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El 27 de febrero de 1852, se dio inicio a la construcción de la ciudad de Colón. En un día como hoy, hace 164 años, se colocó la primera piedra del primer edificio que se levantara en ese sector, durante un acto que contó la presencia de don Victoriano de Paredes, alto funcionario neogranadino, y los ingenieros del ferrocarril Transístmico de Panamá. Sin embargo, The Panamá Herald del 9 de marzo de 1852 señaló en uno de sus artículos que la fundación de la ciudad fue el 29 de febrero de ese año.

La confusión en la fecha se evidenció, una vez más, en 1928, cuando el 1 de febrero de ese año el Consejo Municipal decidió que la fundación oficial ocurrió el 27 (no el 29) de febrero de 1852 (Conte Bermúdez 1951:42).

Ya sea que Colón haya sido fundada el 27 o el 29 de febrero de 1852, lo cierto es que cada año este hecho histórico es celebrado con entusiasmo, pero es importante esclarecer la fecha real de fundación y, para ello, las autoridades locales deben promover la investigación del hecho.

Desde sus inicios, Colón jugó un papel fundamental en el enriquecimiento de muchos empresarios, primero con el ferrocarril, después con la empresa del canal francés, seguido del Canal que hicieron los estadounidenses y, en 1948, con la creación de la Zona Libre. Así, la ciudad amplió su contribución al desarrollo económico y político de otros sectores, gracias al movimiento comercial e industrial que registra desde entonces. Además, por la existencia de grandes consorcios como la Zona Libre, los puertos de Cristóbal, Coco Solo y Manzanillo; la refinería en sus momentos; la empresa Cemento Panamá y, a principios del siglo XXI, con la creación del puerto de turismo Colón 2000, la ampliación de la Zona Libre, la construcción del corredor y de la autopista Panamá–Colón.

Sin embargo, este desarrollo no se ha reflejado en el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población, ni siquiera con el llamado Proyecto de Renovación Urbana. Una gran parte de la ciudadanía en todos los niveles socioeconómicos y profesionales opina que con ese proyecto, se pretende sacar a la gente de la urbe y acondicionarla para el puerto libre. Es decir, el objetivo es trasladar a los residentes hacia las afueras y entregar la ciudad a los grandes empresarios. Esto haría que pierda su esencia e identidad, para convertirse en una mala copia de otras ciudades puerto.

Hoy, cuando se conmemoran los 164 años de fundación de esta majestuosa ciudad, la fecha es propicia para hacer un llamado a las autoridades y pedir que no sigan ilusionando a la ciudadanía con proyectos cuyo espíritu no es resolver los problemas que aquejan a la mayoría de la población.

El corazón de muchos colonenses, especialmente, abelistas, se siente indignado al ver cómo se mancilla el colegio Abel Bravo, irrespetando la Ley 47 del 29 de junio de 2002, que declara en su artículo 3 monumento histórico a ese insigne plantel que le ha dado a la nación incontables y excelentes profesionales.

Pero no solo se ha vandalizado al colegio Abel Bravo, también se irrespeta, en su totalidad, la Ley 47 que declara como “Conjunto Monumental Histórico” el Casco Antiguo de la ciudad. Por ello, hoy, en medio de esta festividad, es necesario hacer un llamado a la concienciación, reeducación, organización y unidad para defender los derechos humanos de los colonenses.

No podemos seguir callados, debemos levantar nuestras voces de protesta ante los problemas que aquejan a la ciudad y a la provincia de Colón. Entre estos, enumeró los siguientes:

1. El desconocimiento de la Ley 47 de 2002, al pretender utilizar edificios que son monumentos históricos, como el colegio Abel Bravo, el estadio Mariano Bula, la escuela Porfirio Meléndez, la escuela República de Bolivia y los multifamiliares de las cuatro potencias (Chagres, Donoso, Portobelo y Santa Isabel) que, por motivos económicos y empresariales, han dejado perder.

2. La poca atención a los llamados del movimiento popular colonense para que en el Proyecto de Renovación Urbana se tomen en cuenta las verdaderas necesidades de la población marginada y desprotegida por un Estado fallido.

3. El atentado a la salud, tras asignar 23 licencias provisionales para instalar termoeléctricas en esta provincia, por parte de la Autoridad de los Servicios Públicos. Algo que ha sido rechazado por los ediles del distrito.

