Panamá y el cambio climático

/en /por

Hoy arranca en París, Francia, la Cumbre del Clima, que busca llegar a acuerdo entre 195 naciones de todo el mundo, sobre los esfuerzos a hacer entre todas a fin de que la temperatura no aumente en dos grados a final del siglo 21. Pero al margen de esta Cumbre, Panamá tiene sus problemas con el medio ambiente. El pésimo manejo de las cuencas de los ríos, la tala indiscriminada, la contaminación galopante, nos ha puesto en aprietos, sobre todo en 2015. Ya un amago de lluvia inunda la ciudad capital. La sofocante sequía ha dejado sin agua a Azuero. Los ríos están contaminados por doquier. No es el problema del Gobierno únicamente, sino de la sociedad misma. Vivimos entre cochinos. Cualquiera tira un papel, una lata o un pedazo de plástico a la calle y luego no sabe por qué se tapa el alcantarillado. El Gobierno, empero, tiene que empezar a ser más drástico, pero antes, dar el ejemplo. No es posible que Darién esté siendo talado inmisericordemente y la gente del Ministerio de Ambiente no se dé cuenta. ¿Cómo es posible que se contamine un río y las autoridades no saben quién fue? Necesitamos voluntad y firmeza para hacer las cosas. Hoy es Azuero sin agua o con agua contaminada. Mañana será todo el país.

Debatiendo la identidad

/en /por

Tal vez dejamos la impresión de que estamos en contra de todo; pero, no es así. Ningún ciudadano, en su sano juicio, quiere que al país le vaya mal. Sin embargo, hay cosas que simplemente no nos parecen. En el ejercicio de estimular a que se den mayores ingresos económicos para el país, de crear y sostener empleos, no es necesario que desvirtuemos la estructura de nuestro carácter cultural y social. Lo hacemos con el ‘Thanksgiving ' y ahora con el ‘Black Friday '. Una versión de este artículo lo publiqué hace dos años; y, para como van las cosas, no mejoramos.

A mucho pesar, Panamá no es más que un lugar en donde vive gente. No es un país; o tal vez, sí lo es: ‘portátil ', como dice Rubén Blades. Y para colmo, ‘se vende '. Algunos se aferran y tienen amor por algunas cosas. Las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo, de cualquier pueblo, ya no importa. La pollera, el montuno. La hojaldre y el chicheme. El arroz con coco y pesca'o frito tipo antillano, el baile congo y el calipso. El incienso hindú y el dragón chino. Muestras culturales dispersas, de grupos humanos que compartimos el mismo espacio. Pero no un país… mucho menos una Nación.

A mucho pesar, Panamá no es más que un lugar en donde vive gente. Nos sobrecoge una población que piensa y funciona en el presente vago; ayudado por los medios: con la fabricación de figuras artificiales y vacías que no agregan valor a lo sucedido en las últimas décadas del siglo pasado en esta tierra… que costó vidas por la defensa de la dignidad nacional y la recuperación e integración del territorio panameño.

En una conferencia sobre Innovación, el expositor principal hizo referencia a los 21 temas de invención más importantes para el siglo XXI. Además de asuntos como: la conservación energética, la protección de los recursos naturales, el manejo adecuado de los desechos, la exploración espacial, el compartir el conocimiento y la comunicación global… la preservación de la historia humana forma parte importante de esos 21 temas.

¿Qué historia humana? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Somos los que defendieron el honor durante los incidentes de la Tajada de la Sandía el 15 de abril de 1856… el 9 de Enero de 1964… o los que recibimos el Canal el 31 de diciembre de 1999… o los que salen despepitados a gastarse los reales en el ‘Black Friday '?

Tanta valentía y arrojo nacionalista ¿qué se ha hecho? Tanta conciencia de país y Nación. Tanta dignidad y patriotismo. ¿A qué hemos trascendido? Una cantaleta constante por dos semanas diciéndote que tienes que levantarte temprano para hacer filas en un centro comercial para comprar algo que en realidad no necesitas a un precio que el dueño del local decide. En verdad, eso ¿en qué te convierte?

