Pasamos de gris a transparente

Hay que reconocer que el sacrifico que hicimos como país para salir de la lista gris del GAFI solo se puede comparar con la recuperación de la soberanía nacional en la franja canalera o la democratización en la última década del siglo pasado. Por supuesto, todo esto habrá valido la pena si de ahora en adelante se mantienen los mecanismos de vigilancia para que nunca más volvamos a someternos a este tipo de inclemencias de parte de instituciones financieras mundiales. A escasos meses de la inauguración de la obra insignia de nuestro tiempo, la ampliación del Canal de Panamá, y teniendo como perspectiva la puesta en marcha de una nueva hoja de ruta para el siglo 21, es propicio el momento para reflexionar que, así como nos hicieron a nivel internacional un examen de transparencia, debemos igualmente hacerlo a lo interno para devolver dignidad a nuestras instituciones y erradicar para siempre el flagelo de la corrupción. Todos, tanto en el sector Gobierno como en la empresa privada, debemos sentirnos orgullosos de este resultado que demuestra además que cuando trabajamos juntos para un fin común, todo es posible. Esperamos que el apoyo recibido desde el exterior contribuya ahora a mejorar las expectativas de los inversores y la credibilidad de nuestro sistema bancario, así como a aumentar la demanda de crédito para consumo e inversión, y reactivar la economía nacional.

Justicia selectiva en Panamá

El rector de la UP, García de Paredes, pisotea la Constitución y los fallos de la CSJ. ¿Por qué lo hace… será que conoce el pedigrí de…? Viola decisiones judiciales que le obligan a respetar el debido proceso, tuerce la Ley a su antojo, amenaza abiertamente el orden público, abusa de la autonomía e irrespeta el estatuto universitario, y la carrera administrativa de la UP. También violenta el artículo 147 de la Ley 9 de 1994, relativa a la carrera administrativa que rige a los servidores públicos.

Tiene varias denuncias PENALES y por DESACATO y no pasa nada. ¿No hay magistrados, jueces ni procuradores, que se atrevan a dar una orden para separarlo del cargo que ocupa y arrestarlo, por DESACATO, desobediencia judicial y por abuso de autoridad?

El 13 de noviembre de 2015, le solicité, de manera respetuosa, al contralor Federico Humbert que ordenará la investigación, el áudito, el levantamiento del o los correspondientes expedientes y que tramite el proceso judicial, de haber motivos, en contra del Sr. LUIS ALBERTO PALACIOS APARICIO (cobra como docente B/. 4251.92 / director de Asesoría Jurídica, B/. 3500.00 / mensual, como jubilado de B/. 1250.00. Investigar de forma especial si igualmente devenga salario como vicedecano). ¿Con estos salarios, quién no defiende al…?

También solicité que el Sr. DAMIÁN ESPINO (‘docente', dirigente de Aseupa y administrativo) explique los viajes que ha realizado al extranjero en estos últimos años (EUA, México, Argentina, Ginebra Suiza, entre otros), con plata del presupuesto de la UP. Vamos para cuatro meses y no he recibido respuesta.

Reitero al Sr. Contralor que formulé esta petición en uso del derecho que me otorga el artículo 41 de la Constitución. A la vez en la Ley 6 de 22 de enero de 2002 y el artículo 40 y subsiguientes de la Ley 38 de 2000.

Como presenté estas denuncias, estoy siendo víctima de una persecución acérrima, por parte de los señores Palacios, Him, Espino y García de Paredes. Están en complot con la comisión de personal, que dirige Ricardo Him. Pues la orden es transferirme a la Dirección de Ingeniería y Arquitectura y no reintegrarme, como fue la orden de la CSJ. El objetivo es trasladarme a esta dirección para armarme otro expediente amañado, para destituirme por segunda vez de la UP, violando todos los procesos internos, incluyendo la carrera administrativa de la UP. Esta idea es fabricada y orquestada por García de Paredes. A quien he demandado penalmente ante la Procuraduría General de la Nación. Ahora con su círculo cero buscan venganza para sacarme de la UP.

