La ciudad sospechosa

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La ciudad de Panamá es como un espacio de sospecha. Nada es lo que parece y lo que parece ser haría pensar a los investigadores de una CSI de ciudades que la capital del país oculta elementos no confesables. No hay crecimiento económico que sustente tanto despilfarro, no hay turismo que llene tanto restaurante elegante, no hay brasileños ni venezolanos que compren en tanto centro comercial de lujo, no hay realidad que concuerde con esta ficción de estética neotraqueta ni nuevos ricos suficientes para tanta oferta desmesurada.

La ciudad es sospechosa de lo que casi todo el mundo piensa. Los edificios sin límite son vendidos, pero no habitados, los carros de lujo se distribuyen como hojaldras en desayuno campesino, y la estridencia estética ha llegado para quedarse. Y, en esta orgía aparentemente infinita, nadie parece preguntarse en público de dónde sale el maná, hasta cuándo perdurará, qué país puede ser este en el futuro, si en el presente es un juego chinesco en el que se ha perdido todo control.

Tampoco parece que se pregunte mucha gente qué ocurre con el panameño o la panameña de a pie. Ese que ve cómo el salario mínimo crece, pero siempre muy por debajo de los desorbitados precios del alquiler, de la comida o del transporte. ¿Qué ocurre con esa otra ciudadanía, la de segunda, que ha sido destinada, por decisión oficial, a ser la mesera, mucama, chofer o prepago de los participantes en la orgía luminosa de la capital? ¿Cómo se gestionarán en el futuro las tensiones entre grupos y clases sociales en una ciudad en la que los panameños normalitos están condenados a ser los sirvientes invisibles de la parte visible?

Las autoridades siguen ensimismadas, autoengañadas, enredadas en un trampantojo semántico en el que prosperidad es equivalente a rascacielos, modernidad a palabras en inglés, empresa a comercio, cultura a espectáculo, ciudadano a sirviente, y libertad a horarios de apertura comercial. Las autoridades andan poniéndole aire acondicionado a una catedral (símbolo extremo del despiste materialista-espiritual del presidente vendedor de guaro), vendiendo Panamá como lugar ideal para bodas derrochadoras, y haciéndose los locos ante las dimensiones bíblicas del blanqueo de dinero que se está produciendo delante de sus ojos.

Así le ocurrió a Medellín (ciudad ejemplar para algunos de los responsables políticos de la ciudad de Panamá): todo el mundo, de forma directa o indirecta, celebró la narcofiesta sin límites que construyó modernos edificios, financió cultura y recreación, y llevó canchas y dispensarios a las comunas más desfavorecidas… hasta que no hubo vuelta atrás y la genética urbana de la ciudad quedó bajo control de las mafias y sus antojos de mal gusto estético y de ausencia ética.

Panamá lucha de forma permanente por salir de las listas de paraísos fiscales al mismo tiempo que su capital aparece en una buena posición en la lista de lavamáticos del dinero inconfesable. Alguien me podría preguntar ¿cuál es la diferencia? Es sencilla: el paraíso fiscal evita impuestos, el lavamático contemporáneo recicla plata a base de ‘inversiones’ de dudosa rentabilidad.

Soy un amante de ciudad de Panamá. De la que conocí hace unos lustros, de la que aún conservaba un aroma de pueblo grande, de gran familia; de la ciudad de Panamá con olor a mar y con ese espíritu caribeño en medio del Pacífico; de la ciudad de los afroantillanos, de los chino-panameños, de los interioranos en busca del otro, de los zonians rezagados rastreando su lugar en el mundo; de la ciudad sin tanto lujo, pero con mucha más identidad; de la ciudad de mercaderes propios, de la capital asaltada de vez en cuando por los delirios ajenos. Ahora todo parece fuera de control. De nada servirán planes de desarrollo urbanístico o iniciativas de infraestructuras y servicios si, antes, alguien no se sienta a pensar el alma de la capital. Los países, las ciudades, las sociedades, son entes vivos que necesitan de un proyecto vital, un horizonte anímico, un coctel de vitaminas para soñar. La ciudad sospechosa parece vacía de alma y repleta de cemento y silencios, de supuestos no verbalizados y de trampas delincuenciales legalizadas por el poder de la plata.

No estaría mal que desde la Alcaldía se convocara un gran congreso para repensar esta ciudad en lo anímico, en el que sus habitantes, los de verdad, pudieran proyectar –con el alma antes que con la chequera– un espacio urbano que deje de ser un lavamático para convertirse en un ágora abierta, honesta, diversa y plural. ¿Será posible.

