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La severa condena impuesta recientemente a funcionarios administrativos y policías imputados por las muertes de internos del Centro de Cumplimiento para Menores de Tocumen ocurrida el 9 de Enero de 2011, constituye otro vergonzoso episodio en la actuación de nuestro sistema de justicia penal.

Como recordarán, en la fecha y lugar mencionados se produjo un motín protagonizado por reclusos, cuyo saldo trágico fue de cinco fallecidos, como consecuencia de un incendio en uno de los pabellones de ese lugar. Este hecho, como era de esperar, ocasionó indignación en amplios sectores de la sociedad, porque desde que ocurrieron siempre se le transmitió a la ciudadanía la idea de que el incendio fue provocado por los policías que trataban de controlar la revuelta y evitar la fuga de los detenidos.

Si bien es cierto que en los videos ‘editados' que nos presentaron en los principales noticieros televisivos, se observan imágenes de policías utilizando gases lacrimógenos y palabras duras contra algunos de los internos, a mi juicio estos actos no demuestran que hubo deseo de asesinar por parte de los funcionarios responsables de ejercer la custodia de ese lugar. Estoy seguro de que ninguno de los policías, ahora condenados con severidad desproporcionada, ese día amaneció con ganas de ir a su trabajo ‘a matar a algunos detenidos'. Nunca existió la intención ni la planificación de los terribles hechos que acontecieron, pero aún así los jueces decidieron en una primera instancia imponer penas sin precedentes de 46 y 40 años de cárcel a personas que antes del incidente ni siquiera tenían antecedentes penales. Esto lo considero una canallada, por decir lo menos.

Es sabido que en muchos países han ocurrido motines en centros penales o de resocialización, como prefieren llamarlos ahora, y en la mayoría de los casos los prisioneros incendian colchones e incurren en otras formas de violencia para lograr los objetivos del alzamiento, lo que generalmente ocasiona víctimas fatales, ya sea por acciones de las fuerzas de seguridad que tratan de reestablecer el orden, o como consecuencia de la violencia ejercida por los propios rebelados. Casi siempre en estos escenarios la policía utiliza las granadas o latas de gases lacrimógenos e incluso armas de fuego, si la situación lo amerita.

Sin embargo, y por lo que ha salido a la luz pública, en el caso de Tocumen, la Fiscalía encargada de las investigaciones satanizó el uso del gas lacrimógeno e incluso, apoyada en peritajes de dudosa credibilidad, concluyó que fue el causante del fuego que lesionó a los reclusos y finalmente les causó la muerte a algunos de ellos. Si fuese cierto que el gas lacrimógeno causa incendios entonces por qué se ha utilizado y sigue vigente como herramienta de control de multitudes en disturbios. En esos desórdenes callejeros, es común el uso del fuego por parte de los manifestantes, y nunca se ha visto que este gas avive esas llamas e incendie a los participantes en la protesta.

Definitivamente creo que la presión mediática en este sonado y triste caso terminó causando una infamia. Matar en vida echándole 40 años o más de cárcel a la que era directora del centro de detención y a los policías que sofocaban la revuelta, lejos de ser un logro merecedor de los aplausos de la sociedad, constituye otra descabellada decisión de los llamados a impartir justicia en este país.

Los invito a repasar el historial de condenas a algunos de los más crueles asesinos que hemos tenido (sicarios, descuartizadores, homicidas en serie, etc.) y, sin temor a equivocarme, les aseguro que no encontrarán condenas similares a las impuestas en esta ocasión. En lugar de eso, a algunos criminales los medios los convierten en celebrid ades, como al llamado ‘Salvaje Bill', cuya reciente boda, estando en la cárcel, recibió cobertura noticiosa.

Y que no se me mal interprete. No estoy exonerando totalmente de culpa a los acusados. Obviamente la falta de entrenamiento para enfrentar el tipo de situaciones que se dieron aquel fatídico día les pasó factura, pero de ninguna manera merecían un linchamiento absurdo como el que se ha cometido, porque, repito, no hubo premeditación y alevosía, dos requisitos indispensables para que un juez opte por aplicar la pena máxima posible, y todo indica que ellos no iniciaron el fatal incendio.

Ojalá el Tribunal Superior o la Corte Suprema de Justicia no se dejen influenciar por la presión mediática y de otra índole muy característica de estos casos, y actúen de manera imparcial y sobre todo justa, al atender la apelación presentada por la defensa de los condenados.

Y a los fiscales de la causa les digo que no es el momento de celebrar. Esto que lograron no es un triunfo del cual deben sentirse orgullosos, más bien pienso que, si algún día reflexionan, pueden terminar encorvados por el peso de sus conciencias.

