Legalización del veneno

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La Ley 1 de 10 de enero de 2001 regula la materia concerniente a medicamentos. En su artículo 107 se establecen los mecanismos del Registro Nacional de Oferentes, cuya finalidad es la de homologar los criterios de selección, admisión, suspensión y exclusión de los oferentes y los productos que representan… El Artículo 108 establece la certificación del oferente en el Registro Nacional de Oferentes. Dicha certificación tendrá vigencia de un año y su no presentación constituirá una causal para rechazar la oferta en el respectivo acto público.

La hoja de trámite 3447-03, de la Dirección de Abastos de la Caja de Seguro Social, del 7 de septiembre del 2003, suscrita por la directora de Abastos y remitida al funcionario encargado del Control de Abastos, informa que: ‘Las empresas X, Y y Z, NO poseen licencia de operación expedida por la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas '.

El 10 de septiembre del 2003, la Comisión Nacional del Registro Nacional de Oferentes, expide la Resolución No 271, mediante la cual dispone: ‘Ordenar la aceptación del documento supletorio al Certificado de Registro de Oferentes en los procedimientos de selección de contratistas… '. Y, además dispone: ‘Ordenar a las instituciones públicas de salud, que en los diferentes procedimientos de selección de contratistas el pliego de cargos NO EXIGIRÁ la presentación de los siguientes documentos cuando el oferente presente el Certificado de Oferentes de Acreditación Definitiva: 1.- Copia de Certificado de Registro Sanitario. 2.- Copia de Criterio Técnico. 4.- Copia de Licencia de Operaciones… etc. '. Valga advertir que la Resolución en comento, no era un acto de competencia de dicha Comisión, sino de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, razón por la cual los abogados del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Caja de Seguro Social no la firmaron.

El director de Compras, mediante nota DC-N-581-03 del 25 de septiembre del 2003, remitida a la Dirección de Asesoría Legal… le manifiesta: ‘Como puede observar este documento (Resolución 271) cambia radicalmente exigencias que en la actualidad aparecen en los pliegos de cargos, por lo que necesitamos la orientación legal de la Dirección a su cargo… '. Mediante la nota DALC-634-2003, del 26 de septiembre 2003, el director de Asesoría Legal le responde al director de Compras: ‘Sírvase instruir lo pertinente para que se cumpla con la Resolución 271 de 10 de septiembre 2013 y se modifiquen los pliegos de cargos… '.

Ninguna norma de control sanitario debe dispensarse con pseudotecnicismos jurídicos, la salud pública no puede manejarse como simples trámites burocráticos de menor trascendencia, porque el primer deber es no dañar y los principales bienes patrimoniales a proteger son la vida y la salud.

Así, de manera resumida, fue como la Caja de Seguro Social tramitó temeraria y displicentemente la compra del dietilenglicol, cuya identificación, además, había sido adulterada rotulándola como glicerina USP (U.S. Pharmacopea). Veneno que posteriormente fue utilizado como base para preparar, entre otros, jarabes para la tos, que terminaron causándole la muerte a un número aún no determinado de pacientes. Y, si bien el Ministerio Público aún no ha identificado a los responsables, ciertamente urge una investigación integral, exhaustiva e imparcial, que deslinde las responsabilidades y que permita aplicar los correctivos pertinentes.

La historia de tan deleznable crimen está pendiente de ser revelada; las autoridades deben superar cualquier obstáculo que pudiera impedir el conocimiento de la verdad, porque con la salud pública nadie, jamás, debería jugar.

El estado de excepción permanente

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Quién tiene el derecho a decidir quién tiene derechos? Normalmente responderíamos que el pueblo, como legítimo soberano de la nación y fuente de toda su ley. Pero en nuestros tiempos, la respuesta parece ser una suerte de soberano hobbesiano , como el que postuló el teórico alemán Carl Schmitt, que en Panamá asume la forma de una casta política y económica que concentra todo el poder del Estado, facultado para convocar un estado de excepción en el cual puede, en nombre de la defensa de la ‘seguridad pública ', despojar a todo ciudadano de sus derechos y declararlos enemigos de la nación, sujetos ahora no al Estado de derecho sino al estado de guerra. Es el poder sobre la vida y la muerte del pueblo.