Por qué denunciar a una viceministra?

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El país ha vivido una novela con la renuncia de la viceministra de Desarrollo Social. Al presidente Juan Carlos Varela le tomó más de 10 días esperar a que voluntariamente la designada a ese cargo, no escogida por el ministro titular Alcibíades Vásquez, lo dejará. Todo por una bella perrita que se hizo famosa con el ‘affair' de los escoltas que la paseaban, llamada Gucci. Por unos días, por andar con semejante tontería, nos hemos olvidado de otros casos que nos deben ocupar de lo grave que pasa en Panamá.

Pero hoy no me referiré a esa viceministra que debió ser destituida apenas se conoció su falta. Trataré sobre la viceministra de Economía del MEF, la sobrina segunda del presidente Varela, Eyda Varela de Chinchilla, a quien denuncié ante la procuradora general de la Nación, el 21 de febrero de 2016, por los delitos contemplados en el artículo 256 del Código Penal: ‘Abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos'.

Se hace difícil meterse con una persona que uno conoce, pero la obligación de denunciar la posible comisión de un delito, cuando uno se percata de que ha sido cometido, está por encima de la amistad, parentesco o cualquier otra razón. Cuando se asume la condición de funcionario, desafortunadamente, uno se hace responsable de lo que firma, aún cuando el error sea cometido por el abogado o funcionario subalterno que lo preparó para que el jefe lo firmase. No hay excusa que valga. Corresponderá al procurador de la Administración defender la actuación de dicha viceministra.

En el MEF, le corresponde privativamente al Viceministerio de Finanzas lo concerniente a la atención de la figura de los bienes ocultos, aquellos en manos de particulares que pertenecen al Estado, procedimiento este que está taxativamente regulado por el Código Fiscal. Recordemos aquellos axiomas jurídicos que dicen que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento y de que el servidor público solo puede hacer lo que la Ley expresamente le autoriza, a diferencia del ámbito privado, donde se puede hacer todo lo que la Ley no prohíba.

El Código Fiscal en su artículo 82, numeral 2, sin duda alguna, específica que cuando se presenta un bien oculto (en este caso contra la empresa mixta Cable & Wireless Panamá, donde el Estado tiene el 49 % de su capital accionario), el MEF debe consultar ‘previamente al Procurador de la Nación para resolver si el bien denunciado es o no oculto y si la acción o acciones indicadas por el denunciante (en este caso yo) son o no procedentes'. Seguidamente el numeral 3 del mismo artículo dice que ‘Si tanto el Procurador como el Ministerio consideran que el bien es oculto, el Ministerio investirá al denunciante, mediante resolución, de la personería necesaria para hacer efectivos los derechos del Estado y ordenará al respectivo agente del Ministerio Público que coadyuve a la acción o acciones necesarias al efecto'.

La norma es clarísima, pero la viceministra ha hecho caso omiso de ella, a pesar de haberlo señalado cuando presenté el recurso de reconsideración de su actuación inicial, violando la ley y haciéndose acreedora a una sanción penal por su posible comportamiento delictivo.

Espero que, sin contemplaciones, la Procuraduría General de la Nación haga una investigación prístina y objetiva de lo denunciado por mí, porque ya es hora de que los servidores públicos den el ejemplo y cumplan con lo que señala la Ley. Espero que, como he solicitado, la separe de su cargo. No importa que sea Juan Pérez el denunciado o una poderosa empresa como Cable & Wireless.

Soluciones, no improvisaciones

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Si cada gobierno se ocupara de ejecuciones planificadas y previamente concertadas con sus pueblos, se podrían evitar los altos costos económicos y sociales. Pero los ciudadanos no tienen quién los defienda ante quienes eligen o son nombrados en los altos cargos. Para colmo, estos sí llegan preparados para hacer negocios personales, con su “rosca” y con aquellos que les financiaron las campañas. Se trata de un mal endémico del sistema que, como ha dicho el papa, “ya no se aguanta”.

La partidocracia ha caído a los más bajos niveles. Partidos y candidatos se supone que conocen las necesidades y cómo solucionarlas. Por lo tanto, desde sus campañas electorales deben demostrar y presentar, públicamente, qué, cómo y en cuánto tiempo van a dar las soluciones, pero solo hacen shows y promesas que los pueblos se tragan sin masticar.

