En nombre de Panamá

Panamá ha registrado un crecimiento envidiable en más de una década, está previsto que siga fortaleciéndose con la apertura de la ampliación del Canal, el avance del sector turismo y su bien regulado sistema bancario. El pasado quinquenio logramos grado de inversión y el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que consideraba al país "no colaborador", lo reconsideró en febrero pasado, reconociendo nuestros esfuerzos en transparencia. La República de Panamá aprobó en 2015 la Ley 18, que adelantó la entrada en vigor del régimen de custodia de acciones al portador; la Ley 22, que sanciona a las sociedades que no mantengan actualizados sus registros de accionistas y la Ley 23, conocida como 'ley antilavado'. Los pasos de Panamá han sido contundentes y en la dirección correcta, aunque siempre habrá más por hacer, porque la delincuencia trasnacional no descansa. La OCDE, sin embargo, nos mantiene en su injusta lista y con toda su presión, acusa a Panamá de esconder información y pretende que se entregue información fiscal o financiera a cualquier país miembro, a pesar de que la política de Panamá es hacerlo de forma bilateral y por solicitud expresa, como también lo hace Estados Unidos y otros miembros de esa organismo de países desarrollados. En este escenario, casualmente, aparece en medios de comunicación internacionales una información filtrada sobre la firma de abogados Mossack Fonseca, que fue entregada a un periódico y a las autoridades de Alemania. A esta investigación no le han llamado ‘Los papeles de Mossack Fonseca', sino ‘Los papeles de Panamá'. Ninguna firma de abogados es un país, por lo que no cabe el nombre periodístico que se ha dado a las publicaciones que han dado la vuelta al mundo. La República de Panamá no protege corruptos, ni narcotraficantes ni evasores. Estos no son "Los Papeles de Panamá". Si algún país persigue a sus ciudadanos por acciones ilícitas o delincuenciales, que soliciten la información pertinente a las autoridades, que deberán responder con los ‘papeles panameños", los de verdad, los oficiales, los que se proporcionan por ley. Como igualmente, si estas filtraciones conllevan investigaciones en nuestro país, el Ministerio Público, como corresponde en un Estado de Derecho, deberá actuar sin dilación. Nuestra posición y propósito es defender el nombre de Panamá, pues, lo mínimo que habría que decir es que la mayoría de las sociedades constituidas por Mossack Fonseca se registraron en países de todo el mundo. Somos un país pequeño geográficamente, pero grande en determinación. Defendemos a Panamá, porque es injusto que se denigre el nombre de este país, so pretexto de perseguir corruptos o evasores, o basándose en comportamientos irregulares de empresas abogadiles que en cualquier parte del mundo utilizan este mismo sistema de crear sociedades 'offshore'.Panamá no es un paraíso fiscal, ni país para corruptos. Somos gente buena que luchamos hombro a hombro para alcanzar crecimiento y desarrollo. Con nuestras virtudes y fallas, vamos por el camino correcto. Y en nombre del buen periodismo, hay que poner las cosas en su lugar y por eso exigimos respeto al nombre de Panamá.

Políticas reincidentes:

Desde que aprobaron la Ley 51, bajo el mandato de Martín Torrijos a pesar de encontrar fuerte resistencia para que no se abandonara ni eliminara el sistema solidario y procurar la consecución de las jubilaciones, rompieron la cadena y crearon el aberrante sistema de “cuentas individuales”. Técnicamente, acabaron con la solidaridad de los cotizantes hacia los jubilados.

Esta recomendación, proveniente del maléfico Fondo Monetario Internacional (FMI) cualquier epíteto peyorativo que le quieran endilgar es bien recibido, acatada, abrazada e impulsada por el gobierno del presidente Torrijos, se impuso con la complicidad, parcialidad y subordinación de los legisladores, que no dudaron en traquetear su curul, como autómatas, para su aprobación.

Desde aquel momento, el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte quedó condenado a su inminente quiebra económica. Situación fáctica que conduce al caos por el que atraviesa la institución de todos, la Caja de Seguro Social (CSS). Por fortuna, contamos con personas preocupadas por el tema, como Juan Jované, quien con toda su buena intencionalidad nos pone en autos del grave y terrorífico destino al que estaremos dirigidos.