Hoy, en el marco de su aniversario, Colón clama justicia y llama a sus hijos e hijas a unirse, a participar y a estar vigilantes ante los hechos señalados, y para exigir el desarrollo de proyectos que realmente les permitan a los habitantes convivir con armonía y respeto mutuo.

La comunicación domina el mundo en tiempo real, lo deconstruye cotidianamente, lo reconstruye según las necesidades y planes de cada cual y es un gran paso en la emancipación de la especie. La comunicación política abre el camino a la ciudadanía universal y su exclusión ya no es posible.

En la actualidad, los comunicadores políticos modernos son, esencialmente, “guerreros de la comunicación” pues, hoy en día, la actividad política es pura comunicación, es decir, mensajes que deben ser emitidos, neutralizados o derrotados.

Un ejemplo de lo dicho es la información que manejan los nuevos dictadores en algunos países que, bajo la máscara de “demócratas”, ejercen el control absoluto. No se enfrentan ya directamente a los medios a través de métodos tan abiertos y brutales, como la expropiación, sino que los controlan “indirectamente”, de manera oculta y efectiva, a través de la corrupción y el chantaje.

Saben que solo a través de los medios de comunicación, lograrán controlar a la población “levantando” algunas noticias, ocultando otras o ejerciendo el “terrorismo de imagen” para destruir a las personas o instituciones “incómodas”, y todo esto sin disparar una sola bala.

Por otro lado, una situación que también se presenta en las “falsas democracias”, es la autocensura, es decir, aquellos medios que, ante una situación crítica, prefieren callar o tener un bajo perfil.

En política la comunicación es fundamental y, la política moderna es, ante todo, mediática. Es necesario precisar que la comunicación política no necesariamente está dirigida a ganar una elección. La comunicación política puede utilizarse también entre otras aplicaciones; para una campaña política gubernamental, para un referéndum, para conseguir una ley o, por el contrario, para derogarla. Es decir, la comunicación política abarca un espectro muy amplio.

Además, hoy en día las tecnologías de la comunicación y la información han invadido a gran velocidad todos los procesos sociales y los han integrado en una mezcla en la que todo influye sobre todo: los discursos políticos, económicos, mediáticos, filosóficos, religiosos, deportivos, chismosos, etc., se enredan en el ciberespacio en una avalancha de información a la que los ciudadanos se enfrentan cotidianamente, como consumidores a la vez que como productores de contenidos.

En cuanto a las campañas electorales, todas son diferentes, por lo tanto, no existen campañas iguales. Intentar copiar o repetir esquemas sin un conocimiento cabal de la realidad es un error. En una campaña electoral todo cambia en forma permanente. Por ello, los estrategas de una campaña saben que lo único que no cambia es el cambio. La flexibilidad estratégica es un principio esencial. El que se mantiene rígido e inmutable, rápidamente es sobrepasado por la realidad.

La comunicación y la política son inseparables y, por lo tanto, toda restricción al libre flujo de ideas atenta contra dos derechos humanos consagrados en la Constitución, libertad de expresión y derecho a la información. De la política se habla y se escribe mucho, y sabemos que su consolidación depende de la comunicación. La brecha entre el público informado y el resto de la ciudadanía ha desaparecido.

Si partimos de la concepción que el binomio comunicación y política ha sido un elemento constante en los diversos análisis y estudios sobre la consolidación de la democracia en el mundo, se confirma que la comunicación es el medio que tiene la política para sobrevivir a quienes la tienen de rehén.

Thomas Carlyle escribió en algún momento: “la comunicación, que puede resultar necesariamente de la escritura, la lectura y la conversación es equivalente a la democracia: si se inventa la comunicación, la democracia es inevitable”.

La elección del próximo defensor o defensora del Pueblo por parte de la Asamblea Nacional puede exponer algunos vicios de nuestro sistema político, si no se advierten los errores en que podrán incurrir los ‘padres' y ‘madres' de la Patria y se evita una contradicción fundamental con los principios democráticos, tanto del Órgano Legislativo como de la Ley 7 de 1997 que crea la Defensoría del Pueblo.

De la Ley 7 de 5 de febrero de 1997, cito el Artículo 13 del Capítulo II sobre Incompatibilidades y Prerrogativas: ‘El ejercicio del cargo de Defensor o Defensora del Pueblo es incompatible con la filiación partidista y con el desempeño de cualquier otra actividad político-partidista profesional o comercial, ya sea remunerada o no remunerada…'.