Sí, José Ayú Prado ha sido por muchos años centro de controversia en cuanto al tema de la justicia en Panamá. Más recientemente por su reelección en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

A menos que la honorable diputada Zulay Rodríguez posea, entre sus señalamientos al magistrado, algún ‘as bajo la manga', de todos los que se hacen contra el alto funcionario ninguno que se sepa tiene que ver con actos corruptos.

Le conozco desde 2002, cuando, siendo reportero de TVN  Canal 2, cubrí algunos de sus operativos, y más tarde lo encontré en su Fiscalía, cuando fui asesor del Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación, en el período del licenciado José Antonio Sosa, y sí, es enérgico en sus actos, y se atreve a llevar la justicia a niveles que no lo hacen otros funcionarios en cargos como los que él ha ostentado.

‘Abuso de autoridad' y los supuestos viajes con don de ubicuidad, figuran entre las acusaciones que se le hacen y que están por ser probadas. Pero me atrevo a decir que dos son las razones que han hecho recurrente los ataques en su contra: la forma como se produce su reelección y las acusaciones que posteriormente hiciera públicas el magistrado Harry Díaz, que están por ser investigadas en la Asamblea Nacional.

La de Díaz parece más motivada por no haber podido contar con el voto de Ayú Prado en su aspiración por presidir la CSJ, pero si Díaz intentara ser transparente tendría que admitir que en el procedimiento interno de la votación solo podía contar con los votos de Ayú Prado o cualquier otro magistrado, si alguien hubiera sustentado su candidatura, y que se sepa, después que lo postuló el magistrado Abel Zamorano, nadie más la abanicó.

Lo de ‘abuso de autoridad' ha sido siempre una puntualización a la que apelan partes afectadas, lo que no quiere decir que sea cierta. Para que lo sea, quienes la hacen deben demostrarlo. Pero la nueva ronda de señalamientos contra Ayú Prado parece gravitar en torno a la inexplicable presencia de funcionarios del Ejecutivo en las elecciones del pasado cuatro de enero, y que el Ejecutivo no se ha tomado, siquiera, la molestia de explicar. Por lo demás, creo que nadie puede negar que en Ayú Prado hay un soldado contra el crimen organizado.

La grave crisis que afecta a la Corte Suprema de Justicia, producto de un turbio fenómeno que se ha gestado por años y que ha intoxicado crónicamente la estructura judicial. Ahora aflora como un tumor maligno que se ha estado alimentando de la endeble consistencia ética y moral de juzgadores inescrupulosos y malignos, que han utilizado la majestad de sus responsabilidades para enriquecerse y depredar la administración de justicia como bestias carroñeras; ha provocado que voces de la sociedad civil, del Colegio Nacional de Abogados y del propio Tribunal Electoral hayan manifestado la necesidad de crear una nueva Constitución.

Pareciera que la Constitución fuese la culpable de la precaria calidad moral de los gobernantes, del deterioro de la institucionalidad, y de la permisividad y corrupción con que los grupos de poder succionan beneficios del Estado; ello no es así.

La Constitución es un instrumento, no un fin, creado para lograr en resumidas cuentas, el desarrollo del Estado y el bienestar general de la sociedad. La creación de una carta magna debe realizarse por medio de una asamblea constituyente paralela conformada por 60 ciudadanos elegidos por el voto popular de acuerdo con lo que establece el artículo 314 de nuestra Constitución. Pero elaborar una nueva no es tarea fácil.

Hay sectores que consideran que debe salir de un consenso nacional, donde todos los sectores deben opinar. A mi juicio tal iniciativa sería una utopía en la práctica.

Entrar en una discusión nacional en la que panaderos, sindicatos, jubilados, médicos, abogados, amas de casa, gais, prostitutas, marinos, agricultores y otros tantos pretendan hacer valer sus opiniones, es evidentemente un desastre anunciado.

No significa que no se les debe tomar en cuenta, pero lo práctico sería nombrar una comisión limitada de expertos respetables y honestos que preparen un proyecto cónsono con los objetivos de desarrollo nacional. Pero, para lograr imponer la iniciativa de una nueva y mejor Constitución, se requiere fuerza política que el gobierno no posee.

El Tribunal Electoral sería el garante de tales elecciones, pero lo que no puede garantizar el Tribunal Electoral será la injerencia y manipulación visible o no de los partidos políticos y de los poderes reales que no estarán dispuestos a otorgar derechos ni a renunciar a privilegios en un nuevo texto constitucional. Y el peligro es real porque ni los políticos ni los partidos políticos han demostrado lealtad a sus fundamentos y mucho menos hacia los electores y al país.

Al carecer el gobierno de la fuerza política para establecer un nuevo texto constitucional, es evidente que tal situación se puede convertir en una oportunidad para que los políticos impongan condiciones y debiliten aun más al gobierno. Pero lo más grave pudiese ser que la propia sociedad aceptase un instrumento constitucional peor, porque la indolencia cívica que la perla es otra motivación para que los oportunistas de siempre logren asentar a nivel constitucional la protección de sus intereses.

