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Mientras por un lado Panamá lloraba la partida de dos grandes caballeros de la política y el mundo empresarial, Raúl Baby Arango y Fernando Manfredo Jr., por el otro lado veíamos horrorizados el escandaloso encuentro entre dos diputadas: Zulay Rodríguez y Kathleen Levy.

Difícilmente, podremos generar otras figuras como Baby Arango, un caballero en política y en el mundo social y empresarial. Para Baby solo existían amigos, no creo haberle conocido un enemigo. Las diferencias se discutían con altura y honor, jamás con insultos. Pero, la nueva camada política nos ha traído a Zulay Rodríguez, fogosa diputada que se ha especializado en pelear con todos los de su partido, adversarios, amigos y enemigos por igual. Insulta sin medir sus palabras, sin pruebas y sin coherencia. El daño que le hace a la clase política, al PRD su partido, a la Asamblea, es difícil de dimensionar. Pero, ojalá fuesen esos los únicos problemas del país.

Panamá, con un crecimiento envidiable, que logrará el 6.3% en el 2016, el más alto de América, está saliendo de los 5 años más corruptos de su historia y empezamos a ver resultados con ex ministros detenidos y un presidente en rebeldía, etc. Sin embargo, ahora asoma un monstruo más grande: la presencia del narcotráfico en los estamentos de seguridad, en la Asamblea y en las oficinas públicas. Las grandes capturas de droga y dinero vienen ahora acompañadas de participación de policías, abogados y funcionarios de la Asamblea. El cáncer del narcotráfico ha hecho metástasis. La pregunta es: ¿tendremos la voluntad política de apresar a políticos detrás de ese narcotráfico y narcolavado? Por décadas los delincuentes de cuello blanco fueron impunes.

En este gobierno, cuando la ley finalmente alcanza a los antes impunes, aunque ya en el 2013 el entonces ministro de seguridad, José Raúl Mulino, nos advertida que el narcotráfico y las pandillas, habían penetrado los partidos políticos, es el propio presidente Juan Carlos Varela que no dice que efectivamente el narcotráfico está dentro de los partidos y no le temblará la mano para que caiga el que tenga que caer. Las redes del narcotráfico están dentro y fuera del país. Es una organización millonaria internacional, con profesionales, abogados, banqueros y políticos de todas las Américas. Tengo que reconocer que en mi propio partido, el PRD, es secreto a voces quienes están ‘sucios' por el narcotráfico, narcolavado, etc. Ningún partido parece estar libre de pecado.

Lo primero que yo haría es quitarle el título de honorable a los diputados, solo por el de diputados. NO me basta señor diputado y dejo el honorable para el que realmente lo merezca. Hoy, la distribución y venta de droga se hace usando profesores, taxistas, vendedores ambulantes, personal de bares, etc., en una gigantesca organización en donde hasta la policía participa. Panamá requiere una gran campaña nacional contra la venta y tráfico de drogas. Iniciativa que utilice a todos los ciudadanos en una gran campaña de participación ciudadana. Ésta debe incluir bonificaciones a quienes denuncien tráfico, faciliten arrestos, etc; todos, en forma anónima, que colaboremos con las autoridades. Pero, habría que crear una entidad receptora fuera de la propia policía, donde ya muchos creemos están comprometidos. La lucha contra el narcotráfico, entrometido, como ya lo está en partidos y estamentos de seguridad, será difícil. Solo con una guerra declarada, abierta y frontal, hay esperanzas de éxito. El gobierno debe nombrar una comisión de alto nivel que defina acciones a seguir, incluso buscar apoyo internacional.

El ret o es grande y el peligro aún más grande. Podemos caer a estado fallido y en manos de los narcos con mucha facilidad. Somos paso obligado de drogas y nuestro centro bancario es destino final del narcolavado. Todavía hay tiempo para erradicarlo del país, pero se necesita la voluntad política y el esfuerzo de todos. Mientras tanto, pongamos en orden la Asamblea, que los partidos pongan de su parte limpiando la casa y hagamos que las cosas en democracia, marchen mejor. Recuerdo la cuña de la campaña del expresidente Ernesto Pérez Balladares, donde seis en un bote remaban en distintas direcciones. Girando el bote sobre se eje, solo cuando todos reman en la misma dirección se avanza. Empecemos a remar en la misma dirección y dejemos de dar vueltas.

