Opinión preliminar sobre reformas electorales

/en /por

He observado los debates y los escritos de los diferentes personajes, posiblemente afectados por este primer papel de las reformas electorales y todos defienden su posición.

Como si la ley fuera para cada uno individual y que ellos, los afectados, son una persona eterna.

En realidad los variados temas secundarios deben verse y discutirse, pero, primero debemos ver que el desarrollo social de Panamá es rico en personajes educados, con un grado académico y que la educación es gratuita para todos los panameños, por tanto, en la reforma debemos anotar dos cosas importantes:

1. Que los candidatos a elección popular tengan un nivel académico universitario mínimo.

2. Que los partidos políticos tengan la obligación de tener un colegio democrático en su interior y un sistema de preparación política para sus participantes, con el objeto de que los futuros ministros y funcionarios tengan en su haber una guía de la administración pública y no tengamos que esperar a que aprendan durante su ministerio y dos o tres años después ejerzan su mandato por dos años, con la pérdida de su ejercicio eficiente y la merma de la evolución del país durante sus tres años de incapacidad.

Creo que el incumplimiento de los diputados con las sesiones de la Asamblea Nacional debe tener un castigo por parte de la reforma electoral. Ejemplo: si el diputado falta a un 25 % de las sesiones, debe suspenderse su derecho a reelección en el período siguiente, de tal forma que los honorables diputados piensen muy bien el número de faltas a su mandato popular.

Política y justicia

/en /por

Cuando la política se entroniza en la justicia, la que queda herida de muerte es la democracia. Está ocurriendo en Panamá y ocurre actualmente en Brasil. Lamentablemente es una situación que va llevando a los países a un callejón sin salida. Es el caldo de cultivo para que desde afuera aparezca alguien carismático, salvador, que termina asumiendo el poder y, en pocos años, sumiendo a la sociedad en un hoyo negro sin salida. Tenemos claro el ejemplo de Venezuela. En el caso de Brasil, definitivamente que cuatro períodos en el poder del partido de los Trabajadores pesan mucho. La investigación Lava Jato está arrastrando a Brasil, so pretexto de perseguir a los corruptos, a una caída estrepitosa inigualable en América. Pero la ambición puede más que cualquier razonamiento y esto parece que está sufriendo Brasil, donde más que apresar a Lula y tumbar a Rousseff, lo que está detrás es acabar con el líder, acabar con el partido de los Trabajadores para que no vuelva más al poder. La batalla recién empieza a agudizarse y al margen de qué sector tenga la razón, la que pierde es Brasil. Panamá, mirémonos en esa realidad, pues aquí ya la política está metida en la justicia y los poderes económicos hacen de todo para acaparar más y más negocios. ¡Ojalá no nos estrellemos!

Los nuevos retos parael Ministerio Público

/en /por

Doy inicio a este escrito diciendo que el nombramiento por parte del presidente Juan Carlos Varela de Kenia Porcell, como procuradora general de la Nación, fue recibido como un golpe de aire fresco en esa posición, cuyos ocupantes anteriores, en el pasado reciente, fueron una vergüenza.

La licenciada Porcell estuvo en el Consejo de Seguridad por un tiempo corto y todos esperábamos que lograra guardar su independencia en el mismo, pues es una figura respetable y, por esta razón, contó con la consabida luna de miel por parte de la sociedad. Luna de miel que con el tiempo y las controversiales medidas cautelares ya venció.

Hoy se presentan nuevas situaciones que requieren nuevos enfoques para mantener la confianza de la sociedad a través del tiempo, por ejemplo, por un lado está la decisión controversial del juez Enrique Paniza en el caso de José Mulino; si la apelación no resulta, creará un precedente si no legal, de hecho que podría tener un efecto dominó sobre muchos otros casos, con términos vencidos que sufrirían la misma suerte, elevando aun más la frustración colectiva representada en la equivocada frase popular “no pasa nada”, y provocando igual frustración en las fiscales que trabajan en un horario de muerte, manejando 600 casos… una tarea casi imposible.