Al final del día no importarán las bondades de una nueva Constitución, si la calidad humana de ciudadanos y gobernantes sigue sumida en esa disonancia cognitiva que irrespeta y desconoce el capital institucional del país. El panorama para una constituyente no está claro; negros nubarrones amenazan su devenir. Debemos, todos, actuar con cautela y sensatez.

El mundo está en un laberinto de contradicciones, injusticias y utopías. Grandes capitales concentrados en pocos propietarios. Muchísimos pobres distribuidos en extensas regiones. Algunas poblaciones viven en un ambiente de paz y calidad de vida. Pero también muchos países están envueltos en permanentes conflictos religiosos, políticos y armados, que causan serios problemas de todo tipo.

Poderosas organizaciones mueven trascendentales fuerzas económicas, militares y diplomáticas como el Banco Mundial, la OCDE, el FMI que dirigen efectivamente las estrategias político-económicas internacionales. Las influencias y poderes que patéticamente se dan en la realidad, en guerras frías, agresiones, deudas financieras, extorsiones, chantajes, amenazas entre el neoliberalismo y el socialismo; en todas sus variables, intensidades, alianzas, y fórmulas.

Las presiones en todos los Gobiernos se dan por algún nivel de intereses, monetarios, mercantiles, transnacionales electorales. Aun en los Estados populares este tipo de actividades se dan, porque en los intercambios de producciones, comercios, tecnologías, hay desequilibrios, desestabilizaciones que concluyen en choque de intereses, tácticas o velocidades de acción.

Las fuerzas económicas se alinean en sus objetivos por controlar los mercados, las bancas, las creaciones científicas. Los grupos ciudadanos, los sectores subdesarrollados se agitan en la ONU, OMS, CELA, PACÍFICO SUR, SUR SUR, BRIC. Para intentar modificar las reglas impuestas. Las deudas, la dependencia tecnológica, las condiciones de los préstamos, los engaños, el cinismo, las divisas, las invasiones, los embargos, los bloqueos, el aislamiento bancarios, el subestimar o ningunear los pronunciamientos, son algunas de las maniobras aplicadas para imponer sus criterios.

A niveles locales los empresarios son sujetos y víctimas de esas macroconductas. las tarifas, oligopolios internacionales imponen precios fijados en un supuesto mercado que no son los consumidores, sino los macrointermediarios que manipulan la discutible ofertan y demanda y distorsionan la publicidad a la moda y dependiendo de una meta calculada y dirigida.

Con mayor razón son víctimas los usuarios y clases medias y populares llevados al consumismo, al hambre, las enfermedades, a delinquir para sobrevivir, a la prostitución, a la violencia, la ignorancia y la negligencia. al alcohol que es antídoto del estrés de los pobres.

En todas la religiones con la experiencia de la historia y, la humana microjusticia por el bienestar y la equidad social, a los inversionistas se les permite la producción y el comercio ético, sin usuras, explotación ni engaños, para cumplir una función social de crear, distribuir, promocionar lo necesario para la vida en sociedad.

Los pueblos y las leyes siempre pretenden crear las condiciones para que el costo de la vida se ajuste a la eficacia de su trabajo en una sociedad organizada justa y culta. Y con ese paradigma solicita comprensión y exigen reglamentaciones en ese sentido. La empresa privada moderna por su capacidad, experiencia y humanismo debe satisfacer las necesidades complejas de la sociedad. Pero en la evolución sociológica, el control y prepotencia que da la propiedad del dinero y las herramientas productivas ha llevado a distorsiones y acumulación de bienes no equilibrados con las necesidades grupales.

Este sentido de participación, conciencia social y consideración al prójimo es lo que claman las protestas, las huelgas, y todas las reclamaciones callejeras. El Estado como regulador, componedor y armonizador colectivo sigue buscando las fórmulas humanizadas y eficientes para lograr ese balance productivo laboral. La educación, la alimentación, la salud son áreas vitales.

Concretamente la producción y costos de los logros científicos, en medicamentos, alimentos y productos de primera necesidad deben estar al alcance de todos los niveles de la población. Los artículos suntuarios y tóxicos sociales (alcohol) son las líneas que pueden explotar los excedentes de capitalización para compensar los requerimientos vitales de todos.

La educación en valores por la TV y medios de comunicación comercial y el congelamiento de precios básicos, junto a los sueldos merecidos por el trabajo son modelos clásico que datan de nuestras culturas prehispánicas y de la prehistoria. Que deben ser adoptados, actualizados y activados en nuestras empresas para crear empleo y recursos en un Pro Panamá Beneficio.