La política, una forma de vida

Hace varios años tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida: dedicarme a la política. Lo hice convencido de tener vocación por el servicio público y ayuda al prójimo. De las diversas formas de hacer política, por ejemplo, sindicatos, asociaciones civiles o partidos, opté por esta última y me inscribí en el Partido Popular. Junto a un grupo de compañeros, en su mayoría jóvenes, nos propusimos un objetivo claro: llevar a Panamá al primer mundo.

Ese viaje al primer mundo implica alcanzar no solo un desarrollo económico elevado, sino también lograr que la mejora alcance al mayor porcentaje de población posible; que se respete la dignidad humana, poniendo a la persona como centro de nuestra misión.

Nuestras primeras acciones se centraron en denunciar situaciones del gobierno que considerábamos injustas e irregulares, y resolvimos emprender una campaña que permitiera poner en agenda un tema que estaba penetrando la política local: la corrupción. Así, la gente comenzó a reconocernos por intervenciones urbanas, pero se nos asoció con un único tema. Sin embargo, nuestra visión del país es mucho más amplia, y reducirla a un asunto no solamente es injusto, sino limitado. El combate a la corrupción no es un fin, sino un paso para alcanzar el desarrollo.

Los últimos resultados electorales fueron favorables a nuestro partido y muchos fuimos convocados a diversos cargos públicos. En mi caso, me corresponde actualmente el honor de representar a Panamá (a través de la embajada istmeña) como consejero político y económico ante los Emiratos Árabes Unidos.

Sentimos el llamado del deber público con orgullo. Sin embargo, otros, que evidentemente tienen una visión distinta sobre la actividad política, y seguramente la ven como un medio para obtener fines espurios, critican a quienes elegimos el camino de la vocación por las personas para mejorar su calidad de vida. Ya dice el viejo refrán: el ladrón piensa que todos son de su condición.

Este razonamiento temerario e injusto muestra su peor cara cuando se generaliza y se transforma en antipolítica; un fenómeno muy extendido. Por medio de descalificaciones al ejercicio de la política como actividad profesional se va minando la imagen de los funcionarios, por medio de frases como: “están emplanillados”, “cobran por su actividad”, etc.

Ya desde la antigüedad se da el debate acerca de si la política debe o no ser remunerada, y me encuentro -aunque me comprendan las generales de la ley- entre los que defienden que sea remunerada. No hacerlo nos deja dos alternativas: que se dediquen a la actividad partidista solo aquellos que cuentan anticipadamente con los medios para vivir con ingresos fuera de la política, o quienes no logren acceder a puestos bien remunerados en cualquier otra actividad. Cualquiera de estas opciones tiene un resultado negativo. La primera por instalar una oligarquía, que necesariamente termina alejada de las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, mientras que la segunda opción nos dotará de una clase política de funcionarios poco calificados, rechazados por otras esferas de actividad, o peor aún, tentados a cometer actos de corrupción para sostener un ingreso que les permita vivir de su actividad. El ejercicio profesional de la política debe apuntar a vivir para servir al pueblo y no a costas del pueblo. Depende de todos el incorporar los mecanismos de transparencia y control público necesarios para mantener esta actividad fundamental para el ejercicio democrático y el logro de una mejor calidad de vida para todos los panameños.

 

Panamá necesita un cambio de rumbo

Durante estos 112 años, nos hemos encargado de construir lo que somos ahora: un país con un nivel cultural deficiente, una educación desastrosa, gobernantes corruptos, políticos que se enriquecen a costilla de los impuestos de la mayoría y promotores de contratos arreglados con el Estado. La justicia es injusta con los pobres, y las entradas del Canal de Panamá ni se sienten.

Los gobiernos han hecho un excelente trabajo para hacer que lo público se vea que no funciona, en comparación con el sector privado que sí es eficiente. Se juega con las estadísticas que suben y bajan o se mantienen, pero no se resuelve nada. Se brindan soluciones a medias.

Hemos desarrollado nuestro país como percibimos la mayoría, a base de favores, a qué cantidad de dinero pone un donante a un candidato y se les paga muy bien esa ayuda. Escribimos basados en apellidos la historia oficial.