Por otro lado, en Brasil se produjo una condena a Marcelo Odebrecht a 19 años y 4 meses que agiganta la duda sobre las contrataciones (igualmente gigantescas) de la constructora Odebrecht en Panamá.

El caso investigado en Brasil comprueba que su modelo de negocios 100% con Gobiernos incluye coimas cónsonas con los gigantescos contratos. Igualmente se comprobó el uso de sociedades panameñas y bancos, en Panamá, para coimear a personajes hoy confesos.

El presidente Juan Carlos Varela prefirió pagar el precio político y mantener sus contratos, porque “trabajan bien y a tiempo”, pero no hay justificación alguna para que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público (MP) no abran, transparentemente, todos los movimientos de dinero de las cuentas de la sociedad panameña utilizada, como tampoco hay justificación para que el contralor no haya sometido a auditorías (técnicas y financieras) rigurosas todos sus contratos con el Estado, sabiendo que su hábito ya comprobado es el de sobreprecios, pagando las coimas a través de cuentas en terceros y cuartos países. Estos hechos requieren un cambio radical de actitud de la UAF, del MP y de la Contraloría.

Aparte de todo esto, la procuradora debe dejarse ayudar, sobre todo en sus pesquisas internacionales en que las fiscales tienen debilidades por su entendible falta de experiencia. Hay organizaciones que han ofrecido ayuda, Transparencia Internacional (José Ugaz) es solo una de ellas, y lo ha hecho en reiteradas ocasiones.

Por último, y respetando las debidas reservas jurídicas, el Ministerio Público requiere de un nuevo plan de comunicación para mantener al país informado, transparentemente, de su labor. Ha habido esfuerzos pero aislados y no consistentes. Esto requiere también un nuevo enfoque. La transparencia siempre es la mejor fórmula y siento que hay que abrirse un tanto para que las fiscales también puedan aprender de comunicación y dejar oír su voz coordinada.

Para esto también existe ayuda internacional dispuesta a asistir, sin costo alguno.

La operación durante la luna de miel es una, pero post luna de miel debe ser otra. El apoyo de la ciudadanía a la labor del Ministerio Público es vital para el futuro del país. Procuradora y fiscales: ¡déjense ayudar!

Por una administración eficiente

/en /por

Es impresionante observar la cantidad de información que los medios escritos, televisivos y radiales transmiten a diario. Supongo que la idea es llamar la atención de los ciudadanos sobre asuntos que, de manera positiva o negativa, afectan nuestro diario vivir. Siendo así, no comprendo la apatía aparente de muchos de los ciudadanos que viven en Panamá, que no les exigen a los gobernantes de turno una explicación lógica ante lo que aparenta ser una administración deficiente de los bienes y servicios del Estado.

Así vemos a muchas escuelas públicas que operan de manera deplorable; hospitales y clínicas públicas desprovistos de implementos y medicinas; mala distribución del agua potable; inadecuado tratamiento de los desechos médicos y la falta de un eficiente sistema de recolección de la basura, lo que da como resultado que se acumule en calles, veredas, playas y demás sitios públicos, con la consecuente contaminación ambiental.

Se supone que un país, como el nuestro, que tiene adelantos modernos y un centro bancario y financiero a la par de los mejores del mundo (reúne a más de 80 entidades de diferentes países, además de los de capital local), debería tener la capacidad económica y profesional para corregir y mantener de manera eficiente todos los servicios que ahora se brindan.

Cada cinco años, los políticos se disputan el poder gubernamental mediante los votos que, con diferentes argumentos y promesas, esperan obtener de los electores. Sin embargo, al alcanzar el triunfo, se les borra de la mente las promesas que ofrecieron al calor de la campaña. Lo que sí hacen muy bien, tan pronto toman el control administrativo del país, es repetir que los problemas son heredados de los gobiernos anteriores y, por eso, no los pueden corregir con celeridad, Así se pasan los años y los gobiernos, sin cambios positivos en la administración del país.

