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La conmemoración del nacimiento del Niño Dios, que optamos por celebrar en diciembre, es el acontecimiento religioso más significativo que celebra la cristiandad panameña. Muchos comercios lo aprovechan para sus propios fines y se le intenta matizar dándole un cariz mercantil con la compra de toda clase de mercancías para obsequiar, pero la esencia del suceso es el amor que el Padre profesó por la humanidad cuando envió a su Hijo para abrirnos la puerta a una vida sobrenatural, a la que jamás hubiésemos tenido acceso sin Su muerte en el Calvario. Muchos optamos por ignorar ese amor y el genuino sentido de la época en un mundo convulsionado por el terrorismo, las luchas fratricidas y la corrupción que asoma por todas partes.

El último mes del año, según el antiguo calendario romano, es para nosotros época de especial significado, cargada de remembranzas que han marcado nuestra historia y de experiencias que nos han dado sentido como nación. Muchas son las fechas que durante el mes nos sirven para recordar y reflexionar no solo sobre el rumbo de nuestra nación, sino también sobre nuestras vidas y nuestras responsabilidades ciudadanas. Menciono solo algunas.

El primero de diciembre se celebró el Día del Maestro, honrando la memoria del insigne educador Manuel José Hurtado en el aniversario de su natalicio. Como tradicionalmente se ha acostumbrado, se distinguió a un docente en reconocimiento a una trayectoria distinguida que evocaba a los maestros que marcaron huellas imborrables en nuestras vidas al brindarnos el privilegio de una enseñanza ejemplar e inculcarnos los principios morales y cívicos necesarios para sentar las bases de una gran nación. Todos clamamos porque la presente y futuras generaciones de docentes jueguen el papel adecuado para modernizar nuestro sistema educativo y formar la clase de ciudadanos que demanda el futuro del país.

El Día de la Madre celebramos el amor materno. Coincidiendo con el homenaje a la Inmaculada Concepción de María, ningún hijo consciente del valor de ese amor pudo dejar el martes de mostrar su agradecimiento al ser a quien le debemos todo lo que somos. Contrasta con las penurias y desazón que sufren las madres solteras o abandonadas por sus parejas.

El 12 de diciembre conmemoramos la gesta nacionalista de 1947, cuando el pueblo panameño se manifestó en las calles contra las intenciones oficiales de prolongar la presencia de bases militares norteamericanas establecidas en nuestro país durante la Segunda Guerra Mundial. Las manifestaciones de estudiantes y del pueblo en general forzaron a la Asamblea Nacional a rechazar el famoso Convenio Filós-Hines. Después de treinta años, y hasta hoy, logramos acabar con esa presencia militar.

Un 20 de Diciembre, hace 26 años, amaneció Panamá envuelta en los trágicos acontecimientos propiciados por la descomposición política y social que nos asfixiaba. Gracias a la ecuanimidad y responsabilidad histórica de quienes asumieron entonces el poder, se pudo encarrilar el país por senderos de paz y progreso. Pero en el camino aparecieron nubes amenazadoras que pusieron en entredicho lo logrado en democracia. Tenemos que mantenernos vigilantes.

El 28 de diciembre rememoramos la degollación de los Santos Inocentes de Belén que Herodes el Grande ordenó para deshacerse del peligro que le significaba aquel recién nacido en Judea. Hoy mueren miles de infantes huyendo con sus padres de los Herodes de la pobreza, la enfermedad, la ignorancia y de áreas de conflictos en el mundo.

Este mes es especialmente apropiado para reflexionar sobre estos hechos históricos que nos tocan muy de cerca. Intentemos pasos concretos para ser mejores personas y mejores ciudadanos y lograr hacer de Panamá una mejor nación.

El término “colapso” referido a un sistema denota que ha dejado de ser funcional. Esta es la situación que confronta en este momento la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de nuestro país, diseñada a imagen y semejanza de la Corte Suprema de Estados Unidos, como un único tribunal máximo que integra los roles de tribunal constitucional y de tribunal de último nivel.

Ese diseño era apropiado para la sociedad panameña de 1941, cuando la Constitución de ese año le encomendó a nuestra CSJ la guarda de su integridad, creando las instituciones de garantía, concretamente, la acción de inconstitucionalidad y el amparo de garantías constitucionales, y se estableció por la Ley 86, de 1941, el recurso de casación en la jurisdicción ordinaria, atribuyendo su conocimiento a la propia CSJ.

En Estados Unidos, cuya población es de 321 millones de habitantes, la Corte Suprema federal, compuesta por nueve magistrados, acepta oír en promedio solo 80 casos al año, los que resuelve con fallos minuciosamente fundados tras debatir con profundidad cada uno. Al ser creada por la Constitución de 1787, ese tribunal conocía obligatoriamente de las apelaciones interpuestas contra decisiones judiciales provenientes de todos los tribunales inferiores del territorio estadounidense. En 1891, la carga de trabajo obligó a cambiar el diseño judicial, pasando la labor de revisión judicial a tribunales circuitales de apelación, lo que redujo, considerablemente, el volumen de causas. Luego, la Ley Judicial de 1925 facultó a la Corte a escoger discrecionalmente los casos que atendería, lo que hizo considerando la trascendencia que el tema en debate revestía para la sociedad.