Como asunto curioso, la gente hace fila para adquirir elementos relacionados a seis de las 20 innovaciones más importantes del siglo XX que definió el National Academy of Engineering (televisores, equipos electrónicos, teléfonos, computadoras, etc.). Y más curioso aún, de los temas para el siglo 21 no aparecen, por el momento, aparatos de consumo. Son temas que tienen que ver, en su conjunto, con la preservación de las condiciones de vida y de la especie más allá de nuestro tiempo.

Son temas que buscan las más brillantes ideas a fin de que podamos corregir nuestros propios desaciertos en lo referente a lo que hace daño a la naturaleza. Y por si acaso, innovar para irnos de aquí, recorrer el espacio en busca de otro sitio en donde continuar el desarrollo evolutivo. ¿Qué parte de lo que somos aquí debemos preservar para que la humanidad del futuro se acuerde de nosotros? ¿Serán las razones que nos hicieron hacer esa fila el viernes pasado?

Solo como referencia (porque hay muchas definiciones parecidas y similares), el profesor del London School of Economics, Anthony D. Smith define Nación como: ‘Una comunidad humana con nombre propio, asociada a un territorio nacional, que posee mitos comunes de antepasados, que comparte una memoria histórica, uno o más elementos de una cultura compartida y un cierto grado de solidaridad… '. Eso, aquí en Panamá, no somos. No porque lo dicen nuestra Constitución y las leyes significa que somos una cosa. Hay que querer serlo, vivirlo y ante todo, defenderlo.

Neutralidad ante todo

/en /por

En septiembre pasado, viajamos a El Salvador. En ese momento en los círculos de seguridad se discutía la calificación legal de ‘Terroristas. ' A los miembros de las famosas organizaciones criminales ‘Mara Salvatrucha ' y ‘Mara (Barrio) 18 '. Las mismas, con más de 50 000 miembros activos en ese país, lo han convertido en uno de los más peligrosos de Latinoamérica, poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de la población salvadoreña.

El debate consistía en determinar y decidir cómo enfrentar a las maras: como criminales y delincuentes, aplicándoles medidas de prevención, persecución, juzgamiento y encarcelamiento que, según las leyes vigentes, oscilan entre 50 y 60 años de cárcel, o combatirlos como terroristas y, en consecuencia, con su exterminio total. ‘Contra el terrorismo no hay términos medios y jamás políticas de apaciguamiento; estamos convencidos y decididos en ganar la guerra contra la delincuencia y el crimen organizado ', declaró el fiscal general de El Salvador.

No obstante, percibimos muchas dudas de los expertos en seguridad: estaban frente a la perspectiva de iniciar un nuevo conflicto armado interno, cuyo resultado podría significar muchas más pérdidas de vidas que las 70 por cada 100 000 habitantes por año, que fallecen actualmente producto de acciones de las maras. Ahora, sus jefes, miembros, colaboradores y financistas, quedaron comprendidos dentro del concepto de ‘terroristas ', independientemente de sus fines y medios. Las maras realizan atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la ya agobiada población salvadoreña.

Traemos esto a colación, por el gran debate que se ha desarrollado en Panamá, producto de la decisión del Gobierno nacional de incorporar a nuestro país en la Coalición Internacional que ha desatado una ofensiva militar contra el Estado Islámico (EI) en Irak y Siria principalmente. Hace dos semanas EI perpetró criminales actos terroristas en la capital de Francia y en ciudades de otros países, matando despiadadamente a cientos de víctimas inocentes e hiriendo a muchas más.

La reiteración reciente de nuestra participación en la Coalición, originó más rechazo que aprobación de los panameños. Y las explicaciones y justificaciones dadas produjeron más preguntas que respuestas. No se nos malinterprete. Creemos que todo acto terrorista debe ser condenado provenga de donde provenga y tenga las características y objetivos que tenga. Son actos de barbarie terrorista reconocidos así y condenados sin ambages por la comunidad internacional. Pero ir a meter la cara en donde reparten bofetadas, nos parece una decisión innecesaria y que excede nuestra capacidad contra EI y la responsabilidad como parte de la Coalición, cuyo contenido fundamental es eminentemente militar.