Ya está bueno de que los Gobiernos de turno apadrinen tantos abusos que se cometen en la UP. Si algo me llegase a pasar o a un miembro de mi familia, culpo a García de Paredes y a Luis Palacios.

La justicia panameña

Por largos años el sistema de justicia en Panamá ha ido en retroceso. Cuando Guillermo Endara (q. e. p. d.) asumió el poder, en diciembre de 1989, de inmediato hizo un cambio radical y nueve nuevos magistrados fueron nombrados. Catalogó como ‘una Corte de lujo' lo que había integrado. Ha pasado un cuarto de siglo y la justicia, esa ‘Corte de lujo', se desvaneció. Hoy los panameños exigen la renuncia de los nueve magistrados, y cuidado que más, la reestructuración de todo el sistema de justicia. ¡Y no es para menos! En Panamá no hay justicia. La justicia se compra y se vende. Los actos de corrupción están en todos los niveles y no solo es en el Órgano Judicial, sino en todo el andamiaje del Ministerio Público que forma parte de. Por supuesto que hay fiscales, jueces y funcionarios probos e idóneos que quieren un sistema que ande como reloj suizo. Lamentablemente, todo anda mal. Para resolver el problema, deben comenzar con una iniciativa desde el Órgano Ejecutivo, para que, a través de la Concertación Nacional, se vea este espinoso asunto y se empiece a limpiar. Es necesario convocar a todas las partes y analizar lo que hay que hacer, pero ya. ¡Tenemos que hacer algo por Panamá!

Las reformas electorales y la democracia

En el pasado, he manifestado que el sistema democrático no crece silvestre. Es deber de todos cuidarlo y vigilar su crecimiento.

Bien decía Aristides Calvani que la democracia “hay que implementarla donde no esté implementada. Fortalecerla donde esté implementada y perfeccionarla donde está fortalecida”.

La democracia es un sistema de pesos y contrapesos, en que estos últimos, es decir, la oposición política, la Constitución Política, los sindicatos, los medios de comunicación y otros, hacen un balance para que el ejercicio del poder sea justo, y no se abuse de este.

Las elecciones también son fundamentales para el sistema democrático. Nuestro sistema constitucional establece que el poder público solo emana del pueblo en elecciones libres. Las reformas electorales dictarán las reglas de cara a las elecciones venideras que, lamentablemente, en el quinquenio anterior sufrieron un serio retroceso.

Para que la democracia sea, como decía Lincoln, “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, las reformas al Código Electoral deben hacer posible lo necesario para que la política sea una competencia de ideas y se promueva el debate, la formación política e ideológica; para que las elecciones se den en igualdad de oportunidades, en tiempos cortos de campaña, con financiamiento público que evite la penetración de dinero mal habido, y se respete el principio de la representación proporcional de las minorías.

Entiéndase como “competencia de ideas”, aquella en que el vencedor se debe al convencimiento de sus ideales, propuestas o programas, y no sobresale por su capacidad económica, compra de votos o por medio de campañas sucias.

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), constituida por los partidos políticos vigentes y grupos de la sociedad civil, en conjunto con el Tribunal Electoral, ha hecho sendos esfuerzos para llevar una serie de propuestas encaminadas a fortalecer la democracia.

Ahora la pelota la tienen nuestros diputados de la Asamblea Nacional, quienes deben considerar las propuestas del CNRE, otras propuestas que se presenten en el periodo de consultas y, también, presentar las suyas propias, basadas en sus experiencias, y por ser representantes del pueblo ante nuestra Asamblea.

Termino como empecé: es deber de todos estar pendientes y presentar nuestras ideas para fortalecer el sistema, pues con estas reformas tendremos el perfil de quienes serán nuestros próximos líderes, sus políticas y, por ende, el futuro de la nación.