Ojalá los gobernantes actuales y futuros comprendan que su obligación es corregir las deficiencias, sin medir su antigüedad. En un país democrático como el nuestro, debemos aprender a elegir a los mejores y más responsables de los aspirantes. Solo así se garantiza un buen gobierno.

Los frutos de la democracia

/en /por

La mala calidad de la educación pública y privada; la desigualdad de géneros y de clases sociales; el desprestigio de los tres órganos del Estado; las falencias de nuestro régimen económico y la pésima distribución de la riqueza; la débil persecución del crimen y su castigo; la impunidad de la corrupción y los abusos del poder; la falta de valores; la intromisión de la religión en un Estado laico y muchos otros temas forman parte del oscuro laberinto que nos toca recorrer a diario como ciudadanos de este país.

Estos temas tienen como factor común la democracia en Panamá. La democracia es una presencia –y una advertencia– que nos concierne a todos por igual.

Así como en un mar turbulento un barco puede ser bastión contra las olas, también puede estrellarse contra las rocas, en dramática dicotomía. Por eso es bueno recordar que las limitaciones de la democracia no surgen tanto de las leyes y la Constitución Política, sino más bien de esferas no políticas, principalmente, de la autocensura y de los valores o antivalores de sus ciudadanos. En esto, la inestabilidad de la democracia conlleva, a la vez, su propio remedio o deterioro. En una analogía con el barco, la masa panameña de ciudadanos (con sus múltiples deseos, muchas veces contradictorios) equivale al mar turbulento sobre el que flota; y la apatía de las mayorías son las rocas que lo hacen añicos y, después, saca a flote sus restos, en este caso los defectos que ya mencionamos.

El demócrata cree en la libertad política y en el pluralismo que da la igualdad, que son el marco para corregir esas deficiencias; el déspota saca provecho de estos para establecer o aumentar su poder totalitario.

Como ilusión, nada es más halagüeño que pensar que nuestra joven democracia (a pesar de que es más que centenaria) nos ha llevado hasta ahora a buen puerto; pero en el contexto de la realidad que vivimos debemos preguntarnos: ¿de verdad gozamos de los frutos de la democracia?

¿Nos llena de inquietud, como panameños, ver a una Asamblea Nacional que le hace juego al Ejecutivo, con la anuencia del poder Judicial, para cometer abusos? ¿O escuchar las palabras de un funcionario que se burla de su cargo en vez de cumplir con su deber? ¿U oler la inmundicia de la basura por todas partes en nuestros barrios?

Al subordinar nuestras responsabilidades ciudadanas a la apatía conformista de un gobierno representativo, le damos a la democracia las características del demiurgo, un semidiós impulsor que se convierte en la encarnación del mal.

Como sociedad civil nos toca ser el timonel del barco para navegar en ese mar de derechos humanos, descubierto y hecho nuestro por las mentes preclaras de Thomas Hobbes, John Locke, Benedict Spinoza, Voltaire y Jean-Jacques Rousseau, entre otros filósofos.

Pero la degradación de la democracia, cuando por un lado surge la tiranía de las masas y, por el otro, el déspota demagogo, pone en peligro no solo la igualdad de sus ciudadanos, sino los frutos de su doctrina.

Corrección política

/en /por

La condición necesaria para resolver cualquier problema de salud, física mental o social, es tener un diagnóstico adecuado. No resulta fácil, pero en su ausencia el tratamiento resulta imposible, supone algo así como ir dando palos al azar. Como la situación política española nos daba risa al principio, con los comentarios que se sucedieron desde los distintos partidos políticos tras el 20-D, pero ahora da ya miedo, el hacernos con el diagnóstico preciso que indique a qué se debe lo que nos está pasando resulta urgente.

