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Como espina dorsal de pescado robalo atravesado en la garganta, sin la posibilidad inmediata de líquido o sólido para bajarla, es la sensación que tenemos la mayoría de los panameños en estos días, gracias a los mal llamados ‘papeles de Panamá ', que en realidad deben llamarse ‘los papeles de Mossack & Fonseca ', porque los grandes beneficiarios son únicamente ellos y sus amigos. Lo rancio del poder huele y apesta, pero no se da el brazo a torcer y permitir que las aguas logren la transparencia necesaria con una sana y profunda investigación, ya que estos divinos recursos fueron parte de lo que los llevó al dominio y disfrutar de las mieles del mismo.

‘Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa ', reza la vieja expresión mexicana, que busca como objetivo fijar claro, no permitir ociosamente mezclar dos cosas en una, para aprovecharse del resultado final, tratando de perfeccionar la muy conocido relación ‘a río revuelto, ganancia de pescadores '. La actitud económica y política de muchos Gobiernos de países ‘supuestamente amigos ', en contra del Estado panameño es una cosa y lo que se tiene que investigar en nuestro país del actuar de la firma de los abogados de marras, es otra cosa. El pueblo quiere ver si en Panamá se puede juzgar a un amigo del presidente.

Sobre lo primero, no tenemos una sola duda en nuestra unidad y cohesión interna como pueblo, que hemos asumido permanentemente y que, en su momento, hemos sido olvidados y vilmente traicionados por las élites. Sobre lo segundo, paraísos fiscales, nos pueden hablar con mayor conocimiento y manejos todos los que han llegado al poder en este país y se han valido de tal instrumento para sus aviesos propósitos.

Por lo que he aprendido de la vida y puedo asegurar tanta certeza, es que no son los hijos de los Pérez, González, Aparicio, Rodríguez, Gutiérrez, Suira, Grenald, etc, u otros apellidos grandemente respetados y conocidos, los que se dedican a realizar fastuosos viajes a otras tierras a ocultar lo mal habido. Eso tiene su gente y por suerte, gracias a la tecnología, cada vez son más conocidos.

Es a las grandes mayorías desposeídas de este pueblo, a los que nos toca quedarnos en el terruño patrio y defender la soberanía, contra cualquier tipo de invasor, ya que los poderosos se aprovechan de las fortunas guardadas en paraísos fiscales y se van en aviones fletados con sus familias y riquezas, a disfrutarlas en otras latitudes.

Es por tal circunstancia que en estos momentos la credibilidad es casi nula en los que detentan el poder y la rebeldía popular es tan original y fecunda, ya que dichos cuentos de otros tiempos de que ‘viene el lobo ' y ‘ni un paso atrás ', se deja solo para los tontos.

Decía el malogrado cantautor argentino Facundo Cabral, ‘Le tengo mucho miedo a los pendejos, porque son muchos y pueden elegir a un presidente ', y a estas alturas del partido, no somos tan babosos para no darnos cuenta del silencio cómplice que salpica hasta el Palacio de San Felipe. Lugar, que antes de la renuncia producto de tantas investigaciones, como ósmosis se gobernaba a dos manos, en tal frenesí, que lo único que se penetraba eran las membranas de los valores de la sociedad panameña.

¿Será que la justicia en Brasil y El Salvador está investida de una independencia verdadera y los impartidores tendrán hormonas más respetables que los del Estado panameño, o lo expresado por el exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, de que ‘las Cortes de Justicia en Panamá, son palaciegas ', es una verdad de apuño? ¿Por qué ha sido más sencillo y fácil para la Procuraduría de la Nación salir a investigar la denuncia del señalado que quitarnos ese tanque que pesa sobre el Estado panameño y que con el abanico está pringando para todos lados a tanta gente honesta?

¿O será que lo que penetró las membranas es un conciliábulo a tal magnitud que, si me entierras, te vas conmigo a la fosa? Debemos aprender que: ‘Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen '.

En el túnel profundo y oscuro, una tenue voz femenina de esperanza, ha expresado el mensaje mejor aceptado en el momento: ‘Lo que se ha publicado, no define a los panameños 

En 1989, las naciones más industrializadas del mundo, integrantes del G–7, decidieron instrumentar una serie de medidas contra los países y territorios clasificados como “paraísos fiscales”. Desde entonces, a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se plantea toda una serie de exigencias, acuerdos y convenios que cerca de 98 países y territorios están obligados a cumplir.

