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Definitivamente, tengo que expresar mi incomodidad sobre el tema de los Papeles de Panamá, sin embargo, escribo no con el ánimo de defender a la firma Mossack y Fonseca. Que estoy seguro tendrá los medios para hacerlo, pero sí con el deseo de defender a Panamá y a su Centro Bancario Internacional. Primero, es importante manifestar que nuestro país no es un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal es aquel que no tiene regulaciones y, en los últimos años, Panamá ha cumplido con una serie de disposiciones internacionales, precisamente, por la presión internacional y la inclusión en las famosas listas grises.

Cuando me refiero a que tenemos regulaciones es una realidad, veamos algunas: Panamá regula su sistema financiero por medio de la Superintendencia de Bancos, y los seguros, por medio de la Superintendencia de Seguros. Además, hemos firmado un sinnúmero de convenios para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masivas; se han firmado acuerdos bilaterales de doble tributación y de intercambio de información con países como: Estados Unidos, Francia, España, Italia, Portugal, México, Luxemburgo, Catar, Singapur, Barbados, etc.

¿Qué son los acuerdos de doble tributación? Son instrumentos internacionales que tienen por finalidad eliminar la doble tributación que afecta los movimientos de capital, bienes y servicios y es la política, que mantiene nuestro país para compartir información, la única diferencia es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desea que la información sea dada de forma inmediata a los países que componen dicho organismo; no obstante, bajo los acuerdos bilaterales, esto se debe hacer a solicitud del Estado requirente.

El año pasado se introdujo la Ley 18, de enero de 2015, que modificaba algunos aspectos de la ley “conoce tu cliente”, y en su artículo primero señala: “La entrega de los certificados de Acciones al Portador deberán ser entregadas a un custodio autorizado, junto con una declaración jurada”. Se interpreta de esto que una acción al portador es como un billete de lotería, porque el tenedor es el dueño y lo puede cambiar cuando lo desee, sin embargo, la figura del custodio de las acciones al portador desnaturaliza esa figura. Esta se creó por las presiones de los organismos internacionales, entonces, no sé por qué se habla de que nuestro país es un paraíso fiscal, si cumple con todo lo que le han señalado, y por cumplir fue que salió de las listas grises.

Lo extraño de todo este tema es que el organismo internacional OCDE no le pide estas mismas regulaciones a Delaware, Nevada, Dakota del Sur o Wyoming, en Estados Unidos, ni a Suiza o a las Islas Vírgenes Británicas. Solo para que tengamos una idea, resulta que la Ley 32 de 1927, de sociedades panameñas, se basa en la estructura legal de Delaware. Y no solo eso, en Nevada se da la protección de activos y se mantiene la privacidad, debido a que las acciones al portador no se inscriben en su registro y carecen de las regulaciones de custodia.

Pareciera contradictorio exigirle a uno y otros no, entonces, ¿por qué pasa esto? Será la doble moral de estos organismos que, al final, se encuentran interesados es en el debilitamiento de la plataforma de servicios de Panamá, para fortalecer otras.

Por último, debo referirme a la investigación que, obviamente, parte de un hecho generador que es ilegal, porque vulnera las garantías fundamentales e internacionales del derecho a la intimidad de la empresa y de las personas afectadas. Esta prueba, en los sistemas de corte garantistas, sería excluida de forma inmediata. Sin embargo, lo más preocupante de todo es que se ha creado una atmósfera de especulación, irrespetando la presunción de inocencia que es vital en un estado de derecho. Se habla de delitos, pero la verdad es que, por lo que he visto hasta ahora, no se ha cometido ninguno. Las sociedades anónimas están plenamente reguladas en nuestro ordenamiento jurídico; en todo caso, el delito lo pudieron cometer las personas que evadieron impuestos en sus Estados de origen, y son esos Estados los que deben iniciar procesos, probarlos y sancionarlos, tras un juicio que establezca todas las garantías para los investigados.

Por otra parte, se involucra a figuras públicas, servidores o exservidores de otros Estados; a ellos corresponde explicarles a sus ciudadanos el origen de esos fondos y someterse al escrutinio general, por ser figuras públicas. Al final, como panameños, debemos defender a nuestro país, porque es claro que hay intenciones ocultas para afectar la imagen internacional de Panamá.

