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En aras de fortalecer la democracia y la participación ciudadana, el Gobierno nacional ha avanzado de forma decidida en el empoderamiento de los Gobiernos locales, un asunto en el que Panamá estaba rezagado y que finalmente vemos que hay legislación en ese sentido.

Con la formulación de la Ley de Descentralización encontramos objetivos precisos como promover el desarrollo local sostenible, reducir niveles de pobreza y marginalidad, garantizar la igualdad de oportunidades, aproximar el Gobierno Local a los ciudadanos fomentando los procesos de participación ciudadana y la información en la acción de Gobierno municipal, como base indispensable de un proceso transparente. Promover el desarrollo y la productividad de la economía regional y municipal, basados en su potencialidad, posicionando al Municipio como agente promotor del desarrollo local.

Además trasladar gradualmente competencias por parte del Gobierno central a los Gobiernos locales para fortalecer integralmente la capacidad de gestión de la administración local.

Mas, debemos tomar un punto medular y es la planificación de este sueño. Presidentes electos, ministros, munícipes de la democracia son víctimas del terrible desaliento de no poder cumplir muchas veces sus promesas electorales por falta de pericia administrativa. No pueden llevar a efecto sus promesas electorales, no porque sean demasiado pretenciosas, sino porque son políticos, no administradores. Naciones enteras, por no hablar de las firmas o sociedades o grupos comerciales, han vivido décadas de incierta agitación porque los sueños y planes básicos nunca llegaron a buen término.

Ya sea que uno esté planeando un gran crecimiento económico para nuestra comunidad o un cobertizo de carga más cerca de la carretera, se encontrará que la distancia entre el plan y la realidad es la falta de pericia administrativa. Debemos hacer que la planificación se convierta en un hecho. Que la ley de descentralización cumpla con los objetivos propuestos para una sociedad más equitativa, solidaria, transparente y donde los cambios comunitarios sean producidos por los propios residentes de esas comunidades, como dice el papa Francisco: ‘La deuda social exige la realización de la justicia social. Juntas, nos interpelan a todos los actores sociales, en particular al Estado, a la dirigencia política, al capital financiero, los empresarios, agropecuarios e industriales, sindicatos, las iglesias y demás organizaciones sociales '.

Es aquí donde la Secretaría Nacional de Descentralización como parte del Órgano Ejecutivo, cobrará gran importancia, en el poder guiar a los Gobiernos locales en la planificación de los objetivos primordiales de cada una de las provincias, en la administración de los recursos disponibles y de la transparencia de su gestión. Tomando siempre en cuenta que el propósito final es el fortalecimiento de la democracia y de una sociedad más justa y participativa para todos.

La VERDAD es que ni soy juez ni soy fiscal. Es más, ni siquiera soy abogado. Soy ingeniero industrial y comentarista de radio, TV y prensa escrita. Pero, como buen panameño, opino de todo. En medio de todo lo que he escuchado contra el expresidente Ricardo Martinelli, quiero expresar mi verdad. Ricardo Martinelli Berrocal fue un presidente de mucha visión, visión que le permitió soñar con grandes proyectos que requería el país. El Metro, el Metrobús, ciudad hospitalaria, cadena de frío, pasos elevados e intersecciones espectaculares, mercado de abastos, expansión de Tocumen, aeropuertos de France Field y Río Hato, carretera Boqueta-David, proyecto Curundú, ampliación Paso Canoa-Puerto Armuelles, etc.

Martinelli tuvo una gran ayuda en su ministro del MEF, Alberto Vallarino, que comprendió que podíamos endeudarnos hasta llegar al 48-60 % del PIB y estaríamos bien vistos por las calificadoras, lo que quería decir que, si llegábamos a doblar nuestra deuda externa, estaríamos bien. Esos dos factores nos llevaron a realizar los sueños, doblando la deuda pero manteniendo la calificación de B+.

Sin ser juez ni fiscal, me imagino que el presidente Martinelli calculó que podría coimear un 10 % de lo que sería la inversión; es decir, de 5000 millones, con 500 millones más que suficiente y eso estaba dentro del parámetro que el país resiste sin mayor rechazo. Lo que creo que pasó es que simplemente el presidente, habiendo eliminado controles fiscales, no midió que sus funcionarios iban a aprovecharse igual que todos a coimear sin contemplaciones. Que el director del PAN saliese con 60 millones nunca, creo yo, el presidente lo supo ni pensó; que al final su Gobierno pudiese estar involucrado en sobrecostos de más de 2000 millones de balboas no estaba en su mente ni creo aún lo pueda creer.

Hoy, cuando las primeras acusaciones para enjuiciarlo son sobre pinchazos, me imagino que no lo puede creer. Su mente tiene que estar en explicar sobreprecios y comisiones sobre compras, pero no sobre pinchazos. Y también se le hace difícil entender el caso de comida deshidratada, si él y Varela, como su vicepresidente, ordenaron parar ese programa a los meses de iniciado.