Las actividades terroristas son tan complejas y múltiples que aún es difícil clasificarlas a partir de características específicas que existan en todos los casos. En nuestros ámbitos de responsabilidad, se reconoce que en la actualidad numerosos grupos terroristas persiguen, además de metas políticas o religiosas, un fin de índole financiero. Así, se han identificado vínculos entre diversas actividades económicas ilegales (narcotráfico, comercio de armas, lavado de activos, tráfico de personas) y diversas agrupaciones terroristas. Esa es realmente, hasta ahora, nuestra amenaza de parte del terrorismo internacional.

La resolución 1373 de las Naciones Unidas, de 28 de septiembre de 2001, instó a los Estados Miembros a reforzar su capacidad jurídica e institucional para, además de tipificar la financiación del terrorismo como delito, obligar a congelar los fondos de quienes participen en la comisión de actos terroristas; denegar apoyo financiero a grupos terroristas; intercambiar información y cooperar con otros Gobiernos para investigar, detectar, arrestar, extraditar y enjuiciar a personas que participen en la comisión de dichos actos.

Entendemos que el rol que se impuso Panamá al inscribirse en la Coalición, fue combatir el Financiamiento del Terrorismo. El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, de 9 de diciembre de 1999, busca precisamente este objetivo. Para ello no era necesario pertenecer a la mentada Coalición. Panamá aprobó la Ley 50 de 2003 que incluyó todo un capítulo sobre Terrorismo en el Código Penal. Por su parte, la Ley 23 de 2015, fortaleció la prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo.

Sabido es que Panamá, por su Canal y otras infraestructuras, aún sin pertenecer a la Coalición, es un blanco estratégico y rentable para el terrorismo internacional. Nada que hagamos debe ponernos en riesgo. Después de la decisión adoptada, más nos vale que en adelante actuemos con prudencia y mentalidad de neutralidad. Y de paso, se tomen acciones efectivas para garantizar la seguridad pública de los panameños.

Institución sin rumbo

/en /por

El índice de calidad nos los brindan como es natural los países del primer mundo. En ellos el 25% de la población económicamente activa labora como micro, pequeño y mediano empresario.

En Panamá, ese porcentaje es ínfimo, del 3%, a pesar de que desde hace más de 15 años los distintos gobiernos han invertido fortunas para impulsar ese sector. Esto nos lleva a la conclusión obligada de que las estrategias seguidas hasta ahora han sido un rotundo fracaso.

Los criterios para ayudar, fortalecer y darle madurez a las distintas agrupaciones de pequeños empresarios quedaron en el abandono. Los seminarios no han pasado de ser un cúmulo de recursos técnicos, que poco aportan al verdadero carácter del comportamiento empresarial.

Ni que decir de la falta de seguimiento, balances y análisis de los resultados entre aquellos empresarios que han sido beneficiados con la acción institucional. Hasta ahora no se han creado los sistemas que faciliten esta labor.

Tampoco se tiene claro cuál es el sector que se quiere impulsar y en qué grado, de tal suerte que se acaba promoviendo el sector terciario de la economía, por espontaneidad.

Más que una institución pública llamada a la promoción de empresarios, la Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) se ha convertido en una estructura para la promoción política.

De forma que, como en la práctica es una institución para la promoción política, no se aprovechan los recursos humanos que están o han demostrado ser conocedores de la materia.

En conclusión: la Ampyme termina compitiendo con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, en una mescolanza de objetivos que les impide apuntalar su eficiencia.

Hay que derogar la Ley 51 de la CSS

/en /por

En febrero de 2015 señalé que la Ley 51 de 2005 fue concebida para transferir los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS) a  las diferentes agencias privadas financieras panameñas y extranjeras. Que especulan con los ahorros de los trabajadores panameños. Ya era público y notorio que el daño que la Ley 51 le hacía al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS era catastrófico.