Las dos primeras palabras que se deben repicar ante el próximo congreso del PRD son Unidad y Refundación.

Por eso, no debe ser un evento de trámite. Y mucho menos un congreso en el que haya un reparto de cargos con arreglo a las posiciones de influencia.

El PRD ha sido derrotado en las dos últimas elecciones con la gravedad de haber sido la formación con mayor número de cargos electos. No es un punto de partida insignificante. Pone en evidencia que existe organización, aunque seguramente desengrasada. Y permanece el legado de un partido que nació para desarrollar políticas públicas que tengan en cuenta a las clases populares.

El próximo secretario general y el equipo que lo acompañe tienen la obligación de aplicar una estrategia reformista, quizá en la línea que se aplicó en el quinquenio 1994-1999, cuando se ejecutaron algunos de los hitos que han marcado para bien la historia del Siglo XXI de Panamá. Me estoy refiriendo, entre otras, a la flexibilización del Código del Trabajo, a la modernización de las reglas de juego en la política de generación de energía eléctrica (torcida la intensión original en Gobiernos posteriores) y en la de telecomunicaciones, así como en la creación de las bases para que el Canal se dotase de autonomía política y financiera. Hoy, en 2016, todos coincidimos en que fue una decisión afortunada.

¿Qué significado tiene en estos tiempos y en nuestro país el congreso de un partido político organizado hasta en los pueblos remotos?

Para ofrecer respuesta a esta pregunta, debemos empezar por rechazar unas cuantas cuestiones. La primera: es inaceptable que Panamá crezca casi al 6 % en el PIB y cuente con los grados de pobreza e injusta distribución de riqueza con que cuenta.

Es inaceptable que el agua potable sea tan solo una ilusión transitoria para cientos de miles de panameños.

También lo es que los insumos en los hospitales públicos estén asociados a la palabra ‘escasez '.

Ahora que los estudiantes regresan a las escuelas, ¿cuántos de ellos se encuentran con infraestructuras deficientes y obras inconclusas?

El PRD debe aprender a sumar. Solo ganará las próximas elecciones, si aprende a concitar apoyos locales, gremiales, en el ámbito universitario, y de los partidos políticos que compartan una visión de país. Debe promover foros públicos de discusión sobre políticas sectoriales y de alcance general.

Donde exista un problema social debe alzarse la voz del PRD para reclamar ante los convecinos y las autoridades un cambio de rumbo, una aplicación equitativa de las leyes.

Donde se viva una crisis, como es el caso del cuasi colapso de la producción agroalimentaria, se debe movilizar a las mejores cabezas del país de cara a diseñar políticas que alcancen algún día la soberanía alimentaria.

El PRD debe reaprender el discurso de la interpelación cívica, pero debe empezar por el impulso del diálogo entre los miembros del colectivo.

Debemos reclamar para Panamá un papel activo en la interlocución de las controversias interamericanas. En la más profunda tradición torrijista, Panamá debe recuperar el rol que desempeñó en los últimos 25 años del siglo pasado, mientras buena parte de Centroamérica se desangraba en guerras crueles e intestinas. La Cumbre de las Américas, que se celebró hace poco más de un año, constituye un buen ejemplo. En ese evento el Gobierno actual se comportó de manera adecuada y brillante en ocasiones, se le debe reconocer, y la inmensa mayoría de las formaciones políticas panameñas y actores sociales le expresó su apoyo. Ese es el camino. La próxima inauguración del canal ampliado es una oportunidad y debe servir para reforzar el papel de Panamá en el concierto internacional. Ahora más que nunca, cuando Panamá se ve implicado en un escándalo como es el provocado por los injustamente denominados ‘Panama Papers ' debe mostrarse al mundo una cohesión interna sin precedentes y escenificar una política de Estado en defensa de la reputación de la patria.

El PRD debe abrir sus puertas y ventanas para que entre aire fresco. Incluso los que jamás se han acercado tienen derecho a esperar del partido una explicación sobre lo que se pretende para los próximos años. Solo así se recuperará la confianza y sentarán las bases para la modernización del colectivo.