Una propuesta a la Asamblea

En días recientes, el 27 de enero del año que transcurre, el diario La Prensa publicó la noticia: “Presentan ley para exonerar de impuesto sobre la renta el pago de estudios universitarios”, relacionada con un anteproyecto de ley 115, presentado por un grupo de diputados de la Asamblea Nacional de distintos partidos políticos, con el propósito de que los costos de la matrícula de la educación superior pudieran ser deducibles del impuesto sobre la renta que pagamos los panameños.

En el escrito no está muy claro si se refiere al pago de la matrícula en todas las universidades panameñas, oficiales y particulares o si solo es aplicable a las oficiales. Siendo optimista, quiero pensar que esta propuesta de ley pretende contribuir a que todos los jóvenes panameños y los que no lo sean, pero que residan en el país, puedan estudiar carreras universitarias, sin costo alguno para sus padres o para quienes los apoyen económicamente en sus estudios.

Sin embargo, lo que no dice la noticia es si se ha tomado en cuenta que más del 70% de los estudiantes que ingresan a las universidades oficiales  al menos es así en el caso de la Universidad de Panamá proviene de hogares con ingresos de entre 600 y 700 dólares mensuales. Ello significa que sus familiares no pagan el impuesto sobre la renta y, por lo tanto, no serían beneficiados con la ley. De forma que esta solo favorecería a aquellos provenientes de hogares con ingresos mayores y que sí pagan el impuesto sobre la renta.

Entiendo que esta propuesta de ley que aplaudo en principio busca que la educación sea gratuita en los distintos niveles para todos los ciudadanos y propone que “los contribuyentes que pagan matrículas, mensualidades y demás gastos para sus hijos menores, los mayores bajo su tutela, y propios en caso de superación personal, tengan la oportunidad de que estos gastos sean reconocidos y deducibles del impuesto sobre la renta”. Añado yo, para dar contenido al muy utilizado lema de que el mejor recurso de un país es el recurso humano, ofreciendo la real oportunidad de estudiar de forma gratuita y sin limitaciones económicas. Por esto, es importante que se considere a los sectores más necesitados que no pagan impuesto sobre la renta, para una mejor distribución de la riqueza.

Este servidor permanente de la educación superior, le propone a los honorables diputados, aprovechando los importantes ingresos que provendrán del ensanche del Canal de Panamá, que para el nivel superior de educación oficial toda carrera de licenciatura o técnica sea gratuita para todos los panameños, y que el Estado aporte un fondo de al menos $100 mínimo (debería ser mayor) por estudiante y por semestre matriculado en las universidades oficiales, y que dicho fondo se utilice para brindar los apoyos adecuados en alimentación, otros servicios adicionales a los estudiantes, como bibliotecas, equipamiento de aulas y laboratorios con las más avanzadas tecnologías, y para la movilidad académica internacional de los estudiantes, a fin de mejorar la formación de los profesionales que se gradúan.

De acogerse estas ideas, realmente contribuiríamos a la movilidad social de todos los panameños y acrecentaríamos la calidad de los profesionales que formamos en nuestras aulas universitarias.

De no hacerse así, sería un porcentaje bajo de los estudiantes que ingresan a las universidades oficiales, los privilegiados con la ley, según lo señalado en el citado anteproyecto, y ello no es cónsono con el propósito de distribuir mejor la riqueza que generamos con nuestro trabajo. De forma que el mencionado proyecto quedaría sesgado y solo profundizaría las desigualdades sociales. Es el momento de tomar una decisión de verdadera trascendencia nacional por el mejor futuro de nuestra nación.

Concluyo ofreciendo mi modesta experiencia, como profesor universitario con más de 45 años de servicios académicos a la Universidad de Panamá, para participar en la discusión del proyecto que, espero, recoja lo planteado en este breve artículo, y logremos dar una respuesta contundente a la lucha contra la pobreza en los inicios del siglo XXI.

Los suplentes

Los científicos aseguran que en algún momento en el futuro seremos reemplazados por nuestros propios “dobles”, es decir, por robots con inteligencia igual o superior al promedio de los seres humanos. Ellos tendrán la capacidad para fabricar y reparar sus propios órganos o partes metálicas, lo que los haría inmortales.

