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Debajo de este palo de aguacate, con absoluta seguridad, podemos afirmar que dentro del período comprendido entre el golpe militar de 1968, hasta la fecha actual, la historia sobre la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido frustrante o nefasta en nuestro país. Por cuanto por regla general  siempre se han nombrado para tan alto, importante y trascendental cargo público a los copartidarios, amigos íntimos o compadres de los gobernantes de turno, lo que ha provocado que tengamos una administración proclive al abuso, la corrupción y la injusticia.

Al parecer, muchos operarios del sistema judicial en el tiempo mencionado, empezando por los magistrados de la CSJ, tienen el concepto de que trabajar de manera rápida, objetiva, honesta e imparcial resulta nocivo para su salud; pero que tal conducta irresponsable, negligente, corrupta e inhumana suya en nada perjudica la salud y la vida de los usuarios del sistema judicial ni de los abogados litigantes.

Por tal razón, ante la escogencia de los magistrados de la CSJ en los próximos días, la ocasión es propicia para preguntarle a los candidatos lo siguiente:

1. ¿Cuál es su opinión o criterio jurídico sobre el hecho de que, actualmente, no se resuelven en el fondo muchas acciones de defensa de los derechos humanos (v. gr. amparos, habeas corpus, habeas data, etc.), por razones de forma que no se contemplan ni en la Constitución Nacional ni en el Código Judicial?

2. ¿Cuál es su sugerencia para que en el Órgano Judicial existan procesos disciplinarios objetivos, imparciales y efectivos, en los que se elimine, radicalmente, “el espíritu de cuerpo” que actualmente reina allí, y mediante los que los jueces y magistrados se protegen entre sí?

3. ¿Cómo cree que podemos acabar con la enorme y fatídica “mora judicial” que se da en los casos civiles y penales, en los que muchas veces las partes interesadas y sus abogados mueren antes de ver la sentencia final, o los presos se pudren en una mazmorra?

4. ¿Qué opinión le merece que hoy varios jueces y magistrados “suplentes” firmen resoluciones y sentencias, sin expresar que lo hacen en calidad de suplentes?

5. ¿Cree usted correcto que en el del Primer Tribunal Superior de Justicia, por orden directa de los magistrados, no le permite a las partes presentar ningún tipo de escrito, con el claro propósito de que no deje prueba alguna que demuestre su responsabilidad directa en la “mora judicial”?

6. ¿Qué piensa sobre la existencia de horarios restringidos para pedir y recibir fotocopias de los expedientes?

7. ¿Cree conveniente y necesario que los jueces y magistrados, al final de cada año, rindan cuentas sobre los casos que manejan y, directamente, presenten sus informes a la CSJ?

8. ¿Cree conveniente y necesario que se ajuste a ocho horas el horario de trabajo de todos los funcionarios judiciales, quienes ahora solo trabajan siete horas diarias?

9. ¿Qué opina sobre el hecho de que los jueces y magistrados incumplan con su deber legal de multar a sus inferiores jerárquicos con un dólar, por cada día en que se demoren en dictar las resoluciones judiciales, tal como se establece en los artículos 316 y 581 del Código Judicial vigente?

10. ¿Qué opinión le merece el clamor de la ciudadanía sobre una constituyente como la vía indispensable para mejorar, entre otras cosas, la administración de Justicia; qué aspectos se deben mejorar y si es urgente o no tal constituyente?.

Muchas veces la percepción cuenta más que la realidad. Así, de tiempos inmemoriales se decía ya que ‘la mujer del César no solo tiene que ser casta, sino parecerlo '. Muchas veces los Gobiernos, especialmente, caen víctimas de la percepción y no de la verdad. Hoy, por ejemplo, por más estadísticas y cifras que muestre el ministro de Seguridad defendiendo que la seguridad ha mejorado, que la criminalidad ha bajado, la percepción es todo lo contrario y lamentablemente el pueblo simplemente no le cree.