Hemos contribuido a que este país funcione como lo vemos y lo sentimos actualmente. Se ha disparado la violencia social, los secuestros aparecen, el narcotráfico se infiltra en las instituciones del Estado, la justicia está desprestigiada y falta credibilidad en la administración pública.

La percepción es el único medio que nos han dejado los gobiernos para medir la capacidad de los gobernantes. Los políticos cuando están en el poder no la requieren, no la usan, la critican, pero cuando no están en la buena, sin vergüenza la usan y la necesitan.

Hablan que todo está modernizado y actualizado, pero menos las políticas sociales, culturales, educativas y de salud. Cada gobierno viene con sus propios proyectos, algunos no se terminan, pero los funcionarios de turno son muy buenos para inaugurarlos, aunque no estén listos. La historia se esconde, se borra, la juventud queda con un espíritu endeble para enfrentar otras culturas.

Todos tienen razón, todos tienen respuestas, pero no se sienten estos resultados.

Aspiramos copiar al primer mundo solamente en lo económico, pero no en lo cultural, en salud, ni en lo educacional. Porque tienen miedo de que la mayoría tenga una buena preparación, buena salud, una vida espiritual vigorosa, porque empezaríamos, como pueblo maduro, a cuestionar estos programas que no sirven. Tienen temor de que la mayoría llegue a ese nivel de vida, porque saben que esconden algo y lo vamos a descubrir.

Mientras, los gobiernos siguen pensando primero en llenar sus bolsillos, los de sus ministros, de sus políticos, de sus donantes y de sus amigos. Dejan a un lado lo humano, pueden seguir construyendo lo que quieran para justificar sus politiquerías a la vista de la mayoría, y al pueblo se le amodorra con dádivas y se sigue alimentando el “juega vivo”. Mientras se discrimine a un indígena, al negro, al interiorano, a un panameño por su color, y no aceptemos las diferencias culturales que conforman nuestro país, no avanzaremos. A pesar de todo, también hay panameños que aportan a la historia, a la educación, a la cultura, a la salud; sin apoyos suficientes entregan sus vidas y sacrifican sus familias. No reciben condecoraciones, son desconocidos, un día la historia y el pueblo los reconocerán. No soy pesimista, sino todo lo contrario, soy totalmente optimista.

Frustraciones de un presidente

Creo que el trabajo más ingrato que hay es el de presidente de la República. Por lo general se trabaja con las mejores intenciones, se busca complacer a las mayorías, es más, el actual se ha caracterizado por una apertura total, consulta permanente y busca la mayor transparencia. Pero todo esfuerzo choca contra una cultura basada en los noticieros televisivos matinales. El panameño se despierta para enfrentar una lluvia de críticas y denuncias en los canales 13 y 2, compitiendo por primicias negativas al Gobierno y su gestión.

Ya es a diario el bombardeo de fugas de agua por toda la ciudad, huecos en las vías, protestas de cualquier índole y cierres de vías por protestas. Los entrevistados todos vienen a denunciar algo o a alguien y los propios canales mantienen campañas contra magistrados. Para un presidente que sí está haciendo su trabajo, esto debe ser súper frustrante.

No vemos aplausos ni coberturas del ensanche de la vía Pacora – Chepo a cuatro carriles ni siquiera la maqueta del próximo puente sobre el canal, mucho menos han mostrado el avance del puente del lado Atlántico ya avanzado, o los avances en la vía Santiago – El Viguí. EL MILAGRO DE LA TRANSFORMACIÓN de Colón es otra obra iniciada. Muchas obras que quedaron pendientes del Gobierno anterior ya se tomó la decisión de terminarlas, como dotar de luz y agua a los Minsa-Capsi entregados, corregir la cadena de frío y mejorar la ciudad hospitalaria. Fuera de eso el Miviot continua con su plan de 5000 viviendas en el Plan de Techos de Esperanza y se ha respaldado al MEDUCA en la idea de nuevas escuelas y reparación a tiempo de las actuales.