Tenemos la obligación de trabajar para un efectivo Estado del Bienestar. Solo lo conseguiremos mediante la renovación del contrato social, por medio de políticas de apoyo a los emprendedores y en la aplicación de una política activa en la implementación de la educación y formación técnica. Sabemos que Panamá necesitará en los próximos años cientos de miles de técnicos y especialistas en tecnología, en telecomunicaciones, en logística, en impulso y mantenimiento de las energías renovables. Y también sabemos que no contamos con ellos. ¿Por qué no convertir Panamá en un gran centro de formación técnica para la región? Existen voces cualificadas y universidades en el mundo que saben cómo conseguirlo y están dispuestos a colaborar, eso me consta.

Se acerca el momento del congreso y observo a mi alrededor que se habla poco de estas cuestiones, pero mucho de nombres y apellidos. Un debate como el que se propone requiere libertad de pensamiento, compromiso con los valores que el partido representa y vocación de transformación social. Y sí, de un líder y un equipo. La experiencia es un valor en sí mismo. No es fácilmente transmisible. Y a los efectos de dirigir un partido y un país es un factor que pesa más en la balanza que la edad biológica.

¿A quiénes convienen y qué ocultan ciertos escándalos? Conocido el escándalo Panamá Papers, el normal olfato de periodista investigativo y analista internacional se activó, no solo en mí, pues, a cada momento que pasa encuentro que periodistas y organizaciones serias e independientes coincidimos, por historia y relación de hechos, en que aquí hay más de un gato encerrado.

Hay un hecho cierto: el centro bancario panameño incomoda a grandes intereses internacionales que dentro de sus países lavan miles de millones e incumplen con las supuestas “normas” que quieren imponerle a Panamá. La comunidad internacional de hoy se percata de lo que sucede en Europa y Estados Unidos potencias en decadencia y crisis.

En el desgastado imperio británico madre del imperio americano resurge un laborismo con candidato de izquierda y, en la potencia que alberga a los grupos de élite más poderosos, surge un candidato que, sin respaldo de los consorcios económicos y con los grandes medios de comunicación en contra, gana adeptos, sobre todo en la juventud: B. Sanders.

Sanders condena la “avaricia de Wall Street”, denuncia la corrupción del sistema electoral y político y el robo del futuro de los jóvenes y los trabajadores de ese país, mientras Hillary Clinton, candidata del continuismo, se asesora con el mal recordado Kissinger. Por otro lado, esas mismas “potencias” no alcanzan el despegue económico que ha demostrado ser salvaje e ineficaz. Continúan ampliando las guerras como negocio y geopolítica de dominación, llegando a extremos de tener ahora mismo 12 de sus generales en Irak, supuestamente para comandar un pelotón que admiten es de solo 3 mil 800 tropas que, según expertos, pueden ser comandadas por un coronel.

Está quedando claro quiénes formaron y financian al Estado Islámico/ISIS y que Rusia demostró su efectividad y valía estratégica, militar, política y de compromiso con la paz y el progreso del mundo.

Ante todo este panorama siniestro, ¿qué hacer para distraer la atención pública y lograr otros propósitos internos e internacionales? ¿Podría ser un ingrediente el actual Panamá Papers?

La supuesta “filtración” deja serias dudas y demuestra que algo y muchos están detrás, sobre todo, por los grandes medios que iniciaron la divulgación y sus cajas de resonancia, como por el origen del financiamiento para las investigaciones: Fundación Ford, Open Society (de Soros) y Fundación Rockefeller, entre otros.

Dudas: ¿Acaso no existen otras “personalidades” y corporaciones que puedan estar involucradas en actos peores? ¿O es que casi 400 periodistas investigativos, en 76 países, no encontraron anomalías más graves en sus investigaciones?

¿Por qué se divulga el nombre de Putin, como supuesto involucrado, y no el de otros líderes políticos realmente corruptos? ¿Se oculta lo que no conviene a los intereses del sistema?

¿Por qué la campaña de descrédito contra gobiernos progresistas en América?