El estado de excepción lo ha convocado el Estado panameño al acusar a un grupo de estudiantes institutores de terroristas. Es grave intentar condenar a ciudadanos por actos de protesta sin tener prueba alguna que los vincule directamente a una ilegalidad, pero es más grave aún el querer declarar el derecho a la protesta como un acto terrorista. El que protesta no termina siendo solo un criminal dentro de la ley, sino un terrorista fuera de toda ley. Si protestar es terrorismo, cualquiera que proteste es potencialmente un enemigo, y una vez cualquiera puede serlo, todos lo son. Panamá ha abierto las puertas a una guerra contra su propio pueblo, donde el derecho a tener derechos, que es para Hannah Arendt el derecho fundamental, está en peligro.

La idea esencial del estado de excepción es que bajo circunstancias excepcionales, generalmente de peligro a la sobrevivencia de la comunidad política, se suspenden las garantías constitucionales, declarando un estado de guerra, como plantea el padre del liberalismo John Locke, para destruir al enemigo por todos los medios posibles.

El estado de excepción en su comprensión cotidiana y legalista implica una amenaza externa y temporal, como un invasor, desastre natural o crisis humanitaria, por lo que la excepción solo rige mientras la amenaza siga latente. Pero desde el advenimiento de las sociedades modernas capitalistas, los enemigos son principalmente internos, personas quienes por sus ideas y actos se consideran un peligro al orden imperante, contra quienes los detentores del poder están dispuestos a usar la violencia sin limitante alguna en todo momento que consideren necesario. Es una excepción que trasciende toda temporalidad y se constituye en un paradigma de Gobierno permanente, como afirma Giorgio Agamben.

¿Por qué? Porque una cosa es hacer críticas dentro de las reglas del juego, otra es criticar las reglas del juego en sí, esas que mantienen un orden desigual e injusto, donde los pocos monopolizan el poder y lo utilizan para saquear al Estado y apropiarse de las riquezas para beneficio propio en desmedro de las mayorías.

Hoy son los estudiantes. ¿Mañana quién será? ¿Todo aquel que clame por su derecho al agua, alimento, tierra, trabajo, salud, educación, democracia, justicia, es un terrorista? ¿Se despojará de sus derechos a todo el que exija el respeto a esos derechos?

El Estado quiere abrir las puertas a un estado de excepción permanente, una guerra por apropiarse de nuestros bienes sociales y naturales donde el enemigo, como poseedores legítimos de esos bienes comunes, somos todos los ciudadanos. Generar temor en la ciudadanía, disciplinarla y domesticarla para que no se atreva a alzar su voz para cuestionar y criticar, o incluso proponer y construir, es el fin de su política de terror. Una excepción que, como indica Walter Benjamin, se convierte en la regla.

El pueblo que se sabe soberano sobre su Patria, es declarado enemigo por los acaparadores de la nación. Pero estemos claros que, si terrorista es el que atenta contra la sobrevivencia de un pueblo, terrorista es entonces el Estado que le declara la guerra a su pueblo, y justa será siempre la lucha del pueblo contra ese Estado.

Termina la tercera legislatura

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Cumplidos 16 meses de haber tomado posesión de sus curules en julio del año pasado, resulta apropiado revisar algunas muestras de la labor legislativa desarrollada por los diputados en 210 días laborales, para tratar de interpretar las intenciones que apuntan. Pasados estos meses iniciales, con tres legislaturas de 70 días cada una y cuatro sesiones plenarias por semana, es útil un breve análisis para aplaudir lo bueno, censurar lo malo, y exigir los correctivos que todos demandamos.

Es importante no dejar de mantener la presión pública sobre la Asamblea, porque estamos justamente preocupados en la era de rectificaciones fundamentales que deben corregir el rumbo de una administración pública manchada por su irresponsabilidad y políticos que se apartaron de su misión de servir. Corresponde al Poder Legislativo un papel importante que debe asumir con valentía junto a los otros Órganos del Estado.

