuestra aerolínea, tanto al nivel nacional como, sobre todo, internacional. Tal como, en efecto, ocurrió para orgullo de nuestro país.

Igualmente recuerdo que al regresar un día, al final de la tarde, uno de los aviones provenientes de David, el piloto informó que una de las agujas que indicaban la presión de los motores del avión estaba marcando por debajo de lo debido. Esa misma noche llegó desde Miami uno de los ingenieros de la Rolls Royce, la fabricante de los dos motores del avión, y a la mañana siguiente el mismo avión pudo cumplir su itinerario regular de vuelos sin que nadie se percatase de lo ocurrido.

Al preguntársele luego al ingeniero qué había sucedido, éste se limitó a contestar: ‘Los motores Rolls Royce no pueden fallar, lo que sucedió fue un desperfecto en el aparato que marca la presión de los motores.. y esos aparatos los fabrica otra compañía.

Descentralización, ¿necesaria o no

La Ley 37, de 29 de junio de 2009, plantea la descentralización de la administración pública, para “lograr el desarrollo sostenible e integral del país”. en virtud de lo señalado en el Título VIII de la Constitución Política de Panamá, referido al “Régimen Municipal y Provincial”.

La carta magna dispone la forma como está dividido el territorio nacional y, en el artículo 1, la forma de gobierno, señalando como una de sus características su condición de unitario, lo que en el proceso de descentralización que se adelanta debe ser tomado en cuenta, ya que pareciera contradecirlo, toda vez que el gobierno unitario alude al principio de la “centralización de las instancias decisorias, suponiendo la negación de la autonomía de los subsistemas y el establecimiento de un doble circuito: descendiente de órdenes y ascendientes de informe”.

Tengamos en cuenta que la descentralización, en la parte conceptual, supone la transferencia del poder de un gobierno central y, según indica el proyecto de ley de descentralización (aplicado en todo el territorio nacional) se hará de manera gradual, progresiva, ordenada, regulada y responsable. Al final vamos a tener un sistema de gobierno “descentralizado” y no unitario.

Por otra parte, es necesario observar que la misma Constitución Política de Panamá le confiere autonomía al Municipio, como organización política, reconociendo su carácter esencialmente administrativo del gobierno local, pero mejor aún, le señala la obligación de promover el desarrollo de la comunidad y la realización del bienestar social, colaborando para ello con el gobierno nacional. Es decir, ya en esto se plantea (si se quiere) la descentralización, que hoy es promovida por motivaciones eminentemente políticas. Es más, se indica –en la Constitución– que el Estado complementará la gestión municipal, cuando esta sea insuficiente.

Una revisión de las competencias (24 en total) de los Consejos Municipales (Ver la Ley 106, del 8 de octubre de 1973, sobre Régimen Municipal, reformada por la Ley 52 del 12 de diciembre de 1984) pone de manifiesto el peso específico y protagónico de los Consejos Municipales en las localidades. Todo en ellas está consultado.

Pero si esto ocurre en el distrito, en los corregimientos –que son la primera célula de la división territorial del país–, la Ley 105, del 8 de octubre de 1973, reformada por la Ley 53, del 12 de diciembre de 1984, referida al funcionamiento de las Juntas Comunales, las ubica como una verdadera instancia de desarrollo para los corregimientos.

En decir, el gobierno local está debidamente fundado, con competencias bien definidas y con responsabilidades claras en todos los ámbitos. No es una ley de descentralización la que ha de darle contenido a las localidades. Su carácter autónomo, reconocido por ley, es suficiente.

Debe quedar claro que se debe coadyuvar, con los municipios (aparte de los que se puedan generar por cuenta propia), los recursos económicos desde el Ejecutivo, para lograr la puesta en práctica de los planes y programas de desarrollo en las respectivas municipalidades.