De todo esto puede colegirse cuáles son las intenciones de fondo. Solo hay que analizar y razonar con sensatez. Se insiste en la desestabilización de países emergentes para satisfacer la voracidad de dominio del planeta. Ya por allí Inglaterra lanza la candidatura de Nueva Zelanda para controlar la Organización de Naciones Unidas. ¿Hasta cuándo pretenden ignorar a Centro y Sur América y a los países caribeños? Fines aviesos están detrás.

A pesar de sus reducidas proporciones, Panamá tiene potencial y recursos para ocupar un buen lugar en el ámbito internacional. Nuestro istmo, por ejemplo, pudiese ser conocido por la calidad de su democracia liberal, la cuarta más longeva de la región.

Pero es difícil que nos desarrollemos en ese sentido mientras el sistema político siga secuestrado por delincuentes electorales, a ciencia y paciencia de una ciudadanía pasiva que les permite a los maleantes toda clase de vagabunderías.

Panamá podría distinguirse por su capital humano. Con los ingresos que generamos, no debería ser problemático educar adecuadamente y mantener en buen estado a cerca de 4 millones de personas.

Ese desarrollo no será posible, sin embargo, mientras el sistema educativo siga en manos de individuos con serias limitaciones intelectuales, que conciben el proceso de enseñanza en términos tecnocráticos o mercantiles.

Sería interesante que sobresaliésemos por nuestro cuidado ambiental, por la forma como gestionamos nuestro patrimonio ecológico, sus abundantes recursos hídricos y su envidiable biodiversidad. Pero conspiran contra ello centenarias prácticas de destrucción ecológica y la incompetencia de los funcionarios ambientales que solo sirven para figurar o tramitar negociados.

Efectivamente, en vez de darnos a conocer por algo bueno, tenemos una reputación internacional poco satisfactoria. En el extranjero se nos considera paraíso fiscal, centro de lavado de dinero y país corrupto.

En alguna medida sobre todo en lo que concierne a las acusaciones de paraíso fiscal  el desprestigio procede de un interés por reducir la competitividad de nuestros servicios internacionales. También es cierto que no somos los únicos que merecemos mala fama en ese sentido.

Otras “jurisdicciones”, entre ellas, zonas metropolitanas o territorios ultramarinos de miembros de la OCDE (que presumen de impolutos) y grandes bancos domiciliados en Estados de mayor renombre, participan, mucho más que Panamá, en el nauseabundo festín de la evasión fiscal, el lavado de dinero y la corrupción.

Ese es el principal aspecto que revela más bien, confirma la filtración de los denominados “papeles de Panamá”. Nuestro país es un apéndice, lucrativo para algunos, en el entramado mundial de rapacería y latrocinio asociado a la economía global, supuestamente transparente y dizque socialmente responsable.

Como lo señaló la historiadora panameña Marixa Lasso, formamos parte de “ese espacio indispensable, pero con el que nadie se quiere asociar, de la economía mundial”, donde se escenificaron, siglos atrás, el tráfico de esclavos y la piratería. De allí surgieron las grandes fortunas europeas y estadounidenses “que jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la revolución industrial”.

Ahora, agrega la Dra. Lasso, “son las sociedades offshore”, segmento “de un engranaje económico mundial” del que toda la clase financiera internacional se beneficia, pero del que esa clase prefiere no hablar.

A pesar de estas realidades, la mala reputación de Panamá proviene, mayormente, del uso de nuestra economía de servicios para fines nada encomiables. Esto ha ocurrido por nuestra indiferencia ciudadana, arriba mencionada en el contexto de la democracia, aunada a la complicidad de nuestras “autoridades” (carentes de toda autoridad moral) con el crimen internacional.

Por su ineptitud y venalidad, esas “autoridades” en el poder Ejecutivo, el Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Asamblea Nacional y las múltiples agencias regulatorias y superintendencias, se niegan a actuar inclusive de cara a los más evidentes indicios de irregularidades.

Ciertamente, hace décadas circulan alusiones a cuestionables actividades de la firma forense situada en el ojo de la tormenta. En diciembre de 2014, la revista electrónica Vice se refirió a dichas actividades en un impactante reportaje (http://www.vice.com/read/evil-llc-0000524-v21n12).

La investigación del periodista Ken Silverstein expuso los vínculos del bufete con “una colección de conocidos gánsteres y ladrones”, entre los que mencionó a los dictadores Gaddafi, de Libia y Mugabe, de Zimbabwe. Pero en Panamá, nadie le prestó atención a Silverstein.

