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Un sistema electoral es el conjunto de normas formales (escritas) e informales (no escritas)  elaboradas para que la ciudadanía pueda elegir a quienes ejercen ciertas funciones públicas.

El criterio republicano y democrático es que el sistema electoral debe estar configurado de manera tal que el cuerpo ciudadano pueda destinar al personal más idóneo al ejercicio de cargos públicos.

Así lo argumentaba James Madison, uno de los arquitectos del republicanismo democrático, en los ensayos que escribió para El Federalista (1787-1788). Madison y sus colaboradores, evidentemente, tenían un concepto muy elevado de las posibilidades y el alcance de la constitución que promovieron.

Aun el más esmerado diseño electoral no garantiza la selección del mejor elemento social para el desempeño de empleos públicos. A pesar de ello, cuando comprobamos que el resultado de las elecciones populares es la integración de la Asamblea Nacional y los gobiernos municipales por individuos ineptos, corruptos y  como lo vemos crecientemente  entregados al crimen organizado, podemos colegir que algo tiene el sistema electoral que “desincentiva”, como dicen los economistas, la elección de gente íntegra y decente en favor del encumbramiento de ignorantes, pandilleros y maleantes.

Días atrás, el magistrado presidente del Tribunal Electoral acusó al gobierno anterior de querer “robarse las elecciones” (La Prensa, 30 de diciembre de 2014). Indicó, por supuesto, que gracias a él no se las robaron, dando a entender que sin su presencia en el Tribunal Electoral se hubiese torcido burdamente la voluntad del pueblo panameño el 4 de mayo de 2014.

Al presentarse como adalid de la democracia, Pinilla puede estar abonando el terreno para que la Asamblea Nacional lo reelija, lo cual le permitiría permanecer 10 años más en el cargo. Lo curioso es que Pinilla habla solo de la elección presidencial, que el gobierno anterior no logró robarse, a pesar de la escandalosa malversación de fondos públicos (permitida por el Tribunal Electoral) en favor de la candidatura oficialista.

No hace alusión a las otras elecciones celebradas ese día  particularmente las de diputados, alcaldes y representantes en las que sí hubo robo. O, más bien, compra descarada, permitida por el Tribunal Electoral.

Fue tan público y notorio el asunto que el jurista Miguel Antonio Bernal solicitó que se anulara la elección de 22 diputados de Cambio Democrático por “favorecerse ilícitamente” de recursos estatales para promover sus candidaturas. Se habló de una suma en exceso de 400 millones de dólares, “en apoyo oficial ilícito, así como partidas circuitales”, entregado a candidatos afines al gobierno.

Pero el Tribunal Electoral rechazó el recurso, aduciendo que “el período para presentar el recurso de nulidad respectivo precluyó” (La Prensa, 23 de julio de 2014).

La denuncia del Dr. Bernal se refería al uso ilegal de recursos estatales para fines electorales. También se emplearon millones de dólares de otras fuentes, no estatales, provenientes del sector privado y, presumiblemente, del crimen organizado, para comprar elecciones de diputados, alcaldes y representantes, a ciencia y paciencia del Tribunal Electoral.

En las campañas de 2009, 2004, 1999 y 1994 igualmente se invirtieron “millones” de dólares para comprar votos. En 2014 la danza de millones fue espectacular, pero de ninguna manera inusitada. La práctica tiene raíces firmes, que el Tribunal Electoral ha contribuido a profundizar.

Hoy queda claro que el crimen organizado ha comprado más de una curul en la nada augusta cámara, algunos de cuyos integrantes presuntamente mantienen vínculos con pandillas y otras organizaciones criminales. La detención, en semanas recientes, de dos funcionarios de la Asamblea Nacional ligados a diputados, una en posesión de cantidades inexplicables de dinero y otro con un paquete de “presunta droga”, apuntan claramente en esa dirección.

Un sistema electoral y un Tribunal Electoral que permiten que el crimen organizado compre, robe o de alguna otra manera se apropie de cargos de elección popular no le sirven a la sociedad. El presidente de la República ha dicho que habrá“ cero tolerancia con este tipo de vínculos” (La Prensa, 8 de enero).

Además de procesar a los implicados en actividades delictivas  así sean diputados, alcaldes o representantes debería aprovecharse esta coyuntura para corregir el sistema de elecciones y reconfigurar el Tribunal Electoral, a fin de impedir que el crimen organizado siga afincándose en la Asamblea Nacional y los gobiernos municipales.

El significado de honorable “se aplica a la persona que actúa con honradez de modo que es digna de ser respetada”.