La Defensoría del Pueblo es el instrumento más idóneo (si no el único) de la sociedad, específicamente de las grandes mayorías, para protegerse de las arbitrariedades del poder y la desigualdad social y es el arma democrática por excelencia de los sectores menos favorecidos en su permanente bregar.

Los sectores mayoritarios deben defenderse del hegemonismo que se abate sobre ellos en nombre del neoliberalismo, las empresas transnacionales, las élites bancarias, el cambio climático, el sistema anacrónico de salud, la burocracia, la injusticia, la corrupción y la falta de diligencia oficial.

Por esa razón, la Defensoría del Pueblo debe administrarse con total independencia de los poderes estatales, gubernamentales e institucionales que la rodean y tratan de ahogarla y descarrilarla para que no cumpla sus objetivos en bien de la sociedad.

La Defensoría es una ventana abierta, un cauce, a la democracia. Sin ella, la sociedad se convierte en una olla de presión que pronto podría estallar en una revolución social. Por ese motivo, es sabia la Ley 7 que enfatiza la independencia de la Defensoría, así como el Artículo 13 que hace incompatible con el cargo de defensor cualquier filiación partidista o el desempeño de toda actividad político-partidista.

En efecto, ¿qué independencia frente al Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, o ante su propio gremio, tendrá un defensor que llegó al cargo por ser miembro de un partido político, por ser funcionario en el actual Gobierno o el anterior, por haber sido testaferro, colaborador o consejero de diputados y caciques políticos?

Nada más hay que leer o escuchar los medios de comunicación para percatarse que ya la opinión pública percibe que los conspiradores de siempre ya tienen un ungido. Y, aunque sean creíbles las negativas de algunos voceros de los partidos políticos, el pueblo percibe que El Ungido (no es novela de Semana Santa) será coronado y eso es lo que cuenta (‘¡Vox Populi, Vox Dei!'). ¡Gana la Partidocracia, pierde el Pueblo!

De poco vale el Artículo 13, si el Artículo 14 le abre una puerta de escape a un posible infractor: ‘A los treinta días de su nombramiento, el titular de la Defensoría del Pueblo tendrá que haber cesado en toda situación de incompatibilidad, presumiéndose, en caso contrario, que renuncia tácitamente al cargo'.

Lindo, ¿no es cierto? Puedo ser miembro de un partido y, aunque toda la vida haya hecho carrera (y chupado) bajo esa tolda, basta con que me nombren defensor, porque antes de los 30 días oprimo la tecla ‘delete' o cancelar y ¡zas!, a la papelera. Total, en 30 días a nadie se le olvidan las lealtades, los favores ni todas las golosinas de la Partidocracia.

Nadie que no sea un tonto deja de pertenecer al ‘Establishment' en 30 días. Tan es así que un banco local tiene un número de teléfono para aquellos clientes que cierran sus cuentas, pero quieren permanecer leales al banco: se le conoce como ‘el número de la lealtad'.

El Artículo 14 debilita, daña, el Artículo 13 e introduce una contradicción que raya en la inconstitucionalidad.

Si, encima de que se nos cuele El Ungido, tomamos en cuenta que las opiniones del defensor no son obligatorias —especialmente si afectan mi relación con mis electores (patrones)— me pregunto: ¿qué clase de independencia tendrá El Ungido? ¿Para qué crear una Defensoría del Pueblo venida a menos y rebajada desde su cuna? ¡Mucho dinero para un simple ‘Buzón de Quejas'!

Aunque sea la única vez, debe permitirse a los diputados elegir conforme a su conciencia al próximo defensor del Pueblo y eximírseles de su obediencia al partido para salvar el último bastión de la democracia popular.

Mientras sigamos viviendo la mentira de que el financiamiento público es la solución al problema de las campañas políticas, se seguirá jugando y gastando el dinero del Estado. Los topes de campañas aplican a ciertas situaciones teóricas, pero en la práctica, por disposición legal, hay que darle un porcentaje del presupuesto a los partidos políticos que siguen viviendo del erario y de los impuestos que nos toca pagar. Hoy se habla de 100 millones.