Con apoyo municipal, se hará la carretera de circunvalación de Panamá Norte, con parques, ciclovías y áreas de distracción. El Municipio capital habilitará y modernizará 10 parques, mientras que continúan los planes de seguridad ajustándose. La Línea 3 del Metro ya está dando sus primeros pasos, e incluyen la licitación del nuevo puente sobre el canal con seis carriles de autos y dos de metro. Pero todas las obras, iniciadas ya en su mayoría, se estrellan en la mañana con un desfile de quejas por falta de agua, derrames sin arreglar, huecos en las vías y muertes violentas. El Panamá del 13 y el 2 no es ni prójimo del Panama del presidente Varela y su equipo.

Los esfuerzos contra la corrupción, chocan con el deseo de los canales de ver cuatro magistrados destituidos y por mas detenidos e investigados, falta el pez mayor, el expresidente que de forma legal ha sabido con sus abogados evitar enjuiciamientos. El Gobierno está avanzando, está trabajando, pero no parece impresionar al 13 y al 2, que siguen especializados en mostrar la cara sucia del Gobierno y descartar obras y logros.

Debe ser frustrante convocar a una conferencia de prensa por una orden de proceder de una obra y solo recibir preguntas y comentarios de lo malo que han encontrado las dos televisoras en su trabajo investigativo. Estoy de acuerdo que se divulgue lo malo, pero no desechemos lo bueno, hagamos un mejor balance de noticias y dejemos de deprimir a toda la población con noticieros matutinos que solo recogen problemas y malas noticias.

Panamá es un país espectacular. Pasamos de un presidente que, como empresario, iba rápido y con poco control de los detalles, a un presidente ingeniero que prefiere ir lento y viendo bien los detalles. Varela es una garantía de que los proyectos acelerados de Minsa-Capsi, cadena de frío, mercado de abasto, ciudad hospitalaria ahora se terminarán con más supervisión y control para asegurar su éxito.

Varela es la antítesis de Goebels. El genio alemán usaba banderas enormes, marchas militares, desfiles impresionantes para mostrar el poderío nazi. Varela no usa publicidad, no usa divulgación, y por eso cae en manos de los negativos de las televisoras, hoy dueñas de la opinión pública.

Creo que debe iniciar un micronoticiero semanal de cinco minutos que salga en los estelares del 2 y 13, con noticias positivas de su Gobierno, aunque queden luego sepultadas por las noticias negativas de los canales. Inicie ya una campaña de imagen mediática que le haga justicia a su Gobierno, resalte las obras y proyectos. Nuestro crecimiento económico, nuestra calificación de inversión, nuestro bajo desempleo, no se debe a fugas de agua, huecos en la vía ni protestas, se debe a esa cara oculta que no muestran los medios.

Es el momento de actuar

La sociedad en su conjunto espera que la Asamblea Nacional cumpla su papel. Es intolerable que haya pasado más de una semana y la Comisión de Credenciales, en especial su presidente, siga haciendo malabarismos para no emprender un proceso sobre varios magistrados que se acusan mutuamente y sobre los cuales pesan graves denuncias. Aunque una gran cantidad de panameños, que ya no cree en la justicia, al menos que se haga una reingeniería, quiere que los nueve magistrados se vayan para su casa, la lógica sí indica que por lo menos cuatro magistrados, los involucrados en los escándalos, no son aptos, no son probos, no cuentan con la confianza de la sociedad para administrar justicia. Una de dos, o renuncian o los renuncian. Así de sencilla es la cosa. Lo que no se debe seguir haciendo es permitírseles que pasen más tiempo como los grandes jurisconsultos. Son y serán personas no aptas para ejercer el digno cargo de magistrados. Paralelamente, el Gobierno debe convocar a la Constituyente que prometió el presidente Juan Carlos Varela. Lo que no debemos permitir es que la incomodidad general siga en aumento y luego el pueblo sobrepase a la autoridad. Necesitamos un cambio y urgente. Dejar pasar las cosas como van, es llevarnos cada vez más cerca del abismo. ¡Es el momento de actuar!

