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El escándalo que estremece al mundo y que afecta, de forma directa la imagen de Panamá, debido a las irregularidades en una firma de abogados local. Demuestra lo frágil que es la reputación de un país y cómo los intereses creados pueden destruir nuestros centros financieros y bancarios, así como la reputación de los panameños.

Aunque este escándalo nos afecta de forma directa es posible reponernos, actuando con inteligencia, prudencia, sentido común, cordura y diplomacia. El presidente Juan Carlos Varela designó una comisión para estudiar el escándalo a fondo, conocer las repercusiones y cómo debemos actuar frente al Gobierno de Francia para restaurar la credibilidad de Panamá y reponer su reputación.

Con el mayor respeto, me permito sugerirle al presidente, que designe a la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores para que sea ella la que viaje a Francia y converse con sus autoridades. Sugiero que sea la canciller, porque ella ha ejercido ese cargo casi dos años y ya conoce a muchos de sus pares, y seguramente se ha ganado la admiración y el respeto de ellos. Es, sin lugar a dudas, la funcionaria de mejor imagen del gobierno, refleja sinceridad en sus planteamientos.

Me parece importantísimo que, tanto el señor presidente como la señora canciller se informen a profundidad sobre este escándalo, mediante la adquisición de la mayor cantidad de los susodichos “papeles”, de manera que no reciban sorpresas durante las reuniones con los representantes de Francia. Es decir, deben conocer hasta dónde se ha comprometido al país con estos “papeles”, que más bien han debido llamarse los Documentos de Mossack y Fonseca.

Por otra parte, el Ministerio Público debe indagar a los propietarios de la firma de abogados, para que, bajo juramento, informen a las autoridades el verdadero trasfondo de este escándalo que ha llevado al país a la situación actual y, conocer así, la otra cara de la moneda. Entre más esté informada la comisión mejor podrá defender al país en las reuniones con Francia. Es obligante que Panamá lleve la verdad y la presente con la mayor transparencia. Recordemos que Francia es una de las grandes potencias mundiales y, posiblemente, sabe más de nosotros que nosotros de ellos, así que evitemos la posibilidad de que crean que estamos defendiendo intereses ocultos.

Sugiero estos puntos por haber sido embajador de Panamá en Francia y haber conocido a fondo a la Cancillería francesa. Estoy seguro de que Francia no tiene absolutamente nada contra Panamá y que sus acciones son necesariamente geopolíticas y políticas, en defensa de su seguridad e interés nacional. La situación actual de Francia es muy delicada por los actos de terrorismo que se han registrado desde el 13 de noviembre del año pasado, y esa nación está en defensa de su economía y de sus valores.

Hoy la máxima preocupación que tiene ese país, al igual que otros, como Inglaterra, Alemania, Israel y Estados Unidos, es que el mayor peligro en el mundo es el movimiento de fondos ilegales entre país o de personas que puedan introducirlos en las organizaciones terroristas como el Estado Islámico, Al Qaeda, Hamas y otras. También les preocupa a estas naciones el lavado de dinero, ya sea por organizaciones o grupos privados, y que al lavarlo se filtren las organizaciones terroristas.

Debemos intuir que el hackeo a esta firma de abogados podría haber sido realizado, quizás, por una de las grandes potencias que están investigando, las 24 horas del día, el movimiento de dineros ilegales o de dudosa procedencia. Tenemos que comprender que la sustracción de 11.5 millones de documentos no es trabajo de aficionados ni de ladrones de oficinas. Para esto se requieren equipos altamente sofisticados que solo poseen países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania e Israel. Seguramente, Rusia tiene estos equipos también, pero por los resultados que vemos y las acusaciones que se hacen contra Putin, es posible que no hayan sido los rusos los que participaron en esto. Se acusa tanto del lavado de dinero como de la evasión de impuestos a altos funcionarios del régimen.