La percepción de lentitud del Gobierno, ejemplo, no permite que el pueblo acepte que las cosas van bien, los proyectos se están ejecutando, la economía sigue estable o creciendo, que hemos bajado el déficit, hemos terminado proyectos iniciados por el Gobierno anterior, pero todo queda envuelto en el manto de la percepción de lentitud.

El problema de percepción también afecta a la justicia. Es por eso que políticos, familiares de encausados y abogados utilizan los medios para proyectar deficiencias del sistema, vicios del debido proceso y hasta acusaciones de violaciones de derechos humanos y persecución. Lo difícil es probar las denuncias, pero el morbo juega un papel en lo que finalmente percibe el ciudadano al que se quiere influenciar. En la actualidad, hay una situación peculiar. El Gobierno anterior tuvo tal nivel de corrupción que casi todas las entidades quedaron afectadas. Eso, por supuesto, da la apariencia de que es persecución política cuando vemos a casi todo el gabinete bajo investigación, la mayoría de los directivos del partido afectados, y una gran cantidad de directores en medio de investigaciones.

Pero el mundo de las apariencias nos lleva a todas las realidades del Gobierno. Así, un Gobierno que puede mantener más de 1300 millones de dólares en subsidios, que aumenta la planilla estatal considerablemente en un año, que crea el famoso 100 a los 60 adicional, proyecta que financieramente está solido. Pero luego, frente a la realidad, vemos a la policía sin reparar patrullas, al Gobierno sin pagar cuentas de proveedores, a medidas de austeridad aunque, curiosamente, los viajes al extranjero siguen y se multiplican.

El panameño ha sido víctima de este juego de apariencias y realidades. La Ley de Blindaje, la Ley de Contrataciones Públicas, ejemplos, se vende la idea de que serán modificadas, que son rechazadas en su actual forma por el Gobierno, pero la realidad, una vez sembrada la percepción de cambio, es que no cambian. Es más, la Ley de Blindaje al modificarla la empeoraron, mientras que la de contrataciones públicas ni se ha discutido. El Gobierno proyectó que acabaría con el PAN, pero año y medio después sigue igual, con las mismas leyes que antes. Se proyectó que desaparecían las partidas circuitales, pero el primer diciembre se les dio a los diputados el primer tipo de partida extraordinaria para sus regalos de Navidad a las comunidades.

Hoy, igualmente, nuevamente el pueblo se enfrenta a percepción y realidad en el caso de la Caja de Seguro Social. La realidad financiera de la Caja se desconoce, pero comienzan a circular rumores de problemas a corto plazo con los planes de IVM. Eso da cabida a especulaciones sobre si habrá que subir la edad de jubilación, subir las cuotas o, como sugiere el presidente, la posibilidad de que los ingresos de la ampliación del canal puedan resolverlo. Lo cierto es que cualquier actuario puede certificar que la situación de la Caja es insostenible. La cantidad de jubilados hoy con una expectativa de vida de más de 75 años, cuya jubilación en gran medida depende de las cotizaciones de los que siguen, lo hace insostenible. Si añadimos la realidad de que cada asegurado tiene como dependientes a su esposa, hijos, padres, le ponen a la hospitalización una carga igualmente insostenible. Países como Nicaragua solo dan hospitalización al asegurado, su esposa y los hijos hasta los seis años.

Quizá lo más crítico de la percepción está en la denominada sociedad civil. Distintos grupos se han formado agrupando a menos de 100 personas y entran al ruedo de la discusión nacional con su bandera de sociedad civil. Un país con más de 2 500 000 votantes, en manos de grupos de 100 personas me parece absurdo. Por los menos los partidos políticos agrupan a más de un millón de ciudadanos, organizados o no. Pero caemos en lo mismo, la proyección que les dan los medios a estos grupos hace que el pueblo los perciba como una verdadera fuerza de opinión. La realidad, en el fondo, es otra.