Acusar a Martinelli de todo lo ocurrido en su Gobierno sería igual que pensar que Torrijos supo todas las andanzas de sus amigos y compañeros de tragos, o Noriega la de todos sus amigos. Me consta que no supieron mucho de la verdad detrás de sus amistades. Yo, sin ser juez ni fiscal, creo que si Martinelli hubiese sabido las andanzas de los directores del PAN los hubiese destituido por no haberle participado, pero jamás hubiesen podido haberse llevado tremendo botín con su consentimiento.

Yo creo que es hora de separar responsabilidades. Una cosa fueron las andanzas de los funcionarios, otras las del presidente. Martinelli no es ningún santo, fue un presidente con visión de país, con un ministro que le facilitó las finanzas de sus sueños, pero que no es responsable de todo el desgreño ni todo el robo oficializado. En mi mente, es el primero en pedir que se investigue a todos y se establezcan culpas.

Martinelli tiene a su favor el tiempo. La memoria de los pueblos va más a recordar las obras y no las deudas. Para el pueblo, a Martinelli se le recordará en el Metro, en la ciudad hospitalaria, en los Minsa-Capsi, etc. Nadie hablará de la duda que subió de 10 000 a 20 000 millones de dólares, nadie hablará de la corrupción y los arrestados. Martinelli seguirá por ahora esquivando los juicios, huyendo a su estilo de la justicia, pero con el tiempo a su favor.

Por ahora, sin embargo, seguiremos embrutecidos por los medios que seguirán hablando de Martinelli para distraer al pueblo de los verdaderos problemas, agua, seguridad, empleo, educación, etc. Y él, fuera del país, esperando el juicio de la historia, más importante que el juicio de la justicia. No soy juez ni fiscal ni siquiera abogado, pero si me preguntan a mí, la historia absolverá a Martinelli, sus obras estarán por encima de su acusadores y al final, pasará como el soñador que fue.

Hoy, todavía su Gobierno está caliente, hay que esperar que el tiempo lo enfríe y entonces, desapasionadamente, podremos juzgarlo en su justa dimensión. Dejemos de ser jueces, dejemos de ser fiscales, seamos espectadores objetivos y veamos la realidad de quién fue un empresario que llegó a la Presidencia con grandes sueños y, la mayoría, los hizo realidad.

Hay algunos actos en donde el investigado debe estar presente de manera obligatoria.  Sí, cuando, por ejemplo, se le quisiera imputar cargos, si se desea proponer una medida cautelar personal, los de la etapa intermedia.

Código Procesal Penal

Artículo 278.

A las audiencias de control de la aprehensión, de formulación de la imputación, las que versen sobre la nulidad de solicitud, modificación o rechazo o la proposición de medidas cautelares personales y las de la etapa intermedia deberán comparecer el fiscal, el defensor y el imputado o acusado.

¿Qué pasa cuando el investigado requerido no acude a la investigación?

Se le hace comparecer a la fuerza y, mientras tanto, se suspende la prescripción de la acción penal.

Código Procesal Penal

Artículo 158.

…

La ausencia de la persona imputada no afectará la fase de investigación y quedará suspendida la prescripción de la acción penal hasta que dicha persona sea aprehendida o comparezca.

…

¿Qué ente puede decretar la detención del expresidente Ricardo Martinelli?

El pleno de la Corte.

Código Procesal Penal

Artículo 490. Medidas cautelares. En la fase de investigación y en la fase de juicio, corresponderá al Pleno de la Corte Suprema de Justicia autorizar la aplicación de toda medida cautelar restrictiva de la libertad del diputado y la que ordene aprehensión o secuestro contra los bienes de estos.

¿Las nulidades y/o objeciones de las partes debían evacuarse antes de la audiencia?

No. Se dirimen en la audiencia, si acuden las partes, por la oralidad.

Código Procesal Penal

Artículo 128. Oralidad. Los actos procesales serán orales. Los asuntos debatidos serán resueltos en la misma audiencia, y los presentes se considerarán notificados por el pronunciamiento oral de la decisión judicial.

¿El juez de garantías, JERÓNIMO MEJÍA, se apegó al derecho en la audiencia?

A mi juicio, sí. Fue inclusive hasta docente, en sus decisiones, como todo un conocedor de la Ley Procesal.

En nuestro Continente Americano se observa la polarización o la oscilación pendular entre el discurso de la democracia y los derechos humanos contra el discurso de la soberanía y la identidad nacional. El primer grupo acusa al segundo de populista y demagógico, mientras que el segundo grupo acusa al primero de proimperialista (la confrontación del discurso político entre Estados Unidos frente a Cuba y Venezuela resulta ilustrativo). Si bien es cierto que esta confrontación de ideologías y formas de Gobierno en nuestro continente coexisten en la actualidad pacíficamente, ya vimos en Panamá que esta confrontación del discurso político y sus acciones condujeron a la brutal invasión del 20 de Diciembre de 1989, razón por la que entendemos su potencial bélico, cuyas principales víctimas son los pueblos.