¿Cuántas personas murieron durante la invasión estadounidense el 20 de diciembre de 1989? No se sabe. En 26 años ningún Gobierno panameño hizo una investigación. ¿Por qué los gobernantes de todos los partidos, que se han alternado en el poder en este cuarto de siglo, temen que se conozca la verdad sobre la invasión? ¿Les traiciona la conciencia? ¿Temen que su complicidad en el genocidio quede al descubierto? ¿O simplemente no quieren enojar a su amo, el Gobierno de Estados Unidos?

Circula una lista con cerca de 500 nombres de personas fallecidas durante la invasión. Según ese listado, más o menos la mitad de los muertos era civiles y al otra mitad militares caídos en combate. No se sabe la circunstancia, el momento y el lugar de la muerte de cada uno de esos nombres. No está muy claro quién y cómo hizo esa lista. En 1990, cuando redactábamos el libro La verdad sobre la invasión, sabíamos que ya el Comité Panameño de Derechos Humanos manejaba una lista, y se negaron a darnos copia. ¿Cómo la obtuvieron ellos?

La Cruz Roja sí entregó un informe de 2 mil heridos ocurridos durante ese y los cuatro días posteriores. Sabemos que hubo hasta 5 mil prisioneros políticos, la mayoría encerrados en un campo de concentración en el polígono de tiro de Nuevo Emperador. ¿Estas personas fueron resarcidas por sus heridas o por el tiempo de confinamiento sin que fueran acusadas de ningún delito?

En El Chorrillo hubo más de 20 mil damnificados que perdieron sus hogares y se proclamaron “refugiados de guerra”, como dijera el maestro Olivardía, uno de sus dirigentes. Se sabe que muchos recibieron una indemnización por sus enseres y un apartamento, aunque no todos pudieron volver a El Chorrillo.

Lo que no se dice es que el Gobierno estadounidense no pagó ni un centavo de ese dinero, sino que todo salió de las arcas nacionales.

La Cámara de Comercio presentó reclamos por 400 millones de dólares. ¿Alguien valoró las pérdidas a la propiedad pública? No. ¿Qué decir de las pérdidas económicas de los trabajadores que se quedaron sin empleo? A los que hay que añadir los despedidos o que vieron reducidos sus sueldos con “pagarés” y “bonos” desde que empezaron las sanciones económicas en 1988. ¿Alguien estableció la cuantía de la pérdida en ingresos de la clase trabajadora? ¿Se les resarció? No, a ambas preguntas.

¿Toda esta violencia y destrucción fue para “librarnos del dictador”? ¿Por qué no lo tomaron el 3 de octubre de 1989, cuando Giroldi se los ofreció esposado?

Noriega era la excusa, el objetivo imponernos el régimen corrupto, oligárquico y neoliberal que, cambiando la camisa cada cinco años, nos gobierna desde entonces. Por eso, la invasión no es un hecho del pasado, que le ocurrió a la gente de entonces, sino que sus consecuencias las sufren las actuales generaciones.

Hace un año el presidente Juan C. Varela, quien tiene el mérito de ser el primer mandatario que acompañó a los familiares en la romería, se comprometió con el Comité de Familiares de los Caídos en atender sus cuatro reclamos: 1. Declarar la fecha día de duelo; 2. Conformar una comisión investigadora para establecer la verdad de los hechos y la cantidad e identidad real de todos los muertos; 3. Resarcir la memoria histórica rindiendo honor a los caídos con monumentos y en los libros de historia; 4. Acompañar a las víctimas en sus demandas ante el Gobierno de EU.

Hasta hoy, aunque ha habido conversaciones, no se cumplió ninguno de esos compromisos, ni siquiera declarar el 20 de diciembre día de duelo nacional. Cuando el proyecto de ley iba a primer debate en la Asamblea Nacional, en los pasillos se rumoraba que la ausencia de los diputados se debía a que los comerciantes se oponen. ¿Puede más el interés pecuniario de una minoría que el dolor de un pueblo, que el honor debido a seres humanos muertos injustamente? Varela, cumpla su compromiso.