A nuestros diputados se les puede catalogar como un honorable funcionario? Cada año que pasa la imagen de los diputados se deteriora, al punto de que ningún panameño cree en las palabras que esbozan en el hemiciclo legislativo. Es claro que todos están lejos de la definición de honorable, pero ellos creen que lo son y viven llenos de privilegios inmerecidos y abusan para sacar beneficios personales.

Lastimosamente, los ciudadanos no podemos hacer mucho. Para que ocurra un cambio radical en las normas que los rigen ellos tendrían que aprobarlos, pero ninguno se tirará la soga al cuello. Desde hace 25 años estos personajes de la política actúan al libre albedrío, sin que nadie les ponga un alto y no creo que piensen cambiar por voluntad propia.

Vemos que algunos abandonan los partidos gracias a los que fueron elegidos, con tal de recibir más regalías y así incrementar sus fortunas personales. Hay diputados que ni se aparecen por la Asamblea Nacional, con la excusa de que sus oficinas están en las calles del pueblo que los eligió; tampoco faltan aquellos que estando en un partido no siguen los lineamientos y se venden a la bancada oficialista para estar en la papa; otros se ven involucrados en el narcotráfico y utilizan parte de sus privilegios para evadir la justicia; hay algunos que cumplieron más de cuatro períodos y no permiten el relevo generacional. Por último, están los que aprovechan su imagen popular, ganada en los medios, para tener adeptos y lograr una curul. A la larga, estos son peores porque son títeres.

Muchas cosas deben cambiar, por ejemplo, la reelección múltiple se debe eliminar, igual que privilegios personales, y que reducir los altos salarios de los funcionarios. Queremos diputados que hagan leyes convenientes para el país, no aquellos que siguen una línea partidista para beneficiar al partido gobernante. Necesitamos diputados decentes y con un nivel académico adecuado; que puedan hablar con fluidez y respeto, no con chabacanerías ni que expresen ideas fuera de lugar.

Ahora, tal como lo expresó el presidente Juan Carlos Varela, en una entrevista televisiva: “El narcotráfico se ha apoderado de la Asamblea Nacional”. Esto es serio y se debe atacar de inmediato. El diputado que esté metido en ese mundo delictivo, sea del partido que fuera, debe ser castigado. Pero creo que pido mucho, pues ellos se tapan sus fechorías, de forma que esto lo veremos por mucho tiempo.

Cuando la ACP (Autoridad del Canal de Panamá) era presidida por la mayoría de funcionarios norteamericanos, incluyendo el administrador general McClauffy (EU) y el prestigioso paisano recién desaparecido, Fernando Manfredo, primer subadministrador del Canal, el dirigente panameño, el Lic. Luis Anderson, escogido por los 8 mil trabajadores, dignamente ocupaba una silla en aquella Junta Directiva. Pero, cuando el Lic. Anderson dejó de existir, junto con él también sepultaron la silla para el representante de los trabajadores en aquella perfumada Junta Directiva del Canal.

En inexplicable contradicción, cuando la silla que ocupaba Anderson desaparece y le dan un portazo en las narices a los trabajadores para siempre, ya los panameños éramos mayoría en la Junta Directiva, más el administrador, el Ing. Gilberto Guardia y luego Alberto Alemán Zubieta.

Además, mientras los norteamericanos estuvieron al frente, ninguna empresa en la que un miembro de la Junta Directiva tuviera un 10% o más en acciones, podía concursar para contratar obras o trabajos en el Canal para evitar los conflictos de intereses. Sin embargo, y en complacencia de la Junta Directiva, toda integrada de panameños, el administrador Alemán Zubieta en un santiamén logró modificar el reglamento de la ACP para elevar este porcentaje de acciones del 10% al 35% y evadir la veda moral y ética que venía rigiendo por 80 años en el Canal.

Desde entonces, era lo que perseguía el administrador. En lo sucesivo pudo concursar CUSA (Constructora Urbana, S.A), donde el administrador Alemán Zubieta tenía o tiene acciones. Pero, a partir de allí, la gestión hasta ese momento excepcional del administrador Zubieta comienza a declinar y a generar sombras, desde el instante que Sacyr con un guiño de ojo integró a CUSA (Grupo Unidos por el Canal ) al consorcio GUPC, jugada muy difícil de lograr con la BECHTEL-MITSUBISHI.