Es obligante señalar que el sistema solidario abarcó hasta el año 2007 y, a partir de 2008, lo sustituyó el programa mixto o de cuentas individuales, que es el liquidador de las jubilaciones. Los fondos de este último no podrán subsidiar al antiguo sistema solidario, dejándolo perecer con todos sus adscritos.

Así reaparece el demonio “Don Dinero”, del FMI, con nuevos y similares gobernantes, siendo ahora el turno de Juan Carlos Varela y su escurridizo ministro Dulcidio De La Guardia, quien había manifestado que a él le parece poco ético volver al sistema solidario. Ahora, para rematar a la ya conocida “ley de muerte” le adicionan nuevos elementos mortíferos, entre los que se señalan un aumento a la edad de jubilación y, peor aún, equiparar la edad de jubilarse de las mujeres a la de los hombres. También, pretenden imponer la hipoteca inversa, que básicamente funciona con la banca y otorgar préstamos con garantía cobrables en su totalidad cuando muera el jubilado. Es decir, una vez fallezca el jubilado, su casa y demás propiedades pasarían a manos del banco.

Definitivamente, vemos las malas intenciones del FMI y del Gobierno Nacional al impulsar estas criminales reformas.

La propuesta que debemos procurar y exigir para el rescate de la institución con la que mejor contamos, que nos llena de orgullo y que poseemos los ciudadanos, que es la CSS, sería volver al sistema solidario, para así tener la certeza y la seguridad de que todos alcancemos una pensión digna y decorosa.

Es urgente su discusión para detener las fatídicas pretensiones de este organismo y sus subordinados locales. Lo cierto es que los gobiernos no presentan políticas económicas favorables, especialmente a los sectores más desprotegidos y desprovistos de los servicios públicos básicos para su sustento. Queda en evidencia que para lo único bueno que sirven es para generar políticas gubernamentales reincidentes y letales. ¡Acción!

Alarmante informe sobre la libertad de expresión

Hace unos días la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público y presentó, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos, su Informe Anual 2015 sobre el estado de la libertad de prensa en la región. El documento es un abecedario repetitivo de las continuas falencias y ataques que esta ha sufrido en el hemisferio durante el año anterior.

Junto con reconocer el excelente trabajo de recopilación de atentados contra la prensa, se debe destacar la noble posición de este organismo en su defensa de los medios y de los periodistas, frente al torrente de amenazas y acciones directas que sufren a diario.

Las faltas son conocidas y se repiten año tras año. Además de los 27 periodistas asesinados por motivos vinculados con su profesión, la CIDH aboga por la protección física de los actores involucrados, como asimismo facilitar el libre ejercicio de la profesión. Además, recomienda que se deroguen las leyes que penalizan el desacato y criminalizan la difamación; y exhorta a las autoridades estatales para que se abstengan de hacer declaraciones que puedan estigmatizar a periodistas y medios de comunicación.

Especial atención pone la CIDH en los casos de Ecuador y de Venezuela. En el país gobernado por Correa, denuncia que las detenciones arbitrarias han aumentado y los abusos, que se escudan en la Ley Orgánica de Comunicaciones, se hacen más frecuentes.

En Venezuela, por otro lado, la Comisión denuncia las acciones de altos funcionarios que atacan a periodistas críticos al Gobierno y acallan a la prensa que investiga y denuncia actos de corrupción. Mientras tanto los diarios del país se mantienen en jaque debido a la falta de papel prensa, insumo indispensable para la circulación de medios impresos. Desde agosto de 2015, tres decanos de la prensa del interior cerraron sus operaciones, además de El Carabobeño de Valencia, que este mes de marzo publicó su última edición. Desde el 2013, el número de diarios bajó de 115 a 94 al día de hoy.

En Venezuela, el Estado impone un control de cambios que obliga a los medios a gestionar el acceso a los cupos de divisas. El juego que impone el Gobierno es injusto, porque el cierre de los diarios afecta directamente a los trabajadores de la prensa que, en un número superior a 6000, verán desaparecer sus fuentes de trabajo. Pero aún más importante es que la opinión pública queda desinformada y solo con la visión distorsionada de la prensa oficialista.

¿Y cómo revertir esta situación donde informes como los de la CIDH insisten en las mismas denuncias, pero sin cambios visibles de esta situación? Los Gobiernos de turno en la región ignoran las críticas internas y externas, mientras mantienen un abusivo control sobre la prensa. En aras de, supuestamente, defender todas las libertades y de la estabilidad económica y social, siguen coartando la libertad de expresión.

