Listado de la categoría: Articulo

No se trata de una crítica a la obra del gran novelista ruso Fiodor Dostoievski. Se trata de la reciente elección de los dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cecilio Cedalise R. y Ángela Russo de Cedeño. Es evidente, el presidente, Juan Carlos Varela actuó, de forma honesta y cuidadosa, pues ambos magistrados, de acuerdo con todos los exámenes que realizaron, gozan de la calificación de excelentes. No obstante, aún persiste la inquietud del pueblo panameño que desconfía de la integridad de los nueve magistrados del poder judicial.

Esta inconformidad crece al punto de que ese poder ya no goza del respeto de la ciudadanía. Considerando que ha perdido credibilidad, y que a esto se añade la presencia de un Órgano Legislativo totalmente desprestigiado, a los panameños nos preocupa mucho el futuro del país.

Cuando hablamos de democracia pensamos en tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La forma como se elige a los miembros de la Corte Suprema en Costa Rica es diferente. En aquel país, los miembros de la Corte Suprema son nombrados por la Asamblea y se exige la aprobación de dos tercios de los miembros. En Panamá los nombra el Presidente de la República, con el aval de la Asamblea Nacional. Esto significa que la elección de los magistrados de la CSJ está en manos de funcionarios políticos.

En Europa, para acceder al Tribunal Supremo de Justicia los magistrados son elegidos por el propio poder judicial. En España e Italia tienen una liga de jueces y magistrados que selecciona a los jueces y magistrados con las más altas calificaciones.

En Estados Unidos, el poder judicial está al mismo nivel que el Ejecutivo y el Legislativo. Acceder al Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos solo lo consiguen los que poseen las más altas calificaciones otorgadas por la liga de los jueces y magistrados. Ellos les presentan al presidente los jueces o magistrados con más altas calificaciones para su designación como miembro del Tribunal Supremo de Justicia.

Por lo anterior, considero que nuestros funcionarios judiciales están siendo humillados y ofendidos. Es imposible no pensar que la más cara aspiración de los jueces y magistrados sea acceder a la CSJ. ¿Cómo quedará su moral cuando se les cierra la puerta para su ingreso a la CSJ y ven que otros profesionales, que no pertenecen al poder judicial, son elevados a las más altas magistraturas?

Es evidente la frustración entre esos funcionarios que han dedicado toda su vida a servirle a la justicia. Estamos creando una generación de jueces y magistrados frustrados, porque contemplan cómo el poder judicial es pisoteado por la política irresponsable de nuestro país. Un poder desmoralizado en el que el hampa y la delincuencia actúan de manera incontenible, verdaderamente nos debe preocupar.

Y si la forma de seleccionar a los magistrados es humillante, otra situación muy grave es establecer el término de 10 años de ejercicio, porque esto los hace aún más vulnerables a los políticos. Es así, porque los funcionarios de judiciales son de carne y hueso.

No comprendo por qué se fija un término de 10 años para permanecer como magistrados de la CSJ. Es evidente que si el período de los magistrados fuese a perpetuidad –como ocurre en los países del primer mundo–, nuestros políticos temblarían ante ellos. Estaríamos, como en España e Italia, donde sí se respeta y se le teme a la justicia.

Esto lo comprenden nuestros políticos criollos; ellos saben los problemas que le ocasionó un juez al propio expresidente estadounidense Bill Clinton por sus intrigas con una secretaria. Qué diferencia con nuestros políticos, que no pueden disimular una sonrisa burlona cuando los citan las autoridades judiciales.

Nuestra graciosa Constitución de 1972 establece el término de 10 años para el ejercicio como magistrado de la CSJ, término totalmente absurdo.

Parece ser que los intereses personales privan sobre un poder judicial fuerte y poderoso, que es lo que se necesita en este país. Es necesario impedir que la justicia siga en manos de los políticos corruptos, como ocurre hoy día en Panamá.

Reitero, en los países del primer mundo estos nombramientos son indefinidos o perpetuos. Por esto, es absolutamente necesario que la política valore, en su justa medida, la gran importancia del poder judicial.

Con motivo del proyecto de ley de descentralización de los municipios, se ha hecho referencia a los bienes inmuebles, y su tributación (causación del impuesto de inmuebles, el reavalúo y, por ende, su repercusión por las tarifas confiscatorias).

Por principio constitucional, hay que precisar dos cosas: Primero, solo por ley formal se pueden crear los impuestos, tasas y contribuciones; y, segundo, la descentralización es un aspecto del derecho administrativo en el que los municipios encuentran su estructura orgánica y funciones, y en el que les está constreñida la capacidad de crear impuestos.