Los electores deben estar claros en los liderazgos y, si están muertos, qué dejaron plasmado en cuanto a ejecutorias y proyecciones. Ya no tienen cabida esos supuestos líderes que no dejaron nada, y que solo eran dueños de partidos sin doctrina. El pueblo es dueño de su destino, no debe olvidarlo al momento de elegir. También, debe exigir desde la campaña que quienes sean nombrados en altos cargos oficiales no se sirvan del poder como un botín político. Si las reformas al sistema no se dan, entonces, exigir en las calles el respeto para que esos nombramientos no se den por medio de la Asamblea (que hay las formas), pues los diputados clientelistas no son confiables, eso ya está demostrado.

Muchos Estados han quedado en manos de incapaces, irresponsables y corruptos hasta en las magistraturas, todo esto está ampliamente demostrado en un número plural de países del mundo. En Panamá, mientras se da la necesaria constituyente, hay que exigir la destitución de quienes se burlan del pueblo en su cara. Y donde sean vistos, abuchearlos.

Todo ministro, director general o administrador debe conocer de antemano la institución a la que iría a ejercer, para que después no dé respuestas absurdas o estúpidas. Por ejemplo, los que vayan a la Caja de Seguro Social, a los ministerios de Salud, Educación y Obras Públicas, y a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre no pueden llegar a improvisar, ni creerse dueños de los despachos en que son nombrados, ni olvidar que son empleados públicos pagados por los ciudadanos. Si los pueblos no se empoderan, se seguirán perdiendo generaciones de seres humanos, debido a la desidia de los gobiernos y funcionarios. A manera de ejemplo, por iniciativa propia sugerí en sendos escritos publicados en 2009, previa investigación en las embajadas de España y Francia, la construcción de una red ferroviaria entre Colón y Paso Canoas, así como la construcción de ciclovías permanentes. Ahora vemos que solo se han hecho construcciones coimeras, pero incorrectas.

Oferta electoral y gestión pública, realidades encontradas

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Las campañas electorales están inmersas en las conocidas ‘promesas de campañas' plasmadas en los denominados ‘Planes de Gobierno'. Es evidente que dichos documentos son elaborados de forma general e incluso, en algunos casos, con escasos estudios científicos que la avalen, lo que los hace pocos factibles y, en el peor de los casos, difíciles de concretizar.

Las ofertas electorales a las que las sociedades son sometidas en el transcurso del proceso electoral son un mercadeo excesivo de candidaturas con propuestas y presupuestos excesivamente maquillados, impregnados de positivismo, tornándose inverificables, por su falta de sustento. Panamá no escapa de esto.

Dichas ofertas apelan a la pobreza, la seguridad, la desigualdad y la seguridad social, entre otras, pero no son sometidas a estudios previos, basados en los diagnósticos reales sobre la situación de los fenómenos sociales mencionados, sino que son elaborados como ‘productos comerciales' llenos de esperanza que a la postre se constituyen en expectativas y no en realidades.

La Gestión Pública, posterior a los procesos electorales, se desarrolla en el deseo por parte de las sociedades y sobre todo de los que creyeron en la ‘oferta electoral' de que se cumpla cada una de las promesas presentadas en los planes de Gobiernos, pero la realidad es otra. El producto fue comercializado, su mercadeo impactó a las masas, pero dicha oferta y, tal como fue presentada, se torna imposible para ser ejecutada, traduciéndose en descontento por parte de la sociedad, hecho que repercute directamente en ella, por una gestión pública que no está acorde a la propuesta u oferta electoral ofrecida en campaña.

Las ‘ofertas electorales' deben ser elaboradas por las campañas electorales, ya sea de partidos políticos o candidaturas independientes, de manera sencilla, a fin de que todo ciudadano las pueda entender y en las cuales se identifiquen las prioridades que, considera ese grupo político, son las que durante su gestión va a atacar para mejorarlas en beneficio de la sociedad. Sigue mañana…

La justicia y la solidaridad social

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Los seres humanos convivimos en sociedad desde el origen de los tiempos, por tal razón somos gregarios; nuestra cultura es aprendida y por ello pueda que sea diferente una civilización a otra en cuanto a las costumbre para comer, vestir e inclusive para contraer matrimonio; pero lo que no cambiará es la búsqueda de la felicidad, de la paz y de la justicia personal y social, en ninguna parte del mundo.