Se ha publicado la noticia de que un par de los grupos políticos emergentes con papel destacado en la búsqueda de una solución para la presidencia –cada vez más improbable en España– ha pedido que se cambie el nombre de la cámara baja de las cortes españolas por discriminatorio. Se llama “Congreso de los diputados”.

La discriminación consistiría, en términos formales y tal y como argumentan quienes hacen la propuesta en ese sentido, en que no hay “Ayuntamientos de los concejales” ni “Senado de los senadores”–tampoco, cabría añadir, “Parlamentos de los parlamentarios” ni “Diputaciones de los diputados”–, así que la coletilla sobra. Pero, por supuesto, no es una cuestión gramatical la que preocupa a sus señorías.

La cuestión de fondo afecta, de acuerdo con la solicitud del cambio de nombre, a que un Congreso de los diputados deja fuera “no solo a las mujeres diputadas, sino también a las que representan”.

Estamos de nuevo ante la corrección política que se ha impuesto en España y que, como diagnóstico, es, en mi opinión, equivocado. Cambiando el nombre del Congreso no desaparecerá ni uno solo de los muchos obstáculos que dejan a la mujer en peores condiciones laborales y sociales que las propias de un hombre equiparable en capacidades, formación y talento.

Se trata en realidad de un problema de corrección gramatical, no política, pero si vamos a esta segunda, ¿desde cuándo los diputados varones no representan en España a las mujeres? Tanto a las que les votaron como a las que no lo hicieron. Si hay alguna discriminación en el nombre del Congreso español afecta solo a las diputadas y a condición de que se entienda que no se encuentran incluidas dentro “de los diputados”, expresión que hasta hace muy poco carecía de sentido de género y servía para los dos.

Igual sucede con “las personas”, de género femenino pero cuyo significado incluye a los hombres sin que a nadie, por fortuna, se le haya ocurrido todavía hablar de “las personas y los personos”. Todo llegará.

Así que lo suyo a estas alturas parece que no va tanto de buscar una fórmula para gobernar España, sino de imponer la corrección política mientras damos con alguna salida imposible de ver en estos momentos.

¿Hay ya por lo menos un diagnóstico en ese sentido? Sí, si que lo hay: a los diputados y a las diputadas de los grupos que han presentado esta proposición en las cortes españolas les preocupa poco la corrección gramatical

A diez años de la reforma a la Ley Orgánica de la CSS

/en /por

El 1 de junio de 2005, el Gobierno del entonces presidente Martín Torrijos aprobó la Ley 17, por medio de la cual se reformaba la Ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS). Como consecuencia de los movimientos sociales que provocó esta reforma, la Ley 17 es suspendida mediante la Ley 23 de ese mismo año y se convoca a un gran Diálogo Nacional.

Luego de un intenso proceso, la sociedad panameña allí representada consensuó una serie de acuerdos que luego fue materializada a través de la expedición de la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005.

En dos temas se concentraron los acuerdos alcanzados: (i) la sostenibilidad financiera del Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte; y (ii) el dotar a la CSS de nuevas herramientas contributivas y administrativas para el cobro de las cuotas y el combate a la evasión. Las reformas al Riesgo de Enfermedad y Maternidad, así como los Riesgos Profesionales fueron postergados para una discusión posterior.

En cuanto a la sostenibilidad financiera del Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte, el acuerdo más importante y trascendental fue, sin duda, el de separar el problema financiero entre generaciones.

Por un lado se atendió la necesidad de establecer un sistema financiero que garantizara a las generaciones futuras el acceso a una pensión, a través de la creación de nuevo sistema mixto o compuesto que incorpora por primera vez un componente de cuentas individuales; y por el otro, se segregó a los pensionados existentes, junto con la generación que se pensionaría en los próximos 30 años y se les mantuvo en un sistema de reparto que la Ley denominó Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD), el cual se ha visto parcialmente reforzado con ingresos adicionales, producto de un fideicomiso especial creado para tales fines.