El 22 de octubre del 2006, los panameños fuimos convocados por el gobierno del ex presidente Martín Torrijos al referéndum para aprobar o negar el modelo y costo del Tercer Juego de Esclusas. Ya se nos había asegurado en lujosa y espectacular ceremonia patriótica y festiva en Atlapa, el 29 de abril del 2006, que esta obra por contratar en un concurso internacional no costaría más de $5,250 millones.

Por supuesto, en estos proyectos gigantescos siempre surgen los imprevistos sobre todo por sorpresas y fallas geológicas, en consecuencia también surgen los sobrecostos, pero estos casi nunca van más allá de un 20% a 50% sobre el presupuesto original. Sin embargo, hoy por el avance retardado de estos trabajos e incidentes, reclamos y paros de GUPC, ya alcanzan un incremento o sobrecosto real aceptado por la propia ACP de $3,200 millones en arbitraje, más otros $1.000 millones al considerar el lucro cesante, o lo que el Canal está dejando de ganar por el atraso de la entrega del proyecto en la fecha pactada con GUPC ya por año y medio, más otros $40 millones que los contratistas hoy piden prestados a la ACP para poder subsanar las grietas o filtraciones en las paredes de las nuevas esclusas.

Sin temor a incurrir en apreciaciones exageradas, más bien conservadoras, este Tercer Juego de Esclusas para naves de tamaño post-Panamax (15 mil contenedores de 20 pies) nos estará costando al final alrededor de $12,000 millones, o sea un sobrecosto insólito hoy más del 110% con tendencia a crecer y ‘no perder de vista que el precio que sedujo y sorprendió al administrador y a la JD, por GUPC , en el sobre sellado, fue de $3,118 millones'.

Vale decir, cuando la ACP u otro consorcio asuma el relevo para terminar la obra por el abandono o más bien fuga precipitada por la puerta de la cocina de GUPC, previendo estos que cuando pasen los primeros post-Panamax y vayan emergiendo otras fallas aún ocultas, ¡ojalá! que no en las tinas de reciclaje, el corazón del sistema!, Sacyr, Impregilo, los Belgas (Jan De Nul de Bélgica), CUSA, quisieran estar muy lejos de Panamá. Este relevo posible para terminar la obra, sin duda alguna, nos costará otro par de miles de millones de dólares y GUPC sabe y apuesta a ello que más barato es seguir con ellos, pero esto equivaldría primero a que se les reconozcan todos sus reclamos,… ‘nos tienen con los pantalones abajo y manos arriba contra la pared'.

Lo que significa amables paisanos panameños que estamos ante el posible caso de corrupción administrativa más grave de nuestra historia y demoledor e irrecuperable perjuicio por la desaceleración del desarrollo económico del país. Todo, sin dudas, agravado con perfil de corrupción administrativa por conflictos de intereses, abuso por malversación de los dineros del pueblo por él o los administradores de la ACP, sin freno ni contrapeso real, que todos confiábamos, representa y ejerce la Junta Directiva por mandato de los artículos de la Constitución 319 y 320.

Por lo contrario, más bien trasciende por la fuerza de los acontecimientos escandalosos. La JDACP no es más que una caricatura desde que sepultaron al prestigioso dirigente popular, Lic. Luis Anderson, subordinada totalmente a los caprichos del administrador de turno, ‘quienes tienen recursos para dispensar grandes favores y nombramientos', situación que hay que reparar y pronto Señor Presidente Juan Carlos Varela, aprovechando la coyuntura para sembrar dos verdaderos fiscales del pueblo en la JDACP, escogidos por los sindicatos de los trabajadores, obreros y administrativos de la fuerza laboral que hacen funcionar nuestro Canal.

De ser esto confirmado, sobre todo por el descomunal sobrecosto y todo a consecuencia del favoritismo en la escogencia del consorcio favorecido, GUPC, que incluye a CUSA, que no fue el verdadero ganador del concurso, sino más bien BECHTEL-MITSUBISHI, ésta además de su inmejorable calificación y experiencia mundial, contaba con el soporte moral y respaldo económico del Departamento de Estado Norteamericano, por ser una empresa bandera emblemática y orgullo norteamericano.