Decía Rene Descarté en el Discurso del Método , que el Sentido Común es lo mejor repartido en el mundo; ese sentido común establece como norma mínima de conducta el respeto hacia las demás personas en su forma de pensar, siempre y cuando su forma de actuar esté dentro de la ética y moral positiva. A nadie se le ocurre defender el mal y perseguir al bien, eso es totalmente descabellado. Pero al parecer sucede en la actualidad.

De tal manera que en todas partes del mundo, todas las culturas entienden y practican la ética, con la intención de que la sociedad pueda sobrevivir y lograr sus metas. Porque la paz es precisamente eso, la creación de condiciones óptimas para que el desarrollo permita el progreso de la sociedad en su conjunto.

Recordemos que los Gobiernos de la antigüedad solo perseguían el propio interés del gobernante y de una clase social específica, los nobles; el pueblo llano y el resto de la sociedad solo existían para ser expoliados, en aras de un interés mezquino y que renegaba de la dignidad humana.

El lema de la Revolución francesa: ‘Libertad, Igualdad y Fraternidad', aún dista de cumplirse en su totalidad, de ahí que la época actual aún, con toda la tecnología creada y la capacidad de colocar una sonda en los confines del Sistema Solar, no ha logrado hacer llegar la justicia, la libertad, la igualdad y la fraternidad al mundo.

Primero porque nuestras creencias y políticas, lo evitan, no queremos participar en la lucha por cambiar el mundo en algo mejor. Esas creencias abandonan al resto de la humanidad a un caos, solo nos apartamos y dejamos que las personas sufran, porque no comparten nuestras creencias; y si no perteneces a un partido en el poder, bueno, estás condenado al ostracismo.

Decimos practicar el bien, pero la vanidad y la soberbia se apoderan de las organizaciones en ambos casos, dejamos que el mal haga su trabajo y no nos oponemos a él practicando y efectuando acciones para contrarrestarlo, que pueden ser muy simples, desde no hablar mal de nadie, tratar con respeto al portero y al gerente, hasta ofrecer trabajar en la comunidad para cambiar una alcantarilla; con un gesto podemos hacer mucho bien, es un grano de arena, pero se empieza por algo.

Por otra parte, la corrupción se ha convertido en el peor flagelo de todos los Gobiernos del mundo, sean de derecha o sean de izquierda, sean occidentales, sean orientales; cuando los criminales, que de por sí no tiene ninguna conciencia social ni solidaridad alguna, desean ‘algo' de algún Gobierno, solo tintinean las monedas y algunas personas caen en la trampa de la caja registradora y ‘facturan' los dineros del pueblo, la justicia del pueblo, las libertades del pueblo; y cuando digo ‘pueblo' me refiero a todas las personas que viven en un país, sean los más influyentes económicamente o sean los más pobres, como en el caso nuestro; somos nosotros: ‘el pueblo', el que exige respeto, justicia y libertad.

Las conciencias no existen, está solo la idea de timar, de estafar, de dejarse corromper por la criminalidad, y a ello estamos todos expuestos, porque es fácil también hablar y dar discursos de moral, ¿pero seremos capaces de resistir y trazar una ofensiva contra la corrupción? Pienso sinceramente que sí, lo exige el Bien Común.

Debemos ser capaces de comprender que nuestro mundo tiene que cambiar, y para hacerlo somos nosotros los llamados a hacerlo, por cada persona honesta, por cada padre de familia abnegado, por cada hijo agradecido, por cada ciudadano capaz de resistirse a la corrupción, principalmente su gobernante, avanzaremos un milímetro, pero que sumados poco a poco se convertirán en una milla de diferencia entre un pueblo honesto y justo que respeta a otros y que practica la solidaridad, ante aquellos que solo nos sentamos a ver cómo el mundo arde…

Una campaña política y una reforma electoral

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Esta primera semana de marzo del 2016 resulta de especial interés, tanto en Panamá como en Estados Unidos, porque se tomarán decisiones políticas de relevancia para escoger los futuros gobernantes en ambos países. En cada caso, los ciudadanos queremos que sean los mejores. Al momento de redactar estas reflexiones no conocemos los resultados del ‘Supermartes', como se le denomina a sendas primarias celebradas en un mismo día en varios estados de la Unión, que tienden a definir una candidatura presidencial entre varios aspirantes; ni tampoco conocemos las reales intenciones con que se iniciará formalmente el primer debate de las reformas electorales propuestas por la CNRE, ya salvado el período preliminar de consultas públicas. Pero, desde ahora y en buena medida, ambas circunstancias encauzarán el resultado de nuestras respectivas próximas elecciones.

