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En Panamá, seguimos con la justicia selectiva en detrimento del hijo de la cocinera y a favor de los ladrones corruptos de cuello blanco. Así, luego de un año de la cacería de corruptos y del show montado con el juicio a Moncada Luna, el resto del combo de Alí Babá y los 40 ladrones disfruta de “país por cárcel”, “casa por cárcel” o de prisión preventiva.

De forma que la funcionaria que tuvo mayor responsabilidad por permitir la estafa por varios millones de dólares en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) –o de no hacer nada para prevenirla, si así le quieren llamar–, me refiero a la incompetente exministra de Educación Lucy Molinar, sigue tan campante, pues ha sido una de las beneficiadas con la medida de país por cárcel. A pesar de que se trató de un acto criminal el que se cometió contra los estudiantes, a quienes se les suministró comida deshidratada, ya a punto de vencer y con residuos con apariencia de vidrio. Además, ella, la exministra, destruyó la educación del país con su errada “transformación curricular” y le declaró la guerra abierta al cuerpo docente, contrariando a todo el gremio de educadores.

Una muestra palpable de la desigualdad en la aplicación de la justicia, de la que tanto se habla en este país, la tenemos en la forma como se manejó el caso de la empresaria Poulett Morales, a quien le formularon los cargos de peculado, estafa y corrupción por el caso de sobrecosto en la compra de mochilas, también a través del PAN, y quedó en prisión preventiva por un largo tiempo.

No obstante, en ambos casos, si algún día se les llega a condenar a las responsables, creo que la mejor pena para Molinar sería que se le obligara a comer los almuerzos desecados con vidrio por el resto de su vida, y que a la empresaria-diva se le prohibiera ir de compras a las tiendas de lujo con el dinero estafado, además de que llevara la mochila escolar pegada a la espalda, también de por vida.

Otra cosa que llama la atención es que, salvo pocas excepciones, los que tienen “país o casa por cárcel” gozan de buena salud, en cambio, los que tienen prisión preventiva, casi sin excepciones, alegan padecer de “serios quebrantos de salud” y sus abogados y médicos corruptos también montan shows en los que exhiben sus perversas habilidades e ingenio.

En pleno Siglo XXI, en Panamá aún tenemos resabios de prácticas gubernamentales y legislativas que son más propias del medioevo que de una sociedad moderna. Una de dichas prácticas es la de decretar ley seca todos los años en Viernes Santo, como si fuese rol del Estado velar por la devoción de los creyentes de la religión cristiana o de cualquier otra.

En cualquier parte del país, está prohibido vender y consumir bebidas alcohólicas en Viernes Santo. La prohibición la emite el alcalde de la comuna respectiva, mediante un decreto alcaldicio, días previos a la Semana Santa. No solo se ordena el cierre de bares, cantinas y discotecas, sino que en bodegas y otros establecimientos donde se venden estas bebidas en botellas cerradas, también se prohíbe su venta. Es típico que en los supermercados sellan el pasillo donde mantienen este tipo de productos, con cinta amarilla de la que vemos en las películas para sellar el área inmediata donde se acaba de cometer un crimen e impedir así la contaminación de dicha escena criminal. Y si va usted a un restaurante y quiere degustar un rico filete de pescado, acompañándolo de una copa de vino, tampoco se lo permiten, pues el alcalde de turno aparentemente ha considerado que no es bueno para vuestra alma que usted beba siquiera una gota de alcohol en esa fecha.

¿Cuál es el fundamento racional para esta prohibición? ¿Es función del Estado acaso legislar sobre la devoción religiosa de cada ciudadano? ¿Puede el Estado, válidamente, forzar al individuo a observar un rito religioso determinado? Es evidente que en un Estado laico no es legítimo obligar al ciudadano a observar ritos religiosos, por más que la mayoría de la población profese la religión en cuestión. El que la mayoría de la población panameña sea católica, no justifica que por ello se obligue a los no católicos ni a los propios católicos, a regirse por exhortaciones piadosas a la penitencia religiosa.