Y algunos escritores de guiones de cine han llegado a sugerir que, muy probablemente, esas máquinas inmortales podrían existir ya en algunos planetas distantes de nuestra galaxia. Sin embargo, mucho más cerca, aquí en Panamá, nuestra fauna política se las ha ingeniado para crear una versión local de esos dobles, pero en forma humana, dándoles el nombre de “suplentes”. Y lo han hecho para suplir la absoluta irresponsabilidad de sus principales.

Es así como los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los 72 diputados de la Asamblea Nacional y poco más de 500 concejales de los gobiernos locales tienen sus respectivos “suplentes”, que no solo disfrutan de inmerecidos salarios y/o gastos de representación, sino que disfrutan de privilegios, como autos libres de impuestos, celulares con tiempo pagado, dietas para asistir a reuniones extraordinarias, viajes y viáticos pagados por el Estado y un interminable etcétera.

Los “suplentes” asumen las funciones de los principales cuando estos se ausentan, generalmente para beneficiarse de viajes domésticos o a otros países pagados con fondos públicos. Tal es el caso de los magistrados que controlan la CSJ quienes, en lugar de administrar justicia de manera “expedita e ininterrumpida”, como se los ordena la Constitución que juraron cumplir, se han dedicado a viajar en costosa primera clase por todo el mundo. Incluso alguno, desafiando aquel principio que aprendimos cuando niños de que solo Dios tiene el don de la ubicuidad, estuvo en tres lugares al mismo tiempo y, por semejante proeza, cobró los respectivos viáticos. Justo es decir que al menos hubo un magistrado (James Harley Mitchell) que renunció, responsablemente, a esos beneficios en cumplimiento de la norma constitucional que dice: “No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacionalidad, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”.

Pero los “suplentes” también nos han demostrado que no son menos vivos que sus principales. Con frecuencia la televisión nos muestra que ellos también se ausentan de las sesiones, pero cobran puntualmente. ¿Por qué no? Después de todo es el dinero de los contribuyentes, los mismos que los eligieron para que ejercieran sus cargos con responsabilidad.

Realmente no sabemos qué hacen esos representantes electos, más que cobrar sin trabajar, exigir partidas presupuestarias para obras invisibles, y hacer favores con fondos públicos para hacer los “méritos” necesarios para su reelección. Tal es el derroche de los dineros del Estado, que nos gustaría que cuando aparezcan los robots inteligentes en el mercado, estos reemplacen a esa clase que ha aprendido a vivir, pasear y disfrutar con plata ajena. Y para hacer accesibles los robots al ciudadano común, el Estado bien podría extender subsidios para su adquisición, de la misma forma que se aplican a la electricidad y los tanques de gas.

Imaginémonos por un momento a nuestros robots suplentes versión masculina y femenina reemplazándonos en el trabajo y hasta cobrando nuestros salarios, pero sin gastarlo. Y en el caso de que por alguna travesura el brazo largo de la ley nos alcance, pudiésemos transferir la responsabilidad a nuestro “suplente”. Este podría servir en nuestro lugar el término de la pena y hasta someterse al proceso de resocialización con otros robots que reemplacen a sus principales por faltas penales.

Pero aun en tal caso, habría que reprogramar a nuestros robots “suplentes” para evitar que se contagien de malos hábitos en prisión, como el de chismear y compartir los secretos de sus principales.

En ese mundo ideal del futuro, nuestro sistema de justicia robótica sería mucho más expedito, eficiente e imparcial que el administrado por los actuales magistrados, evitando que miles de humildes panameños sigan pasando años en prisión sin un juicio justo. Y no menos importante, nos permitiría ser ciudadanos irresponsables, igualándonos de esta manera a nuestros “honorables” políticos y administradores de justicia.