¿En qué consiste la lógica de la legislación introducida en la CSS en 2005? Por un lado, las cuotas que pagan los trabajadores a la CSS para el programa IVM se dividirían en dos fondos. Habría un programa para quienes pagan menos de B/800 que seguiría siendo solidario. También habría un programa para quienes pagan cuotas correspondientes a un salario de más de B/800, que sería individual. Es decir, el asegurado recibiría al llegar a su edad de jubilación la suma de lo acumulado durante toda su vida laboral.

Además, los que estaban en el programa solidario en 2005 y querían seguir siendo miembros, podían hacerlo. Todos los que entraban al programa de la CSS con salarios superiores a B/800 después de 2005 estaban obligados a sumarse al plan de jubilación individual.

Por el otro, las cuotas que pagan los trabajadores benefician a los especuladores, sin beneficio alguno para los asegurados. Los trabajadores solo reciben lo aportado durante largos años de trabajo. Los fondos adicionales que generan los ahorros son transferidos en su totalidad a los especuladores. Además, si los agentes privados hacen malas inversiones y/o quiebran, los asegurados pierden todos sus ahorros.

En el caso del sistema solidario los trabajadores del presente cubren las pensiones de los trabajadores del pasado. Se parte de un supuesto lógico en este sistema. Siempre habrán más trabajadores y, también, estarán ganando más que los que pertenecían al sistema en el pasado. Esta lógica se ha sostenido en todos los sistemas de seguro social solidario.

En el caso del sistema individual, el trabajador no cuenta con una red que lo proteja de cualquier percance —enfermedad o accidente— que podría dejarlo abandonado a su suerte. El valor que tiene el ‘seguro social ' es precisamente que ofrece un sostén. Esta es la diferencia con el seguro individual o privado que no lo ofrece.

En el caso de Panamá, las cuotas de los que menos cotizan no podrán cubrir las necesidades de los que se están jubilando en los próximos 10 años. Los que más cotizan están fuera del programa solidario y tienen sus planes individuales (que benefician solo a los especuladores que reciben sus cuotas).

Lo peor de la situación es que los administradores de la CSS a partir de 2005 no conocen la institución, su situación financiera ni su potencial. Un empresario ligado a la Caja confesó que ‘la CSS debe emitir el estado de cuenta y entregárselo a las personas que están en el sistema, con detalles de lo ahorrado en su cuenta personal y los intereses devengados '. Eso no se hace.

Un exdirector de la CSS afirmó que ‘en este momento tenemos información imprecisa, porque los estados financieros ameritan ser depurados y auditados '. Agregó que ‘el programa de IVM siempre ha tenido un futuro incierto '. Desde hace tres años no se conoce el estado financiero de la institución. Se hicieron inversiones en compras y edificaciones sin control por parte de la CSS. Sin embargo, los responsables llevaban una contabilidad minuciosa de las ganancias que arrojaban las operaciones.

Los responsables admiten de manera cándida que los directivos solo han pensado en hacer negocios con los fondos de la CSS. Un miembro de la junta directiva admitió que ‘hay una serie de compromisos que se deben pagar y si todo está bien sustentado, nosotros como junta directiva damos el visto bueno '. Parece que no importa que eso signifique hundir a la institución y todos los asegurados.

Según el actual director de la entidad, se siente obligado a pagar 1200 millones de dólares a varios acreedores en un plazo de cuatro años. Para evitar la catástrofe puede suspender las obras y los pagos. Si lo obligan a pagar, puede extender el plazo a 2050. Un expresidente de la Cámara de Comercio dijo que ‘el programa no es sostenible en el tiempo '. Solo le faltó agregar que la única solución es derogar la Ley 51 de 2005 y regresar al sistema de seguro social solidario.

El poder de la Corte Suprema

/en /por

La verdadera dimensión del poder que ostenta la Corte Suprema de un Estado la revela una interesante  historia. O acaso fábula– que narra el pasaje de un humilde molinero de Prusia, quien fue intimado por el emperador Federico II, el Grande, a venderle su finca, bajo amenaza de expropiación, a lo que aquel se negó, contestando con convicción: “Aún hay jueces en Berlín”.