¿Será entonces que el fundamento es otro? Un argumento que se esgrime es que si se permite que operen las cantinas en Viernes Santo, los borrachos interferirán con la conmemoración religiosa del pueblo, lo que puede alterar la paz social y que es precisamente para evitar esto que se prohíbe el expendio y consumo de licor ese día. Pero este argumento es equivalente a prohibir el consumo de alcohol todos los días, sobre la base de que algunos borrachos pueden provocar riñas o incurrir en más serios actos de violencia, o que algunas personas se pondrán al volante estando intoxicados por alcohol y causarán con ello accidentes y daños a terceros. Es obvio de este ejemplo que prohibir la libertad de las personas, sobre la premisa de que algunos abusarán de su libertad, es nefasto e injustificable. Lo que se hace en esos casos es sancionar a quien abusó de su libertad afectando derechos de terceros, y no decretar una prohibición general llamada supuestamente a prevenir de modo absoluto la ocurrencia de abusos, pues dicha prohibición general preventiva, es en sí misma un abuso.

La prohibición de expendio y consumo de alcohol en Viernes Santo, es una práctica que debe erradicarse. Y esto no tiene nada que ver con que si la población es mayoritariamente católica o no, ni si usted y yo somos católicos o ateos. Es un asunto que va a la médula de una república laica. Y es una de esas normas que, todos sabemos, nadie respeta ni acata. Es evidente que en Panamá el Viernes Santo es un día que miles de panameños se beben sus cervezas o copas de vino en casa con sus familiares y amigos, compradas antes del mediodía del Jueves Santo. Mantener una prohibición absurda como la del expendio y consumo de alcohol en Viernes Santo, lo que logra es que la gente pierda el respeto por la ley en general.

Pareciera que el mayor combate, para ciertos boxeadores, comienza después de la gloria en los cuadriláteros. Sin entrar en juicios y prejuicios sociales, es necesario exponer los factores que predisponen a algunos de ellos, y su posible vinculación a acciones delictivas, inclusive al consumo de alcohol y drogas. La salida de las condiciones socioeconómicas, exclusión social y la violencia del entorno donde residen, en algunos casos, pasa por la disciplina, la fortaleza y la perseverancia. Es así que el gimnasio se vuelve un sitio de oportunidades. “Un espacio protegido y disciplinante que va llenando de sueños a aquellos jóvenes con talento, dispuestos a todo por conseguir reconocimiento y, finalmente, la trascendencia de ser campeones”. (Villanueva. La rudeza no es suficiente, 2013).

Ser exitoso en una disciplina deportiva es un ascenso vertiginoso hacia un cambio en el estilo de vida, reconocimiento social, aunado a los riesgos económicos como aquellas “inversiones” que, mal administradas, son tan efímeras como el día y la noche.

La parte financiera está estrechamente vinculada con los logros en esta carrera; es así que un descenso vertiginoso en el rendimiento, aunado al consecuente retiro, es una trampa, una especie de callejón sin salida, quizás, el asalto más difícil para mantenerse en su sitial en la vitrina deportiva. Son lo que lograron, y aquello se vuelve su mayor desafío. ¿Cómo vivir al mismo nivel con menos ingresos? En este esquema, el crimen se vuelve una oportunidad. En otras palabras, el crimen ve en estas figuras una oportunidad.

Las adicciones y la vinculación a actividades delictivas rodean el boxeo, en algunos casos es una amenaza que se vuelve realidad. Se pueden mencionar casos emblemáticos: El dos veces campeón mundial, el venezolano Edwin Valero, se ahorcó en las instalaciones de la policía del estado Carabobo, el 19 de abril de 2010, al día siguiente de haber confesado que había matado a su esposa, al parecer, bajo los efectos de la cocaína. Su vida fuera del ring estuvo llena de escándalos, incluso había confesado ser alcohólico.