Nos interesa la campaña en Estados Unidos —donde uno(a) de cuatro señores y una señora será su próximo(a) mandatario(a)— por nuestras estrechas relaciones históricas y nuestras actuales relaciones de toda índole. Vemos una campaña que nos resulta familiar: atractivas promesas electorales poco realizables, campañas negativas y ataques personales. Además, ya el propio presidente Obama alertó sobre la excesiva influencia del dinero privado sobre campañas y candidaturas, aportado a través de las PACs.

Promesas recurrentes abundan, pero parecen ignorar que la mayoría son irrealizables sin anuencia del legislativo. Prometen reformar un sistema impositivo complicado; unos eliminarían el impuesto a los asalariados; otros establecerían un impuesto único a todas las rentas, gravando solo ingresos originados dentro del país, igual que Panamá, al cual entonces tildan de paraíso fiscal. Unos proponen rebajar el impuesto a grandes contribuyentes para que así surjan recursos que serían eficientemente distribuidos en el curso normal de más negocios privados; otros proponen lo contrario, aumentando la carga impositiva de los más ricos para que el Gobierno pueda reforzar sus programas sociales. Una promete subir el salario mínimo; otro promete educación menos costosa. Uno prometía reparar todas las carreteras del país; otro, construir un muro en la frontera sur para impedir la entrada de inmigrantes; otro asegura que esas personas son necesarias en labores rechazadas por los nacionales. Todos alegan preocuparse por las desigualdades.

Entre debates, se lanzan dardos personales. Uno, acusado como experto en quebrar empresas; otra, que inspira desconfianza porque, siendo ministra, utilizó correos electrónicos personales para tratar asuntos gubernamentales; otro, un fanático religioso que votó a favor de una ley pero ahora se contradice; otro, un neófito que no ha sabido manejar bien sus cuentas personales; otro, un peligroso ‘socialista'. Etcétera.

Si ese ambiente es inevitable en todas las campañas electorales, al menos las reformas propuestas a nuestra Asamblea deberían adoptar medidas que mitigasen desmanes parecidos que malograsen el ambiente electoral; solo así el elector podría formarse, en la tranquilidad de su conciencia, una opinión válida sobre la real capacidad, la honestidad y la trayectoria del candidato.

Todos los seres humanos, como animales políticos, somos muy parecidos, no importa si se trata de un país desarrollado, o uno emergente como el nuestro. Las ambiciones personales de los políticos, sanas o egoístas, son similares; el dilema consiste en el sano deseo de hacer el bien, o la intención egoísta de beneficiarse personalmente o de favorecer a una elite. Las exageradas promesas electorales y los ataques personales son calcados, difíciles de erradicar: ‘la pelea es peleando' sigue el libreto conocido.

Pero también es parte de nuestra naturaleza intentar siempre cultivar las buenas prácticas que apuntalen lo correcto en todas nuestras relaciones. En ambos países esta primera semana de marzo del 2016 marcará un hito en esa dirección.

Justicia y dietilenglicol… Una opinión

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Según comunicación pública, el próximo 14 de marzo, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, del primer Distrito Judicial, efectuará la audiencia por la catástrofe del dietilenglicol. El Colegio Nacional de Abogados (CNA) ha propuesto una comisión con participación de diversas organizaciones y de las autoridades de salud; demanda un informe a la nación, y una respuesta del Estado, apegada a los derechos humanos… Loable iniciativa.

Dada la magnitud de la catástrofe y del tiempo transcurrido, debería imperar la justicia; que se respeten las garantías constitucionales y legales de ambas partes, pero que ningún funcionario involucrado, directa o indirectamente, en el manejo del veneno sea excluido del proceso penal.

La ciudadanía debe saber que el veneno fue suministrado por una empresa que no poseía licencia de operación expedida por la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, requisito indispensable para participar como oferente; y ello fue así, a pesar de que hubo funcionarios que, en estricto apego a su deber de cuidado, hicieron constar su preocupación, dado el riesgo de la Resolución No. 271 del 10 de septiembre del 2003 que violaba la Ley 1 del 10 de enero de 2001; resolución que tanto el representante de la Caja de Seguro Social como del Ministerio de Economía y Finanzas no firmaron. La respuesta de la Dirección de Asesoría Legal a la Dirección de Compras de la Caja de Seguro Social quedó consignada en la nota DALC-634-2003, de 26 de septiembre de 2003, y textualmente dice: ‘Sírvase instruir lo pertinente para que se cumpla con la Resolución No. 271 de 10 de septiembre de 2003'. Disposición que permitió a esa empresa, que debió ser rechazada, suministrar el solvente industrial dietilenglicol en vez de la glicerina requerida.

