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La eficiencia era el santo grial de los funcionarios y académicos progresistas que crearon la moderna disciplina de la Administración Pública. Ellos trataron de colocar los asuntos públicos ‘sobre una base de negocios estricta', dirigida ‘no por los partisanos, ya sea republicano o demócrata, sino por hombres expertos en gestión empresarial y en la economía'.

En consecuencia, se creó una burocracia profesional para gestionar la creciente importancia de las funciones públicas de la ciudad del siglo XX, las calles tuvieron que ser adaptadas para vehículos de motor de nuevo desarrollo; los puertos tuvieron que ser profundizados para grandes y nuevos cargueros.

Además, la iluminación eléctrica los sistemas, los ferrocarriles de calle, instalaciones de eliminación de aguas residuales, suministro de agua, y los bomberos tuvieron que ser instalados o drásticamente mejorados para satisfacer las necesidades de los habitantes, humanos y comerciales, de cientos de rápido crecimiento de los centros industriales. Por otra parte, el establecimiento de una burocracia profesional en el ámbito municipal se ha traducido directamente a los niveles más altos de inversión en infraestructura y, por lo tanto, a un aumento significativo en el crecimiento económico.

La eficiencia organizacional significó una vez que el paradigma burocrático weberiano, que fue codificado para el sector público en el Taft, Brownlow, y de la Comisión Hoover, en los años siguientes a la publicación del primer informe de la Comisión Hoover, la administración pública no abandonó el paradigma burocrático, pero se alejó de la economía.

Los administradores públicos descubrieron la psicología organizacional y el comportamiento. Muchos en el campo rechazaron la distinción entre política y administración, con su énfasis en la competencia neutral. Algunos fueron intimidados por las matemáticas usadas por las disciplinas de la elección racional. Y unos pocos rechazaron los objetivos tradicionales de la economía y la eficiencia por razones ideológicas.

La reforma del sector público debe adaptarse a los efectos del paso del tiempo, una vía aboga por trasladar los objetivos de la empresa privada para fomentar la competitividad, mejora en la producción y la calidad y la reducción de costos a la gestión pública. Recordemos, así maximizamos el bienestar de una sociedad.

En 1987 el coronel Roberto Díaz Herrera hizo fuertes declaraciones contra el régimen militar al que pertenecía, dirigido por el general Manuel Antonio Noriega. Aquello cayó como una bomba ante el pueblo y provocó una convulsión política y social de dimensión nacional. Fue el suceso que marcó el inicio de la caída del régimen, consumado con la invasión armada de los Estados Unidos de América a Panamá, el 20 de Diciembre de 1989.

Veintinueve años después, en 2016, el magistrado Licdo. Harry Díaz, en declaraciones al canal 13 de televisión (Telemetro), reveló intimidades de actos de corrupción que ocurren en la Corte Suprema de Justicia, lo cual ha conmovido a la ciudadanía y ha provocado protestas de parte de la sociedad civil organizada, exigiendo la renuncia del presidente de la Corte, magistrado José Ayú Prado, e incluso del mismo magistrado Harry Díaz. Este hecho agravó la crisis de confianza que padece la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

Se ha dicho que ‘la justicia consiste en la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo', con lo cual se quiere decir que lo justo es lo que debe ser asignado a cada cual, sin excesos ni defectos, según una medida objetiva e imparcial que no se inclina a reconocerle más ni menos a la luz de las normas vigentes.

Este reconocimiento debe ser acatado por aquellos a quienes se refiere el fallo y también por la persona que falla, quien no hace su voluntad sino la de la ley. Es precisamente lo que significa la justicia, representada desde la antigüedad por Temis, cuya figura aparecía con los ojos vendados y sosteniendo en sus manos la balanza. La venda simboliza la objetividad del juez, cuya tarea ha de desarrollarse con absoluta independencia de cualquier influjo externo, presión, inclinación, preferencia, favoritismo, animadversión, solidaridad o prevención, y a parte de cualquier prejuicio derivado de sus convicciones religiosas o políticas.

En el esquema general de las funciones estatales, la judicial es simultáneamente la más honrosa, la más comprometedora y la más difícil. La balanza representa la imparcialidad frente a las partes en el proceso y en relación con los hechos y la prueba de los mismos. En ella han de ser puestos todos los elementos, tanto los positivos como los negativos. El equilibrio es un concepto fundamental para una buena y confiable administración de justicia.