Este mes, el presidente, Juan Carlos Varela, designó a los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2016-2026. Los juristas que tienen el honor de representar a este sector de profesionales y de, verdaderamente, hacer justicia, son Ángela Russo y Cecilio Cedalise, quienes reemplazarán al magistrado Harley Mitchell y a la magistrada suplente Nelly Cedeño.

Cuando pensamos en la CSJ, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Pues, en mí caso lo primero que recuerdo son las palabras: corrupción, mentiras, “coimas”; igual que la frase “hago lo que sea por llegar a ser magistrado”, entre otras.

Da lástima pensar así de nuestra CSJ. Sin embargo, en su gran mayoría, quienes tuvieron el honor de llamarse magistrados de la Corte no han sabido representar ni jugar un papel importante en el sistema de justicia. Debido a lo mencionado, considero que los nuevos magistrados tienen una ardua labor, tanto en el desempeño de sus funciones como en trabajar por el bien del país.

Aplaudo el proceso que se desarrolló para su selección, pues independientemente de la facultad constitucional del Presidente de la República para esa designación, en esta ocasión brindó una oportunidad para la participación ciudadana.

Panamá se encuentra en un proceso de renovación institucional, por lo que cada paso que demos, como país, debe ser para el avance y el cambio. Si bien es cierto, el Presidente de la República es quien tiene la facultad de decisión, él debe tomar en cuenta la opinión del pueblo que lo eligió y la de aquellos que no votaron por él también. De manera que el cambio y la renovación sea un proceso de equipo, en el que todos nos podamos sentir incluidos.

A pesar de que el proceso de escogencia fue bastante democrático, se debería trabajar en un cambio a la normativa constitucional, en cuanto a que el Presidente de la República sea quien designe a los magistrados de la Corte, pues se debe cortar de raíz cualquier vínculo existente entre órganos del Estado. A pesar de esto, sin duda, dimos un gran paso.

El caso más relevante en la CSJ es el de nuestro exmandatario Ricardo Martinelli. Independientemente de si es culpable o no, los magistrados deben respetar el debido proceso y tomar decisiones profesionales, e impedir la conspiración de personas adversas al proceso. Ese es el verdadero significado de hacer justicia.

El hecho de que un exmagistrado presidente de la Corte Suprema esté condenado por actos indebidos, cometidos durante el ejercicio de sus funciones, da un claro reflejo de lo que se ha convertido esta institución.

El derecho es una carrera que cada uno de los que tenemos el honor de llamarnos abogados, debemos honrar y respetar. Es una pena que la abogacía no se valore lo suficiente por quienes tuvieron la oportunidad de llegar al más alto cargo con el que todo abogado sueña desde sus inicios.

Las nuevas generaciones de abogados necesitamos, a gritos, buenos ejemplos en que nos veamos reflejados y podamos admirar. Como joven abogada, exhorto a los magistrados recién designados, y a los que todavía cumplen con el período que se les otorgó en el cargo, para que marquen la diferencia y limpien el honor de todos los profesionales del derecho.

Desde el 1 de julio de 2014, el gobierno que encabeza Juan Carlos Varela demostró proclividades hacia el nepotismo, y los medios de comunicación denunciaron el hecho como acto de corrupción. Aunque el muy citado principio de “igualdad de derechos” no es absoluto en la práctica, creemos en el libre acceso del talento y del mérito en los cargos públicos. Esto es facilitar a todos hacer valer su talento y aptitudes, para estimular la participación y el concurso democrático. En este caso se ponen, como forma democrática, las dignidades, honores, cargos y preeminencias al alcance de todos los ciudadanos, por modesta que sea su procedencia. Vale decir, un sistema de carrera administrativa bien estructurado y aplicado.

Hoy, para ocupar altos cargos y empleos en la administración del Estado, sin duda, el talento es la mejor credencial. Pese a que en la práctica política no siempre se cumple este sano principio, está comprobado que el nepotismo, el amiguismo y el favoritismo procuran al hombre o la mujer ineptos cargos honoríficos y efímeras dignidades. Su verdadera dignificación y su exaltación a los altos puestos del Estado solo se obtienen cuando el político o el ciudadano unen a su talento, la credibilidad, honestidad, sensibilidad social y un carácter decisivo y valeroso. Por eso, no deben otorgarse las prebendas y empleos públicos solo a los individuos de determinado credo político o ideológico ni a familiares. Tal monopolio ilegal e inmoral resultaría odioso.