Hoy esa frase denota al mismo tiempo la confianza del ciudadano común en la actuación del tribunal supremo y la fortaleza de las instituciones públicas, frente al poder ejercido arbitrariamente. La Corte Suprema ostenta este enorme poder por la doble misión institucional que tiene encomendada, consistente en guardar el orden constitucional preservando las libertades públicas y demás derechos fundamentales (casi siempre frente a las actuaciones de las autoridades públicas), así como en resolver de modo final y definitivo los conflictos de intereses entre particulares. El factor común en esta doble vertiente es que esa misión se ejerce siempre en beneficio de las personas consideradas individual o colectivamente. Y es este gran poder lo que hace que las decisiones de la Corte Suprema puedan moldear el perfil de una sociedad, al trazar un límite infranqueable entre el poder del Estado y los derechos fundamentales de los particulares.

La historia de Estados Unidos es ilustrativa: en el atroz fallo Dred Scott de 1857, la Corte Suprema reconoció la legalidad del sistema esclavista, al resolver la demanda de un esclavo, escapado del sur y radicado en territorio no esclavista, de ser reconocido como un persona libre, cuando sentó el criterio de que las personas de raza negra no eran ciudadanos y, por tanto, carecían de legitimidad para demandar. Esta decisión contribuyó a detonar la guerra civil en cuyo marco el presidente Abraham Lincoln proclamó la abolición de la esclavitud.

Un siglo después, en 1954, la Corte Suprema adoptó en la sentencia Brown una decisión histórica en sentido contrario, al declarar que la segregación racial en las escuelas era contraria a la Constitución, negándole validez al principio “iguales, pero separados”. Ante la resistencia de las autoridades del estado de Arkansas a acatar ese dictamen judicial, el presidente Dwight Eisenhower ordenó que tropas federales escoltaran a nueve estudiantes negros para ingresar a un colegio secundario en Little Rock. Así se comenzó a desmantelar la segregación racial institucionalizada en ese país.

Ahora, en 2015, la Corte Suprema estadounidense ha vuelto a ejercer en forma impactante su facultad de interpretar la Constitución, reconociendo en el fallo Obergefell la existencia del derecho al matrimonio homosexual, en decisión de cinco contra cuatro. La Corte declaró que, conforme a la decimocuarta Enmienda de la Constitución, los estados de la Unión están obligados a celebrar y reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esta decisión dividida provocó una álgida controversia sobre el alcance del poder de la Corte Suprema. La mayoría sostuvo el criterio de que el tema debatido era solo si la Constitución protege el derecho de parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, concluyendo afirmativamente con base en el principio de igualdad; la mayoría recurrió también a un argumento emocional, expresando que “No hay una unión más profunda que el matrimonio”. En contraste, la minoría sostuvo enérgicamente que, de acuerdo con la propia Constitución, corresponde privativamente a cada estado definir legislativamente si el matrimonio es una unión de un hombre con una mujer o si quiere expandir esa definición, por lo que la Corte Suprema usurpa esa atribución al obligar a los estados a celebrar matrimonios entre parejas del mismo sexo.

Un ejemplo especialmente aleccionador del poder bien ejercido por una Corte Suprema es la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que cerró, en 2010, las puertas a una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe, a pesar de la inmensa popularidad de que gozaba el gobernante. La Corte señaló que la convocatoria a consulta popular para aprobar la reelección estaba formalmente viciada por irregularidades cometidas en el desarrollo de esa iniciativa, pero recalcó que de todas maneras una segunda reelección conculcaba los principios de separación de poderes, igualdad, alternancia democrática y el sistema de pesos y contrapesos consagrados en la Constitución de 1991.

Pero ese poder solo se materializa cuando los pronunciamientos de la Corte Suprema son respetados por la sociedad de forma que las autoridades públicas no puedan rehusarse a acatarlas. A su vez, que haya o no ese respeto y acatamiento depende primordialmente de la credibilidad que sus decisiones merezcan, por la solidez de su argumentación y la reputación de sus miembros.