Para qué partidos políticos

En días pasados conversaba con unos jóvenes y detecté que, de cinco que eran, ninguno estaba inscrito en un partido político. Al preguntarles, su respuesta fue una pregunta: ‘¿Para qué inscribirnos?'. Casi les doy la respuesta usual de ‘para aportar al país, para ser factor en el futuro de Panamá, para participar de las decisiones nacionales', etc. Me contuve y entré en un periodo de reflexión, la verdad, ¿para qué? Mi primera inscripción, en 1968, fue motivada por todo lo anterior y quedé en el partido Liberal liderado por David Samudio Ávila, hombre de profundas convicciones y extraordinario verbo. He sido Liberal, PRD, Liberal Nacional, Unión Patriótica; es decir, tres variantes del liberalismo y PRD al que pertenezco actualmente.

Pero, quitando el periodo PRD bajo el mando de los militares donde no había cuestionamientos ni luchas internas, el resto ha sido un calvario de peleas internas por el poder interno, grande peleas por postulaciones y divisiones internas en grupos que pelean el control del partido. Hoy he llegado a la conclusión que más se hace en asociaciones gremiales y clubes cívicos que en los partidos. Cuando terminó la Guerra Fría, cuando cayó el muro de Berlín, no entendí que se acababan las guerras ideológicas en los países, las luchas internas ahora serían religiosas o de poderes económicos, ya no tenía cabida una Democracia Cristiana contra el comunismo, o vender luchas entre socialistas, comunistas y capitalistas. Era un nuevo mundo.

La tragedia es que 15 años ya dentro del siglo 21, los partidos políticos en Panamá no hayan entendido el mensaje. Veamos los partidos en Panamá: PRD, 447 830 miembros; Cambio Democrático, 369 762; Panameñista, 249 051; Molirena, 102 006; Popular, 23 573. Pero, ¿qué aportan los partidos y todos esos miembros al debate nacional? ¿Qué foro han presentado para proyectar soluciones a los problemas de salud, educación, transporte, seguridad? Más de un millón de panameños inscritos y solo convocados para elegir, votar o escoger dirigentes.

Más aportan 12 personas agrupadas en ‘la sociedad civil' o el Colegio de Abogados, la Apede, el Conep, o cualquier gremio. Si los partidos no vuelven a los debates internos, a los foros de discusión, a los comunicados y expresión de sus miembros, ¿para qué inscribirte?

Los partidos son la expresión política de la población, pero en Panamá eso no es verdad. O la población ha caído en una gran apatía política o los partidos no han llenado las expectativas de la población y son solo un vehículo electorero. Quizá el único con visual sea el partido Panameñista, no interesado en crecer, o el Popular, que acepta su realidad de ser un partido anormal en nuestro conjunto de partidos. Y, sin partidos organizados y activos, ¿cómo atraer a los jóvenes?

Yo quiero pensar que estamos en un periodo de transición y que pronto emergerán los liderazgos en los partidos que devuelvan el sentido correcto de los partidos y que vuelvan a ser participantes del debate nacional, con foros y aportes en búsqueda de soluciones. Partidos que practiquen con el ejemplo lo que promulgan. Se quejan de la forma de escoger magistrados, pero escogen sus candidatos a diputados, alcaldes y representantes sin ningún tipo de filtro, permitiendo que lleguen a puestos de elección personas altamente cuestionadas en la sociedad. Personas de pasado gris o negro compiten por dirigir los partidos, entonces, ¿cómo proyectar su lucha contra la corrupción?

Hoy, reflexionando sobre la pregunta de los jóvenes, me he convencido de que tenemos que cambiar los partidos políticos, si queremos involucrar en ellos a la generación que viene, más sana y honesta que la nuestra. Si no cambian los partidos, mejor es que los jóvenes se organicen en la sociedad civil, los gremios, asociaciones y clubes cívicos. Y nuestra sociedad, en lugar de dar más fuerza a los partidos con reformas electorales, mejor fortalecer las candidaturas independientes y debilitar los partidos, en vista de que han fracasado en su misión principal.