La propuesta quizá no fue perfecta, pero fue el mejor acuerdo que en esa coyuntura se pudo consensuar a través del Diálogo, reconociendo que, aunque las medidas adoptadas no resolvían el problema, era un paso en la dirección correcta.

Con respecto al SEBD que es donde hoy existe un déficit actuarial significativo, se acordó que no era posible imponer medidas aún más enérgicas de las ya adoptadas, pues el sacrificio asumido en la Ley 51 era demasiado alto para una sola reforma. Por ello, se consensuó que le correspondería a las administraciones posteriores atender paulatinamente y en forma escalonada, reformas subsecuentes, sin perjuicio de que la reforma del 2006 detuvo el déficit corriente.

Lamentablemente, la administración de la CSS durante el periodo 2009-2014 no cumplió con este acuerdo y, por el contrario, no emitió estados financieros por más de cinco (5) años y confundió a la ciudadanía hablando irresponsablemente de la existencia de superávits, ignorando a propósito el problema de fondo.

La actual administración por otro lado, ha reconocido públicamente la dimensión del problema y ha señalado la necesidad de convocar a un nuevo Diálogo por la CSS; sin embargo, resulta contradictorio que hayan indicado como condición que en estas discusiones no se considerará el aumento de la edad de retiro o el aumento de las cotizaciones.

Ciertamente estas no son las únicas soluciones y ambas tienen un alto costo político, pero todas las opciones deben ponerse en la mesa y no excluirse ninguna, pues deberá ser en la coyuntura del debate nacional que se deben analizar y proponer las medidas subsiguientes a adoptar. El hecho cierto del envejecimiento de la población, fenómeno demográfico que afecta al mundo entero, reclama que el tema de la edad, al menos, sea discutido obligatoriamente.

En este sentido, el actual Presidente de la República manifestó durante su último mensaje a la nación que esta convocatoria se realizaría una vez culmine la ampliación del Canal de Panamá, lo que deja entrever que aparentemente ya se ha tomado la decisión de destinar en forma directa parte de los dineros que produzca el Canal ampliado para solucionar la situación del SEBD, tal como lo propuso Frenadeso en el año 2005.

Sin perjuicio de lo anterior, confiamos en que se cumpla la palabra empeñada y que este impostergable proceso inicie antes del 2019, de forma que no se pretenda traspasar el problema a las siguientes administraciones, pues las consecuencias serían financieramente catastróficas.

El ajedrez político en el PRD

/en /por

En marzo de 1979 se inicia una inscripción masiva del llamado partido del proceso revolucionario, el PRD. Ese mismo año, Omar Torrijos Herrera anuncia su conocido “repliegue” previo a las elecciones de agosto de 1979, hecho que constituía la llamada “apertura democrática “en la que el PRD sería el partido que competiría como representante del “proceso torrijista”. Omar Torrijos había designado a Ascanio Villalaz y Gerardo González como los arquitectos de este proyecto político capaz de hacer frente a los partidos tradicionales de la oligarquía, si se dieran unas elecciones en el país en un futuro próximo.

Un año antes, una enorme cantidad de personas de todos los confines del país, en su mayoría cuadros políticos, se dan cita en el gimnasio Manuel María Tejada Roca, en Las Tablas. Era un sábado sofocante, pero esto no impidió que el estado de ánimo fuera desbordante y los aplausos continuos, ante las diferentes intervenciones incluyendo la del propio Omar Torrijos.