La desaparición del PAN

/en /por

La lucha contra la corrupción debe ser implacable. La historia reciente nos muestra una infinidad de ejemplos de cómo, so pretexto de luchar contra este flagelo, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Cuando el Gobierno de Endara (1989-1994) creó el Fondo de Emergencia Social (FES), se justificaba la nueva institución. El país había entrado en una profunda crisis económica y social, que no había tiempo para la burocracia. En el Gobierno de Pérez Balladares (1994-1999-) el FES empezó a señalarse como una entidad innecesaria y a la vez un foco de corrupción producto de que esas mismas contrataciones directas que —so pretexto de la urgencia notoria— terminaban favoreciendo a amigos. Mireya Moscoso (1999-2004) cambió el FES por el Fondo de Inversión Social (FIS), que siguió con la práctica del dedo en las contrataciones directas, lo que se agigantó en el Gobierno de Torrijos (2004-2009). Martinelli (2009-2014) reformó el FIS y creó el Programa de Ayuda Nacional (PAN), cuyos escándalos de corrupción han sacudido el país por las decenas de millones de dólares del erario que terminaron en los bolsillos de los allegados al poder. Ayer se anunció que el Gobierno de Varela le da muerte al PAN y crea la Dirección de Asistencia Social (DAS), prometiendo también más transparencia y combate a la corrupción. ¿No es mejor eliminar de una vez por todas esta entidad que solo cambia de nombre, porque la corrupción sigue intacta y creciendo.

lucha por la democratización de Panamá

/en /por

Tras el retorno del general Omar Torrijos a Panamá, en diciembre de 1969, el país tomaría un rumbo diferente. El jefe militar acababa de desbaratar una conjura derechista para desplazarlo del poder, pero sabía que sin apoyo popular era imposible emprender un proceso dirigido a la transformación social, económica y política, que desembocaría en 1977 en la firma de los Tratados del Canal.

Torrijos, quien encabezaba la corriente democrática en una Guardia Nacional permeada por diversas tendencias políticas, tomó la decisión de acercarse a las organizaciones sociales para explicar su proyecto nacional que denominaba ‘yunta pueblo-gobierno '. Uno de esos primeros pasos, fue iniciar un diálogo con los aguerridos estudiantes del Instituto Nacional. Ellos habían soportado con coraje el cierre consecutivo del plantel, en una actitud de resistencia al militarismo y desafío a las clases elitistas dominantes.

Sin un libreto escrito, el jefe militar llegó al Nido de Águilas, acompañado por el licenciado Damián Castillo Durán y un cercano colaborador, el empresario Demetrio Basilio Lakas, quien ocuparía el cargo de presidente de la República. La reunión con estudiantes graduandos fue tensa y llena de recriminaciones, pero derivó en una comisión para entablar un diálogo a favor de la democratización y la materialización de conquistas del movimiento popular.

Con listas en mano, la clase institutora del 70 acompañó a Torrijos para abrir las celdas de las cárceles donde estaban recluidos los presos políticos y aquellos que habían sido detenidos en combates en la lucha armada que encendió al país luego del golpe de Estado del 11 de octubre de 1968. Ese hecho, poco conocido por las nuevas generaciones, marcó el comienzo de una era en la definición del horizonte del movimiento estudiantil que recuperaba las banderas de la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP).

Los institutores de esa abnegada generación aceptaron la invitación de Torrijos para ayudar a incorporar a los explotados trabajadores de la industria bananera al régimen de seguridad social, y emprendieron una campaña de alfabetización en las montañas, desarrollaron trabajos comunitarios en áreas indígenas y zonas de cañaverales, donde los jornaleros estaban sumidos en la miseria.

A ellos se debe la campaña emprendida para que el Alma Mater fuese declarada monumento histórico nacional, lo que se conseguiría un año más tarde a través de un decreto del Gobierno. Los institutores de entonces, marcharon contra la guerra de Vietnam y exigieron la libertad del líder sudafricano Nelson Mandela, víctima del modelo segregacionista del Apartheid. Asimismo, ayudaron a llevar Cultura y Educación a zonas marginales urbanas.