En estos días un par de lectores me hizo notar que en esta columna no me estoy ocupando, como debería, del expresidente Ricardo Martinelli y su séquito de cómplices presos, fugitivos, escondidos o con casa o país por cárcel. Que no lo haya hecho no significa que les esté perdiendo pisada, les aseguro que me mantengo al día. Por eso creo que exceptuando a los que están “privados de libertad” (ya no debe decirse “presos”) los otros, en casita, no deben estar pasándola mal; y Martinelli en Miami, a juzgar por las fotos que he visto, viviendo la dolce vita tal como la vivía en Panamá. A pesar de que sus seguidores lo invitan a regresar triunfante al frente de una apoteósica caravana, parece que la escuálida asistencia a vigilias y convocatorias de su partido y amistades no lo convencen, no le dan la seguridad que necesita para venir a probar su total inocencia y que fueron sus subalternos los que, a espaldas suyas o malinterpretando sus instrucciones, hicieron los chanchullos. Sus “socios”, que por razones obvias ahora son examigos, entre ellos Virzi, Salerno y algunos otros, tampoco la están pasando mal; hasta “empiyamados” pueden seguir tan campantes atendiendo sus negocios y haciendo vida social en casa. Chichi de Obarrio, con paradero desconocido, ese sí que debe estar pasando páramos para camuflarse allá donde sea que está. El caso Financial Pacific (FP), tiene hechos tan siniestros como la desaparición de Vernon Ramos, oficial de la Dirección de Supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores, desaparecido desde el 16 de noviembre de 2012, hace hoy tres años, mientras investigaba irregularidades millonarias detectadas en los movimientos de la casa de valores FP, caso en el que apareció el nombre de Martinelli en relación con acciones de Petaquilla Gold y la cuenta High Spirit. De los señores West Valdés e Iván Clare, principales de FP, solo se sabe si aparecen en algún evento social o deportivo. ¿Por qué se mantiene en el limbo un caso con elementos de codicia, información privilegiada, fraude, un desaparecido, política y poder? Un caso que serviría hasta para un filme nacional tipo Wall Street (Michael Douglas).

Una de las razones para no ocuparme más de tantos delincuentes es que los nombres y los delitos se me enredan; son tantos que por error podría incluir a Martinelli en la turbia compra de llantas del PAN y eso sí que no; en ese negocio “meto las manos en el fuego” por él, porque de las llantas no le tocó“mocha”; allá en Miami debe estar craneando cómo va a cuadrar con Rafael Guardia Jaén (el único, hasta ahora, que ha admitido sin tapujos sus delitos) que lo “pasara por manteca”. ¡Qué insolencia! Por otra parte, los latigazos verbales en las redes sociales contra la camarilla de pillos, Martinelli el favorito, han agotado cuanto epíteto merecido registra el diccionario; en los tuits nacen verdaderas joyas de creatividad lingüística criolla, aunque algunos, y es lamentable, recurren a la palabra soez; tal parecen escritos por niños de los que gozan escribiendo palabrotas en las paredes de los baños. Vista la piel de lagarto que reviste la vergüenza (o por ausencia de vergüenza) de los que nos saquearon sin asco ni medida, sigo confiando en el trabajo que está haciendo la Procuraduría General. Es la primera vez en la historia de Panamá que la justicia parece estar encontrando su rumbo; pese a las fallas humanas y del sistema, manejar esta nueva experiencia, compleja e inédita por el alto perfil de los implicados y la multimillonaria telaraña de robos, no es asunto de “soplar y hacer botellas”.

Los medios han jugado un papel determinante, tanto en las investigaciones como en la divulgación de los delitos cometidos durante el quinquenio Martinelli. Queda demostrado que la presión de la opinión pública de grupos organizados de la sociedad civil y del pueblo en general, debidamente conducida, es esencial para marcarle el camino a un gobierno. Desatender esas opiniones es error que cometen los que están en el poder. Anunciar que no se divulgaría la lista completa de candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia fue un “patinazo”. Hoy cabe celebrar que la presión de la opinión pública surtió efecto y llevó al presidente Varela el mensaje de que estaba en duda la transparencia de su gobierno en la escogencia de dos magistrados. Que el presidente haya rectificado su posición es buena señal; indica que valora la opinión pública, no solo la de sus consejeros y políticos. Esa atención a la opinión pública es la que no ha mostrado el magistrado de la Corte Suprema, Jerónimo Mejía, casi en estado catatónico en lo que concierne al caso Martinelli. Haría bien en seguir el ejemplo de Varela para acabar con la suspicacia que despierta su inacción.