No estamos de acuerdo con juicios que califiquen la labor del Legislativo, buena o mala, según la cantidad de leyes aprobadas. Ese criterio es irrazonable, porque, si de cantidad se tratara, la ‘ley chorizo ' habría merecido aplausos hace unos años. En su lugar se podrían comentar algunos aspectos positivos que hemos observado hasta ahora del quehacer legislativo.

Uno: no ha habido escándalos ni actividades que nos avergüencen como en el pasado reciente. Eso, de por sí, es un cambio positivo que crea el ambiente que permite la discusión seria de proyectos en base a sus méritos. Cierto que ha habido palabras altisonantes y ánimos caldeados; no los aplaudimos y los aceptamos mientras solo sean andanadas naturales en discusiones fogosas entre personas que defienden sus ideas con pasión, sin recurrir a epítetos y ofensas personales.

En ese ambiente se han producido leyes de interés nacional, como la descentralización y el Presupuesto del Estado para 2016. La primera, con una amplia consulta en su acalorado primer debate; y la segunda, matizándola con recomendaciones de voceros de distintas comunidades. En ambas hubo participación bienvenida de muchos de los sectores involucrados y, aunque no hayan resultado en disposiciones perfectas, son un punto de partida en un provechoso ejercicio democrático.

También hay que ponderar la seriedad con que se adelantó la función juzgadora de dos magistrados de la Corte Suprema. Con orden, decoro y sobriedad se logró el cometido a la vista de todos. Se incurrió en deslices reprochables, como los injustificados regalos de las pasadas Navidades; y la insistencia en autoadjudicarse un blindaje de privilegios que solo los diputados pretenden defender con razones realmente baladíes.

Persisten muchas otras acciones que los diputados no pueden soslayar y quedan pendientes como prioridad para la agenda de la legislatura que se inicia en enero próximo. Entre ellas, pendiente está una importante reforma electoral que recoja los consensos logrados en la Comisión Electoral del TE, y falta mayor transparencia en asuntos de la ejecución del presupuesto de la propia Asamblea y del manejo administrativo interno.

Se percibe un intento por parte de la Asamblea de rectificar pasadas actitudes. Debemos animarla y presionarla. Al mismo tiempo, podemos aprovechar para subrayar el hecho de que, cuan loable sea el método escogido dentro de las circunstancias por el Ejecutivo, el foro institucional para el escrutinio de candidatos a la Corte Suprema corresponde a la Comisión de Credenciales de la Asamblea y a la ciudadanía allí. Esa función constitucional fue viciada por la incompetencia manifiesta y reiterada renuncia de la Asamblea a cumplir como el filtro institucional establecido.

Nos anima la esperanza de que, de perseverar en un empeño que atisbamos, la Asamblea podría recobrar algo de la credibilidad perdida. Se respira un ambiente esperanzador, pero le falta mucho aún.

La economía del delito

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No existen –por los menos dentro de nuestro contexto social– muchos análisis sobre la relación entre crecimiento económico y delito. La mayoría de los estudios realizados, sobre todo los que se han adelantado en sociología criminal y en criminología, están dirigidos en demostrar que los factores sociales, económicos y políticos son causas determinantes en la producción de criminalidad.

En estos análisis, el factor económico ha tenido además un lugar destacado en la supuesta producción de conductas criminales, “debido”–se dice– al hecho de que las infracciones y sus infractores provienen de sectores marginales, en los que el común denominador es la carencia de recursos materiales y económicos. Este es, por supuesto, un factor que ha de tenerse en cuenta en el análisis de una de las “causas” sociales del delito, al igual que se realizan en relación con los factores psicológicos y “biológicos”.