Quizás, ante la debilidad presupuestaria de los municipios algunos pretendieron revolver ambos temas para pescar la derogación de la ley que ordenó los avalúos o reavalúos, y, por otra parte, buscar una fuente de ingresos más segura para los municipios. Lo cierto es que todo ello refleja el poco conocimiento de ambos temas y la poca seriedad de tales pescadores.

Desde todo punto de vista, es evidente que el sistema tributario panameño está caduco y se requiere una renovación, porque no se aguantan más parches reformatorios, improvisaciones ni ensayos y error de la Dirección General de Ingresos (DGI) ni del Ministerio de Economía y Finanzas.

El impuesto de inmuebles es un impuesto real, en el sentido de que su objeto es la cosa inmueble, y no la persona o quien sea su dueño o poseedor. Tampoco se exige legitimidad de título o de propiedad (artículo 763, Código Fiscal). En toda su esencial normativa no se hace referencia a “contribuyente” alguno. De manera que, ante una morosidad, el fisco debe proceder contra el bien inmueble (embargarlo y rematarlo) para el cobro del impuesto, y no contra el propietario y/o sus cuentas bancarias u otros bienes personales.

Es importante anotar que este impuesto, al igual que el resto de la tributación nacional, exige una renovación dentro de un nuevo Código Tributario, que establezca otro sistema, con tasas racionales, ya sea para áreas rurales o urbanas, y reavalúos automáticos de equis porcentaje, cada cinco años (quien no esté conforme con dicho reavalúo, que pida uno específico).

Si se aplica lo anterior, la recaudación de este impuesto será más cierta, ya sea que se destine o no a los municipios.

Ante la posibilidad de que un tributo se vuelva confiscatorio, especialmente para las personas insolventes (o venden para pagar el impuesto o el fisco se los remata, por ejemplo, jubilados o campesinos), cuyo único patrimonio sea su vivienda, hay que establecer una nueva base no imponible del impuesto de inmueble (podría ser de 60 mil dólares), revisable cada cinco años. Así se garantiza la vivienda o domicilio del insolvente, jubilado, campesino o persona de la tercera edad. En estos casos, tal domicilio o vivienda debe precisarse, cualitativa y cuantitativamente, y, además, que sea inembargable.

Es importante anotar que la Ley 6 de 1987 (Art. 1, ordinal 16) que contempla la congelación del impuesto para las personas de la tercera edad y los jubilados, pone la condición de que el inmueble sea su única propiedad, condición que la DGI ha exigido, tozuda y literalmente, desconociendo la finalidad de la ley, de que sea el domicilio o residencia de esa persona. Además, desconoce el hecho social de que muchas de estas personas forman parte de un “ingreso familiar” de sus hijos para que logren, también, la adquisición de una vivienda. En tal sentido, hay que modificar la ley de jubilados para que la DGI cambie de actitud.

Pensamos que, de esta forma, se elimina el peligro de los reavalúos “confiscatorios” o caprichosos, se mantiene la objetividad del impuesto sobre inmuebles y se reconoce la realidad social (económica de la familia y, geográficamente, de inmuebles dentro de los municipios). Espero que algún diputado llegue a leer estas anotaciones.

La reciente sanción penal del magnate Marcelo Odebrecht en Brasil debe ser la llama que encienda el caldero del combate global contra la corrupción, en una Latinoamérica agotada de tanto pillaje de la cosa pública.

Hago especial referencia a la región latinoamericana, porque son pocos los países, pero muchas las intenciones de perseguir judicialmente a quienes deslealmente procuran un beneficio extraordinario o irregular, por el ejercicio del cargo público que desempeñan y la responsabilidad puesta en sus manos.

En nuestro país, alguna que otra noticia se recibe, de forma tácita, cuando la mano de la justicia alcanza a los servidores públicos de mandos medios o insignificantes a nivel de la administración pública. Sin embargo, de forma virtual, por lo menos, la sociedad panameña ha sido testigo de la experiencia judicial, que han tenido algunas naciones de la región, al procesar e incluso condenar a algunos de sus principales mandatarios.

En este sentido, solo por mencionar algunos casos de reciente data, vemos que en Guatemala se está procesando a Otto Pérez Molina. Nicaragua procesó, condenó y luego absolvió políticamente a Arnoldo Alemán. En El Salvador, se investigó, hasta donde la vida le permitió, a Francisco Flores (qepd). Costa Rica ya lleva dos expresidentes condenados judicialmente, Miguel Rodríguez Echeverría y Rafael Angel Calderón. En Brasil, actualmente se puede seguir, a través de los medios de comunicación social, las pesquisas sumariales que se arman en contra de Luiz Inácio Lula da Silva y de su sucesora Dilma Rousseff.