La crisis política que vive el país comienza en los partidos políticos, aunque nadie quiere poner el dedo en la llaga. Hemos dejado toda la opinión pública en manos de noticieros de la mañana y periodistas y los aportes de partidos son nulos. Los dirigentes creen que con entrevistas a miembros es la opinión del partido, no; los miembros quieren debate interno y posiciones que se lleguen tras discusiones, no lo que opina uno u otro dirigente.

Se requiere una reingeniería de los partidos urgente y que el Tribunal Electoral no apadrine más a los actuales partidos que no cumplen con su función política.

Panamá y su libertad económica

El Índice de Libertad Económica 2016, del Heritage Foundation y The Wall Street Journal fue lanzado a principios de febrero. Como es costumbre, mide los distintos componentes que determinan cuánta libertad económica tienen los habitantes de un país. En total son 10 aspectos que se dividen en las siguientes cuatro categorías: Estado de derecho, tamaño de Gobierno, eficiencia regulatoria y apertura del mercado.

Este año, la libertad económica de todos los países logró su puntuación más alta, alcanzó el 60.7%, mientras que Panamá obtuvo un 64.8%, el mejor resultado de los últimos cuatro años. Mucho se habla de cómo Panamá debiese emular a Singapur, una nación pequeña con una economía pujante que está abierta al comercio mundial. Si bien es cierto que Panamá tiene muchos puntos a su favor en comparación con Singapur (uno de ellos el Canal), podría tomar algunas notas de la nación asiática, porque es la segunda en el ranking de libertad económica, solo superada por Hong Kong.

Tres de los puntos más importantes en los que Panamá debiere seguirle los pasos a su pequeña contraparte es en lo que se refiere a derechos de propiedad, ausencia de corrupción y libertad laboral. En estos, Singapur obtiene una calificación de 90, 84, y 90.7, respectivamente, mientras que Panamá se lleva las calificaciones de 30, 37 y 42.9. He aquí que flaquea la nación de América Central.

El índice señala, en la categoría de Estado de derecho, que “los esfuerzos de la actual administración por recobrar millones desaparecidos durante la administración anterior llevaron a que el gobierno del presidente Varela tuviese una alta aceptación; sin embargo, la misma fue decayendo con el pasar del tiempo, ya que los panameños se han empezado a preguntar si todo era una ‘vendetta’ política. Ninguna otra medida se ha tomado para reforzar los pesos y contrapesos o para mejorar la transparencia. El sistema judicial se mantiene ineficiente, politizado, y tiende a la corrupción. La protección de los derechos de propiedad es débil”.

Sobre la libertad laboral mencionan que “El mercado laboral carece de flexibilidad y que los costos no salariales para contratar un empleado son relativamente altos”. Esto es un punto que le resta competitividad al país y que explica, en parte, el alto porcentaje de personas que labora en el sector informal de la economía, que ronda el 40%, según cifras de la Contraloría General.

Como se ha mencionado en otros artículos, contar con las garantías proporcionadas por el Estado de derecho e instituciones independientes, transparentes y justas es un prerrequisito para que venga y se mantenga una fuerte inversión, tanto nacional como extranjera, y para que el comercio se desarrolle a plenitud y permee a todas las personas.

Sin derechos de propiedad bien definidos y protegidos, las personas quedan con la incertidumbre de si vale la pena proseguir con una idea de negocios –o incluso su vivienda–, ya que de la noche a la mañana esta puede aparecer en manos de un tercero, de una empresa desconocida o, peor aun, expropiada, como es ya común en Venezuela, en donde entre los años 2005 y 2015 el Gobierno realizó más de 2 mil 740 violaciones a la propiedad privada, según el think-tank venezolano Cedice.

No sorprende, entonces, que Venezuela obtenga la tercera peor posición del ranking, en el que solo Cuba y Corea del Norte, en ese mismo orden, la superan. Todo esto se mezcla y crea una situación en que las más perjudicadas son las personas de menores recursos, y las que están bien conectadas con el gobierno obtienen los mayores beneficios, proporcionando poco, o nada, a cambio.