Robert Fossaert, autor del libro, El mundo en el Siglo XXI, sobre este mismo tema señala: “Estados Unidos…. estableció, en 1986, y perfeccionó, en 1988, una ley sobre el control de préstamos –Money Lending Control Act– que intenta luchar contra el lavado de narcodólares, que no es más que una transferencia de capitales. En 1989, los jefes de Estado del G–7 decidieron cooperar para extender dichos controles. Así se inicia una política de eliminación del secreto bancario, cuyo objetivo es que desborde el comercio de estupefacientes, para extenderse a todas las transferencias de capital, consideradas ilícitas por los Estados de origen de estos capitales. Una deontología financiera de este tipo sanearía la profesión bancaria y favorecería enormemente el crecimiento económico mundial”.

Como se puede observar, las medidas más recientes del GAFI establecen reglas obligatorias de intercambio de información, pero Estados Unidos (EU) se ha negado a firmarlas. Como consecuencia de lo anterior, EU desplazó a Suiza como centro de destino de las grandes fortunas del mundo.

De una nota publicada en el diario español El País, el 3 de febrero de 2016, extraemos lo siguiente: “El pasado mes de septiembre, en una oficina de un bufete de abogados con vistas a la bahía de San Francisco, el director general de Rothschild, Andrew Penney, daba una charla sobre las alternativas de los más ricos para evitar pagar impuestos. Su mensaje era claro: hoy por hoy, la mejor opción es mover su fortuna a Estados Unidos, libre de cargas fiscales y a hurtadillas de los gobiernos. Algunos se refieren ya al país norteamericano, como “la nueva Suiza”.

Tras años arremetiendo contra otros países por ayudar a los estadounidenses más acaudalados a esconder su dinero, EU emerge como un paraíso fiscal de primer orden para los extranjeros adinerados. Gracias a su resistencia a las nuevas normativas internacionales de divulgación de información, EU ha pasado a ser centro de interés de las grandes fortunas para depositar su dinero. Todo el mundo, desde los abogados londinenses hasta los trust suizos ha visto la oportunidad y se han ofrecido a ayudar a los más ricos a trasladar sus cuentas corrientes desde las Bahamas o las Islas Vírgenes Británicas a estados como Nevada, Wyoming o Dakota del Sur.

La centenaria institución financiera europea Rothschild acaba de abrir una oficina en Reno (Nevada), a solo unos bloques de distancia de los míticos casinos Harrah y El Dorado. Ahora se dedica a sacar las fortunas de sus clientes extranjeros de países como islas Bermudas, donde están sujetas a la nueva normativa de divulgación de información, e introducirlas en sus trust de Nevada, donde están exentas.

Esto revela el verdadero objetivo de los Panama Papers. Estados Unidos quiere posicionarse como el principal paraíso fiscal del mundo y así controlar gran parte de los flujos internacionales de capital, ya sea de procedencia lícita o ilícita. Panamá es un paraíso fiscal desde la década de 1920. El cerebro intelectual de esta idea fue William Nelson Cromwell, quien fundó aquí una sucursal de la firma Sullivan & Cromwell e incluyó a Harmodio Arias, como miembro de esta firma por ser uno de los pocos abogados panameños que dominaba el inglés en esa época.

Cromwell era abogado de grandes empresas estadounidenses y estaba interesado en encontrar una jurisdicción que le permitiera a estas escapar de las regulaciones e impuestos que el gobierno del presidente Theodore Roosevelt promulgaba. La idea de Cromwell se materializó en la década de 1920, cuando se aprobó la Ley de abanderamiento de barcos (1925), la venta de sociedades anónimas (Ley 32 de 1927), las leyes de fideicomiso (1925), y las leyes de herencia (1932).

Panamá asume una posición equivocada, al negar que es un paraíso fiscal. Si el concepto de paraíso fiscal se ha convertido en una obscenidad es solo por razones políticas e intereses, porque en las décadas de 1950, 1960 y 1970 los centros de negocios extraterritoriales eran tolerados y prohijados por las grandes potencias. Y vale recordar que, en 1969, Nelson Rockefeller, entonces gobernador de Nueva York y hombre de confianza del desaparecido presidente Richard Nixon, visitó Panamá y manifestó su beneplácito con la idea de fundar, en este país, un centro bancario internacional.

Desde que muy subrepticiamente aparecen los Panama Papers, la conmoción nacional e internacional ha sido intensa, a todos los niveles, desde gobernantes, políticos, deportistas, profesionales, hasta los ciudadanos comunes. En todo el mundo se habla y especula sobre dichos documentos. El daño ya está hecho, nos han tirado lodo a montones, como si el país fuera la firma Mossack & Fonseca. Aún no salimos del estupor y la indignación que esto nos causa, pero por tratarse del país de todos razonemos con cabeza fría. No se trata solo de gritar y defendernos ante semejante infamia.