La Cancillería panameña se debe cuidar de personajes que ayer criticaban al gobierno y hoy apoyan y gritan que hay que actuar con medidas de retorsión contra Francia. En los programas de TV vemos a gente que considera que tenemos que aplicar la política de “ojo por ojo, diente por diente” contra Francia, como si Francia fuera nuestro enemigo. Otros desean protagonismo y ver cómo hacen para beneficiarse en el gobierno de turno.

Creo que Panamá tiene la razón, pero a veces la razón no es suficiente para aclarar los conflictos. Por ello considero que la canciller debe llevar como su carta más poderosa, la verdad, y evitar defender a individuos o grupos cuya codicia nos ha llevado a esta situación. Hay que tener en cuenta que los franceses pueden tener pruebas que nuestras autoridades aún no tienen.

El Proyecto de Ley No. 305 de 18 de febrero de 2016 ha sido aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional y espera los próximos debates en el futuro inmediato.

1. Crea una súper figura pública, la Dirección General de Contrataciones Públicas, que puede imponer multas de hasta un 30 % del salario bruto mensual del servidor que se considere responsable de infraccionar la normativa.

2. Relaja la seriedad en la presentación de la propuesta, al punto de permitirse la subsanación de aquellos documentos no aportados, siempre y cuando no se trate de documentos ponderables.

3. Afecta la libre empresa dedicada a la capacitación, debido a que solo la Dirección General de Contrataciones Públicas será habilitada para certificar las horas de capacitación al año, de los funcionarios de compras.

4. Aumenta el monto de la contratación menor hasta los 50 000.00, en donde los requisitos de exigencias son mínimos.

5. Reduce el monto para la fianza de recurso de impugnación al 10 %, para los bienes y servicios, haciendo viable la proliferación de recursos en el Tribunal.

6. Aumenta los días hábiles para notificar un acto en el sistema virtual, de un día a dos días ahora con la reforma.

7. Relaja la seriedad en la presentación de la propuesta, al punto de permitirse la subsanación de aquellos documentos no aportados, siempre y cuando no se trate de documentos ponderables.

8. Podría demorar la ejecución presupuestaria; pues, por la interposición de un recurso, se suspendería todo, hasta contar con el fallo final del caso.

9. Incapacita para contratar el haber sido condenado por delitos en Panamá, por sentencia judicial definitiva, no así en el extranjero.

10. Crea un sistema centralista de las compras en la Dirección General de Contrataciones Públicas, para los convenios marco.

He valorado mucho escribir sobre esta temática que afecta a nuestro país en diversas formas, pero además constituye una inflexión para valorar los caminos del mundo, los sistemas económicos globales y el interés de la población istmeña. Quisiera decir que nuestro sistema de servicios financieros se fundamenta en un modelo de economía abierta, con el que facilitamos los negocios internacionales y servimos de plataforma a la circulación del capital, garantizando, con ello, un centro financiero internacional, un Canal ampliado que requiere más fuentes hídricas, una estructura de reexportación logística y de conectividad, además de una burbuja inmobiliaria que se vincula a un proyecto turístico rentista y no ecológico actualmente.

Por estas razones, las prioridades del modelo de crecimiento no están ligadas al desarrollo agropecuario, ni a inversiones en los servicios ambientales y producción alimentaria; es decir, a un modelo primario de producción, sino a lo que tradicionalmente hemos explotado: un Panamá de tránsito, de economía de servicios y donde el producto interno bruto está determinado por ese impacto del comercio y los servicios. Este sistema económico se asienta en un capitalismo internacional, en el que la conectividad, el emprendimiento y el riesgo son premiados por la ganancia, sin que ello implique un compromiso con los principios de solidaridad, desarrollo social y transparencia.

Desde este contexto y marcados por un capitalismo salvaje, nuestros servicios financieros internacionales y las corporaciones jurídicas ligadas al negocio “societal” offshore, han venido participando agresivamente y han logrado forjar inmensas fortunas, aprovechando las reglas de un mercado aséptico. Por ello, cuestionar la naturaleza legal del comercio de sociedades offshore, sería enfilar contra la naturaleza del modelo capitalista de servicios que tenemos en Panamá. No hay duda de que aquí emerge todo un debate axiológico, que deberemos abordar adecuadamente y que en este momento reclama una propuesta alternativa de interés nacional, frente a este modelo que subyace con una voracidad teratológica.