Por lo sucedido, corresponde como en todo Estado de derecho e instituciones sólidas y, además, lo menos que merecemos los panameños que por oficio el Procurador General de la Administración o el Órgano Legislativo citen a rendir cuentas a los dos últimos administradores del Canal de Panamá y respectivos integrantes de la Junta Directiva. Modificar en nuestra Constitución el Título XIV El Canal de Panamá, en su artículo 318 y 319 sobre la Administración del Canal de Panamá y función de la Junta Directiva Blindada contra toda posibilidad de que los administradores en el futuro le arrodillen por el peso de favores y cumplan con el delicado deber de ejercer los frenos y contrapesos ante los posibles desenfrenos y excesos de los administradores.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) fue creado como instrumento de intermediación ideológica entre la sociedad civil y los cuarteles. Fue un espacio para cooptar a los cuadros políticos que esa agrupación requería en su relevo generacional. Por haber sido creación de Omar Torrijos y colaboradores cercanos, el PRD tenía que mantener un perfil socialdemócrata cónsono con el populismo que vivían las sociedades latinoamericanas. Los distintos frentes con alto nivel de organización que había a lo interno de este colectivo, le permitieron un arraigo significativo de masas, incluso en los peores momentos de la crisis política de la década de 1980.

Sin embargo, el PRD tras la apertura democrática posinvasión entró en el juego de la “democracia burguesa” impuesta en todos los países de América. Probó las mieles del poder y entró en la nefasta práctica del clientelismo político. Fue con Ernesto Pérez Balladares que se reedita esta práctica del discurso popular abstracto. En su gestión se aplicaron medidas neoliberales que afectaron la calidad de vida del pueblo. El PRD cosecha ahora lo que el liberalismo vivió como producto de su descomposición política y de la mala conducción en su gestión pública. La práctica de una línea electorera y la ausencia de relevo de cuadros ideológicos llevó al PRD a una crisis que puede superar si algún movimiento de rescate decide llevarlo hacia un rumbo más seguro.

Hay algunas propuestas de método y transformación para reflotar al partido:

1. En primer lugar, el PRD necesita figuras frescas, con compromisos, sobre todo, a largo plazo. No necesita líderes controversiales que digan ser torrijistas, pero en realidad juegan un doble papel que fortalece la división y favorece intereses ajenos al colectivo. Tampoco necesita de líderes sin formación, maleables a cualquier oferta corruptora.

2. El PRD necesita llamar, con urgencia, a un congreso general ordinario, que renueve su directiva por un verdadero consenso que aglutine a todas las fuerzas internas. Da la impresión de que este es un partido sin línea política y mucho mal le ha hecho dirimir sus problemas internos en los medios de comunicación. De no haber consenso para un nuevo CEN, sin el estigma de ciertos sectores electoreros que a lo interno tienen gran arraigo, existe la alternativa de la fisura, es decir, de una nueva corriente que refunde el partido, quizás con otro nombre, pero que se aparte de la línea por la que lo han llevado sus “seudodirigentes” y nuevos ricos que hicieron su fortuna en nombre de un proceso que buscaba el beneficio de los sectores más vulnerables, no de unos cuantos “juega vivo”.

El partido tiene la suficiente cuota para refundarlo, incluso con movimientos de corte popular. ¿Por qué acercarse a otras fuerzas de carácter socialdemócrata? El PRD y todos los partidos deben superar el discurso de “oposición contra gobierno”. Panamá necesita ofertas distintas para la solución de problemas puntuales como el desempleo, la salud y el alto costo de las viviendas. Si esto requiere que los colectivos políticos y la sociedad civil se unan, bienvenido sea, por el bienestar de todos los panameños.

La reciente reelección del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia dejó en la boca de los panameños un sabor amargo. Y es que el magistrado con mayor número de denuncias y serios señalamientos en su contra vuelve a ocupar el máximo cargo en el Judicial. La sorpresa no fue la reelección de José Ayú Prado, sino quién lo propuso y quiénes lo respaldaron: los dos nuevos magistrados designados por el actual Ejecutivo. La reelección de Ayú Prado no tiene que entenderse de otra manera que producto del cálculo político, de la mancuerna, de la componenda y de la subordinación de un órgano del Estado sobre otro. Pero la lectura más acertada es, quizás, la de que no se quiere cambiar ni un ápice del actual estatus de la justicia. >p< Lo lamentable de esto es que la responsabilidad de esta reelección y el mensaje negativo que envió a la sociedad recaen totalmente sobre el presidente Juan Carlos Varela. Da tristeza, pues es otra esperanza que se esfuma, porque creíamos que la lucha contra la corrupción era en serio. Hoy sabemos que es pura palabrería, pura politiquería y pura demagogia… Empero, a pesar de este revés y de lo traicionados que nos sintamos, la sociedad panameña sigue luchando, sigue con el norte de que en algún momento, más temprano que tarde, la justicia realmente será imparcial y equilibrada, ejercida en un Estado donde no haya fueros ni privilegios y sí igualdad para todos.