O sea, estamos frente a un enigma donde las denuncias, bien documentadas, y las investigaciones sobre estos abusos no sirven absolutamente de nada. Continúan las reuniones, informes y misiones, pero no existen las soluciones ni los remedios efectivos que puedan eliminar esta enfermedad. Tal dolencia es muy fuerte, pues restringe la posibilidad de informarse, de formarse una opinión ilustrada, y deja al público al arbitrio de la intolerancia de gobernantes que impiden que el pueblo se informe libremente.

Justo reconocimiento

No soy historiador, pero a lo largo de mi vida me ha tocado estudiar, analizar y comprender muchos acontecimientos históricos, tanto en lo nacional como internacional. De allí que frente al debate con respecto al nombre que se pretende dar a las nuevas esclusas del Canal de Panamá voy a aportar un granito de arena que espero llame a la reflexión.

En marzo de 2013, en su sección sobre educación, El Faro, que es el medio de comunicación de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), nos recordaba la historia detrás de la construcción de la carretera Transístmica, originalmente llamada Boyd-Roosevelt. En el escrito de El Faro se hace un recuento cronológico de los hechos que llevaron a la construcción de la carretera, indicando que “en julio de 1934, (Franklin D.) Roosevelt visita Panamá; y el presidente Harmodio Arias nombra a Ricardo J. Alfaro, Carlos Lucas López y Narciso Garay comisionados para negociar el nuevo tratado. El Tratado General de Amistad y Cooperación es ratificado por la Asamblea Nacional el 24 de diciembre de 1936; pero no es sino tres años después que el senado de Estados Unidos le da el visto bueno, como consecuencia de la resistencia de las fuerzas armadas. Este tratado tiene tres convenciones suplementarias, una de las cuales fue la terminación de la carretera transístmica, entre las ciudades de Panamá y Colón.

El escrito continúa: “La vía representa la extensión de la carretera Madden, desde la represa hasta Colón, lo que representa una distancia de casi 44 kilómetros (27 millas). La construcción de la carretera se inició en octubre de 1940 y se inauguró oficialmente el 15 de abril de 1943. Algunos tramos de la carretera fueron utilizados desde 1942; y en su totalidad en 1943. Empero, su construcción fue completada en 1949. Fue formalmente entregada a Panamá el 30 de junio de 1949. En 1939, aún en construcción, fue bautizada como Boyd-Roosevelt en homenaje a los presidentes de ambos países, Augusto Samuel Boyd y Franklin Delano Roosevelt. Ese mismo año se ratificó el tratado de 1936 conocido como Tratado Arias Roosevelt”.

Hago este recuento porque creo que es importante señalar que las obras, tanto físicas como sociales del ser humano, especialmente aquellas que surgen de sentimientos patrióticos, merecen el reconocimiento por parte de la sociedad para que los nombres de sus gestores sean recordados en la posteridad y sirvan de ejemplo para futuras generaciones.

Lo que no podemos tapar con la mano es que los acontecimientos del 9 de enero de 1964, que posteriormente culminaron con la firma de los Tratados Torrijos Carter, le cambiaron el destino a nuestro país de manera trascendental. De ahí que la solicitud que ha hecho la Fundación Omar Torrijos, respaldada por miles de panameños, para que se designe una de las nuevas esclusas con el nombre Torrijos Carter, nos debe llamar a una profunda reflexión sobre el tratamiento que debemos dar a aquellos compatriotas que, con sus luchas y acciones, cambiaron el destino de Panamá y los panameños. Debo recalcar que este artículo no se refiere exclusivamente al nombre de las esclusas, puede aplicarse al nombre de los puentes que se construirán, o de cualquier obra existente que no tenga en la actualidad un nombre, como bien pudiera ser el propio edificio de administración del Canal.

De igual manera como debemos reconocer a los mártires del 9 de enero y a quienes estuvieron al frente de la lucha que culminó con la firma de los tratados de 1977, el evento de inauguración de la nueva esclusa es ocasión propicia para hacer un merecido reconocimiento a quienes contribuyeron de alguna manera a la magna obra, desde sus meros inicios, cuando escasamente se hablaba del proyecto de manera conceptual. En esa lista de reconocimientos deben estar todos los que fueron miembros de la junta directiva de la ACP y de aquellos que, dentro de la agencia canalera, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para asegurar la viabilidad futura del Canal en manos panameñas y contribuyeron a la justificación, financiamiento y ejecución del proyecto de ampliación.