Como era de esperarse, el PRD se convirtió en una máquina electoral poderosa en las elecciones de 1979, despejando la duda de que un partido con organización política, plataforma ideológica y apoyo económico difícilmente podría perder. Luego de la muerte de Omar Torrijos, el PRD, que fue concebido como un partido de centro-izquierda pasó a ser el instrumento político de los militares alcanzando su máxima expresión con el general Manuel Antonio Noriega. Durante este periodo, el PRD alcanza un nivel de desgaste y desprestigio significativos. Sin embargo, curiosamente el “régimen militar” consigue un tanque de oxígeno cuando deciden apoyar la candidatura de Nicolás Ardito Barletta, alto ejecutivo del Banco Mundial y persona de confianza del Gobierno estadounidense.

Muchos recordamos, posteriormente, la renuncia forzada de Nicky Barletta y desde entonces la sonrisa del Tío Sam se convertiría en mueca hasta la invasión de 1989. Nadie pensaría que el PRD se podría recuperar, pero, de forma sorpresiva, en los comicios electorales de 1994, el PRD vuelve a ganar con Ernesto Pérez Balladares, otro discípulo de las recetas económicas de la “escuela de Chicago”. Simplemente, Balladares llegó al poder para ejecutar al pie de la letra las disposiciones de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS) y privatizar todo lo que se pudiera.

Algunos años más tarde, en mayo de 2004, otro miembro del PRD, esta vez el propio hijo del fundador del partido, Martín Torrijos, gana las elecciones bajo el paraguas propagandístico de su extinto padre. Sin embargo, su gobierno no tuvo la altura que muchos esperaban y se cumplió la frase de que “hijo de tigre a veces no nace pintao”.

Desde entonces el PRD ha pasado por una enorme sequía que los tiene al borde de la inanición todo esto agregándole las pugnas intestinas, la enorme corrupción de sus dirigentes y la falta de un líder que unifique al colectivo.

Hoy día, cuando faltan pocos meses para la elección del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional, varias corrientes se agitan para llevar el control de este importante organismo que garantizará la posible figura presidenciable que podría reflotar al partido o hundirlo para siempre. Por un lado está la facción de Benicio Robinson y Ernesto Pérez Balladares con el apoyo de empresarios que hicieron fortuna con los gobiernos militares y perredistas como lo son el Mello Alemán, Pipo Virzi y Gabriel Btesh, esta es una facción que considera que el poder y la plata todo lo compran y apuestan a eso en el próximo congreso.

También existe la corriente de Samuel Lewis, quien sostiene conversaciones con Martín Torrijos para impulsar sus figuras presidenciables. Existe la corriente de Refundación Torrijista que coordina Rolando Mirones, quien no se sale del debate electoral “oposición versus gobierno”. Recordemos que Mirones fue director de la Policía en el gobierno de Martín Torrijos y cualquier cosa puede pasar.

Por otro lado, está el grupo llamado “los seis del solar” al frente del cual está Pedro Miguel González con una fuerte organización y que ya tienen a su favor haber derrotado a los aliados de Robinson en la escogencia del presidente de la Asamblea. Por último, está el llamado Movimiento Torrijista Revolucionario que lidera José Dídimo Escobar, quien fuera secretario general de la Federación de Estudiantes de Panamá, figura muy cercana al general Torrijos en juventud y considerado heredero legítimo del Torrijismo.

Todas estas corrientes ya están en contienda. Algunas defienden la continuidad del clientelismo y el enriquecimiento y otras el rescate urgente del PRD.

Reforma judicial, una tarea inconclusa

/en /por

El 24 de octubre del año 2000 se realizó en la ciudad de Panamá el foro titulado: “Reforma Judicial, una tarea inconclusa”, convocado por la Comisión de Justicia y Paz, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el Colegio Nacional de Abogados, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Centro de Asistencia legal Popular y la Universidad Santa María La Antigua. En este foro se presentó un diagnóstico ciudadano de la administración de justicia y se anunció la creación de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, integrada inicialmente por estas seis organizaciones. A partir de esa fecha nace un movimiento ciudadano por la reforma judicial.