Por tres siglos, la ruta de Panamá fue patrimonio del Rey de España; luego, en 1880, Francia realiza el Congreso Universal del Canal de Panamá, para buscar la mejor fórmula para construir una vía a través de nuestro territorio.

El intento francés fracasó y Panamá se convirtió en la tumba del otrora gran imperio francés, y en la cuna del nuevo imperio estadounidense, que en 1914 inauguró el Canal.

Nunca hemos sido enemigos de los franceses, al contrario, muchos de ellos se quedaron y nos ayudaron a construir el país que hoy tenemos. Ahora explota esta bomba periodística la más especulativa de los últimos años sobre un problema de vieja data: las sociedades offshore, legales aquí y en todos lados. Y, sospechosamente, lo hace justo cuando estamos próximos a inaugurar el Canal ampliado, para seguir siendo parte fundamental del comercio mundial.

Que estas sociedades se usen con fines ilegales es harina de otro costal, y le corresponde a cada país, dentro de su jurisdicción legal, vigilar y fiscalizar qué hacen sus nacionales con sus finanzas. ¿Por qué tratar de dañar a un país pequeño con tanta saña, en vez de utilizar los medios de que disponen los países amigos, a través de los canales diplomáticos existentes? ¿Qué hay detrás de todo esto?

Hay que cerrar filas y, como bien decían los famosos mosqueteros franceses, ser: “Todos para uno y uno para todos”. El ataque no es contra Mossack & Fonseca, es contra Panamá.

Yo no sé si el presidente François Hollande tiene problemas políticos y quiere usar a Panamá de chivo expiatorio para exacerbar el sentimiento francés. Pero el exabrupto que ha cometido es imperdonable. Hace unas semanas éramos buenos y no teníamos que estar en ninguna “lista gris” y, ahora, por publicaciones tendenciosas que ponen de manifiesto que la humanidad vive del morbo, somos malos. Esto deja mucho que decir de la objetividad del gobernante galo.

Como los países poderosos ya no pueden valerse de espadas ni cañones para someter, ahora utilizan la intimidación, las listas y cualquier otro instrumento algo que sí es ilegal y amoral para tratar de doblegar a los países más pobres, en función de sus intereses y esquemas políticos y económicos.

El próximo 26 de junio el mundo nos tiene que encontrar a todos con un solo propósito y una determinación mayor que la que nos unió el 1 octubre de 1979, para que la ejecución del tratado fuera un éxito. En esa oportunidad era Estados Unidos y Panamá; ahora se trata del mundo entero y Panamá, pues nuevamente abrimos las entrañas del país para que las naves de todo el mundo pasen con mayor eficiencia, seguridad y a menor costo, y no podemos permitir que ninguna publicación ni gobernante afecte este gran logro de los panameños. Saquemos las banderas y pongamos de manifiesto el orgullo de ser panameños.

Hagamos del día en que se inaugurará el Canal ampliado la fiesta de todos, y que ese evento sea la carta de presentación de Panamá ante el mundo, como país serio y responsable.

La lista de paraísos fiscales y Estados que ofrecen servicios corporativos internacionales incluye unos 70 países, entre los más llamativos aparecen: Luxemburgo, Países Bajos (Holanda), Dinamarca, Francia, Alemania, Suiza, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos (Miami, Delaware, etc.). En el mismo negocio aparecen antiguas colonias europeas, como Bahamas, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat y Antillas Holandesas.

La lista de servicios incluye la constitución de sociedades anónimas, fideicomisos y otros servicios típicos que, a nivel mundial, prestan miles de bufetes de abogados y financistas expertos en manejo de capitales y que ponen a disposición de su clientela esa variedad de negocios totalmente legítimos.

Nuestro país tiene un pedazo del pastel, somos “puente del mundo, corazón del universo”; por 100 años hemos desarrollado ventajas competitivas de servicios internacionales para el comercio mundial, como el Canal (1914), el abanderamiento de naves y sociedades, el registro corporativo, la banca, puertos, zonas libres y red mundial de comunicaciones. Todas estas actividades, que nos generan más de 80 mil empleos, surgen de la posición geográfica y de la creatividad propia del panameño.