Panamá tiene bastante a su favor, por ejemplo, una alta libertad fiscal, apertura al intercambio internacional, libertad de inversión y libertad monetaria. Estos y otros factores se conjugan para que los ciudadanos puedan crecer. Ahora bien, si lo que queremos es prosperar con desarrollo sostenible, luchemos por un Estado de derecho y por estar libres de la corrupción. Mejorando esto y reforzando nuestros puntos fuertes, seremos la envidia de todos, hasta de Singapur.

Lo que ‘chifea’ la fachada panameña

A mí no me importa qué nota sacó el resto, a ti te puede ir mejor. ¿Cuántas mamás no nos dijeron esto cada vez que llegábamos a casa con un fracaso que, orgullosamente, defendíamos diciendo que fuimos quienes obtuvimos la mejor nota del salón?

Panamá, según el reciente estudio del Índice de Desarrollo Democrático en América Latina, elaborado por Konrad Adenauer, es aquel niño que tal vez no defiende un fracaso, pero sí podría utilizar este resultado para ocultar mediocridad.

Se debe aplaudir el hecho de que ha pasado a incorporarse al conjunto de países de alto desarrollo democrático del continente, sin embargo, no podemos hacernos de la vista gorda y omitir las notables faltas que presenta nuestro sistema estatal, deficiencias algunas que, probablemente, han empeorado luego de realizada la referida publicación.

En cuanto a derechos políticos y libertades civiles se refiere, el estudio revela que el talón de Aquiles de Panamá es la falta de equidad de género que ha caracterizado a una serie de gobiernos. Tomando en cuenta el reciente nombramiento de Ángela Russo en la Corte Suprema de Justicia y los posibles nombramientos de mujeres en más tribunales, como el de Contrataciones Públicas, podemos considerar como una mayor problemática en esta categoría del estudio, la pérdida de los 66 mil adeptos que tuvieron los cinco  antes seis partidos políticos panameños en el último año. Esta disminución solo puede traducirse en desconfianza y desesperanza hacia el sistema político, y queda al descubierto, una vez más, la crisis partidista a la que nos enfrentamos.

La institucionalidad, tras haber tocado fondo en 2013, obtuvo ahora una mejor calificación. Lastimosamente, no podemos dejar de lado el hecho de que a diario se habla de persecuciones políticas a raíz de las posibles injerencias del Ejecutivo en el Ministerio Público. Más allá de esto, tampoco se puede omitir el hecho de que Panamá obtuvo un lugar en el podio del concurso “Desenmascara al Corrupto de Transparencia Internacional”, gracias al exmandatario Ricardo Martinelli, colocándolo, en base a voto popular, como una de las tres primeras figuras con mayor percepción de corrupción en el mundo.

La capacidad de generar políticas públicas que propicien una mayor democracia social y humana fue castigada por el estudio. Hace unas semanas escuché a José Ugaz decir que se necesitan diferentes enfoques para atacar ciertas problemáticas, por ejemplo, un mayor análisis del concepto impunidad puede traer soluciones al fenómeno de la corrupción. Ahora, no es un secreto que el panameño se considera creativo y, a veces, hasta “juega vivo”. Estas dos características de nuestra idiosincrasia pueden ser traducidas en una mejor aplicación de políticas públicas y una mejor función fiscalizadora por parte de la sociedad civil.

Los fanáticos del Barcelona F. C., muchos con deseos de independencia para Cataluña, se manifiestan en todo juego al minuto 17:14, haciendo un canto de independencia. Lo hacen en ese minuto, porque 1714 fue el año en que Cataluña perdió la guerra ante las tropas de Felipe V. Muchas veces las manifestaciones del panameño llegan a ser hasta inconstitucionales, ¿Por qué no hacerlas más atractivas para nuestros gobernantes y para el resto del mundo? Si la sociedad civil rechaza la distinción de Ayú Prado por la OEA o si apoya un impulso a las investigaciones de los diferentes magistrados en la Asamblea Nacional, debe manifestarlo de una forma en que el mensaje realmente cale. Una canción de reguetón local, con un mensaje marcado, puede llegar a ser más efectiva que una vigilia o una conferencia de prensa básica.