En ese universo de la competencia y del negocio societario, los países del club de los ricos, han definido los caminos de Panamá, pero además tenemos que aceptar que hay un desafío global del crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico internacional. ¿Desmontamos nuestro sistema o establecemos ajustes sin matar ese modelo abierto? ¿Podemos hacerlo bilateralmente con cada país o tenemos que aceptar las reglas del club de los países ricos? Tal parece que ese será nuestro dilema, pues nos movemos en las reglas del mercado y de la centralización del capital. ¿Podemos apuntarnos un cascabel al gato? Solos no podemos, pero además el modelo social económico, no lo permite, pues estamos en mundo global, donde la fuerza del capital, sin valores ni principios, se fundamenta en el consumo irracional y la acumulación desenfrenada.

Los papeles Mossack y Fonseca son una expresión de ese torrencial aparato de acumulación en el que no están presentes los valores de solidaridad, amor a la patria, desprendimiento por los más pobres, sino un juego impuesto por las reglas de un mercado, en el que el riesgo se mide por la capacidad de venta o la pérdida de esa oportunidad.

Todo este escenario nos lleva, a los ciudadanos del norte y del sur, a construir una agenda basada en el derecho internacional y los derechos humanos; proponiendo una fórmula de paz y respeto a la dignidad humana, no solo individual sino de los pueblos. Un derecho contra el cambio climático, un derecho alimentario, un derecho en que el respeto al secreto profesional de los abogados no esté en contradicción con el derecho de los pueblos y de las futuras generaciones. Un derecho internacional para construir procesos basados en principios y valores, tanto en el ámbito interno de cada país, como en el ámbito de conflictos globales.

Destacamos que Panamá ha estado realizando regulaciones en temas del blanqueo de capitales, terrorismo (hasta somos parte de una coalición antiterrorista) y otras medidas. Por ello, impulsar investigaciones respetuosas del debido proceso no debe ser óbice para que el Estado de derecho sea solo una fórmula técnica, sino de compromiso político con la justicia y la verdad.

Debemos construir nuestra estrategia de país, pero no solo para conversar con los sectores de los servicios financieros internacionales, sino a todos los sectores del país; un diálogo que frente los malos nubarrones nos agarren unidos para refrescar la esperanza. Una estrategia que no se agota en los papeles de Mossack y Fonseca, sino en los temas del agua potable para todas las personas del país; nuevos recursos hídricos para el Canal y su impacto a los campesinos de la costa abajo de Colón; un diálogo con los productores enfrentados al exterminio provocado por el cambio climático; una estrategia de seguridad no solo contra el crimen organizado, sino contra los acaparadores de tierra, y de fincas privadas robadas; una rendición de cuentas de instituciones públicas paralizadas y dañadas; un diálogo con la juventud a partir de una transformación educativa. ¿Y dónde quedó la asamblea constituyente? Es decir, un diálogo en el que haya liderazgo y confianza. Una decisión de Estado y de la sociedad, para articular, dentro del modelo imperante, las bases de una alternativa inclusiva, anticorrupción, democrática y con una profunda cultura de paz, respetuosa de los derechos humanos.

La posmodernidad y la globalización dicen habernos regalado un mundo permeable, abierto, complejo, casi nos hace propietarios de una ciudadanía planetaria. Pero no para todas las personas. Aunque ya no hablamos ni escribimos de las clases sociales, la globalización no va por barrios: va por clases.

Es cierto, los más “afortunados” (como si la riqueza fuera fruto de un sorteo en lugar de un expolio) pueden viajar a casi cualquier parte: su pasaporte y sus tarjetas de crédito, el color de su piel (casi siempre blanco), la persuasión de sus ademanes y la seguridad de que solo van a robar calzando guantes (también blancos) les abren todas las fronteras. En los aeropuertos, como en la vida, hay accesos VIP, salones VIP, seguridad invisible para los VIP, empleadas y empleados acostumbrados a tratar con quienes hablan y callan de una forma diferente.