Las dos caras de la justicia en Panamá

Me llama la atención los resultados obtenidos al comparar las contrataciones del Programa de Ayuda Nacional (PAN) para el proyecto Techos de Esperanza del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) del actual Gobierno con el expediente instruido en el Ministerio Público por la compra, también realizada por el PAN, de granos para el Ministerio de Educación (Meduca) en 2014, en el que fue ordenada la detención preventiva del extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Frank De Lima, quien ya cumple ocho meses detenido, y la medida cautelar de casa por cárcel para la exviceministra de Economía, Gladys Cedeño. El fundamento de la Fiscalía Primera Anticorrupción para la vinculación de ambos a este proceso fue que habían incurrido en ‘división de materia', sustentándolo en el artículo 280, párrafo 2 de la Ley General de Presupuesto para el año 2014.

Es claro que la Fiscalía confunde la figura de ‘división del objeto del gasto' en los traslados de partidas presupuestarias, que está prohibido por la Ley de Presupuesto, y que no contempla una sanción, que en último caso sería de carácter administrativo, con la ‘división de materia', regulada y prohibida en la Ley 22 sobre Contrataciones Públicas. Estas dos figuras son totalmente diferentes. Increíblemente, la Fiscalía toma la descripción de la primera y le da el nombre y los efectos de la segunda.

De acuerdo con la Ley 22, solo puede cometer ‘división de materia' la institución del Estado que al momento de la ejecución de sus presupuestos divide un contrato de un monto superior a 300 000 dólares en varios inferiores a esa suma para evadir los controles de Ley. En el caso de la compra de granos solo pudo cometer ‘división de materia' el PAN, que es la entidad que contrató, y no lo hizo porque hubo un solo contrato.

Pero en las compras del PAN para el programa Techos de Esperanza sí se fraccionó el monto de contratación en varios contratos inferiores a los 300 000 dólares, dándose los presupuestos para la división de materia. Sin embargo, al PAN no se le aplica la Ley 22 de Contrataciones Públicas (que ha sido su malsano atractivo), por lo que mal se podía incurrir en ‘división de materia'.

Además, el tratamiento del Ministerio Público en estos casos es totalmente distinto. Por ejemplo, a través del comunicado de prensa del 18 de enero pasado, relativo al escándalo del PAN y el programa Techos de Esperanza del Miviot, la procuradora general de la Nación aclaró que en esta investigación resulta necesaria e indispensable la auditoría de la Contraloría General de la República. Esta afirmación de la procuradora es correcta y ha debido aplicarse en ambos casos y en cualquier otro que surja. Pero no ha sido así: Frank De Lima estuvo detenido seis meses sin que hubiese informe de auditoría de la Contraloría y permanece aún detenido después de que dos auditoras de esa entidad, al responder repreguntas que le hizo la fiscal sobre su informe entregado en diciembre pasado, reconocieron que no había división de materia en este caso.

Es más, el informe de la Contraloría tiene una lista de personas que pudieran tener algún grado de responsabilidad con lo investigado y no incluye ni a Frank De Lima ni a Gladys Cedeño.

De Lima es el único detenido en este caso (excluyendo a Rafael Guardia que está confeso) y a Cedeño se le mantiene recluida en su residencia, pese a que ni el ministro del MEF ni el viceministro de Economía intervienen en la ejecución de los contratos del PAN ni de ninguna otra institución. No le corresponde al MEF fiscalizar la correcta ejecución de las contrataciones (es a la Contraloría), a ninguno de estos dos exfuncionarios se les ha identificado algún patrimonio no justificable y nada los puede vincular con actos de malversación en el PAN.

Como panameño, quisiera saber por qué la justicia tiene una cara diferente para cada uno de estos casos.

La Corte Supremade Justicia:

Los últimos acontecimientos de la máxima corporación de justicia constituyen la gota que desbordó el vaso. Las declaraciones del magistrado Harry Díaz causaron asombro, indignación, repudio y creo que hasta asco. Observar cómo con gestos y expresiones fuera de lugar se refería a sus colegas y a su institución, y lo más lamentable se refería así mismo, refleja en su justa dimensión, cuán profundo hemos caído en la sagrada administración de justicia.