Ignoro si la vista fiscal incluye la indagatoria de dichos funcionarios, lo cierto es que el Tribunal debería conocer en detalle las razones para exceptuar a una empresa no calificada para la licitación, el origen o procedencia del producto, ¿quién y por qué cambió la fecha de caducidad o vencimiento del químico; por qué fue adulterada, rotulándola como ‘glicerina USP'; por qué se omitió la verificación del producto? Sería incomprensible e injustificable que los funcionarios encargados de la investigación penal, de un hecho gravísimo, excluyeran a alguien directamente vinculado a la adquisición del dietilenglicol; que además, impuso, por encima de la razón y las leyes, un supuesto criterio técnico, para la adquisición del químico identificado como la causa directa del envenenamiento masivo.

En el Ministerio Público reposa una denuncia sobre responsabilidad objetiva, contra asesoría legal de la CSS. El Tribunal debería valorar igualmente el antecedente contenido en la Vista Fiscal No. 80 de 29 de junio de 2007, proferida por la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, en la cual, a Fojas 5 y 6, un testigo, bajo la gravedad de juramento, declaró que una empresa contrataba abogados para buscar los enlaces con la Caja de Seguro Social, y que uno de los abogados contactados para estos negociados laboraba en Asesoría Legal, quien se encargaba de pasar todo tipo de información de los equipos necesitados, con especificaciones claras y precisas y así prácticamente irse a la compra directa y preferencial para una empresa; hechos que de ser ciertos, explicarían que la génesis de la nefasta operación bien pudo ser el peculado.

De haber respetado la Ley 1 de 10 de enero de 2001, el proveedor del veneno ni siquiera habría podido licitar; además, si las autoridades hubieran cumplido sus deberes, el laboratorio de control de calidad habría detectado cualquier anomalía. En consecuencia, la catástrofe del dietilenglicol fue resultado de una gestión irresponsable, negligente y criminal. Y todos los involucrados, directa o indirectamente, deberían responder por sus actos u omisiones. Solo así imperaría la justicia, objetivo supremo, que merece el país y exige el CNA.

Educación, un punto de partida

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Un taxista me animó a escribir estas ideas durante una carrera en la que conversamos sobre la idea que yo tenía de que los panameños deberíamos definir nuestro perfil, como ciudadanos, el cual tendría que servir de base para modelar la urgente transformación educativa que necesitamos. La idea llegó un día y me motivó a buscar alguna referencia, rápidamente, entonces, me encontré con un escrito del año 2006 de Gregorio Peces-Barba Martínez, político, jurista y catedrático de filosofía del derecho español, cuya lectura me dejó convencida de la necesidad de acercarnos a delinear nuestras características, como ciudadanos.

Debo decir que cuando intenté indicarle mi destino al taxista, me interrumpió para indicar que iba exactamente hacia allá, porque, si no “para qué saldría a trabajar”. Subí al auto complacida para conocer a ese personaje, cercano a los 70 años de edad y oriundo de Darién; todo un caballero y con una charla exquisita. Le comenté que unas noches atrás, en las inmediaciones del Hospital Nacional, observé a un señor en sus 50 años, quien luego de lavar un auto, estacionado en la calle y recibir su pago, recogió sus enseres, pero también una botella de plástico tirada en la acera y caminó hacia uno de los pocos basureros sobre las vías públicas, en el que la echó.

Concordamos en que hay mucho que hacer. No obstante, panameños como esos me llenan de esperanza ante mi preocupación, porque, según los índices que miden el desarrollo entre los países del mundo, somos sobresalientes en aspectos a los que denomino el cascarón, pero me inquieta nuestra capacidad, en distintas dimensiones del desarrollo del ser humano, para utilizar esa infraestructura que construimos de forma sostenible, para nuestro propio beneficio, y en el mejor ambiente posible.