Honrar honra, pero como bien decía Camilo José Cela: “Hay dos clases de hombres: quienes hacen la historia y quienes la padecen”. Cierro con esta frase porque creo que es necesario que los panameños superemos nuestras diferencias políticas y valoremos nuestros logros y a quienes nos ayudaron a alcanzarlos. La antigua Zona del Canal está llena de nombres extraños que para muchos no tienen ningún significado, el Canal es nuestro y ya es hora de que dejemos en él nuestra historia.

PRD: renovar o…

En 1994 y en 2004, años que marcaron el inicio de transformaciones profundas en el país de la mano de un partido conceptualizado para transformar la sociedad, la emoción frente al reto era innegable se modernizó la economía, se votó para ampliar el Canal, se continuó el proceso de reversión y gracias al esfuerzo de esos hombres y mujeres que se hacen llamar herederos de Omar: él visionario del siglo XX.

En 1999 y 2009 dos derrotas electorales, no por un mal desempeño de Gobierno, sino por falta de un mensaje, por mezquindades que surgen dentro de toda organización humana, por no entender que no le hablábamos al país, no le ofrecíamos cambios sustanciales a esa sociedad; no entendían nuestro rumbo propuesto, no entendían nuestro mensaje; le hablábamos al copartidario y no al país.

Nuestra falta de claridad nos privó de recibir el Canal y hoy nos priva de recibir la ampliación, esfuerzo máximo de Omar, por eso debemos ver qué nos falta donde está la esencia.

El nuevo comité ejecutivo nacional debe tener un discurso que hable de la lucha de la sociedad contra la corrupción, pero no de la corrupción de abajo de los pequeños, sino de la corrupción corporativa que se da en los círculos de poder que le resta acceso a los emprendedores, tiene que tener un discurso autóctono para los jóvenes profesionales, sí, esos que apoyaron al ‘Team Martin', que han tenido la oportunidad de estudiar afuera, en la UTP o en la vasta oferta de universidades privadas y que hoy exigen mucho más de sus gobernantes.

Debe tener un discurso para las clases medias de cómo sus ingresos tendrán estabilidad y que pagan impuestos, pero no ven las obras con su plata y que temen por el rumbo de la economía.

Debe construir un discurso que sea entendido en las redes sociales, para la generación ‘millenials ' que vota en estas elecciones y que no lee periódicos, pero sigue a manejadores de opinión o bloggers en Twitter y Facebook.

Un discurso que reivindique la memoria histórica del pueblo como la Invasión a Panamá, que hable de cultura y de qué significa ser panameño.

Cuando una empresa es grande busca a los mejores gerentes, los accionistas no se preocupan por cuánto gane, lo que desean es que entienda y esté dispuesto a cambiar y a generar un nuevo viento de entusiasmo con el inversionista. Así es el pueblo, invierte en sus políticos para que le construyan utilidad que es el desarrollo.

Escucho nombres interesantes para este comité ejecutivo que no puede ser una representación de clanes, sino la expresión de un partido pluriclasista en el que Omar creyó, que Gerardo, Ascanio defendió, que Pérez Balladares levantó y Martín reinvento, todos con una clara visión del querer de la sociedad y no una cueva donde el eco solo lo escuchan los que están adentro.

Tengo amigos y conocidos con sueños de este partido: Doris Zapata, Miguel Sierra, Eyra Ruiz, Sandra Noriega, Omar Montilla, entre otros tantos compañeros que pudieran contribuir en esta concepción, pero que sobre todo su mayor virtud es que su ego pasa por ver un PRD triunfar y estarán dispuestos a dar la batalla con humildad.

Están los compañeros de mil batallas Ernesto Pérez Balladares, Martín Torrijos, Pedro Miguel González, Héctor Alemán, Benicio Robinson, que deben seguir los pasos de Ascanio, de Gerardo de Mario Panther, de Rigoberto, siendo armadores del juego democrático inspirados en la patria chica: el Partido y la Patria grande: el País. Que veían en cada miembro un luchador por el sueño de Omar, sin sectarismo, generando algo que se guardó en el closet: LA CONFIANZA.

El debate no pasa por nombres, pasa por entender la realidad de hoy y sobre todo darle la cara a un país que exige liderazgo y una visión compartida de desarrollo. No ofrecer esto sería preparar el camino de la autodestrucción, traicionando a ese torrijismo que es más que un eslogan, es más que un sustantivo, es un verbo que inspira a la acción.