Un juez o un magistrado debe y tiene con sus acciones que proyectar decencia, ecuanimidad, sus palabras y actitudes son referencia para la sana convivencia, la sociedad en su conjunto cifra esperanzas en el justo objetivo e imparcial criterio de los operadores judiciales.

Esta situación no es novedosa, en varias ocasiones magistrados han comentado las irregularidades en la Corte, acusaciones van y vienen, tráfico de influencias, venta de fallos, presiones a juzgados inferiores, intromisión del Ejecutivo, acuerdos indignos con la Asamblea, esto forma parte del menú diario de la institución.

También consideramos indigno la actitud de exmagistrados que ahora van a los medios y se rasgan las vestiduras como los más honestos y decentes, incluso una exmagistrada cuando en una entrevista impresa se le preguntó, de 1 a 10 cómo califica la corrupción en la Corte cuando usted fue magistrada, y manifestó que 7. La interrogante de rigor es ¿por que no lo denunció en su momento; por qué no salió como lo hace ahora en la televisión diciendo ‘denuncio esta corrupción y renuncio’, por qué no puedo trabajar de esta manera? Pero perder el montón de privilegios que posee un magistrado debe ser muy difícil.

Las denuncias del magistrado Díaz debieron ir acompañadas de su renuncia irrevocable y ponerse a disposición de las autoridades competentes por las faltas cometidas y que públicamente aceptó.

Le corresponde a la Asamblea Nacional la última palabra, la solicitud formal de la junta directiva de la Corte para investigar los hechos, tiene que realizarse con celeridad, transparencia y en estricto derecho. El magistrado Díaz tiene que presentar las pruebas para comprobar los hechos que denunció. De ser ciertas, todos los involucrados deben enfrentar la ley.

Pero cualquiera que sea el resultado, el problema no se soluciona, por el contrario, se complica. ¿Qué hacer? Toca a una persona liderar la cruzada para el adecentamiento de la justicia en todos sus niveles. Le corresponde a la persona que el pueblo escogió el 4 de mayo de 2015 asumir el rol para la cual fue electo. No puede lavarse las manos y tirar la pelota. En su programa de gobierno vendió la promesa de una constituyente, pero por razones aún no claras, manifiesta que las condiciones para la constituyente no están dadas.

Pues distinguido presidente, encuentre la forma de arreglar el entuerto, la tragedia en que está sumergida la justicia panameña, no aceptamos excusa de la no intromisión en asuntos internos de otro órgano del Estado; el pueblo lo eligió para tomar decisiones en favor del bien común. Piense y actúe como un verdadero estadista, consulte, pregunte, asesórese; pero tome decisiones, En nuestro estado presidencialista, la última palabra la tiene usted, o emula a Poncio Pilato, distanciándose y mandando el problema a otro lado, o se erige como lo que el pueblo espera del presidente constitucional de la República: un verdadero líder.

La Constituyente se impone

Definitivamente que la corrupción es un flagelo enquistado en el ADN de gran cantidad de panameños, en especial de los que deciden meterse en la política para llegar a administrar la cosa pública. Lo lamentable, empero, es que el resto de los panameños, aquellos que aún creemos en un Panamá mejor, un Panamá próspero, un Panamá desarrollado, un Panamá con equidad, un Panamá con justicia, un Panamá con respeto a los derechos humanos…, nos quedamos solo con la esperanza de que el político que creemos decente limpie la casa y ordene transparencia y luche contra la corrupción. No hacemos más, pero ya va siendo hora de que tomemos el control de nuestras instituciones y, a través de la presión pública, logremos poner en cada uno de los puestos a gente que va a hacer las cosas bien. Da vergüenza el papel que jugaron los diputados con la comparecencia del ministro de Vivienda, quien, por más que diga lo contrario, cometió los mismos errores que muchos que hoy están presos del Gobierno pasado y, peor aún, otorgó los contratos a sus amigos. Los diputados, salvo excepciones, no defendieron el bien público, no defendieron a la sociedad panameña ante el evidente caso de otro atraco al Estado. ¡Defendieron sus canonjías! Definitivamente que la situación actual del país es grave y ya la sociedad tiene que ir buscando mecanismos para adecentar Panamá. Una Constituyente parece la mejor vía.