Pero, asimismo, es necesario tener presente, como ya lo estudió y analizó en su momento, en el contexto de las investigaciones que permanentemente realiza la organización de las Naciones Unidas, el profesor Manuel López-Rey, al evidenciar en sus investigaciones que el “desarrollo” o el “crecimiento” económico también producen criminalidad, y que no necesariamente un modelo económico supuestamente “próspero”, es un elemento que disminuye el fenómeno delictivo.

Por el contrario, los hallazgos del profesor López-Rey pusieron de manifiesto que dentro de los sectores de mayor bienestar económico se produce, también, criminalidad del mismo modo que se producen en las áreas más desfavorecidas.

Según el profesor: “En síntesis, el hecho de que en algunos aspectos el desarrollo social y el económico deban ir juntos no significa que los aspectos implicados formen una unidad y mucho menos que la forme la realidad socioeconómica. En lo que respecta a la criminología, es evidente que la materia que constituye su objeto transciende más allá del desarrollo económico-social; y lo mismo puede decirse de la política criminal, que sin duda debe ser puesta en relación con otras muchas políticas”. (Manuel López-Rey y Arrojo, La Criminalidad, un estudio analítico, Editorial Tecnos, Madrid, 1976, pp. 279 ss).

El tema es, entonces, más complejo, pues no se trata únicamente de establecer una “simple” relación entre carencias materiales o económicas como causas que producen mayor criminalidad. El análisis que se propone –sobre el que además existen antecedentes importantes en la sociología estadounidense– se proyecta sobre las consecuencias o los resultados.

Es decir, en determinar si un “desarrollo” o un supuesto crecimiento económico, es por sí solo, el resultado de fuerzas productivas legítimas que han dado lugar a ese crecimiento o desarrollo económicos o, por el contrario, está alimentado directa o indirectamente de acciones delictivas.

Es un asunto sobre el que no se quiere debatir, pues lo importante son los resultados –según las mediciones abstractas de “organismos” que determinan los niveles de crecimiento– sin discriminar el origen de una supuesta prosperidad económica.

Pero, es obvio, que se trata de un “criterio” distorsionado, con graves repercusiones en la moral colectiva, sin perjuicio de que puede propiciar un mayor índice de criminalidad e inseguridad públicas, sin olvidar que muchas veces, este pretendido crecimiento es el reflejo de una economía subterránea que, de manera clandestina, opera dentro de una cadena de acciones realizadas al margen de la ley.

Es necesario, por ello, que las autoridades establezcan las regulaciones y los controles que impidan que ingresen al mercado económico valores, dineros o productos de dudosa procedencia o incluso que revistan una apariencia de legalidad.

El “desconocimiento”, la tolerancia y la negación de esta realidad, traerá, lamentablemente, consecuencias impredecibles, por lo menos, dentro del ámbito de la criminalidad.

Hidroeléctricas, ¡quebrada Barriles, libre!:

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Nos sentimos complacidos con la reciente resolución del Ministerio de Ambiente con relación al desarrollo de 16 hidroeléctricas –entre esas la de Barriles– anuladas por caducidad. Ahora 7 mil personas seguirán contando con agua potable, siete lecherías no cerrarán, se respetará el nacimiento de la quebrada Barriles y existe la esperanza de realizar investigaciones arqueológicas, para salvaguardar la cultura del lugar.

La promesa de campaña, “el pueblo primero”, tendrá que ser demostrada con similares acciones relacionadas a otras hidroeléctricas y manteniendo la más alta responsabilidad y el compromiso de cuidar el ambiente, velando por nuestra salud, economía y derechos humanos. Esperamos igual determinación con 35 de las 73 hidroeléctricas en las cuencas 102, 106 y 108, que están en diseño final y trámite, ya que no hay ningún estudio de impacto ambiental acumulativo ni una evaluación ambiental estratégica en ellas.