Para Peces-Barba “el ciudadano es la persona que vive en una sociedad abierta y democrática… Acepta los valores, los principios, la dignidad de todos y los derechos humanos, y participa de la vida política y social. Rechaza el odio y la dialéctica amigo-enemigo y se relaciona con los demás desde la amistad cívica. Distingue la ética privada de la pública, que es la propia de la acción política y que fija los objetivos del poder y de su derecho y la libre acción social. Puede ser creyente o no creyente y defiende la Iglesia libre, separada del Estado libre… Respetuoso con la ley, tolerante, libre de discrepar desde las reglas de juego de la Constitución y… la aceptación del principio de las mayorías”.

Para lograr un ciudadano con esas características, como destaca el español, la educación tiene un papel preponderante y su fortalecimiento es, además, una responsabilidad fundamental del Estado y de la propia sociedad.

La ciudadanía y su ejercicio –dos caras de la misma moneda– son dinámicas, como bien señala el español sobre la base de un análisis histórico que incluye los riesgos del fundamentalismo religioso y la creciente inmigración, que bien sabemos que en Panamá es pieza fundamental de nuestro desarrollo.

Planteó aquel concepto, que se reconoce más en el premio Nobel Mario Vargas Llosa, como ciudadano del mundo, porque la ciudadanía involucra dimensiones humanas, sociales y políticas… Aquel taxista de Darién y el lava autos de la avenida México tienen chispas del modelo de ciudadano al que debemos aspirar.

Definir nuestro perfil, como ciudadanos, sería un ejercicio interesante en estos tiempos que vivimos y deberíamos hacerlo en la dimensión nacional, porque como señaló el catedrático, en su escrito, citando un viejo principio medieval: “lo que a todos atañe, por todos debe ser aprobado”.

Por qué importan las reformas electorales

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La base de toda democracia es el voto, esa demostración pública de la voluntad popular: “La voz del pueblo es la voz de Dios”. Sin embargo, al panameño promedio el tema de las reformas electorales le es tan interesante, como el periódico de ayer. Y eso lo podemos atribuir a decepción, dejadez, incultura política o a una mera expresión de protesta contra la clase política. Usted escoja. Esto es lamentable, porque el tema de la reforma de las reglas del juego para las próximas elecciones debería ser de interés nacional, porque nuestro futuro se nos va en ello. ¿Y a santo de qué?, se preguntarán. Les cuento:

1. Para aguarle la fiesta a los políticos: Resulta que ellos siempre cuentan con nuestra indiferencia, para hacer de las suyas. Los famosos “goles” en la Asamblea no son más que una demostración de ello, pues aprovechan los horarios en que medio Panamá está viendo novelas o brincando en un culeco o entretenido en las compras de diciembre, para aprobar leyes que nos afectan a todos. Y generalmente para mal. Si ahora “jugamos vivo” podremos asegurarnos de que las reformas que se aprueben vayan a nuestro favor y no en nuestra contra.

2. Para evitar que en 2019 se repartan, a gusto, el presupuesto electoral, pagado con su dinero y con el mío. Cada cinco años somos testigos, en todos los medios, principalmente en la televisión, de una orgía de publicidad electoral, pagada en su mayoría con nuestro dinero. ¿Se imaginan lo que se podría hacer con todo ese recurso, si lo destináramos a nuestro sistema educativo? Es el momento para aprovechar y procurar que los políticos no sean los únicos que decidan qué hacer con nuestro dinero.

3. Para romper el actual oligopolio político: De todos es sabido que el actual sistema electoral es hostil hacia los independientes. Y no solo eso, todo está hecho para que los partidos tradicionales sigan siendo la única opción posible a la hora de votar. Y como a los panameños nos gusta “votar a ganar”, seguimos haciéndolo por los mismos y recibiendo los mismos malos resultados. Si nos involucramos en el actual debate sobre las reformas electorales, habrá mayores posibilidades de democratizar el proceso electoral y darle más oportunidades a esas voces que no encajan en ninguno de los actuales partidos.

4. Porque es nuestro deber: sí, señores, lo es. Mirar hacia otro lado no hará que las cosas cambien. Evadir nuestra responsabilidad ciudadana, a la larga nos explotará en la cara y no afectará ni a los políticos ni a los poderosos. La mayoría dice que ama al país, sin embargo, lo deja a merced de los políticos profesionales para que hagan de las suyas. Esto no puede continuar. La clase política cuenta con que seguiremos siendo un rebaño de ovejas, indiferente y distraído, en lo que respecta a los asuntos electorales, políticos y de Estado. ¿Vamos a seguir demostrándoles, con nuestra indiferencia, que efectivamente lo somos?