La Corte Suprema tiene durmiendo una demanda de inconstitucionalidad que presenté años atrás, más por miedo político que por discrepancias jurídicas, en donde señalé que el artículo 141 de la Constitución estaba siendo violado por el contenido del primer párrafo del artículo 182 del Código Electoral, que dice ‘y un financiamiento electoral posterior a las elecciones de la siguiente forma', y por el acápite B, que señala que el saldo de lo que quede del financiamiento público será repartido entre partidos subsistente y candidatos de libre postulación electos.

Fuera de que es una aberración jurídica, extender el contenido del artículo de la Constitución a más allá del periodo electoral, como lo es financiar la vida de los partidos políticos, así como su funcionamiento, se convierte en inmoral, por cuanto a los de libre postulación les hacen entrega de un dinero como si se tratara de un premio, por resultar electos. Ojalá la CSJ, en un acto de irreverencia frente al poder político, termine con este relajo, pues la norma es clara, al señalar que el Estado podrá financiar y contribuir a los gastos que se incurran en los procesos electorales. NO a los gastos después de los procesos electorales.

¿Se imaginan cuántas peleas se ahorrarán los partidos al no existir subsistido o financiamiento postelectoral? Como no hay plata, a la gente no le interesa, y quedan los verdaderos preocupados por sus partidos, que salen a buscar y convencer en base a la ideología, los principios y visión del partido, más allá del nombramiento con cargo a un financiamiento público.

Ojalá discutieran esto, así como la escolaridad que deben tener nuestros diputados, alcaldes, representantes y presidente, ¿por qué no? Ya que las normas de dar cabida a todos por igual son antiguas, donde no había escuelas en pueblos lejanos, el acceso a las universidades era privativo de elites. Así se mejoraría la calidad de los diputados y funcionarios. Así mismo que discutan permitir la creación de partidos provinciales, donde postulen a sus propias autoridades y no depender de los partidos nacionales.

El dinero sucio siempre va a entrar a las campañas, decir que con una ley se arregla todo es mentira, pues, si fuera así, no hubiese pobreza ni homicidios ni robos al erario. Usted le puede poner tope a la campaña a nivel de publicidad, pero nadie regula el efectivo que circula los días antes y el día de la elección, en sobres dejados de bajo de las puertas, en cédulas compradas. El que ha estado en campaña sabe que ese día debe tener una cantidad grande de dinero en efectivo y sobre ese no hay un control real.

Mejoren la calidad e intelectualidad del candidato, con requisitos puntuales y verán que no le será fácil al financista de campaña entrar con dinero productos de actividades ilícitas. Mientras, seguiremos con la misma jeringa, tratando de legislar con adornos y parafernalias propias de un carnaval el tema electoral.

En ese momento ya Ricardo Arias Calderón, de regreso de su exilio, presidía el PDC y fue el artífice de convencer a su amigo Arnulfo Arias de la necesidad de ir a las elecciones. Yo era vicepresidente del partido. Se buscaron alternativas para que Arnulfo, por su avanzada edad y por su intolerancia política, no fuera el candidato; resultaron infructuosas. Se barajaron sin éxito alternativas con otros opositores, incluyendo el beligerante Partido Acción Popular (PAPO) liderado por Carlos Iván Zuñiga, quien a la postre prefirió aspirar solo a la Presidencia. Arnulfo impuso su candidatura, así como la de su primer vicepresidente, Carlos Rodríguez, exiliado en Miami como él, que ni siquiera había perdido su acento de España donde vivió muchos años. Esa decisión motivó la molestia del secretario general del Panameñismo, Hildebrando Nicosia, quien se creía merecedor de dicha distinción. Posterior a la elección, Nicosia se apoderó del partido, lo que originó que en 1989 los panameñistas carecieran de tolda política. Rodríguez, reconozco, coordinó en muy buena forma las negociaciones con el resto de la oposición, donde yo era el representante del PDC. Quedó Ricardo Arias Calderón como candidato a 2º vicepresidente, mismo cargo al que había aspirado en 1968.

Por los lados del Gobierno, Ernesto Pérez Balladares, siendo secretario general del PRD, aspiró a la candidatura de su partido, pero se olvidó de que esa decisión no se tomaba en esas instancias, sino en el Cuartel de la avenida A. Ya se notaba el interés de dirigentes de ese partido de asumir con independencia las riendas de su partido, vejados por inescrupulosos jefes militares. Prácticamente tuvo que exiliarse: para los milicos era su palabra y más nada. Escogieron al vicepresidente del Banco Mundial, Nicolás Ardito Barletta, pensando que así se congraciarían con el Gobierno de los Estados Unidos, donde se dijo que éste era muy amigo del entonces secretario de Estado George Schultz, en el Gobierno de Ronald Reagan.