Allí mismo, en esa región del continente, específicamente en Chile, se iniciaron investigaciones penales de familiares íntimamente cercanos de Michelle Bachelet. Y ni hablar de los escándalos al otro lado del Atlántico, en la casa de los Borbón, ni de los procesos judiciales que se desarrollan en nuestro patio y la sonada condena de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

La manifiesta voluntad general de perseguir los delitos derivados del poder político está relacionada a la mayor participación de la sociedad civil organizada y al empoderamiento de diversos derechos e, irrestrictamente, a una condición de desarrollo de social, intelectual y cultural, que se enfrenta a la difícil situación de crisis económica crónica de la región latinoamericana.

En nuestra legislación el delito de corrupción de servidores públicos es entendido como una conducta atípica, que se desenvuelve entre dos actores, uno activo y el otro pasivo. Dichos roles son intercambiables, en la medida en que sea uno el que ofrezca la dádiva, el beneficio ilegal o la cuestación indebida por parte del servidor público. De forma inmaterial, este es percibido por los medios de comunicación y por la opinión pública, como el responsable indudable del delito de corrupción, omitiendo en la mayoría de los casos al sujeto contrapuesto que requiere este tipo penal que, por lo general, está constituido en un particular, un empresario o un comerciante respetado en sociedad, quien, cual serpiente del Edén, ofrece la mordida de la poma al servidor público.

Entonces, toca reconocer que como un tumor enquistado en nuestra sociedad yace superfluamente una clase de empresarios y comerciantes que rumian la ética de los servidores públicos, para obtener beneficios extraordinarios e ilegales de las funciones derivadas del cargo desempeñado por estos, bajo la égida de una cordura política basada en la hipocresía y la perversión moral de la sociedad.

En consecuencia, la condena del empresario Marcelo Odebrecht, por delitos cometidos en perjuicio del Estado brasileño, es un precedente global y relevante, que tímidamente amenazará a quienes, desde esa posición, pretendan hacerse de capital mal habido, o bien de oportunidades de negocios, con los administradores en ejercicio de la cosa pública. Inclusive de aquellos que pretenden beneficiarse con esta modalidad de delito, a futuro. Es decir, con las donaciones de particulares o empresarios a candidaturas políticas con fines electorales, por sus efectos simulados y objetivos ulteriores, que pueden convertirse en la apología del delito de corrupción, que en nuestra sociedad no debe ser un problema de solución inextricable, si se le exige la transparencia debida a todos los actores que se relacionan con la cosa pública.

Nunca me he llamado ‘feminista', porque no me gusta encasillarme, pero tampoco puedo considerarme ajena a la lucha de género que es mucho más profunda de lo que se ve. La lucha de la mujer va más allá de tener las mismas condiciones laborales que los hombres, a mi consideración, el camino es que el ser humano en su aspecto femenino se sienta como dice la palabra: ‘humano', real, no como un pedazo de carne, como protector del universo, máquina de hacer bebés o la santidad personificada.

Una mujer es un ser vivo con defectos y virtudes, aunque muchos piensen que soy extremista y romántica, para mí en el fondo a la mujer se le sigue tratando de la misma forma o muy parecido a cuando iniciaron las luchas.

Sí, ahora, podemos votar, ejercer algunas profesiones y otras cuantas cosas más, muchos dirán que nos quejamos sin fundamento o que somos unas quejosas crónicas. Hay sinfines de convenios internacionales, leyes nacionales, etc. que durante toda la historia han perseguido la equidad de género, pero me pregunto si esto en realidad se ha logrado.

No sé mucho del tema, pero aún veo mujeres que sufren por serlo, padecen desde las entrañas, en las que se les cocina el cerebro con esa mentalidad absurda de que deben ser sumisas y aceptar todo por amor, por ese ‘amor' que aparece ensangrentado en los titulares con más frecuencia de la que debería, en pleno siglo XXI ser mujer sigue siendo equivalente a ser madre y esposa incondicional, mantener la compostura o la mala reputación que adquirirás en el camino alejará a todos de tu lado.

Sí, yo también me sorprendo de lo mucho que hemos avanzado y me pongo del lado de aquellos que dicen que eso de la ‘lucha de género' es solo para un grupito que no tiene en qué perder el tiempo. Al final no importa cuántos convenios, campañas internacionales o leyes existan, nada cambiará, si seguimos propagando ese gen conformista y degenerativo que hace sentir a las mujeres menos, que sigue creando individuos que no saben negarse y que no se atreven a vivir como quieren.

Después de todo, cada mal tiene su origen y el de este gen es el mismo vector de siempre: la actitud y el hogar.