En estos 16 años de existencia de la Alianza Ciudadana se han unido otras organizaciones y algunas dejaron de pertenecer a esta red en algún momento, pero siempre se ha mantenido muy cohesionado este espacio y esfuerzo ciudadano pro reforma de la justicia, que ha contado con el respaldo de integrantes del sistema de justicia, de medios de comunicación y de la cooperación internacional.

La Alianza Ciudadana realizó tres auditorías ciudadanas de la justicia en los años 2003, 2007 y 2011, que consisten en un diagnóstico de los principales problemas de la justicia y las propuestas de mejora. Desde el año 2005 hemos sido parte de la Comisión de Estado por la Justicia, donde se definió una agenda de 30 reformas claves, de las cuales por lo menos 20 no se han logrado todavía.

Lo cierto es que, como sociedad civil, tenemos la oportunidad de llegar hasta cierto punto, podemos impulsar las reformas, pero no nos corresponde implementarlas.

En materia de justicia en estos 16 años hemos impulsado y participado en lo que fue la definición del sistema penal acusatorio, la Ley de Carrera Judicial, el Tribunal de Integridad y Transparencia y en los próximos días participaremos en el debate de la ley que crea la justicia de paz.

Todas estas reformas alcanzadas se encuentran en una fase muy incipiente de ejecución y sin los adecuados recursos, debido a la falta de voluntad política. Por otra parte, persisten los graves problemas de la justicia como la mora judicial, el excesivo número de presos sin condena, la impunidad, la falta de independencia y los escándalos de corrupción que estremecen el poder judicial.

Les corresponde a los tres órganos del Estado implementar las reformas, destinar el presupuesto que se necesita y cumplir con los términos de implementación establecidos en las leyes aprobadas, y a la sociedad civil apoyar en la medida de sus capacidades y posibilidades.

Adicional a que no se han asignado los presupuestos necesarios para la implementación de las reformas, existe desconfianza en que la actual cúpula del poder judicial tenga la capacidad, la transparencia y la voluntad que se requiere para implementar estas tres leyes importantes, y por ello debemos estar vigilantes.

Siguen pendientes reformas en materia civil y de familia e iniciar el debate sobre los cambios constitucionales, entre otros aspectos. En las próximas semanas la Comisión de Estado por la Justicia creará mesas de trabajo para discutir estos temas y ampliar la participación ciudadana.

Como organizaciones ciudadanas participaremos en los espacios de diálogo, como lo son la Comisión de Estado por la Justicia y el Consejo Judicial y nos prepararemos para, en 2017, realizar la cuarta auditoría ciudadana de la justicia en Panamá.

Le corresponde a las instituciones rendir cuentas y responder también ante los organismos internacionales de derechos humanos.

El “gobierno de los jueces”

/en /por

Ya lo advirtió el expresidente español Felipe González a propósito del caso ‘Lava Jato' en Brasil. El ‘gobierno de los jueces' es cuando la aplicación de la ley busca influir en la política y sustituir al Ejecutivo o al Legislativo. Para el exmandatario español, esto puede estar pasando en Brasil. ‘Lo que veo es que la política, como en todas partes, se ha degradado y uno tiene incluso que presentarse como antipolítico. Entonces los jueces pueden convertirse en héroes que representan la emoción y la aspiración de los ciudadanos. Y se convierten en un poder mucho más importante que el que emana de la voluntad popular'. Lo que pasa en Brasil no es ajeno a Panamá, donde el poder Judicial (que encierra el Ministerio Público) quiere ‘lucirse', presentarse como ‘el héroe', con actuaciones muy mediáticas, pero a todas luces injustas. Y Felipe González da en el clavo: ‘La justicia tiene que ser justa. Y si es justa, es ejemplar para todos por igual. Pero cuando se habla de ejemplaridad, se está pensando que con unos hay que ser más ejemplares que con otros. Y esto no es la aplicación de la justicia… Hay una presunción de inocencia sobre la que se basa el Estado democrático de Derecho'. Ojalá corrijamos el rumbo.