En Panamá, que cuenta apenas cuatro millones de habitantes, a la CSJ, constituida también por nueve magistrados, ingresaron el año pasado para trámite 941 casos constitucionales al pleno y mil 500 nuevos casos a las salas, porque el diseño existente le dirige en recurso de casación la inmensa mayoría de los litigios civiles y penales originados en los juzgados de circuito del país.

Este sistema de “embudo” dejó de ser sostenible hace mucho tiempo. Las causas se acumulan y demoran años en ser resueltas. Ni siquiera designando como magistrados a los mejores y más dedicados juristas sería capaz nuestra CSJ de atender apropiadamente todas las causas que se le elevan. Como el año tiene 250 días hábiles, para no caer en mora la Corte tendría que despachar 10 causas por día, estudiándolas y redactando, discutiendo y aprobando los correspondientes fallos, lo que es materialmente imposible.

Hay que cambiar ya el diseño operativo de nuestra CSJ, para que priorice su responsabilidad como tribunal constitucional. Con ello se fortalecería la protección de los derechos fundamentales y se posibilitaría que la justicia sea más rápida y eficiente en los procesos civiles y penales. Como nuestra Constitución no requiere que la CSJ ejerza la función de tribunal de casación, el primer paso debe ser asignar a los tribunales superiores la decisión definitiva de categorías adicionales de causas civiles y penales, por cuantía y gravedad de la pena, respectivamente, haciendo que el remedio final sea el recurso de apelación en vez del recurso de casación ante la CSJ. La creación de dos tribunales superiores adicionales en el Primer Distrito Judicial, uno civil y otro penal, permitiría atender eficientemente la demanda de tutela durante los próximos 20 años.

Por ejemplo, puede suprimirse el recurso de casación para las causas de divorcio, dejando su decisión final a los tribunales superiores de familia. Más aun, hay que debatir la conveniencia de reemplazar nuestro sistema de juicios de divorcio, fundado en causales imputables a un cónyuge, con el enfoque adoptado en el nuevo Código Civil argentino de 2015, que permite la ruptura del vínculo matrimonial civil por la voluntad expresa de uno de los cónyuges, sin necesidad de causal o juicio, quedando obligados ambos cónyuges a acordar lo relativo al ejercicio de la responsabilidad paternal y los efectos económicos del divorcio. Esto en nada afectaría la integridad del matrimonio religioso, que escapa al ámbito civil.

Finalmente, si muchas de sus decisiones devendrán definitivas, es imprescindible que los magistrados de los tribunales superiores accedan al cargo ganándolo solo por su probidad, capacidad y trayectoria, mediante oposiciones públicas transparentes, para que la sociedad tenga la seguridad de que obtendrá de ellos una tutela judicial verdaderamente efectiva.

Los cambios sociales son un resultado multifactorial donde podemos mencionar como actores en nuestro país el crecimiento poblacional, la economía, las políticas desarrolladas y una diversidad de elementos que podríamos identificar como determinantes en los cambios sustanciales que han venido absorbiendo los resultados sistemáticos de la conducta de nuestros ciudadanos.

Nuestra administración de justicia y su relación con la gobernabilidad es esencial. No se confunda la justicia con la obligación de las instituciones que ejercen el desarrollo de sumarias en averiguaciones de la Comisión del Hechos Punibles o Delitos; El Ministerio Público es el ente responsable de esta fase; quienes determinan el juzgamiento de los delitos y atención integral en otras materias como Derecho Civil, Contencioso de lo Administrativo y Laboral y otras, son responsabilidad del Órgano Judicial; ambas instituciones democráticas por nuestros sistema de Gobierno y deben ejercer su función de forma equilibrada apegados a la ley, ante todo a nuestra Constitución Nacional.

JUSTICIA realmente es el principio deontológico moral que de forma obligante se debe aplicar respetando la verdad equilibradamente entre lo justo y lo jurídico; sin embargo, la GOBERNABILIDAD es un proceso permanente en el cual se debe siempre desarrollar de forma muy responsable y eficiente la concertación entre el Gobierno y la sociedad civil para lograr acuerdos políticos sociales dentro del respeto de normas e instituciones reguladoras existentes y basamento específico de las relaciones entre individuos dentro de nuestro Estado y de acuerdo a las GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, facilitando la posibilidad de ejercer la administración pública más cónsona y responsable de los poderes del Estado, dirigidas acciones al beneficio de los asociados que somos todos.

En el ámbito de la administración de justicia se ha desarrollado el esfuerzo de aprobar la necesaria Carrera Judicial que debe ser esencial para cimentar bases y reforzarla de forma transparente y responsable; justicia que se encuentra diagnosticada por el principal médico, EL PUEBLO; NO CONFÍA EN ELLA. Producto de la Ley de Carrera Judicial se deben emanar las selecciones de los responsables y garantes jurídicos (funcionarios dentro de las estructuras judiciales en general).

