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Confío en que Panamá tendrá los mejores índices democráticos y de desarrollo del continente en 2035. Resulta una historia de esperanza la que el Leicester City Football Club protagonizó, hace unos días, al coronarse, luego de 132 años de existencia, campeón de la Premier League. Quisiera pensar que a nuestro país le faltan alrededor de 19 años, llenos de decepciones pero, también, de trabajo duro y esfuerzo constante ante adversidades, para colocarse como líder definitivo de la región. Los órganos estatales actuales, lejos de llevarnos a una posición de liderazgo, nos mantienen evitando el descenso a ligas menores, situación en la que se encontraba el mencionado equipo inglés la temporada pasada.

El proyecto de ley 305, que modifica las regulaciones de contrataciones públicas de 2006, puede clasificarse como una clara muestra de la mediocridad existente en nuestro sistema legislativo.

Resulta extremadamente placentero ver cómo se exige un veto al Ejecutivo por temas controversiales como la exclusión de los medicamentos del ámbito de aplicación de la ley y la inhabilitación de empresas condenadas en el extranjero. Estas últimas exigencias, basadas en una promesa de total transparencia, revelan el tipo de sacrificios enigmáticos que corre nuestro gobierno al brindarle al pueblo alternativas impulsadas por velocidad y no por prudencia.

Ahora, somos nosotros, la generación millenial, la que debe ir más allá de estos planteamientos, buscando reformas que satisfagan nuestras necesidades y procuren el bien común. Gracias a la oportunidad que tuvimos de crecer de la mano con el internet y la globalización, y por ser criados como buenos consumidores, cuestionando, absolutamente todo, hoy somos parte de una generación enfocada al emprendimiento.

Estudios del Banco Mundial, publicados en la página de la Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), revelan que en América Latina hay muchas empresas y poca innovación.

En el caso de Panamá, se señala que “una baja capacidad de respuesta y debilidad institucional en el ecosistema de emprendimiento en la industria de soporte, instrumentos financieros, articulación institucional, mentalidad-cultura y sistema educativo”, provocan un bajo nivel de emprendimiento local, a pesar de que en diarios como El Financiero se diga que Panamá es un lugar ideal para emprender.

Es precisamente, en las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas, que encontramos una oportunidad ideal para que suba el nivel de oferta institucional que apoye procesos de articulación y consolidación de marcos normativos para el emprendimiento.

Hace unos cuantos años se desarrolló una iniciativa legislativa en España que buscó, primordialmente, promover la unión del emprendimiento con la contratación pública. Los proponentes se percataron de que su sistema público requiere innovación que puede ser perfectamente aportada por el sector de negocios start-up/emprendimiento.

Este modelo español logró incluir en su ley de contrataciones públicas modificaciones como la posibilidad de que empresas pequeñas pudiesen unirse temporalmente para contratar con la administración pública sin necesidad de formalizarlo hasta el momento de la adjudicación. Esto motiva a que varias empresas pequeñas con objetivos afines acudan a licitar en equipo cumpliendo con la respectiva clasificación.

El principio de igualdad de los proponentes se ve asegurado en el punto anterior al igual que cuando se propuso prohibir la discriminación de contratistas previos, que involucra que cualquier cláusula en pliegos que favorezca a un contratista puede traducirse en la nulidad del proceso.

Esta reforma, de igual manera, hizo posible que se constituyeran garantías por medios electrónicos para así crear mayor flexibilidad a la hora de contratar. En Estados Unidos también existen los set aside programs que apoyan, al momento de licitar, la inclusión de empresas pequeñas con características específicas, como aquellas que son lideradas por mujeres, por ejemplo. Adicional a estas reformas que pudiesen aplicarse en la legislación local, si consideramos que las materias sujetas a modificación del proyecto de ley 305 involucran la capacitación de los servidores públicos en materia de compras públicas, ¿por qué no utilizar plataformas de start-ups, como Ayudinga, para crear material didáctico interactivo para los funcionarios? Más allá de esto, plataformas, como Ubiqua, a través de sus softwares empresariales, pueden optimizar y mejorar la productividad del sistema de licitaciones.

El aumento de patrocinadores de start-ups, como Ciudad del Saber o eventos como el Entrepreneruship Week el año pasado, demuestran que este es un sector de nuestra economía que anhela desarrollarse al máximo.

En otras palabras, el mensaje del proyecto ley 305, aparte de no ser claro al hablar de transparencia, señala que es mejor que una empresa corrupta en el exterior contrate en Panamá antes que aquellas, que aunque pequeñas, fueron creadas con esfuerzo y emprendimiento “del patio”. Por otro lado, está en este proyecto de ley una oportunidad evidente de promover el emprendimiento.