Centenares de profesionales de esa valiente generación ocupan posiciones prominentes en la industria, el comercio, instituciones científicas y culturales, y en el área del Canal de Panamá. En sus corazones perdura el orgullo de haber defendido en las calles la soberanía nacional, y exigido el desmantelamiento del enclave colonialista. Su contribución al desarrollo está marcada por grandes ejecutorias y sacrificios, y por un gran respeto hacia los docentes que ayudaron a labrar el campo florido del conocimiento.

En la conmemoración del XLV Aniversario de la promoción del 70, la clase institutora desea compartir con el pueblo panameño su alegría, e invita a todos a una Misa de Acción de Gracias el viernes 27 de noviembre, a las 6:30 p.m., en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en el sector de Carrasquilla. Decenas de voces del Coro Música Viva darán a la misa un tono especial, en homenaje a los egresados y egresadas que portan en sus pechos la bandera tricolor.

Neutralidad, el pilar de política exterior

/en /por

A principios de este año, el 5 de febrero, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela hizo público un comunicado en el que informó su decisión.  De “sumarse a los esfuerzos de la comunidad internacional para combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, así como los actos de violencia indiscriminada, derivados de la intolerancia religiosa, cultural y étnica”. La forma de hacerlo sería a través de su incorporación a la coalición internacional contra el Estado Islámico (EI), para “hacerle frente a las amenazas contra la paz y la seguridad internacional impuestas por este grupo”. Ahora, tras los recientes ataques del EI en París, Varela reafirma su decisión. Tal acontecimiento genera un crispado debate nacional respecto a la política externa que debe adoptar Panamá.

Cabe comentar el impacto de la posición adoptada por el Gobierno panameño sobre el Tratado de Neutralidad, cuyo artículo II habla específicamente de la neutralidad del Canal, concebida como el derecho al “tránsito pacífico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad”. La cláusula homónima agrega que Panamá reconoce el ejercicio de tal derecho, como garantía de que “el Canal y, consecuentemente, el istmo de Panamá, no sean objetivos de represalias en ningún conflicto bélico entre otras naciones del mundo”.

Es evidente que aunque la institución de la neutralidad a la que se alude no tiene relación con la condición jurídica internacional del país frente a los conflictos armados internacionales (verbigracia, condición de Estado neutral mientras se desarrolle el conflicto), sino a la forma de gestión de una vía acuática de comunicación interoceánica –es decir, a la garantía de tránsito no discriminatorio al que tienen derecho todos los países del orbe–, eso no implica que tal diferencia aconseje a los Gobiernos desentenderse del reconocimiento contractual que hace el artículo aludido, respecto al peligro de constituirnos en un objetivo de represalia militar.

Se entiende que tal enunciado más bien impele a la República de Panamá a que promueva una política exterior que no riña con dicho postulado. Se colige que tampoco es aconsejable que este país, sin Ejército y que opera un canal interoceánico que garantiza el principio de libre navegación, en términos de entera igualdad para todos los Estados del mundo, sea partícipe de organizaciones militares internacionales.

En virtud de lo expuesto, es aconsejable que el Gobierno refunde las bases de la política exterior. Tales nuevos pilares bien podrían asentarse en el documento conocido como Fundamentos de la política panameña de seguridad, excerta legal que nació gracias al consenso de los partidos políticos, y fue aprobado por la presidenta Mireya Moscoso por intermedio de la Resolución de Gabinete 34 de 21 de junio de 2000, e introdujo el concepto de “neutralidad activa”, para garantizar efectivamente que “el istmo de Panamá no será objetivo de represalias en ningún conflicto bélico entre otras naciones del mundo, ni se verá involucrado en confrontaciones entre los Estados, ni dentro de Estados” (sic). De ello se colige que Panamá se mantenga neutral respecto a fenómenos de índole bélica internacional, lo que no la inhibe de pronunciarse (ser “activa”) de modo responsable y asertivo en temas palpitantes de la agenda internacional, incluida la lucha contra el terrorismo.

En conclusión, no está de más recordarle al actual gobierno que en enero de 2012 nuestro país reactivó el principio de neutralidad activa como pilar rector de la política exterior mediante el instrumento de adhesión a la Red de Seguridad Humana, por lo tanto, de lo que se trata ahora es de invocar dicho instrumento, como demostración palpable de que la intención real es mantener al país lo más alejado posible de los conflictos que, en razón de la causa que sea, enfrenta a Estados o grupos insurgentes.