Rousseff cambia cargos por votos

El prestigioso periódico brasileño Valor Económico colocó ayer en su portada un titular explícito: “Comienza el mercadeo del impeachment”. Es cierto. Más allá de juicios políticos y críticas aquí o allá, Brasilia se ha convertido en un auténtico mercadillo casi al aire libre. El gobierno de Dilma Rousseff, para tratar de contener la sangría de diputados de los partidos teóricamente aliados que amenazan con sumarse a las filas pro destitución parlamentaria, promete cargos, puestos y partidas presupuestarias para evitar la fuga. Se trata de impedir, simplemente, que Rousseff abandone el poder por la puerta pequeña en menos de 15 días.

El Partido do Movimento Democrático de Brasil (PMDB), de ideología centrista y con 68 diputados (el mayor grupo de una Cámara atomizada de 513 parlamentarios), dio el martes un portazo a su alianza de más de una década con los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y se colocó en bloque y sonoramente en la trinchera de los pro destitución. El PMDB contaba con siete ministros en el gobierno. Cuatro de ellos, según la prensa brasileña, seguirán las instrucciones de su formación y renunciarán antes del 12 de abril. Los otros tres preferirán quedarse en el gobierno aun a costa de enfrentarse con su partido. Es con esos cuatro ministerios que caen y con los centenares de puestos intermedios que cuelgan de ellos como cargos de confianza con los que negociará, entre otras cosas, Dilma Rousseff. El objetivo son los 142 diputados de cuatro partidos también de centro y de centro derecha que se han alineado con el gobierno pero que, en medio de las aguas turbulentas que corren hoy por Brasil, están a un paso de dar la espalda a la presidenta. Rousseff, para escapar del proceso de destitución, necesita, calculadora en mano, un centenar de esos diputados. Con ellos más sus propios parlamentarios y los de la izquierda conseguirán bloquear el proceso en la primera votación decisiva. No será fácil: estos diputados se dejan querer por Rousseff… y por Michel Temer, del ahora enemigo PMDB, el vicepresidente que asumirá el mando del país si la presidenta cae.

Por su parte, el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, también del PMDB, con cuentas corrientes ilegales en Suiza, acusado de corrupción y enemigo declarado del gobierno, ha imprimido un ritmo frenético a las sesiones del juicio político de modo que esa votación se celebrará, según cálculos de muchos especialistas, a mediados de abril. Si Rousseff no consigue que un tercio de la Cámara (173 parlamentarios) vote en contra y paralice el proceso, este, como una bola de nieve ladera abajo, irá imparable unos días después al Senado. Ahí bastará una mayoría simple para que la destitución parlamentaria prosiga. Pero hay un detalle importante: en ese preciso momento, tras esa votación favorable en el Senado, Rousseff deberá dejar provisionalmente el cargo mientras se le juzga políticamente. Pocos dudan de que esa salida del poder sea de ida y vuelta: el desgaste de tener que abandonar humillantemente la presidencia expulsada por la Cámara dejando el cargo al vicepresidente Temer se antoja definitivo.

La necesaria cultura para el desarrollo

Es sumamente preocupante cuando una sociedad no entiende el significado de la educación como factor fundamental de desarrollo. Los hechos culturales de una sociedad no son otra cosa que el desempeño de su gente con capacidad para entender que el conocimiento es el recurso principal del desarrollo. La cultura de una nación no es solo el quehacer artístico de sus habitantes, sino su actitud y su compromiso con lo trascendente. América Latina apenas comienza a entender este nuevo paradigma, ese que se refiere a la macro cultura, a lo trascendente, que solo se puede apreciar en los rostros y en la acción de la gente.

El único índice verdadero de desarrollo es la cultura. Veamos: sin ella, es imposible entender los valores de arraigo ni los hilos que los conducen. Otra: sin cultura resulta cuesta arriba interpretar lo positivo de un crecimiento económico, por eso se habla de una formación educativa integral, incluso holística, bajo cuyo concepto perviven los valores fundamentales de la formación humana.

Para construir una formación humana integral, se requiere de la voluntad de todos los sectores de la sociedad. Trazar un mapa del conocimiento nacional y administrar sus zonas, debe ser el objetivo. Ahora, ¿cómo se traza un mapa de conocimiento nacional? La única manera es siendo cognitivos, apelando a la relación con el otro yo, entendiendo que el otro es tan importante como uno mismo.