El gobierno del Estado que selecciona con cuidado a los funcionarios y otorga los destinos con sujeción al mérito de los favorecidos llega a tener servidores de gran valía. Igual, en la administración y la magistratura, en la educación y en la hacienda pública. Si, por el contrario, el nepotismo, el favoritismo, el amiguismo y las influencias son los elementos de la política de un país, entonces puede asegurarse que la Nación demandará en vano estadistas, educadores, magistrados, administradores y científicos que mantengan el prestigio que ha de colocarla a la par de las naciones progresistas y desarrolladas. La calidad de los funcionarios (desde el Presidente de la República hasta el mensajero), determina la calificación que pueda merecer un determinado gobierno.

En el caso de la administración de justicia, esta solo debe ser desempeñada por jueces y magistrados cuya intachable probidad los ponga al abrigo de toda sospecha de prevaricación, cohecho y desdoro. La política no debe tener ninguna influencia sobre las deliberaciones y fallos de los tribunales. Esto solo es posible cuando la independencia del poder Judicial y del Ministerio Público está garantizada por un servicio de carrera judicial. ¿Se practica este servicio en Panamá.?

La justicia climática es el clamor que se hace a sí misma la humanidad, desde una perspectiva científica o empírica que tiene sobre la larga evolución que ha ocurrido hasta la aparición de las plantas, que en su fotosíntesis, nos regala el oxígeno en el aire que respiramos; unas 16 veces por minuto, sin que con esto estemos negando una fuerza suprema y divina en el universo y particularmente en nuestro planeta: la Tierra, tan ordenadamente.

En torno a lo bien marcado de esos conceptos, derivamos que el oxígeno en el aire ha hecho posible la aparición de las distintas especies sobre la tierra; y es por lo que entendemos el avance significativo de la cumbre celebrada en París, recientemente, con la participación de cerca de 200 países por encima de los temores que hayan podido existir entre sus asistentes. Luego de los atentados terroristas el pasado 13 de noviembre en que fueron asesinadas 130 personas su éxito, sin perturbación alguna, fue posible para el logro unánime de un acuerdo. Tras intricados debates, el mérito se le atribuye al verdadero anfitrión de esta cita mundial, el presidente de esta conferencia y ministro de Relaciones Exteriores francés Laurent Fabius.

Concretamente, el acuerdo que fue vinculante, establece mecanismos para lograr el límite de grados de calentamiento de la tierra y rebajar esa meta hasta 1.5 a largo plazo, con la obligación que tendrán los países cada en 5 años de revisar sus compromisos sobre el nivel de emisiones mediante un mecanismo de reporte y mediación de cuentas transparente con la obligatoriedad de gases invernaderos. Las propuestas fueron presentados por los jefes de Estado de los países participantes antes de que comenzara la cumbre del clima. Según los expertos el clima podría llegar a alcanzar los 30 C de calentamiento.

Se dice, sin embargo, que los acuerdos propiamente entrarán en vigencia en el 2020, pero siempre hay la duda de cumplimiento por la variedad que se dan en los sistemas políticos y por los daños que están afectando a la tierra. Cada vez, hay mayor preocupación en los plazos para que los acuerdos aprobados sean cumplidos, mientras los estragos negativos en la naturaleza se siguen incrementando.

Los científicos siguen advirtiendo que si no se reducen entre 40% y 70% las emisiones de gases invernadero para que el calentamiento global no supere los 2%, la tierra entrará en un terreno peligroso, cuyas consecuencias son desconocidas. De lo que se trata es que el mundo ha recibido el mensaje de que este es el final de la era de las energías fósiles.

Es evidente la gravedad del cambio climático que causa sin cesar enormes pérdidas en los cultivos agrícolas, inundaciones irremediables, pobreza, hambre y más de 34 millones de refugiados climáticos, etcétera.

Hay en toda esta calamidad una voracidad de los países altamente industrializados en el interés de hacer más riqueza con muestras de indiferencia a los perjuicios que causan al medio ambiente, pero sin pretender aludir a la división de clases sociales, ya que en este caso la responsabilidad es compartida, por ricos y pobres, con la obligación de resarcir los primeros a los últimos por ser los más afectados.