Contradicciones que desconciertan

/en /por

Hay varios, quizás demasiados momentos en que se puede pensar que vivimos en un país de contradicciones. Por ejemplo, justo cuando Panamá cosecha reconocimientos internacionales por los logros alcanzados, gracias a una serie de científicos, el Gobierno reduce el monto asignado a la investigación y tecnología en el presupuesto general para 2016.

El año pasado, cuando se evaluó el Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 2010-2014, se demostró que no había correspondencia entre lo programado y el presupuesto asignado, lo que había afectado la ejecución de algunos proyectos. Esta frustración se reafirma cuando uno analiza el caso del Instituto de Investigaciones Científicas de Alta Tecnología (Indicasat), una especie de brazo ejecutor de la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación (Senacyt), que con el recorte del presupuesto tiene serios problemas para poder operar y mantener los programas de investigación iniciados. Ese es el punto que preocupa a estos dedicados profesionales, quienes laboran sin tomar en cuenta el día de la semana o la hora de salida de los laboratorios y deben, adicionalmente, buscar financiamiento para sus proyectos.

Y es que el riguroso sistema de trabajo instituido hace solo unos años en el Indicasat obliga a todos los científicos que allí laboran a presentar anualmente entre dos y tres publicaciones técnicas, basadas en las exigencias de las revistas de prestigio internacional. Pero, si no hay recursos, no habrá insumos ni equipos especializados, ni personal técnico, entre otros, para sus proyectos, que son el motor que impulsa sus objetivos para llegar a la verdad.

El pasado 4 de noviembre un investigador panameño del Indicasat recibía, en Guatemala, un premio a la innovación para menores de 35 años, otorgado por la revista especializada del MIT y, a mediados del mismo mes, una delegación viajó a Inglaterra gracias a que cinco de sus proyectos fueron escogidos para ser desarrollados por el programa de Fondos de Ciencia de la Foreign & Commonwealth Office.

Lo interesante de los últimos años es que los proyectos premiados no solo son los relacionados con la salud, que son los más conocidos en Panamá, gracias a la histórica e invaluable labor tanto del Laboratorio Conmemorativo Gorgas como el Instituto Smithsonian. Se destacan, por ejemplo, trabajos de biólogos que buscan controlar la roya del café con productos orgánicos; problemas de ciertos cultivos por la ausencia de polinización asociado al cambio climático; el comportamiento de las hormigas, y las soluciones a las bacterias y hongos en los corales marinos, entre otros.

Mientras ocurría esto, específicamente en septiembre pasado, una nota de prensa del Ministerio de Comercio e Industrias comunicó que tenía -para presentar ante la Asamblea Nacional- un anteproyecto que buscaría modernizar la industria, a través de un denominado Programa Nacional de Competitividad Industrial, y elevar los niveles de exportación. Sería interesante saber si serán panameños los profesionales que analizarán y diseñarán las posibles soluciones para que el sector manufacturero se desarrolle más y sea una inyección en la generación de empleos para el técnico criollo. La búsqueda de una legislación adecuada para desarrollarse, como un ente generador de empleos calificados, y en una referencia de los precios de algunos de los productos que se comercializan en nuestro mercado, es una lucha del Sindicato de Industriales de Panamá.

Pero en la Senacyt funciona la dirección de Innovación Empresarial, un ente que tiene como objetivo justamente estimular la innovación entre los empresarios. La idea es que al tener un cuerpo crítico de científicos se pueda enfrentar a la competitividad, dándole a la transferencia de conocimientos científico-tecnológico, el poder para la formación de un capital humano de calidad y de la creación de grandes obras, pero que respondan a las nuevas necesidades del consumidor panameño. Rara vez le damos importancia a las políticas que estimulan la ciencia y la tecnología. Pero, tal como lo advirtiera en octubre el Banco Mundial, el real desafío de Panamá es mejorar la educación para tener mejor capital humano.