Ante las acusaciones de abuso de poder y falta de transparencia por parte de quienes desarrollan hidroeléctricas, es imperante analizar, por todos los ángulos, aquellos proyectos, pues no son indispensables. Más bien eran negociados, por la forma en que se daban a los concesionarios mediante tráfico de influencias y actos de corrupción. Por eso, es inminente la cancelación de la hidroeléctrica La Cuchilla, que atenta contra la seguridad hídrica de 100 mil personas del distrito de Bugaba. Hay otro proyecto, cuyo 51% de acciones le pertenece a un consorcio internacional, en el que figura un municipio del reino escandinavo, lo que viola abiertamente leyes constitucionales. También, hay dos proyectos ubicados muy cerca de la frontera con Costa Rica, lo que podría ocasionar un conflicto internacional.

Cada ciudadano tiene derechos y obligaciones, como defender los derechos del ambiente y velar por el cumplimiento de las leyes para su beneficio. Desde hace más de ocho meses, el pueblo espera que se publique en Gaceta Oficial el Acuerdo No. 53, del Municipio de Bugaba, que le devolvía el impuesto de construcción, entre 5.5% y 10%, a las hidroeléctricas; una cosa no tiene nada que ver con la otra. Con la ley de descentralización no es aceptable que se publique, o no, en Gaceta Oficial una resolución municipal por parte del Ejecutivo.

Ahora recae en la actual administración la difícil tarea de cuidar la patria en cada aspecto. El pueblo sabe cómo se aprobaron los amañados estudios de impacto ambiental en la antigua Anam, luego dados en contratación por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en todos los gobiernos anteriores.

La frágil y querida quebrada Barriles podrá correr libremente para ser usada, según lo dispone el Art. 16 de la Ley 35 de 1966. Quedan muchas otras quebradas y ríos de Chiriquí y del país por rescatar de la ambición, ignorancia y la complicidad. De lo contrario, quedaremos en zozobra y de nada valdrá preocuparnos por el cambio climático ni hacer reforestaciones masivas, pues ello no nos salvará de la destrucción de los ríos y, por ende, de nuestra vida, porque nada substituye el agua.

Descentralización municipal, reavalúos e impuestos de bienes inmuebles

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Como un caramelo envenenado parece ser la recién aprobada ley sobre descentralización municipal, reavalúos e impuestos de bienes inmuebles, que impulsa el gobierno, en asocio con una mezcolanza de diputados. Veamos en qué consiste la cacareada ley y los verdaderos intereses que hay detrás.

Bien, hace poco la Asamblea Nacional aprobó, en tercer debate, la ley que otorga a los municipios la descentralización, pero elimina de un plumazo los avalúos de las propiedades decretadas de oficio, tal como lo establecía hasta ahora la Ley 8 de 2010. Pero, además, modificaron el Art. 770 del Código Fiscal, para que una vez sancionada la ley, los avalúos parciales y generales se hagan de conformidad a lo dispuesto por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, siempre que respondan a una programación estructurada de conformidad a los procedimientos que establece la norma.

Otra sorpresa es que elimina el artículo que le daba a los municipios la potestad de cobrar y fijar tasas sobre los avalúos de inmuebles, es decir, que hay un retroceso en materia de autonomía municipal, a pesar de que el sector privado pidió la suspensión del proyecto, hasta que se hicieran las consultas a los interesados, es decir, todos los panameños.

La descentralización municipal data de la Ley 37 de 2009, pero durante el gobierno de Ricardo Martinelli la suspendieron por fines políticos. Este gobierno retomó el tema y agregó 69 artículos a la ley existente, sin hacer la debida consulta. Por eso, es un peligro que se cierne sobre las clases pobres, medias y los campesinos, porque contempla la obligatoriedad de estar a paz y salvo en el pago del impuesto de los bienes inmuebles, para aumentar las recaudaciones de 150 millones a 400 millones de dólares anuales. Es decir, si se llegare a sancionar, los pequeños propietarios de casas, apartamentos y fincas agropecuarias quedarían desprotegidos, y con el riesgo de perder su pequeño patrimonio.