La importancia de la justicia en la sociedad y a lo que consideramos que son presupuestos necesarios para abordar el tema (que no es de nuestra especialidad), son los factores más significativos de la evidente crisis que afecta desde hace años a la institucionalidad judicial en Panamá, a saber: la justicia politizada, la justicia sin controles y, entre signos de interrogación, la justicia corrompida. La politización que tiene que ver de modo principal a los juegos del poder, los efectos electorales, la lucha mezquina de los partidos, etcétera.

Lo que constitucionalmente establece la separación de poderes exhibe notorios desbalances que dan pie a que se ponga en duda su efectividad. Los síntomas de corrupción de la justicia son alarmantes. La crisis de la justicia en Panamá sin duda ha tocado fondo.

No obstante, entre los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia actual, se ha destacado el magistrado Abel Augusto Zamorano que, a nuestro juicio, ha demostrado impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso. Mantiene un alto nivel profesional y preocupación por su permanente capacitación y actualización. Ha sabido cumplir su trabajo con responsabilidad, sin dejar de impartir justicia por vacío o deficiencia de la ley y denegar pedidos maliciosos.

Ha sabido guardar, asimismo, la reserva debida en los casos que, por su naturaleza y en virtud de leyes o reglamentos, así lo requieren. Es decir, ha sometido a la evaluación su desempeño responsable, y ha guardado en todo momento una conducta intachable en el ejercicio de la magistratura. El magistrado Abel Augusto Zamorano ha demostrado, pues, cumplir en la práctica, con el perfil y trabajo propios de un verdadero magistrado de nuestro máximo Tribunal de Justicia.

Harry Díaz destapó la olla de canguros, como Roberto Díaz Herrera en su momento o Arnulfo Adán Arjona en el suyo, y la respuesta del cuestionado magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, ha sido solicitarle a la Asamblea que investigue lo dicho por Díaz ante las cámaras de Telemetro Canal 13, en una entrevista exclusiva concedida al periodista Álvaro Alvarado.

Díaz, designado en la Corte durante el pasado gobierno de Ricardo Martinelli, se tenía ante la opinión pública en diciembre pasado como el eventual reemplazo de Ayú Prado en la presidencia de esa corporación, aun cuando el mismo día de la elección corrió como un rumor fuerte la posibilidad de que Oydén Ortega fuera quien ocupara el cargo por los próximos dos años.

Todo era posible excepto la inesperada reelección de Ayú Prado dado que, como dijo Díaz ayer, tenía su voto comprometido con la elección del propio Díaz, y además enfrentaba acusaciones ante la Asamblea Nacional. Ese contexto, es el que hace poco sorpresiva la reacción de Díaz, y permite pronosticar como complicados los próximos días para la Corte. Serias acusaciones ponen de manifiesto el degradado nivel de irregularidades por el que transita la Corte Suprema de Justicia, y explica de alguna manera el estado comatoso en que se encuentra la justicia en Panamá. Puede que Díaz y Ayú hayan abierto la puerta a una investigación necesaria, reclamada por años respecto a la estructura emblemática del Órgano Judicial, y que la Asamblea debiera aprovechar de manera rigurosa para poner en marcha el saneamiento reclamado por la comunidad nacional: venta de fallos, tráfico de influencia, arreglo de veredictos etc.

Hay que mirarse en el espejo de otros países vecinos donde situaciones como estas han llevado al Estado mismo a situaciones de inestabilidad. Pero hay un ángulo delicado en todo este panorama y es la denuncia de Díaz respecto al papel del Órgano Ejecutivo en las últimas elecciones para la presidencia de la Corte, que subraya la interferencia de un órgano del Estado, dentro de otro. No hay que descartar que las declaraciones del magistrado Harry Díaz sean el resultado de su resentimiento al no poder alcanzar el máximo cargo de la Corte, lo que no niega, sin embargo, la urgente necesidad de esclarecer la participación de la administración Varela en un hecho que despertó tantas expectativas y esperanzas en la ciudadanía como fue la designación de los dos últimos magistrados que han ingresado a la Corte. Fueron estas dos últimas figuras las que, pese a las severas críticas que registró su designación, hicieron la diferencia en los resultados de diciembre último, en lo que muchos estimaron como el cumplimiento de directrices salidas del Palacio de las Garzas. ¿Lamentable escenario, deteriorada imagen? Sí, por lo que la Asamblea Nacional tiene ahora la posibilidad de atender con todo el rigor que amerita, un engendro que ya tiene colmada a la comunidad nacional. No basta con la renuncia de los dos magistrados mencionados, se presenta como urgente que todo el organismo sea sometido a escrutinio.