Manual para lidiar con los funcionarios

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Cansado ya de que los funcionarios públicos, sin importar que estén en el cargo por votación popular o por nombramiento, se crean nuestros superiores, en vez de nuestros servidores, he decidido escribir un breve manual para enseñarle al ciudadano a lidiar con ellos.

En primera instancia, hágale saber, preferiblemente ante testigos y con voz enérgica, no grosera, que usted es su patrón, ya que con impuestos usted paga su salario. Acto seguido indíquele que usted tiene derechos y que el servidor está en ese puesto, no para ponerle trabas burocráticas, sino para agilizar legalmente su solicitud.

Pregúntele la fecha exacta de la respuesta que espera y recuérdele que, según la Constitución Nacional, él tiene 30, solo 30 días calendarios para absolver la solicitud. En este punto, también recuérdele que si no lo hace en ese plazo, será objeto de una queja ante la Procuraduría de la Administración o ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

Esta se puede hacer vía internet, así que no le costará nada. Ese funcionario negligente hasta podría ser acusado penalmente, por incumplimiento de sus deberes, si no contesta en el plazo indicado.

Y aclaro, esto se puede aplicar contra cualquier funcionario, sea corregidor, policía, alcalde, representante, gobernador, diputado, ministro o hasta presidente.

Como se ha hecho buena costumbre, tome fotos cuando usted considere que el funcionario hace algo indebido o hace mal uso de los bienes públicos.

No deje que él lo intimide cuando toma la foto, alegando el derecho a la intimidad, pues en ese momento él ejerce funciones públicas, así que esas alegaciones son pura fanfarronada.

Por ejemplo, hágalo cuando usted vea que él marca el reloj de entrada y, posteriormente, se va a comprar chicharrones y chicha de naranja y, después de varios minutos, regresa, supuestamente, a trabajar.

La comunidad debe presentarse ante cualquier ministro o director de entidad autónoma a exigirle que se haga la obra pública que, con urgencia, se requiere desde hace varios años. Si el funcionario le informa que no hay presupuesto para esa obra, usted le debe indicar, entonces, que no adquiera automóviles nuevos para los jefes de esa institución cada año, que no compre nuevo mobiliario, que no se acompañe de tanta seguridad, que no cambie innecesariamente el logo de la institución, que deje de comprar tanto café y bebidas para su oficina, y que tome el café en su casa.

Si no lo hace, recuérdele que puede ser denunciado penalmente de peculado por omisión.

Si usted está haciendo fila para ser atendido en alguna institución estatal o municipal no deje que ningún funcionario permita que alguien, haciéndose el vivo o el importante, viole el orden de llegada. Enseguida sea enérgico y procure el apoyo de los demás para que esa persona ocupe el último lugar.

Como ejemplo propio, les informo lo que me pasó hace algunos días en el Registro Público, estaba esperando mi turno para hablar con el jefe de una sección, de pronto llegó una joven y otros funcionarios la hicieron pasar inmediatamente al despacho del jefe.

Enseguida protesté con energía y cuando la joven salió le indiqué que no tenía educación, que se había saltado la fila y que eso era un “juega vivo”. Ella me contestó que era abogada de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y yo le enseñé que la Constitución indica que todos somos iguales ante la ley, a lo que ella tuvo que guardar un culpable silencio.

Tampoco deje que un funcionario, aunque diga que es abogado, le niegue ver un expediente contentivo de un proceso, administrativo o judicial, en el que usted es parte, pues eso viola la Ley Contencioso Administrativa o el Código Judicial, además de la Ley de Transparencia y, por tanto, es obligatorio enseñárselo.

Varios periodistas consideran que muchos panameños se dejan conguear, lo cierto es que no están alejados de la realidad. Su pasividad ante tanto abuso y atropello raya en la cobardía. Quizás, él no sabe que tiene derecho a exigir cuentas por los impuestos que paga y que no es de cuerdos, sino más bien es de tontos, esperar que el político venga cada cinco años a prometerle, nuevamente, lo que nunca realizará o cumplirá.

Al funcionario público, cualquiera que sea, hay que exigirle un buen desempeño todos los días, porque nuestro derecho no nace o emerge cada cinco años. Ellos deben cumplir con sus obligaciones hasta los domingos en la noche, y si no les gusta, ¡renuncien! Ya es hora de que este pueblo despierte.