No se necesita ser muy escéptico para percibir que muchos funcionarios públicos y políticos nos hacen ver que los medios de comunicación se utilizan únicamente para satisfacer intereses personales. Si tomamos el ejemplo de Obama, en Estados Unidos, al ver que su propuesta legislativa, el Obama Care, tenía poca acogida entre los jóvenes, el mandatario procedió a hacerle propaganda en los shows de la realidad en la televisión, como el de Zach Galifianakis. Lo mismo hizo Michelle Obama, rapeando en Saturday Night Live, para incentivar a los jóvenes a realizar estudios universitarios. Esto solo me hace pensar en lo altamente exitoso que sería hacerle publicidad a la docena de programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, en espacios televisivos de alto rating, como la Cáscara o hasta Calle 7.

Se critica al gobierno porque solo se ha dedicado a realizar investigaciones delictivas y persecuciones políticas, sin embargo, es el propio gobierno el que no ha sabido cómo atacar el problema desde otra perspectiva, promoviendo programas poco populares de forma creativa. El panameño no merece ser bueno en comparación con el resto, merece ser el mejor. Solo a partir del momento en que sintamos y no solo escuchemos las cifras que nos representan, pasaremos de tener un progreso aparente a un progreso verdadero.

Selección de magistrados suplentes

En cualquier momento le corresponderá al Órgano Ejecutivo la selección de los denominados magistrados suplentes. En virtud de que se han designado dos nuevos titulares en la Sala Primera (de lo Civil) y la Sala Tercera (de lo Contencioso Administrativo y Laboral) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el vencimiento del período de 10 años a dos magistrados, y no se nombraron a los suplentes respectivos. De igual manera, debe seleccionarse un suplente para la Sala Segunda (de lo Penal), a raíz del deceso de Gabriel Elías Fernández Madrid, quien fungía como suplente del magistrado Ayú Prado Canals.

Algunos son de la opinión que debería observarse el mismo procedimiento que se puso en marcha para la elección de los magistrados titulares, y someter a escrutinio público a los futuros suplentes. Sin embargo, es necesario dejar claro que la Constitución, desde el año 2001, en forma taxativa estableció los requisitos que deben cumplir las personas consideradas para ocupar las posiciones de suplentes de magistrados de la CSJ.

De este modo, al igual que los requisitos generales que debe llenar un magistrado principal, el suplente tiene que contar con la calidad de funcionario de carrera judicial. Ni más ni menos exige la Constitución en el artículo 203, que dispone: “Solo podrán ser designados suplentes, los funcionarios de carrera judicial de servicio en el Órgano Judicial”.

Observando el texto constitucional a cabalidad, solo se puede considerar a los profesionales del derecho que tengan la calidad de funcionario de carrera judicial, estos son aquellos que han ganado su posición por concurso y poseen el certificado de la Dirección de Recursos Humanos que los acredita como “funcionario de carrera”.

En ningún lado, la norma constitucional establece magistrados de tribunales superiores y jueces de circuito, ello es darle un sentido que no posee. Es más amplia su previsión, la capacidad y la sapiencia no es patrimonio privativo de un grupo limitado de funcionarios. De existir jueces municipales, alguaciles ejecutores, secretarios judiciales, defensores de oficio distritales, defensores de oficio circuitales o defensores municipales que también son de carrera judicial, estos califican al puesto de suplente de magistrado.

Al analizar las hojas de vida, ejecutorias y proactividad de todos los funcionarios profesionales de carrera judicial, se puede reconocer a personas ejemplares que no cuentan con los denominados padrinos ni conexiones políticas. Muchos de ellos tienen más de 20 años de fidelidad absoluta al sistema de justicia, con más de 10 años de estar en la carrera judicial y desenvolviéndose en las diversas áreas del derecho. La especialización y el conocimiento jurídico no llegan con la designación en el cargo, es el producto de bregar en el campo, del estudio continuo y de la vocación por el servicio, día a día, sin perder el entusiasmo por pensar en la riqueza.