Ningún gobierno puede satisfacer las necesidades de todos los estratos de la sociedad. Siempre habrá descontentos. No hay gobierno que pueda cumplir con las exigencias o necesidades de los diferentes grupos de la sociedad. Pero el gobernante que opta por ignorar la opinión pública tendrá que vérselas con un pueblo que entorpecerá su gestión. Winston Churchill, el gran político británico, dijo: “La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás”.

Está ampliamente comprobado que la corrupción generalizada aflige al país y al sistema político. Y es el Estado el que está llamado a actuar con firme determinación para perseguir, procesar y sancionar a quienes caigan en este desafuero.

Pero es la corrupción de cuello blanco de la administración pública desde las altas esferas gubernamentales la que ha sido el sello de los últimos gobiernos. Han abusado del dinero público mediante el peculado, el desfalco, la malversación y el blanqueo de capitales; un rosario sin fin de millonarios perjuicios a las arcas del Estado, ergo, al pueblo panameño. Todo ello, con una absoluta impunidad. Los ejemplos sobran. Y es que los ladrones de la cosa pública saben de antemano que están amparados por el amiguismo, el clientelismo o por su grupo de poder político. Aunque esta fauna corrupta no está constituida exclusivamente por personas de alto nivel socioeconómico, existe una gran verdad: hay una ausencia, casi completa, de reproche de parte de la clase social o económica a la que pertenecen. Mientras, la población es testigo de su desprecio por la ley, amparados por sus mal habidas fortunas y las deficiencias crónicas que sufre nuestro sistema judicial.

El gobierno de Juan Carlos Varela ha tomado acciones específicas, jamás antes vistas, para la rendición de cuentas de la gestión pública. Hay quienes argumentan que privar a delincuentes confesos de su libertad en arrestos domiciliarios o país por cárcel no es privación efectiva de la libertad; pero, ¿acaso hemos visto en gobiernos anteriores medidas similares? ¿O es que los corruptos de otrora resultaron mucho más hábiles para delinquir? Sin lugar a duda, campeaba la impunidad y la cultura del “borrón y cuenta nueva”. Son incontables los que se han quedado sin castigo.

Por otra parte, es desconcertante y pavoroso que sectores de la sociedad pretenden justificar casos emblemáticos de corrupción con aquel “pero todos han robado”. Con este desparpajo no solo toleran la corrupción y la impunidad, sino que las convierten en hechos inevitables y en un comportamiento de la sociedad en general. Es un caldo de cultivo que corroe la moral y la cohesión del pueblo, socava la gobernabilidad y deslegitima el sistema democrático.

Ante este grave y triste panorama, ¿qué pueden esperar los jóvenes de hoy? ¿En qué instituciones afincan su anhelo ciudadano de poner fin a lo que lo anterior implica? ¿Es que estamos condenados a que la corrupción y la impunidad nos definan como país y que, hastiados e indignados, nos arrastren hacia voces e ideas que propician la “mano dura” y el autoritarismo?

La inmensa mayoría de los ciudadanos estamos ávidos de que se cumplan las expectativas creadas para la rendición de cuentas efectiva y para impartir justicia. Claudicar no es una opción. La lupa está puesta en el país. Como gobierno y sociedad es el desafío que todos tenemos.

En estos días libres, he tenido la oportunidad, por ejercicio mental de abogado, de hacer una nueva Constitución. Algo que el pueblo reclama con ahínco. He eliminado esa frase lapidaria que dice: “el poder emana del pueblo”, la he cambiado por una democrática que preceptúa: “El poder es del pueblo”, que es muy diferente.