Ya es tiempo de que asumamos nuestra responsabilidad y dejemos de achacarles enteramente a los demás la culpa por nuestro desprestigio. La mala reputación es un problema histórico que se remonta a la dominación española, recibió fuerte impulso durante la dictadura militar y no se corrigió cuando el país transitó hacia la democracia.

Ahora, el gobierno y la sociedad tienen que enfrentarla con firmeza, sin miramientos ni tembladeras.

El escándalo mundial surgido por la constitución de sociedades ‘offshore ', principalmente las constituidas por abogados en Panamá, presenta una cantidad de problemas, pero también se presentan grandes oportunidades para implementar soluciones, algunas de las cuales hemos expresado hace varios años.

El problema de la creación y venta de estructuras corporativas, nuevas o añejas, no es un problema; el problema es su uso. Es evidente que surgen dos situaciones sobre su uso: 1. su uso legal y 2. Su uso ilegal. La venta de estas estructuras corporativas tiene ciertas estipulaciones de cumplimiento según cada país.

Sobre su uso legal: es importante para el desarrollo y protección de negocios y de patrimonios que permiten la estabilidad y crecimiento de la economía de los países. Sobre su uso ilegal: existen orificios en las leyes y regulaciones próximas pasadas que aprovechan clientes y sus proveedores para concretar sus fines.

Para la constitución de una ‘offshore ' se requiere que la firma de abogados (agentes residentes) cumpla con ciertos requisitos legales. Antes del año 2015 no existía el requisito taxativo de identificar al beneficiario final, requisito que sí exige la Ley 23 de 2015. No obstante, antes del 2015 se exigía conocer a su cliente.

Los especialistas anti lavado sabemos que conocer a su cliente es conocer el uso que le dará a la ‘offshore ' y esto implica conocer al beneficiario final , situación que se complica cuando la venta se hace a un tercero que vende la estructura corporativa al cliente final. La figura del tercero intermediario, NO distorsiona la Ley.

Los decreto ejecutivos 468 de 1994, 124 de 2006 y la Ley 2 de 2011, exigían conocer a su cliente, de forma mínima, y medidas para conocer a su cliente, respectivamente. Es decir, se refiere a aquellas sociedades registradas en Panamá, no en otras jurisdicciones, donde los abogados deben seguir las exigencias de allá.

Las soluciones que se presentan frente a este escándalo en Panamá son: primero, las firmas de abogados deben contratar, para esclarecer el escándalo, una auditoría forense para sustentar que han cumplido con las exigencias legales de conocer a su cliente y beneficiario final , de acuerdo a la entrada en vigencia de dichas exigencias.

Segundo, de manera preventiva, las firmas deben contratar auditoría forense antifraude, para que un especialista pueda prepararles un Programa Antifraude (con enfoque Triple AAA, entrenamiento y utilización de herramientas) que les permita cumplir a cabalidad con su diligencia debida o ‘due dilligence ' a futuro.

Tercero, sería la creación de una Superintendencia de Sociedades Anónimas (SSA), porque las ‘offshore ' y otras sociedades locales sin operaciones, no responden a los organismos de supervisión: superintendencias de Bancos, Seguros y Reaseguros, Mercado de Valores, Cooperativas e Intendencia de Sujetos No Financieros.

Las ‘offshore ' y otras sin operaciones, no están obligadas a presentar estados financieros y otras informaciones que serían importantes para que Panamá envíe un mensaje claro de transparencia al mundo y nuestra legislación sirva solo para propósitos legítimos del mundo de los negocios.

La SSA sería indispensable para identificar, monitorear y proteger a los negocios legítimos y para prevenir, detectar y reportar los negocios que no lo sean. Esto alejaría los malos negocios de nuestro país. Esta sugerencia debe ser implementada en las jurisdicciones que son idénticas o más flexibles que Panamá.

La creación de esta superintendencia aportaría empleos para profesionales de distintas especialidades ante la entidad gubernamental, contribuiría con ingresos para el Gobierno, impulsaría los servicios profesionales de contadores, abogados y otros que a su vez empujan la actividad económica en general.