El Estado, al tener los medios suficientes para comprar cualquier producto de negocios imaginable, puede resultar ser un gran cliente, incluso durante recesiones.

La posibilidad de abrirle el paso y, sobre todo, motivar a este tipo de empresas a participar en licitaciones puede llevarnos a dejar una notable administración pública deficiente en el pasado. Más que evitar un descenso en nuestro nivel de competitividad regional i.e., peor es nada, nuestros gobernantes deben siempre aspirar a la excelencia y a los más altos estándares.

Cuando los ciudadanos acudimos a los juzgados o tribunales de justicia lo hacemos convencidos de que es el ente competente para solucionar cualquier situación legal pendiente o trámites legales que nos permitan poner en orden propiedades, instancias familiares u otras. Pues, es un órgano público en el que se resuelven litigios bajo su jurisdicción, a través de sentencias fundamentadas en una ‘justicia real, objetiva, eficiente y eficaz '.

Sin embargo, en nuestro país, resulta decepcionante constatar que ese lugar idóneo para encontrar ‘justicia plena ', se torna un fatídico escenario de injusticias, desatinos, incompetencias e indiferencias enmascaradas tras la trillada excusa del error humano. Cuando esas experiencia absurdas e imperecederas son vivenciadas, añoramos ante nuestra impotencia, tener apellidos influyentes, de aquellos que los funcionarios con solo escucharlos, rinden tributos de respuestas y soluciones inmediatas.

La situación recrudece cuando los funcionarios de los juzgados no tienen capacidad de respuestas o peor aún, sus desatinos empeoran la situación. Tal como ocurre en el Juzgado 1° Municipal Civil de Colón, cuando la transcripción de unos expedientes de sucesión testamentaria realizada, supuestamente, por el mensajero de dicha instancia que en ocasiones hace las veces de transcriptor o viceversa, ha dejado una secuela de errores, denotando un servicio judicial chapucero que ha motivado por segunda ocasión el rechazo de las correspondientes escrituras por parte del Registro Público. Dicha instancia, lo ha considerado en ambas ocasiones imperfecto o defectuoso.

Estas incongruencias judiciales impactan emocional y económicamente a quien solicita el servicio, toda vez, que el proceso para el auto de corrección toma aproximadamente dos años, cada vez que dicho documento pasa por la Notaría Segunda acarrea un costo de B/. 90.00; costes de paz y salvo, timbres fiscales (B/. 8.00) por página y costos de reingreso al Registro Público (B/. 10.00) por documento. Cuantas veces el Registro Público rechaza escrituras por defectuosa, se repite la misma ecuación. ¡Realmente, un mendrugo judicial indigerible! Al menos dos veces, la experiencia propia, ha repetido esta nefasta ecuación, ante lo que se ha dado por denotar a modo indulgente como un simple error humano.

Lamentablemente, detrás de muchos errores humanos, en ocasiones, subyacen posturas egoístas y negligentes deliberadas, producto de factores motivacionales o de la organización institucional, al grado que terminan convirtiéndose en violaciones de derechos a terceros. Es entonces cuando, paradójicamente, los errores humanos de servidores públicos judiciales transforman la justicia en injusticia.

En suma, sin pretender mancillar la integridad de nadie, es importante que se enciendan las alarmas y se tomen los correctivos, pues un servidor público brinda un servicio de utilidad social, por lo que tiene y debe beneficiar de manera honesta, íntegra, eficiente y eficaz a todos los ciudadanos, más allá de generar ganancias privadas o ajenas a las percibidas como salario por el trabajo realizado. De hecho, con la complicidad de todos, el clientelismo político, el nepotismo y la corrupción han introducido en nuestras entidades públicas el germen de la ineptitud e incompetencia de algunos funcionarios, como producto de una democracia malsana.

Las negociaciones del nuevo contrato laboral de los capitanes de remolcador del Canal de Panamá duraron 58 semanas y han culminado en estancamiento. El sindicato de los capitanes hizo todo esfuerzo posible para tratar de llegar a un acuerdo de manera honesta y en buena fe, como ordena la ley. Sin embargo, los representantes de la administración mantuvieron una postura invariable en proponer copiar el contrato antiguo que rige desde enero de 2007, añadiendo detrimentos en aspectos disciplinarios y una propuesta económica paupérrima.

Los capitanes de remolcador son hombres y mujeres que han cursado la carrera de oficial de Marina Mercante en una academia marítima o escuela náutica acreditada ante la Organización Marítima Internacional y su convención que establece los estándares de entrenamiento y certificación (STCW). Es un plan de estudio académicamente riguroso, de cuatro años en las aulas, más un año de experiencia en el puente y la cubierta en un barco de la marina mercante.