A pesar de nuestro diminuto territorio, nos envidian los vecinos latinoamericanos y, principalmente, Estados europeos que por siglos explotaron a sus colonias en América, África y el Oriente. En tiempo presente, el viejo continente sufre las consecuencias del superdesarrollo con el decrecimiento de su economía corriendo a velocidad cero. Angustiados por la ruina de negocios y empresas tradicionales, también les pesa la crisis demográfica que ha volcado millones de inmigrantes (y terroristas) a Grecia, Italia, España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania…

Estos viejos Estados son principales actores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un organismo supranacional que dicta normas constrictivas de las actividades de países que no son miembros, pero que sufren la amenaza de restricciones financieras y listas grises o negras. Nada que ver con cooperación para el desarrollo, por el contrario, poco tienen que ofrecer al tercer mundo fuera de amenazar con impedir que las empresas del primer mundo contraten servicios comerciales con naciones pobres. El principal temor es que sus empresas aprovechen venir a nuestros pueblos y dejen de tributar para ellos, un delito capital que consiste en no pagar en Europa impuestos por las utilidades o ganancias que obtienen en los países del inframundo.

En ese entramado internacional ha caído la República de Panamá, a la que Europa pretende estrujar aprovechando la fuga o robo de los archivos de una de las tradicionales empresas que prestan servicios corporativos en nuestro país y otros 32 territorios del mundo.

De hecho, la lista de personajes expuestos como adquirentes de sociedades off shore no son clientes de Panamá, sus incorporaciones vienen de oficinas de Mosak & Fonseca en Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Florida (EU), Ginebra, Gibraltar, Isla de Mann, Liechtenstein. Para hundirnos el puñal, a nuestros adversarios del viejo mundo les resultó muy conveniente bautizar este escándalo con el sonoro nombre de Panama Papers.

Las múltiples ramificaciones que han brotado por la reciente publicación (de dudosa legalidad) de los datos confidenciales de clientes internacionales de la firma forense Mossack Fonseca & Co., nos hacen perder de vista las distintas partes que conforman este embrollo: su divulgación, su motivación y sus efectos y consecuencias.

Su divulgación mundial, bajo el nombre de ‘Papeles de Panamá', forma parte de una cruzada moralista montada por el ‘Centro de Integridad Pública', a través del consorcio de periodistas investigativos que este centro alberga y financia desde Washington D.C.

La investigación, sin rango ni escrutinio oficial, fue hecha en secreto con archivos robados (anónimamente hasta ahora), adquiridos inicialmente por Süddeutsche Zeitung , un periódico alemán de centroizquierda, de gran circulación, asiduo colaborador de dicho centro.

Este ramillete de ilegalidades (un robo descarado de datos), de abuso al derecho a la privacidad, con un discurso moralista, titulado con malevolencia para perjudicar a todo un país, proviene de un centro financiado por filántropos que también se esconden tras fundaciones e instituciones privadas y anónimas. Todo esto desmerita su trabajo investigativo, por más premios que se hayan ganado a través de los años, porque iguala la inmoralidad de los supuestos actos delictivos que delatan.

¿Quién se beneficia con estas divulgaciones malévolas?

Aquí entra en juego otro equipo: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un foro exclusivo de 34 países muy ricos que producen el 80 % del PNB mundial.

OCDE, en 2014 elaboró un acuerdo que pretende obligar a sus socios y no socios (como Panamá) a intercambiar anualmente información sobre cuentas financieras (depósitos bancarios, valores negociables, fondos de inversión, seguros y rentas) superiores a $250 000, sin el requerimiento expreso de autoridades fiscales extranjeras, como parte de una campaña montada desde 1998 contra lo que ellos consideran ‘paraísos fiscales y malas prácticas impositivas'.

Panamá actualmente se ampara bajo la modalidad de acuerdos de intercambio de información a pedido (EOIR  por sus siglas en inglés) y ha suscrito múltiples tratados bilaterales sobre dicho intercambio y para evitar la doble tributación, con países de OCDE.

Se debe aclarar que Panamá no se beneficia con estos arreglos, porque no requiere (ni le interesa) esa información de sus ciudadanos en el exterior, ya que su base impositiva de impuestos es territorial y no global.

Aun así, OCDE insiste ahora en que adoptemos su modelo de intercambio automático y que equiparemos nuestras normas de derecho fiscal y tributario a las suyas, sean o no de provecho para nuestro interés nacional.

Esta imposición, por un organismo al cual no pertenecemos, invita a que se ignore nuestro destino manifiesto como plataforma de servicios y centro logístico, derecho otorgado por nuestra posición geográfica y vocación liberal.

Su centro bancario, modesto y pequeño comparado con los de OCDE; sus proveedores de servicios corporativos panameños, centrados en nuestro Registro Público (que solo permiten acciones al portador bajo custodia), minúsculo en términos globales; y su sistema tributario territorial son decisiones soberanas que no pueden ser negociables ni sujetas a la conveniencia de OCDE.