Varios funcionarios públicos de las últimas administraciones gubernamentales, de nivel ministerial de Seguridad, de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional, han expresado públicamente que el crimen organizado ha penetrado de una manera insidiosa las estructuras del Estado panameño. Lamentablemente, sus declaraciones no han aportado ni nombres ni evidencias de los hechos denunciados, creando expectativas sociales o dando la percepción de encubrimiento, a pesar de las promesas de ‘blindar' toda la estructura pública de los tentáculos del narcotráfico.

Las últimas detenciones de empleados públicos, trasegando drogas en vehículos oficiales o particulares con matrículas pertenecientes a funcionarios de alto nivel, colocan al descubierto la infiltración de organizaciones criminales en sus estructuras. También, posibles ‘alianzas' de corrupción entre el crimen organizado, servidores públicos y empresarios.

Esta situación pone de manifiesto la contradicción en la definición de la real amenaza y los verdaderos riesgos de seguridad en nuestro país. Seguir afirmando que el problema es de pandillas y pandilleros, no tiene ya sostén a la luz de las realidades que emergen de las detenciones y cautelaciones de drogas, armas y dinero, realizadas por las instituciones policiales. Se trata pues, de enfrentar al crimen organizado, que ya no pasa inadvertido en nuestro país y la región.

A pesar de la limitada experiencia de la sociedad frente a este fenómeno, a nadie le resulta difícil comprender la violencia resultante de sus múltiples causas, que perjudican gravemente la convivencia pacífica, el disfrute de los derechos y garantías constitucionales y el arraigo de la Democracia en nuestro país.

En el diagnóstico del problema, Panamá ha identificado los factores críticos a combatir del crimen organizado que nos ha penetrado. En ellos destacan el narcotráfico; el lavado de activos; el trasiego de armas de fuego, entre otros. La guerra contra esas actividades por los gobiernos de México y Colombia, desde el 2006 produjo el progresivo traslado de las mismas a nuestro territorio. Panamá parece estar dando pasos a la mexicanización o colombianización de su criminalidad, con los desastres que ello presagia.

El narcotráfico es el factor determinante detrás del crimen organizado y de gran parte de la violencia que nos afecta. Después de más de dos décadas de lucha contra este flagelo, cabe preguntarse si este delito transnacional representa mayor o menor amenaza para nuestra institucionalidad democrática y si las actividades ilegales conexas causan más o menos daños a la población en términos cuantitativos y cualitativos. Igualmente, si las drogas están hoy más o menos al alcance de la población y si, en definitiva, existe conciencia sobre el perjuicio del consumo de drogas y si ha aumentado significativamente o no.

Junto a estos crecientes fenómenos se identifica, también, la debilidad institucional del Estado para prevenir la delincuencia y la criminalidad común de manera integral. Los agentes causales de la violencia incrementan su capacidad de infiltración, influencia, corrupción y dominio social.

Nuestra sociedad experimenta una alarma generalizada porque la penetración del narcotráfico ha producido oferta y demanda. Y cada vez más, vulnera la economía formal, las instituciones de seguridad, de administración de justicia y procura ‘comprar' al aparato político que da sostén a la vida en democracia. Hoy, se paga con drogas, dinero y armas a los que apoyan a narcotraficantes en nuestro país. También se incrementa el riesgo de que se financien campañas electorales y se instalen funcionarios de elección popular que favorezcan al crimen organizado. A esto apuntan las recientes denuncias de los involucrados.

Nuestras autoridades policiales se esfuerzan y perseveran para evitar, a toda costa, que toneladas de drogas sean trasegadas a través de nuestros espacios territoriales. Desde esta perspectiva, a partir del 2008 Panamá ha fortalecido la persecución del crimen organizado, mientras se procura articular una estrategia de prevención de la violencia y la delincuencia en el país.

La Policía Nacional realiza ingentes esfuerzos de lucha frontal al crimen organizado y la criminalidad. Ha tenido importantes avances, particularmente, en la represión y persecución de delincuentes, aún con mucho por hacer. También por parte del Servicio Nacional Aeronaval y del Servicio Nacional de Fronteras, que exhiben importantes éxitos en sus misiones de seguridad nacional, detención de criminales y cautelación de drogas.

El escenario actual, reclama una visión integral, dada la evidente fortaleza del crimen organizado movilizado hacia nuestro país. Ello presupone fortalecer la inteligencia policial, su presencia comunitaria efectiva en los barrios, así como la certeza del castigo a infractores mediante una administración de justicia y un sistema penitenciario eficaz. Más vale que así sea.