Contrariamente a esta oposición, apostemos por la fusión e interrelación entre la democracia —con igualdad de oportunidades, participación ciudadana, diversidad e interculturalidad (fundamento de la democracia)— y la soberanía del Estado que construye la identidad y la autodeterminación nacional. Esta fusión permite además defender los derechos de los ciudadanos como nación y los derechos de nuestro Estado nacional en el mundo globalizado. Separar y oponer democracia (simplificado como un discurso meramente proimperialista) contra soberanía (reduciéndolo a un discurso de dictaduras) es un error en que los panameños incurrimos en el pasado y que debemos superar en el presente, cuando repensamos la República en mesas de concertación y foros nacionales para reformar leyes electorales, recomendar el nombramiento de nuevos magistrados para la CSJ, diseñar una nueva educación y construir estrategias de desarrollo y posicionamiento de Panamá en el escenario comercial global.

Aún dentro de la visión meramente jurídica de la democracia, el siglo XXI exige incorporar derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, los cuales suman a los derechos civiles originarios (como el derecho a la libre expresión, a elegir y ser elegidos, entre otros), los derechos políticos y económicos (referentes a la redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades) y, finalmente, los derechos humanos de tercera generación que incorporan los derechos culturales (como son la memoria histórica, las identidades, las tradiciones, el patrimonio cultural material e intangible).

En Panamá estamos rezagados en materia de derechos humanos y concepción de nuestra democracia, porque no puede haber democracia en Panamá con base a leyes y regulaciones que intenten únicamente garantizar elecciones libres, transparentes y equitativas, si las prácticas políticas no respaldan una educación pública con el debido apoyo del Estado para elevar su excelencia y amplia cobertura; si las candidaturas en elecciones generales son excluyentes, según la capacidad financiera del candidato para enfrentar el elevado costo de las campañas; si las mujeres no contamos con el mismo acceso financiero, apoyo político y prestigio social que los hombres para postularnos; si nuestros libros de historia oficial no incluyen la historia y héroes de los pueblos indígenas, los panameños de origen africano, la comunidad chino-panameña y, en fin, en la que todos los panameños y panameñas se sientan representados (y si continúan obedeciendo a los intereses de un Gobierno, partido o clase social en detrimento de otros), si las oportunidades para las empresas transnacionales son avasalladoras para las pequeñas y medianas empresas locales y, por último, si nuestra democracia no defiende las necesidades de nuestro pueblo ni su derecho soberano a la autodeterminación frente a las grandes potencias.

Desde la perspectiva neoliberal, nos explica Ignacio Ramonet, el mundo globalizado de nuestros tiempos disminuye la soberanía del Estado nacional frente a la lógica de las empresas transnacionales y los organismos financieros, debilitando el poder de los ciudadanos y el de sus Gobiernos nacionales en la toma de decisiones concernientes a su nación y, en consecuencia, aplastando la democracia.

Ahora bien, cuando repensamos Panamá: ¿a qué democracia y qué república nos referimos? ¿Se reduce nuestra concepción a una democracia ateniense excluyente? ¿Nos contentaremos apenas con resolver los excesos del último quinquenio o deseamos dar ‘la milla extra ' para democratizarnos realmente?

Para quienes optamos por ampliar y profundizar la ‘democracia ' desigual y excluyente que tenemos en Panamá, el camino que emprenderemos es el de la constituyente originaria, con el objetivo de construir un nuevo contrato social entre todos los sectores de la sociedad panameña que sea cónsono con una democracia social y ecológicamente sostenible y con la identidad de una nación solidaria y diversa que, en ejercicio de su soberanía, se sitúa con inteligencia y dignidad en el concierto global de las naciones.

Por primera vez en la historia de nuestro país, un ex presidente de la República es colocado cara a cara ante la real posibilidad de ser enjuiciado e incluso, encarcelado, luego de atestiguar una rápida audiencia de acusación contra Ricardo Martinelli, por el caso de los pinchazos telefónicos durante su administración. Hay que examinar lo ocurrido desde la única perspectiva posible: la sensación que le ha producido esta audiencia a los panameños. La intercepción ilegal de las comunicaciones privadas de los ciudadanos constituye un delito. Y queda claro que la existencia de una acusación formal y un proceso en camino, evidencia la necesidad de que esto sea aclarado. Que simplemente se haga justicia condenando a un expresidente tal vez no compense en su totalidad el daño que ha recibido la fibra íntima de la sociedad panameña, pues aún está latente la sensación de que habría una tercera persona al tanto de nuestras conversaciones. Por otro lado, dilatar este proceso resulta tan inconveniente para la paz y la estabilidad política del país, como esa sensación tan desagradable de que la privacidad de cada uno de nosotros es violada, a través de intercepciones ilegales. Panamá no se merece un escenario donde imperen esas malas vibraciones. Lo que el país reclama es justicia. Y lo que quiere es que se aclare la situación. Ir más allá de eso, es atentar contra la democracia, exponiéndonos todos a una situación de inestabilidad e inseguridad sin precedentes.