La elección, donde se desbordaron inmensos recursos del Estado a favor del PRD, la ganaron por fraude, por una absurda diferencia de votos de 1760. Se robaron más de 15 curules de legisladores por el PRD, lo cual les dio una gran mayoría en la primera Asamblea Nacional desde 1968. Obtuve mi curul por medio cuociente en el Circuito 8-9 (hoy 8-8), quizá porque dos magistrados  ex profesores míos, Rolando Murgas Torraza y César Quintero, impidieron complacer a los militares que no veían con buenos ojos que yo entrara a la nueva Asamblea.

La oposición quedó con 22 legisladores: 13 del panameñismo, 5 del PDC, 3 molirenas y un liberal auténtico. La principal organización a la campaña la brindó el PDC, así como su permanente reclamo por el fraude después de mayo del 84. El doctor Arias Madrid se retiró a su finca en Boquete. En ese tiempo Guillermo Endara fungía como una especie de secretario del doctor Arias, siendo su subsecretario de Planificación en su efímero Gobierno de 11 días en 1968 y miembro de un grupo directivo de 7 personas. Representaba a su partido en reuniones con los demás opositores, pero carecían de una organización nacional, como sí tenía el PDC.

El trabajo opositor en la Asamblea estuvo a cargo del PDC, con menos de la mitad de los panameñistas y molirenas, algunos que le hicieron fácil su rol al PRD y que prácticamente no se hicieron sentir. Los electos por el PDC nos convertimos en una especie de legisladores nacionales, lo cual nos permitió organizar el partido por todo el país, bajo el indiscutible liderazgo del doctor Arias Calderón.

A finales de 1988 se tenía que tomar la decisión de participar en las presidenciales del año siguiente. Ya Noriega estaba al mando absoluto de la fuerza militar y todo indicaba que no soltaría el poder por las buenas. Sus antecedentes eran nefastos: había destituido a Nicolás Ardito Barletta cuando este intentó nombrar una Comisión Independiente para investigar el horrendo crimen del doctor Hugo Spadafora; destituyó a Eric Arturo Delvalle, falseando el quórum requerido en la Asamblea Nacional, ignorando en el mismo acto al segundo vicepresidente Roderick Esquivel; reemplazándolo, como ministro Encargado de la Presidencia, por Manuel Solís Palma, terminando el 1 de septiembre de 1989 con el excontralor Francisco Rodríguez, como presidente, quien duró hasta el 20 de Diciembre al momento de la invasión norteamericana.

Muchos opositores, ante esa realidad de abuso del poder, dudaban participar, exigiendo condiciones mínimas que objetivamente se sabía no darían los militares. Tal era el control que ejercieron que inclusive colocaron al mayor Daniel Delgado Diamante como el enlace de las Fuerzas de Defensa con el Tribunal Electoral; le apodaron el ‘Cuarto Magistrado'. La intromisión militar era intensa, nerviosos por la escogencia del candidato opositor. Estimularon su división, única posibilidad que veían de poder ganar.

El candidato lógico opositor era Ricardo Arias Calderón. Había recorrido el país en los últimos cinco años como ningún político lo había hecho antes. El PDC contaba con los mejores cuadros medios a nivel nacional y provincial y contaba con la mejor organización nacional. Había fortalecido su estructura enormemente y la actuación de sus 5 diputados en la Asamblea así lo demostraba. Pero Arias Calderón era una incógnita para los militares, ya que lo consideraban impredecible y muy difícil de tragar por el resto de los opositores, la mayoría residuos de la dirigencia política que había sido derrocada del poder por los militares por el golpe en el 68. Arias Calderón era muy diferente a los demás políticos. Los militares alentaron la división opositora, pensando que Arias Calderón jamás declinaría a sus legítimas aspiraciones. El ataque de la prensa oficialista hacia él fue intenso; dividiendo a la oposición era la única manera de imponer la candidatura del ‘empresario' Carlos Duque, impuesto por Noriega, como candidato del PRD.