Acto seguido, paso por describir al Órgano Ejecutivo como un mero administrador temporal que deberá administrar y ejecutar las decisiones del pueblo. Y en cuanto a estas decisiones, aprovechando la Ley de Descentralización, que debemos agradecer al actual mandatario y que, aún a pesar de sus falencias, considero es la génesis de una verdadera democracia, establezco, desde ya, la participación ciudadana vinculante en las provincias, distritos y corregimientos, tal y como lo establecieron los verdaderos padres de la patria, y lo que ellos denominaron hace muchos años “cabildo abierto”.

Un asunto interesante es la siguiente enunciación: “La República de Panamá acatará las normas de derecho internacional que no perjudiquen los intereses del pueblo”.

En las Garantías Fundamentales establezco la obligación para los jueces y magistrados de resolver los hábeas corpus en un plazo no mayor de 48 horas. Otro aspecto interesante en este capítulo es establecer responsabilidades al funcionario que emita una orden ilegal o inconstitucional en perjuicio de una persona. En cuanto al tema de ciudadanía o migratorio, introduzco algunas variantes en beneficio de los panameños por nacimiento.

En el Capítulo de Familia declaro que es obligatorio para el Estado velar para hacer efectiva la patria potestad de los padres sobre los hijos menores.

Hay un artículo (58) de la actual Constitución que establece que la unión de personas de distinto sexo por más de cinco años surtirá los efectos de un matrimonio legal. Yo lo uso para igualarlo al que trata con anterioridad de la protección de la familia. Y hablando de menores, considero necesario subir la mayoría de edad a 21 años, como era antes. Pero igual pienso que hay que tomar otras medidas integrales sobre el tema.

El asunto del trabajo digno y equitativo, además del derecho a sindicalización me hizo hacer algunas reformas en este acápite, motivado más bien por la negativa de los últimos gobiernos.

En educación, menciono que esta debe ser el producto de una decisión de los padres, con la ayuda de los maestros y profesores, que los funcionarios deberán acatar. Y con prevalencia de enseñanza de valores morales y éticos. En salud, me preocupa el asunto de la dualidad de funciones, que para mí representa un abuso del erario.

En el agro, nada de importación de alimentos que se produzcan con suficiencia en el país.

Y como es la materia que más me agrada, inserté un artículo que prohíbe a los funcionarios aprobar obras o concesiones que el pueblo determine que afectan su derecho a un ambiente sano.

Lo más importante es quitarle el poder a los partidos y al Presidente. No más subsidios para los partidos y no a la revocatoria de mandato partidaria. Solo habrá tres diputados por provincia y uno por cada comarca; nada de reelección; tendrán 11 meses de trabajo, al igual que todos los panameños, y no más sesiones extraordinarias. Los magistrados, procuradores, el contralor y el fiscal electoral serán escogidos por votación popular, cada 10 años. El Presidente necesitará de la aprobación previa de los procuradores o el contralor para firmar o contratar, con el dinero del erario. No podrá expedir leyes por decreto, esa función es exclusiva de la Asamblea Nacional que el pueblo eligió para tal fin.

La Corte Suprema juzgará al Presidente, vicepresidente, procuradores, contralor, fiscal electoral. No habrá juicios políticos amañados en la Asamblea. Cualquiera que haya sido condenado por algún delito no podrá ser candidato.

En cuanto al Órgano Judicial, el primer deber de un juzgador será velar porque se le haga justicia al afectado. Nada de caer en excesos de formalidades o interpretaciones doctrinales, o encuadramientos a la ley sustantiva. Y lo más importante en cuanto a la Corte es que establezco plazos perentorios para resolver, so pena de sanciones. Ningún proceso durará 10 o 15 años. Eso sí, para hacer efectiva esa rapidez para juzgar, aumento al 5% de los ingresos del Estado que se deberán asignar a la justicia.