Europa hace tiempo asimiló este nuevo paradigma: entender al otro para entenderse a uno mismo. Pocos han sabido interpretar esa experiencia. Casi ninguna sociedad, excepto los griegos de antaño, supo descifrar, como los europeos después, el fenómeno que significa la comprensión solidaria, sin caer en concepciones igualitarias.

La cultura como ente de cambio social abarca hasta el concepto de Nación, un valor que no es un simple eufemismo sino el factótum fundamental de la identidad, con el cual se crea aquel para modelar a los ciudadanos en base a información y conocimiento organizado desde arriba.

Cuando carecemos de una cultura nacional y de un mapa del conocimiento, somos objetos, y no sujetos, de una sociedad. Lo primero significa control y alienación; lo segundo, participación y libertad individual. He allí la gran diferencia entre una sociedad cuyos miembros entienden el valor de la comprensión solidaria, y otra donde cada integrante es una simple herramienta de uso y desuso. Queda mucho por avanzar, y solo será posible consolidarlo cuando el conocimiento y la educación sean la principal prioridad.

Justicia politizada

En 1968, la situación política del país era un caos. Era tan extrema que el presidente electo fue derrocado por un golpe de Estado. Pasamos 21 años desde aquel momento y nos ‘liberamos ' con una invasión que puso en el poder al grupo triunfador de las elecciones de mayo del 89 y que el dictador Manuel Noriega había anulado a su conveniencia. Mas, los 26 años de ‘supuesta democracia ' nos han llevado a una vorágine de corrupción sin precedentes y hoy vivimos una justicia politizada que da espanto. Para muchos, pareciera que las condiciones del 68 están dadas. Por fortuna todavía hay gente buena que se está preguntando ¿por qué nos gobiernan los menos indicados? ¿Por qué la justicia está en manos de quienes ven a su conveniencia? ¿Por qué los poderes económicos se han tomado el partidismo? ¿Es que no hay gente comprometida con la Patria en lugar de con su bolsillo? Tenemos que despertar de esta grave situación. Panamá es un país que tiene la posibilidad de llevar a sus habitantes a un desarrollo con equidad. Solo tenemos que unir esfuerzos para que las cosas se vuelvan a enrumbar. La unión hace la fuerza y solo hay que pensar en el bien común, antes que en los intereses particulares. El país es de todos y solo juntos lo podemos echar adelante. ¡Empecemos por despolitizar la justicia!

El partido aliado de Rousseff deja el gobierno

El principal partido aliado del comatoso gobierno de Dilma Rousseff, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), ha anunciado el martes, tras una reunión meteórica del Comité Nacional, que abandona el Ejecutivo, aislando aún más a la presidenta. La formación, de ideología voluble, huye del barco del gobierno cuando este se hunde y sus 68 diputados, cruciales para inclinar la balanza del Congreso para uno u otro lado, apuntan ya a votar a favor de la destitución parlamentaria cuando llegue el momento clave.

Este partido no es cualquier cosa en Brasil: cuenta con siete ministros. Uno ya ha renunciado. Se esperan más renuncias los próximos días, ya que el partido aboga por la entrega de todos los cargos. El que lo conserve lo hará a título personal y a costa de enfrentarse a los líderes de la formación. En cualquier caso, el tiempo juega ya en contra de Rousseff, que, o encuentra nuevos aliados, o tiene los días contados. En un mes todo puede estar decidido.

Paradójicamente, el vicepresidente del gobierno, Michel Temer, uno de los cabecillas del PMDB, no dimitirá de ninguna manera. La razón es obvia: si Rousseff es destituida por el juicio del Parlamento, Temer asumirá automáticamente la Presidencia, y tratará de conducir su propio gobierno, ayudado por la actual oposición a Rousseff, hasta las elecciones de 2018.

El ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, del círculo próximo de Temer, ya ha renunciado, adelantándose al posible paso de los otros. En una carta remitida el lunes a la presidenta Rousseff, alega que el diálogo entre ella y el PMDB “se agotó”. Y añade: “Estoy convencido de que, siendo usted alguien que aprecia sobre todo la coherencia ideológica y la lealtad a su propio partido, entenderá su decisión”.