En este aspecto, un práctico y un capitán de remolcador traen la misma base de estudios; luego uno se especializa en el practicaje, mientras que el otro lo hace en los remolcadores. Cuando un oficial de cubierta avanza sus licencias hasta obtener la de capitán periodo que puede durar al menos dos años y medio de experiencia, escuela y exámenes, la persona ya habrá pasado por un programa de entrenamiento comparable académicamente a una maestría.

En el caso de los capitanes del Canal de Panamá, el programa incluye el desarrollo de un proyecto investigativo, similar a una tesis universitaria.

El gremio de los capitanes de remolcadores del Canal de Panamá trae consigo una lamentable y accidentada historia, desde que la vía interoceánica pasó a manos panameñas. Primero, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) coartó las aspiraciones del colectivo de conformar su propio sindicato hoy conocido como Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC), en el año 2006, al negarse de forma arbitraria a reconocer el nuevo sindicato, y violando así los derechos consagrados en la Constitución Política de Panamá.

Con grandes esfuerzos monetarios y de tiempo, el gremio logró hacer respetar sus derechos ante la Corte Suprema de Justicia, y la UCOC se constituyó formalmente, el 11 de septiembre de 2009, mediante Resuelto de la Junta de Relaciones Laborales de la ACP. Pero, una vez más, el administrador sacudió las bases legales del sindicato ya en vigor, al introducir una demanda de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en diciembre de 2014. Este absurdo y arbitrario atropello, y gasto de recursos oficiales, fue retirado de la CSJ por la propia ACP en el 2015. Ya desde antes, la ACP mantenía un récord plural de apelaciones ante la CSJ, de fallos de la Junta de Relaciones Laborales que habían resultado favorables para la UCOC en correcta justicia. Esto, con el propósito de debilitar al sindicato económicamente.

Mientras tanto, el fuerte sindicato de prácticos del Canal de Panamá, desde 1999 viene logrando importantes conquistas económicas y laborales para sus agremiados. Hoy en día, cuando faltan escasas semanas para que se inaugure la ampliación del Canal, a la UCOC se le niega la culminación satisfactoria de su primera convención colectiva, y se echa por tierra sus justas aspiraciones.

Como es sabido, el rol de los remolcadores en la operación del Canal ampliado cambia dramáticamente, y la responsabilidad y carga laboral de un capitán de remolcador aumenta en gran medida. Es manifiesto que la ACP insiste en ignorar, injusta e irresponsablemente, esta realidad, a la hora de desempeñarse en la mesa de negociación.

Ahora la responsabilidad pasa a manos de la Junta de Relaciones Laborales de la ACP. Deseo instar a sus miembros y a los que integran la Junta Directiva de la ACP para que corrijan, de forma justa, responsable y honesta, lo actuado por el administrador de manera caprichosa y en perjuicio de uno de los grupos laborales más vitales para la operación canalera.

A contrarreloj, la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor, Luiz Inácio Lula Da Silva, intentan acercarse a sus bases de izquierda. El Partido de los Trabajadores (PT) pretende retomar la relación con los movimientos sociales que históricamente han orbitado a su alrededor para la nueva fase que se avecina: una en la que, previsiblemente, el mayor partido de izquierda de Latinoamérica vuelva a la oposición tras 14 años en el poder.

En un discurso ante los sindicalistas para celebrar el 1 de mayo en Sao Paulo, la presidenta de Brasil aprovechó el que podría ser su último gran acto masivo antes de dejar su cargo para anunciar un reajuste del 9% en Bolsa Familia, el programa social símbolo de la era del PT, además de nuevas fases del programa de vivienda Minha Casa, Minha Vida y ventajas fiscales para clases medias y bajas. Lula no hizo discurso público para, según fuentes del Gobierno, “no quitar protagonismo” a Rousseff.

El día 11 de mayo está prevista la votación del proceso de destitución en el Senado, que probablemente suspenderá temporalmente a la presidenta y abrirá camino para que el vicepresidente Michel Temer asuma el cargo. Los senadores tendrán entonces 180 días para analizar las acusaciones contra Rousseff –hasta el momento, se resumen a delitos fiscales– y votar a favor o en contra de la destitución definitiva.

El acto del domingo en Sao Paulo era, como siempre, una marea roja (el color del PT), pero la asistencia fue menor que en otras manifestaciones de semanas anteriores y se respiraba un cierto aire melancólico. Rousseff, de blazer rojo, subió al palco para repetir que no está acusada de corrupción y que los delitos fiscales de los que se le acusa los cometieron también sus antecesores. “Este golpe no es solo contra mí y contra la democracia, es contra las conquistas de los trabajadores”, subrayó, en referencia a posibles cambios en el salario mínimo y las pensiones. “Voy a resistir y luchar hasta el fin. Estoy aquí el 1 de mayo porque es un día de resistencia”, afirmó Rousseff. “Se trata de defender un proyecto que votaron 54 millones de personas”.