Carlos Monzón, uno de los mejores púgiles argentinos de la historia, empezó a tener serios problemas con el alcohol tras su retiro. En 1988 fue hallado culpable de homicidio simple, lo condenaron a 11 años de prisión. Cuando cumplía la etapa final de su condena, comenzó a gozar de salidas restringidas para trabajar. En una de ellas murió en un accidente automovilístico, el 8 de enero de 1995.

El mexicano José Pipino Cuevas, miembro del Salón Internacional de la Fama de Boxeo, se metió en problemas con la ley y estuvo en la cárcel en 2001, acusado de crimen organizado en México. Sin embargo, fue declarado inocente en 2002.

Mike Tyson es otro de los que encabeza la poco honorable lista. Ganó en dos ocasiones el título mundial, fue encarcelado (1992) por la violación de una chica de 18 años, delito por el que fue sentenciado a 10 años, 6 de ellos dentro de prisión y 4 en libertad condicional. Más tarde, en junio de 2003 fue acusado por asalto, acoso y conducta desordenada, tras protagonizar un altercado con dos hombres en un hotel de Brooklyn.

En el plano nacional, fue conocido el caso de Vicente Mosquera, acusado de un crimen ocurrido en Puerto Caimito, aunque siempre proclamó su inocencia. Él contó con el apoyo incondicional de su novia en los más de dos años en que estuvo privado de libertad. Salió libre en el año 2009.

En 1996, un juzgado condenó al excampeón mundial de boxeo peso gallo Jorge El Mocho Luján por posesión y consumo de drogas. Luján conquistó el título gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en 1977), luego se confesó consumidor de cocaína. (http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/condenan-a-ex-campeon-de-boxeo-lujan-por-posesion-y-consumo-de-drogas/19970730/nota/72047.aspx).

Y, recientemente, surgió el caso de Pelenchín Caballero. Sin ahondar en este, creo que ha sido el de mayor impacto por su exposición en los medios, la ausencia de escándalos a lo largo de su carrera pugilística y su disciplina probada, entre otros atributos demostrados por años.

Dialogando con el periodista y comentarista Daniel Alonso, él identificó algunos aspectos, como: “baja escolaridad, mal manejo de sus finanzas y, sobre todo, “la merma en sus ingresos”, a lo que le sumo la posesión de bienes que rebasan los ingresos obtenidos.

En esta línea, un artículo de la revista Sport&Health (marzo de 1994) señala que “la causa principal del desmoronamiento financiero se debe a que la mayoría de los peleadores administra mal el dinero que con tanto esfuerzo se ganan. Los que mayor fortuna acumulan suelen ser los que más necesidades enfrentan en su vejez, por no haber sabido invertir sus ganancias, administrar sus ingresos y cumplir con sus pagos de obligaciones e impuestos”.

La publicación agrega que “las autoridades del boxeo también reconocen que la educación en finanzas básicas y la orientación en el control de los gastos son indispensables durante el proceso de formación de un boxeador, pues resulta más difícil ejercer influencia sobre sus hábitos de conducta cuando ya han llegado a ser famosos y adinerados” .

La mayor batalla es fuera del cuadrilátero, en el ocaso de la carrera. Durante el fin de los años de sacrificio, empiezan realmente los mayores asaltos y, quizás, el mayor desafío: mantenerse alejado de las tentaciones. Es cuando empiezan a pasar la factura los elementos comunes a la figura de algunos boxeadores. El crimen es oportunista, pero no una oportunidad. Simplemente, es un paso seguro para lapidar lo que queda de gloria y sacrificio.

Por primera vez, en la historia que yo recuerdo, el país entero ha estado pendiente de que la justicia finalmente actúe en los casos de corrupción de funcionarios. El pasado Gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal logró que en el mundo de la percepción se dijo que se robaron, sea por sobreprecios, sobrecostos o coimas directas, de 3000 a 4000 millones de dólares, muy por encima de lo que el pueblo normalmente deja pasar a un Gobierno. Hoy, cuando la Procuraduría General estima que el peculado suma poco más de 600 millones, nadie le cree. Preferimos creer los rumores y convencernos de que fueron más de 3000.