Veamos un ejemplo de cómo sería el mecanismo de cobro. Supóngase que una casa tenga el valor actual de 100 mil dólares, pero con la implementación de la nueva ley, al hacerse el reavalúo queda en 500 mil dólares, el impuesto aproximado a pagar sería de 10 mil 500 dólares anuales, es decir, 875 dólares mensuales. A un pequeño productor o ciudadano de clase media, que ha adquirido su casa con hipotecas y préstamos, le sería complicado pagar esa cantidad y, al entrar en mora, sería sujeto de un juicio ejecutivo y posterior embargo de su bien, perdiendo su pecunio.

Para agravar el asunto, quieren hacer cobros retroactivos, a 20 años a un porcentaje establecido por la ley.

Presidente Juan Carlos Varela, usted conoce las dificultades que atraviesa el hombre de campo y los más humildes de este país. Le pido, en nombre de Dios y de los pobres, que vete esta ley por inhumana. Usted se ha confesado católico y seguidor del Papa, demuestre que es un hombre de honor y cumple su palabra, porque “el pueblo es primero”.

Cómo debe ser un magistrado

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Como dije en un artículo anterior, la situación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no cambia con la sustitución de sus miembros, refiriéndome en aquella ocasión a la destitución de Alejandro Moncada Luna. Posteriormente, tras la renuncia del magistrado Víctor Benavides, como abogado litigante, puedo decir que nada ha cambiado. Aunque haya un magistrado que ahora –no antes– resuelve expedientes con una celeridad nunca vista, porque lo que intenta es quedarse en el puesto.

Con la participación de la sociedad civil, se puede elegir a los abogados más honrados del país, como nuevos magistrados del órgano superior de justicia, pero el actuar habitual de estos no cambiará, porque formarán parte de un sistema judicial que no funciona correctamente.

Los abogados estamos cansados de que en los juzgados parecen utilizar “códigos judiciales” diferentes, pues no hay una interpretación uniforme de sus normas. Impartir justicia no debe ser una cuestión de subjetividades, sino de un objetivo: la búsqueda de imparcialidad en su aplicación. Pero sucede que un día el juez interpreta una norma de una manera y, al día siguiente, la aplica de forma diferente.

No se deben emitir fallos subjetivos, que se basan más bien en la relación entre abogados o abogadas, y secretarios o secretarias o con los propios jueces o juezas, como es costumbre. Es notorio ver cómo abogadas tratan al personal femenino de las fiscalías o juzgados de manera amigable, preguntándole por vestimenta, celebraciones, etc. Esto no hay magistrado honrado que lo cambie. Si los que se elijan para ser los nuevos magistrados son honrados de verdad, lo primero que tienen que solicitar es una constituyente originaria, de lo contrario estará claro que lo que más les interesa es su jugoso salario y tener la mala fama que, inmediatamente, adquirirán al ser miembros del segundo órgano del Estado con la más mala percepción ciudadana. Mientras sean los políticos los que nombren a los magistrados, procuradores y contralores, nada cambiará en Panamá.

En una ocasión, una exmagistrada de familia (compañera de clases) me dijo que nunca sería magistrada de la CSJ, porque ella no era corporativa. Después de su salida de la más alta magistratura no la he vuelto a ver para recordarle su frase. Y es cierto, es costumbre de ellos ser corporativos, o sea, adecuarse al sistema y a su doctrina. Veremos si los nuevos, elegidos por esta administración, serán valientes y se convertirán en una voz crítica.

Hay tantas cosas que cambiar. Por ejemplo, nombrar más personal en los juzgados, reducir la cantidad de guardias de seguridad para los magistrados, darle más equipos y útiles a los juzgados y eliminar tantos edecanes dedicados a servir, café, sodas, emparedados, etc.

Deseamos un magistrado que, desde su posición, informe legalmente a la ciudadanía de las cosas incorrectas que observe y que no hable tímidamente después de su salida del órgano. Con la mora judicial da la percepción de que lo que se busca es una gratificación, como al parecer pasó en el caso de Moncada Luna. Y aclaro, percepción, porque no hay pruebas, mientras no se terminen esos procesos.