Ley que ha sido un esfuerzo de años y acertada concretización de esta ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, dirigida a proporcionar seguridad jurídica, la cual no puede pasar a ser un documento sensacionalista mediático; debe existir el compromiso que se logre realmente sea un instrumento veraz para que nuestros engranajes de administración judicial sean depurados; donde realmente el bien tutelado sea la TRANSPARENCIA, basada en la meritocracia que necesitamos como sociedad en las designaciones que se llevan a cabo dentro del mismo engranaje del ÓRGANO JUDICIAL, mediante creación de estructuras eficientes y serias, en apego de la absoluta legalidad donde no forme parte la ligereza, terreno fértil a las actuaciones equivocadas y de ambiciones discrecionales.

Tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Nacional hicieron lo pertinente, proveernos de la herramienta para iniciar la ardua labor de adecentar la Administración de Justicia; cuidemos esta oportunidad y confiemos en que los actuales responsables, los MAGISTRADOS DE LA CORTE se encuentran de forma muy responsable iniciando esta gestión y ya no tengamos más administradores de justicia en donde se percibe inoperancia, carencia de credibilidad y ante todo, inseguridad jurídica.

Debe ser compromiso entender que la DEMOCRACIA se encuentra segura en el respeto de la institucionalidad de la administración de justicia; de lo contrario, estaremos al libre albedrío de la indecencia fortalecida, la manipulación e inclusive la posible destrucción de nuestra democracia.

Instituciones de justicia no respetadas por el pueblo, por sus actos… es la crónica de su desaparición.

El gasto total del sector público no financiero, en Panamá, pasó de los $3.7 mil millones, en el año 2004, hasta los $11.9 mil millones.

 En el 2014, lo que representa un crecimiento promedio interanual de 12.4%, con una dinámica de expansión parecida a la del producto interno bruto (PIB) medido a precios corrientes.

En término relativos, ese gasto como proporción del PIB se ha situado entre un 24% y 27%, algo inferior, pero muy cerca del promedio de Latinoamérica que supera el 30%. Esta realidad contrasta con la idea de que el gasto público es excesivo y que los países más desarrollados tienen menor propensión a gastar fondos públicos en la atención de los servicios que sus ciudadanos reclaman. Así, por ejemplo, países como Alemania e Inglaterra tienen un elevado gasto del sector público no financiero, que supera el 44% de su PIB, en ambos casos. Este planteamiento no pretende incentivar un mayor gasto público, sino poner en contexto las realidades en la región y el mundo, con el fin de no repetir las malas experiencias de otras economías, que no logran librarse de la inercia que acarrean los gastos del sector público y, peor aún, del método de financiamiento de estos que, por lo general, consiste en una estructura impositiva agresiva, lo que se traduce en fuertes sacrificios de los contribuyentes.

Por tal razón, no hay una medida o un monto óptimo del gasto total del sector público que típicamente se compone de tres renglones: gastos operativos (corriente), pago de intereses de deuda y gasto de capital (inversión). El primero se refiere a los desembolsos que realiza el gobierno para cubrir sus costos operativos (administrativos); el segundo es el monto correspondiente al pago de intereses sobre la deuda pública (interna y externa) que se mantenga con los acreedores, y el tercero se refiere a todas las erogaciones que se destinan al incremento de los activos físicos o financieros del Estado y país. En este apartado, usualmente se incluyen los gastos en la construcción de obras de infraestructura (vial, energía, salud, educación y servicios básicos, entre otros), financiamiento de programas para los sectores agropecuario e industrial y, en general, todo lo que permite incrementar la capacidad futura de producción del país.

Sin duda, de todos los componentes del gasto público enunciados el más relevante para el crecimiento de la actividad económica es el de capital. Este es el que ayuda a propiciar las condiciones necesarias para que aumente la capacidad de producción y alcanzar mayores tasas de crecimiento del PIB.

Algo que no se puede obviar cuando se analiza el gasto público son los subsidios (directos o indirectos), cuyo principal objetivo es aumentar el bienestar de la población más vulnerable del país (pobres, marginados, personas con discapacidad e indígenas, entre otros).

Sin embargo, un subsidio solo será sostenible cuando implique inversión en el ser humano, de manera que ayude a los beneficiados a valerse por sí mismos, mediante el desarrollo de actividades productivas que antes no podían desempeñar por falta de recursos o que le estaban vedadas por su condición de vulnerabilidad. El caso contrario, se presenta al diseñar subsidios que solo tienen como propósito estimular el consumo. De esta manera los individuos alcanzarán un estado de satisfacción de necesidades básicas, sin una contrapartida que los incentive a ser productivos y a retribuir después el sacrificio que hace el gobierno, en beneficio de otros grupos que requieran ayudas similares.

En conclusión, no cabe duda de que el gasto público y la forma cómo se ejecuta son variables importantes que influyen en la actividad económica. Una economía que dedica la mayor parte de su gasto al financiamiento de actividades administrativas, estará más limitada para aumentar su capacidad productiva que aquella que invierte en su capital humano y en las obras necesarias para el desarrollo de actividades empresariales, lo que se traducen en mayores beneficios para el país.