Ahora bien, los medios con una cobertura hasta enfermiza de los casos, con publicación de expedientes y la repetición de casos, han mantenido a gran parte de la población pendiente de los más de 100 casos que se han abierto. Pero todo esto ha conducido a una gran frustración nacional, quitando al primer detenido Guardia Jaén, todo lo demás ha sido una cadena de contradicciones y errores que solo ha servido para desacreditar el sistema judicial. Los únicos dos detenidos adicionales y ya condenados fueron por confesión de parte, el magistrado Alejandro Moncada Luna y el economista Ignacio Fábrega.

El resto de los supuestamente implicados ha logrado, con hábiles abogados y quizá algo más, condiciones especiales, casa por cárcel, país por cárcel, fianza, impedimento de salida, etc. Uno que otro queda en detención preventiva, pero no en una cárcel real, mientras el panameño es testigo, gracias a los medios, de la lucha entre abogados defensores y fiscales.

Pero veamos dónde nacen los problemas del sistema. El Órgano Judicial tiene para empezar un mal inicio, la cabeza, la Corte Suprema de Justicia es designada por un método que ningún panameño hoy acepta, pero es el constitucional. El presidente libremente designa los magistrados que son ratificados por la Asamblea Nacional. Los designados, invariablemente son criticados por la sociedad civil y los medios. Luego están los fiscales, a los que aparentemente se les deja mucho a su criterio, lo que proyecta, por la presencia de los casos en los medios, serias contradicciones. Por ejemplo, en mi opinión, se debe establecer por ley cuándo se puede dar detención preventiva, cuándo se puede dar casa por cárcel, país por cárcel o simple impedimento de salida del país.

Luego está el caso cuando se da una medida y luego se cambia, dejando la impresión de que hubo de por medio algún tipo de pago. Otro manejo a criterio y que deja muchas suspicacias es el caso de cambio de lugar de detención por salud. Para un detenido no hay duda que prefiere quedarse en un hospital que en una celda preventiva, pero estos cambios siempre vienen acompañados de dudas acerca de su legitimidad.

Otro tema contradictorio es el hecho de que en un país como el nuestro sigamos con dos sistemas, el inquisitivo y el penal acusatorio. Hemos visto cómo jugar con los dos, como el caso del magistrado Benavides, le gana tiempo y hasta estanca el caso.

Por último, quiero dedicar espacio a lo que para mí es imprescindible que resolvamos cambiando la Ley. Tenemos que permitir los juicios en ausencia. Si a una persona se le notifica por medios escritos o bien en su residencia o lugar de trabajo habitual, y ella luego no se presenta personalmente es porque no quiere, si es inocente tendrá que designar su abogado y enfrentar los cargos en ausencia, si es culpable ella decide qué hacer, pero con abogado designado o designado de oficio por el juez, el juicio debe proceder.

La triste realidad que estamos viviendo en varios casos de prófugos, nos debe enseñar que mejor enjuiciarlos en ausencia que perder el tiempo esperando cómo traerlos.

Para mí es una locura que no puedes investigar, si no está encausado; y no lo puedes encausar, si no se presenta. Señores, juzguemos en ausencia y… ¡acelerad todos los procesos! Cuando los prófugos vean que los juicios van, vendrán, si son inocentes, a probar su inocencia. Pero para mí el caso Martinelli, Obarrio y otros es solo la mejor prueba de que el sistema no es eficiente.

Y ya en otro aspecto, es imprescindible que los casos no sean juzgados en los medios, los medios son para cubrir noticias, no ser juez ni parte influenciando la opinión publica. Ya hemos visto cómo al magistrado Ayú Prado lo han satanizado los medios, con querellas sin peso, 8 de ellas de una misma persona.