Según nuestro ordenamiento jurídico los fallos deben darse en 30 días, hay casos en la CSJ que demoran más de 10 años. Por lo que en muchos se produce la vergonzosa sustracción de materia, o sea, lo reclamado ya pasó a mejor vida. Y aclaro, vergüenza para los magistrados. ¿Realmente cree la sociedad civil –que ahora participa en complicidad con los políticos– que un nuevo magistrado, por más honrado que sea, cambiará todo el sistema judicial? Si es así, entonces pecan de ilusos.

Desburocratización de la salud:

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Alguien le dio una definición más acertada a la burocracia cuando dijo que es “el arte de convertir lo fácil en difícil, por medio de lo inútil”. Este significado me parece más sensato, ojalá la Real Academia de la Lengua Española haga el cambio algún día. Parece que todos los gobiernos son expertos en esto y creen, de manera ingenua, que así acabarán con la corrupción. Este mal es la causa principal de que nuestra población muera por falta de atención oportuna, que no tenga sus medicamentos y tampoco instalaciones de salud en óptimas condiciones.

Hay reglamentaciones y procedimientos propios de cada institución, a los que se le agrega los de la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas, que regulan todo el sector gobierno. Sumen a esto los funcionarios que se crean su propio librito y, por último, los empresarios inescrupulosos que retrasan los actos públicos, sin ninguna o poca justificación, solo por no haber sido favorecidos. Esta burocracia afecta a la mayoría de la población, que al final paga los platos rotos.

Para combatir la corrupción, basta que los gobiernos se preocupen y garanticen que el sistema judicial funcione de forma eficiente y transparente para todos. Controles y leyes hay suficientes, hay que ponerlas a funcionar. Es injusto crear tantos procedimientos y reglamentaciones para tratar de controlar a unos pocos en detrimento de las mayorías. Los gobiernos se deben enfocar en aplicar estrategias para agilizar los procesos. La construcción de carreteras, viviendas, etc., no es lo único que mejora la calidad de vida de nuestra población. Deben buscar nuevos mecanismos para combatir la corrupción, sin entorpecer los servicios que ofrecen.

El sector salud no puede ser tratado igual que el resto de las instancias de gobierno. No tiene la misma importancia comprar concreto, maquinaria u otra cosa, que comprar medicamentos o equipos para salvar vidas. Al sector salud se le debe dotar de la agilidad y flexibilidad que le permita realizar sus compras de forma eficiente y oportuna, porque de esto dependen vidas humanas. En este nuevo periodo legislativo anunciaron la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas. Esta sería una excelente oportunidad para que la Asamblea Nacional se reivindique con la población, haciéndole cambios importantes a la ley que permitan cambiar la realidad del sector salud, en beneficio de las mayorías.

Los procesos burocráticos incrementan la corrupción, en vez de evitarla, empecemos por desburocratizar los procesos de compra para el sector salud, pensando en salvar vidas y darles una mejor calidad de atención a los pacientes; esto sería un gran logro del actual gobierno.

Monopolio energético

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La demanda energética está en constante crecimiento en el país. Panamá, en este sentido, es muy atractiva para la inversión extranjera. Lo que debemos cuidar es que las licitaciones tengan como fin un buen servicio, eficiencia en el más estricto sentido de la palabra y ahorros para el país. Debemos cuidarnos de que se forme un monopolio, porque eso sí nos afectará como país. Actualmente la ley establece que ninguna empresa de generación puede sobrepasar el 25 por ciento de la demanda nacional, pero las interpretaciones que le dan los interesados es que el espíritu de la ley establece que la prohibición es solo para las hidroeléctricas, no así para las otras formas de generación (solar, eólica, térmica, etc.). La Asamblea, para establecer claramente lo que significa el tope del 25 por ciento, aprobó en segundo debate un nuevo proyecto de ley y en él se establece que ese 25 por ciento se refiere a todas las formas de generación eléctrica. Resulta que ayer debía ser aprobado el proyecto en tercer debate. Maniobras internas rompieron el quórum legislativo y no se pudo pasar. ¿A qué juegan esos diputados que rompieron el quórum? Solo esperamos que la próxima semana, este proyecto pase el tercer debate y que no se juegue con Panamá.