También están abiertas las fronteras para sus negocios. Pueden importar y exportar desde y hacia los lugares más insospechados, abren compañías offshore asentadas en no-lugares para evitar pagar impuestos en sus lugares de residencia, tienen sus recuerdos en “la nube” y no suelen bajar de la nube de su clase para solucionar los problemas cotidianos: siempre se puede pagar a alguien para que haga gestiones en Migración, en Tránsito o en la Dirección General de Ingresos… Las puertas de la burocracia se abren con tanta facilidad como las fronteras cuando quien reclama o quien pide no es un nadie.

La globalización (y la posmodernidad) no son para los nadie. Es decir, para la inmensa mayoría de esta humanidad tan poco humana. Es más, esta globalización de cartón piedra tiene la capacidad de hacer invisibles a las poblaciones superfluas, a los “residuos humanos” (Bauman dixit) para los que nuestros Estados no tienen un lugar asignado. Y da igual que comporten sufrimiento, que sean los voceros de la barbarie… los nadie permanecen en el limbo de la legalidad pero, ante todo, de la humanidad.

Eso es lo que les ocurre a los 500 africanos que están a la intemperie en el terreno de nadie que separa Panamá de Costa Rica. Mientras los focos están puestos en Mossack y Fonseca y en los otros fabricantes de la globalización del capital… gente con nombres y apellidos, con vidas arruinadas por esta civilización tan poco civilizada, son expulsados de uno y otro lugar, en su afán por llegar al paraíso vetado del imperio del norte. Los países del sur son buenos guardias de seguridad del imperio y evitan que se perturbe al gigante asumiendo la vergüenza de tratar, como animales, a quienes buscan algún espacio en el que comenzar a ser.

Escribía Hanna Arendt que “estar desarraigado significa no tener en el mundo un lugar reconocido y garantizado por los demás; ser superfluo significa no pertenecer en absoluto al mundo”. Estas gentes, como los cubanos que empujan una frontera tan sólida como las leyes que las alambran, están pasando de desarraigadas a superfluas delante de la opinión pública (y publicada) de Panamá.

Las organizaciones de derechos humanos, las que defienden una justicia para todos y todas, las gentes de bien, deben movilizarse para recuperar para la vida a los migrantes offshore (sin patria, sin legalidad vigente a la que aferrarse). Si los Estados nos separan con muros y fronteras, con leyes y policías, nosotras, las personas dignas, debemos, como mínimo, estar al lado de los otros, de los que nos necesitan. Da igual quiénes sean; lo único que importa es que son seres humanos.

Los europeos en este triste 2016 hemos vuelto a 1935 y nos estamos comportando, con los cientos de miles de personas que buscan refugio en el continente que presume de derechos humanos, como los alemanes que se hicieron los locos ante el inicio del fin, ante la planificación industrial del exterminio. No puede ser asunto de cantidad de “residuos humanos”, sino de calidad de la respuesta. Si hoy no nos identificamos con los nadie y somos con ellos una masa solidaria que identifica en cada nombre y en cada sufrimiento el nombre y el sufrimiento propio, mañana solo nos habitará la ausencia y la vergüenza: seremos todos individualmente fascistas, seremos todos responsables intelectuales y materiales de las vidas arruinadas, desencajadas de los 500 africanos, de los 2 mil cubanos, de los cientos de “nadie” aún sin registrar que sufren en nuestra patria el infinito castigo del poder. Abandonemos el tonto egoísmo de creer que los derechos solo son para nosotros, hagamos una pira con los pasaportes y los patrioterismos y hermanémonos con los que son más parecidos a nosotros, que con los ricos que utilizan nuestra nación para robar, engañar, evadir impuestos y blanquear capitales. No hay derechos humanos si no son para todas y todos. No hay migrantes, hay personas. Puede haber fronteras entre los países, pero no entre nuestras almas.