Rousseff se vio el lunes con estos siete ministros. Uno de ellos contó a O Estado de São Paulo que la presidenta se mostró todo el tiempo abatida y resignada. Todos se comprometieron a dejar efectivamente sus cargos no antes del día 12 de abril a fin de atender las causas urgentes hasta entonces. A pesar de esto, ni Rousseff ni el expresidente Lula (aún con su nombramiento como ministro en el limbo jurídico por orden judicial) se han rendido. El expresidente se citó con Temer hace unos días en el aeropuerto de Congonhas, en São Paulo, para discutir la salida en tromba del PMDB del gobierno. Lula, según la prensa brasileña, trató de convencer a Temer, pero este le aclaró que todo estaba decidido ya y que su partido iba a batallar a favor de la destitución parlamentaria de la presidenta. Lula, que maniobra con las manos atadas al no poder emplear todo el peso de su (frustrado) cargo ministerial, negocia, con todo, con los diputados del PMDB, uno a uno, para tratar de que la huida no sea completa.

En una rueda de prensa celebrada el lunes con periodistas extranjeros aseguró que tratará de formar una mini coalición con los parlamentarios del PMDB que no se sumen a la desafección. El mismo Lula recordó que esta formación es heterogénea, regentada por líderes regionales y no caracterizada precisamente por la unidad de acción. De modo que confía en que una labor entre las grietas sirva para conseguir apoyos personales anti proceso de destitución.

Mientras, los otros partidos de centro que apoyan al gobierno apuntalado por una decena de formaciones de izquierda y de centro empiezan también a resquebrajarse, atraídos por la inercia del movimiento de escapatoria del PMDB. Todos olfatean que el poder cambiará de manos y no quieren verse con el pie cambiado.

Inaceptable mora judicia

El sábado 26 de marzo, la periodista Aminta Bustamante publicó, en este diario, la información titulada: Urge una Reforma carcelaria. Es una nota comprensiva sobre los múltiples elementos que complican tal reforma y los buenos proyectos remediales contemplados por el Ministerio de Gobierno. Mejorar las facilidades penitenciarias e implementar programas modernos de rehabilitación y resocialización son proyectos esenciales que no deben tardar, como tampoco la ley de carrera penitenciaria, reglamentación que lleva 13 años esperando ser implementada.

Los privados de libertad, sin un debido proceso, y la “mora judicial” son los principales elementos que urge abordar para saber hacia cuál población de encarcelados debemos enfocar nuestros esfuerzos y planificar el futuro. El hecho de que Panamá tenga la población penitenciaria más alta per capita de toda Latinoamérica, resulta una posición vergonzosa y esto es así porque mantenemos como reos a un número plural de encarcelados, sin que hayan tenido un debido proceso.

Hagamos la matemática: dicen que tenemos un total de 17 mil 137 reos, de los cuales solo 6 mil 855 (40%) han sido debidamente condenados; y los otros 10 mil 282 (60%) aún se encuentran sin ser procesados; lo que representa un costo estimado diario de $102 mil 820. ¿Qué dice esto sobre los derechos humanos básicos en Panamá? Seguramente, no todos saldrían libres, pero ciertamente un número considerable ya ha cumplido sus sentencias indefinidas. Parece que el problema fundamental para la reforma carcelaria es una reforma para eliminar nuestra famosa y eterna mora judicial.

La viceministra María Luisa Romero “explica” que esta situación viene en parte, porque nuestro sistema no cuenta con información detallada y digitalizada, aunque eso no es una excusa aceptable. ¿Por qué el Ministerio de Gobierno no inicia un programa temporal para contratar a estudiantes de leyes o sus pares, para que digitalicen los archivos almacenados en armarios y gavetas? Se trata de algo tan básico como rescatar la documentación, actualizarla, digitalizarla o bien crear el expediente. De esta forma, podríamos reducir ese porcentaje tan vergonzoso, además de dañino para cualquier privado de libertad. ¿Cuántos deben quedarse en la cárcel y cuántos deben salir?

Dudo que este proceso implique contrataciones grandes y jugosas, pero sí creo que existe la voluntad y el ambiente adecuado para remediar la nefasta mora judicial que hemos aceptado por demasiados años. Los derechos humanos, la globalización y la economía nacional así lo exigen.

Los panameños han sufrido durante demasiado tiempo con un sistema de justicia injusto y han callado por demasiados años. ¡Suma tu voz contra esa inaceptable mora judicial!