Un compromiso con la excelencia

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La organización, el desarrollo y la entrega de los galardones del Gran Premio Excelencia Capac 2015, instaurado por primera vez este año, ha sido una de las faenas más importantes de la historia del gremio. El significado más simple y llano del término excelencia, es lo que permite hacer una separación de aquello que se distingue por su calidad superior. Es el tratamiento con el que se reconoce lo que supera los parámetros de lo aceptable, de lo bueno, y que se distingue por ser lo mejor entre los mejores. Quedó demostrado que buscar la excelencia no es un simple acto, sino una práctica constante de todas las actividades que involucran la industria de la construcción.

Frente a esa realidad, resultó encomiable la labor realizada por el jurado calificador y lo difícil que debió ser premiar la excelencia de pocos entre tantos que merecían igual distinción. El jurado estuvo integrado por académicos, ingenieros y arquitectos, promotores inmobiliarios, altos funcionarios del Gobierno, directivos de la Autoridad del Canal de Panamá, expertos de organismos internacionales y de agencias de seguridad empresarial. Hay que reconocer el gran trabajo realizado y, ante todo, su desempeño profesional, objetivo y transparente.

Fue una grata sorpresa saber que en el proceso un gran número de proyectos mostró su interés por participar en el evento y que más de 40 empresas formalizaron su propuesta en las distintas categorías. Eso denotó la importancia que dieron los miembros de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) al concurso, interesados en ser reconocidos por su excelencia.

La premiación a la excelencia, el pasado 15 de octubre, tiene un significado muy especial para todos los que abrazan con dedicación y esfuerzos el difícil oficio de construir. En el camino de las realizaciones positivas, el destino guarda momentos irrepetibles, acontecimientos que dejan huellas y sucesos que se registran y forman parte de la historia de la gente, de su acontecer y de sus hechos existenciales. En el caso de la Capac, la oportunidad de ser parte de un pequeño momento de esa historia se produjo esa noche. En esta primera versión resultaron favorecidas tres grandes obras y dos empresas que se destacaron por sus excelentes prácticas en materia de seguridad y de gestión ambiental sustentable en la industria de la construcción. Además, nueve empresas participantes recibieron menciones honoríficas por la alta calidad de sus propuestas.

Cada obra y cada participante contó con sobrados méritos para sentirse victorioso, un genuino ganador. La diferencia entre unos y otros no va más allá de las reglas de juego establecidas, que limitaron los resultados del concurso a un ganador por categoría. Hay que felicitar a todos los concursantes porque apostaron a la excelencia.

Es digno brindar el reconocimiento de la Capac y su junta directiva, a la Comisión Organizadora del Gran Premio Excelencia que, por largos meses, dedicó incontables horas de trabajo a cada detalle de este gran concurso, para conjugar en un solo hecho sus resultados.

Cada uno de los miembros de la Capac ha sido testigo del apasionante reto que impone la renovación y saber que, de ahora en adelante, cuentan con un año calendario para poner en práctica todas sus capacidades en busca de la excelencia.

Los desafíos que plantea un mundo moderno y complejo tiene reservado el éxito para la gente que camina en búsqueda de la excelencia, con una pasión desbordante hacia la renovación. En ese aprendizaje hay que aprovechar lo mejor de las experiencias pasadas, poner a un lado la carga inútil que retrasa el andar positivo para ganar el futuro.

Es importante proponerse cada día, firmemente, mejorar la actitud en la búsqueda de los cambios, repetir diariamente cada acción que mueva las voluntades hasta convertirse en hábito, ya que el hábito y la costumbre son parte de la cultura que conduce hacia la excelencia.

Quien se compromete con la tenacidad apuesta por la excelencia. Cada miembro de la Capac debe preguntarse, ¿quién es y hacia dónde quiere ir? Sin duda que frente a esta interrogante responderán con fe y con el mayor compromiso en aquilatar los éxitos de la industria de la construcción, en busca siempre de la excelencia.