Transparencia judicial

La economía de Panamá ha avanzado significativamente desde hace más de una década. El producto interno bruto (PIB) nacional se ha duplicado, hay más bienestar entre los habitantes y hoy Panamá es uno de los centros de turismo y comercio más importantes de la región. Gran parte de esta expansión se debió a la introducción de leyes de apertura de mercado que abrieron las puertas al comercio mundial. Por esto se dice que la inversión extranjera ha sido uno de los ejes más importantes que han impulsado ese crecimiento. No obstante, aunque el país todavía tiene muchos beneficios que brindar a su población, la falta de estabilidad judicial puede afectar negativamente ese futuro.

La recuperación del Canal de Panamá en diciembre de 1999, la apertura de los mercados nacionales y el proyecto de ampliación del Canal atrajeron mucha inversión privada al país. En 2014, Panamá recibió 4 mil 719 millones de dólares en inversión comparada con 464 millones en 2000 y la tasa de desempleo cayó a 5.1% de 13.5% en 2000. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indicó en su reporte de inversión de 2015 que Panamá fue uno de los principales receptores de inversión extranjera de la región y que tiene un futuro bien prometedor. Sin embargo, este futuro está en juego hoy día con los problemas judiciales que se están dando.

La decisión de un negocio de moverse o entrar en un país, depende de muchos factores incluyendo el tamaño del mercado local, su conectividad internacional, el acceso al mercado financiero, la estabilidad política y la seguridad jurídica entre otros. Este último es importante porque todo inversionista busca un retorno que tiene una prima dependiendo del riesgo de su capital. Y la aceptación de riesgo va a variar dependiendo del criterio de cada compañía. Por lo general, las compañías más serias entran a mercados estables y limitan su exposición en aquellos mercados donde un antojo o corrupción judicial pueden eliminar las ganancias de un plumazo. De esta forma, se puede decir que los alegatos de injerencia externa en los órganos del Estado, de venta de fallos, de falta de coherencia y equidad en las recientes condenas, y la evidencia factual de corrupción con la condena de uno de los administradores supremos de la justicia está causando preocupación, no solo a nivel nacional, sino al nivel internacional y esto no es bueno.

El Gobierno ha puesto en marcha un plan de inversión que apoyará el crecimiento nacional. Sin embargo, la dirección de ingresos continúa reportando una baja significativa en los ingresos fiscales. Al mismo tiempo, ejes económicos importantes como la Zona Libre de Colón están reportando debilidades que fortalecen cada día más una apuesta a la inversión extranjera. Pero, si no se resuelven estos problemas judiciales, se podría reducir la inversión extranjera y esto causaría retroceso en el bienestar de todos los panameños. Debido a esto, es importante aclarar y resolver esta situación cuanto antes. De otra forma, se podría borrar mucho del bienestar económico que se ha ganado en estos últimos años.

A propósito de una justicia podrida

Una de las mentes privilegiadas en el foro nacional fue, sin duda alguna, la del Doctor Camilo O. Pérez. Este preclaro y conspicuo panameño, profesional del Derecho, escribió hace ya varias décadas una columna que titulaba ‘Bona Fide'; vocablo proveniente del latín, que significa ‘Buena Fe'. Es un principio general del Derecho, que consiste en una especie de ‘estado ideal', donde la honradez, la rectitud y la convicción sobre la verdad, sin deformaciones ni prejuicios, son partes fundamentales de la conducta de quien ejerce esta profesión. Atendiendo a este principio en las diversas ramas del Derecho, quien actúa de buena, o de mala fe, recibe el tratamiento que se merece. En uno de sus tantos escritos, reiteramos, producido hace varias décadas, el Doctor Pérez cuestionó a la Corte Suprema de Justicia, llamándola ‘un potrero, lleno de garrapatas', debido al evidente deterioro del Supremo Tribunal en aquellos años. A pesar del tiempo transcurrido, y lamentablemente, el cuestionamiento de ‘Bona Fide' mantiene una gigantesca vigencia. Y es que ‘el potrero sigue lleno de garrapatas', ahora, cargadas de podredumbre. La única forma en que se puede detener este proceso de deterioro es con la renuncia de los cuatro magistrados que han puesto a la máxima corporación de justicia del país en el ojo ciudadano. Le convendría a estos señores actuar ‘de buena fe', y dejar sus cargos, por decencia, al menos; la sociedad panameña desconfía hoy de la Corte Suprema, inmersa en este peligroso caos, que amenaza con lesionar muy seriamente la institucionalidad y la democracia del país.

Ciudadanos en la descentralización

A menudo se observa en los medios de comunicación a ciudadanos sin agua potable, inundados o con aguas negras: ‘no han informado nada… vino un funcionario revisó y prometió regresar…'. Las personas no saben de los trabajos que están realizando en sus comunidades. ‘Empezaron por hacer ese relleno, por allá… dicen que van a levantar un muro, no sé…'.

Las personas no son consultadas ni les llega información sobre los planes y decisiones. ‘Ese problema tiene más de 10 años y se debe a que no cubren bien el relleno en esa curva… no es conveniente usa tubería galvanizada, ya hubo afectaciones por eso…'. Las personas en la comunidad tienen saberes, ideas que pueden aportar, sea en el campo o la ciudad, por estudio, experiencia y porque conviven en ese entorno.

Este breve análisis de contexto nos está diciendo que las personas tienen algo que decir sobre los problemas en sus comunidades, que quieren ser consultadas, informadas. En ese sentido, la Ley de Descentralización, en su marco legal y conceptual, amplía todas las posibilidades de integración y motivación para involucrar de manera creciente a los ciudadanos en la toma de decisiones en las soluciones que plantea el desarrollo local.

Existen dos tareas o requisitos fundamentales que se plantean:

1. Levantar y/o adecuar una estructura de administración con fortaleza en la planificación y gestión para resultados en las alcaldías y juntas comunales que les dé las capacidades suficientes para avanzar en los beneficios previstos en este sistema.

2. Una estructura de participación ciudadana que involucre a los ciudadanos en forma individual o asociados (grupos ambientalistas, religiosos, cívico, etc.) en el hecho de crear los espacios para emitir opiniones, recibir información, participar en la toma de decisiones sobre las necesidades y alternativas de solución.

Estas son estructuras complementarias que deben interactuar de forma armónica con dinámicas de realimentación y ajuste que produzcan efectos de motivación y confianza en la población y las soluciones sean más apegadas al consenso y a la democracia participativa que esperan los ciudadanos.

La participación ciudadana incluye dos niveles:

Uno simple, a través de canalizar opiniones individuales, reuniones vecinales, asambleas que se convoquen, consulta ciudadana, etc., que es una forma de recibir, mantener informada y en consulta a la comunidad sobre el estado de la planificación y ejecución. Por ejemplo, a través de tecnología de Internet se pueda opinar, informarse, acceder a plantillas predeterminadas para recomendar acciones, boletines, entre otros medios. Es la acción individual o en grupo no organizado con mayor informalidad en su participación.

Otro nivel más sofisticado, que incluye la toma de decisiones para identificar y priorizar proyectos, uso de los recursos, auditoría ciudadana para vigilar cómo se está haciendo lo que se planificó y aprobó; mediante instancias más formales como mesas de trabajo, comités, juntas de planificación que a su vez recogen las opiniones de base para sofisticarlas, técnicamente hablando, con base a los estándares y formalidades de gestión amparadas por la ley, y sean debatidas y concertadas en instancias de decisión a nivel alcaldía-concejo municipal.

La capacidad de administración municipal y la participación ciudadana son los pilares del sistema de descentralización que serán determinantes en su realización, puestos en un largo y complejo camino de aprendizaje y corrección.