Los reajustes de Bolsa Familia y las tributaciones de clases desfavorecidas anunciados por Rousseff se han topado hasta ahora con la resistencia por parte del Tesoro brasileño, dada la mala situación de las cuentas públicas, pero la evaluación política concluyó que eran necesarias como gesto de despedida de Rousseff. En el caso de Bolsa Familia, hay muchos especialistas que defienden la corrección, debido a la inflación del 10% que viene afectando a Brasil en los últimos dos años. El programa, del que se benefician 13.8 millones de familias y es uno de los responsables de la reducción de la pobreza en el país desde la década pasada, no se reajustaba desde mayo de 2014. Creado en 2005, el programa se transformó en un puente entre el PT –un partido mayoritariamente de clase media y fuerzas sindicales– y los más pobres. La consagración de Lula en la presidencia hizo que uno de los ideólogos del partido, André Singer, bautizara el fenómeno como “lulismo”.

Irónicamente, la defensa contra la destitución, que el partido y sus aliados clasifican como “golpe” por juzgar que las acusaciones contra Rousseff son demasiado frágiles, ha servido como principal galvanizador de las izquierdas en torno al PT de nuevo. Desde el mes pasado, los líderes del PT y sus seguidores reúnen a miles de personas en la calle en defensa del Gobierno. A pesar de ser menores que las multitudinarias marchas a favor de la destitución, demuestran que todavía tienen poder de movilización.

El sistema tributario general de Panamá es profundamente atractivo para la inversión extranjera y competitiva a nivel regional. Nuestro tipo imponible de ISR es menor al promedio regional, el IVA es el más bajo, carecemos de tributación provincial y la tributación municipal es mínima. No hay en Panamá impuestos heterodoxos como el impuesto a las transacciones financieras que existe en otros países y los intereses sobre depósitos bancarios están exentos. Sin embargo, ese mismo sistema atractivo hacia fuera, adolece hacia adentro de graves distorsiones que promueven injustas desigualdades.

Una de las causas del desequilibrio tiene mucho que ver con los debates recientes. Se trata de que el marco legal existente del ISR de fuente territorial, permite que también el Fisco de Panamá sea evadido por contribuyentes sofisticados que utilizan vehículos corporativos opacos de refugios fiscales, para no aportar la porción justa de su impuesto. Sobre este tema ya habíamos adelantado algunas ideas en artículo del 12 de noviembre del año pasado, el cual puede ser consultado en el siguiente vínculo:http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/necesita-convenios-intercambio-informacion-tributaria/23903378.

En esencia el asunto se resume a que ciertos contribuyentes de alto nivel económico, se benefician de la opacidad de los refugios fiscales como BVI, Bahamas, Belice, Islas Caimán y otros, con el objeto de crear mecanismos para reducir su pago del impuesto en Panamá.

Las fórmulas son variadas. Es posible crear desde esas jurisdicciones gastos ficticios para los contribuyentes panameños, mediante sociedades controladas por el propio contribuyente de Panamá, que facturan contra el contribuyente de Panamá y ayudan a reducir su base gravable, mediante la deducción de esos gastos.

La situación actual permite que se utilicen mecanismos de triangulación para interponer ‘traders ' controlados por el propio contribuyente de Panamá, el cual, en un ejemplo un poco simple, importa desde Asia a 20, revende para Panamá en 90, deja 70 en el refugio fiscal sin pagar impuesto, luego en Panamá el contribuyente de Panamá vende al consumidor final en 100 y le reporta al Fisco ganancia de 10, cuando quizás realmente tuvo una ganancia de 80.

Incluso es posible organizar préstamos falsos desde el extranjero mediante compañías vinculadas al contribuyente de Panamá, a intereses muy altos fuera de mercado, pagaderos desde Panamá, para generar deducciones altas de gasto financiero que reducen el impuesto en Panamá, a pesar de las retenciones, y trasladan parte de la renta a refugios fiscales con nula o muy baja imposición. Este esquema resulta mucho más eficaz para la evasión cuando lo combinan con el uso de incentivos fiscales que permiten pagar intereses al extranjero sin retención.

La herramienta más útil para combatir estas prácticas son los convenios de intercambio de información tributaria con los refugios fiscales. A través de ellos la DGI podría tratar de conocer quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades de esas jurisdicciones que tienen transacciones con los contribuyentes de Panamá, conocer si de verdad tienen sustancia económica y asegurarse de que no son pantallas para la evasión. Con esa información podría la DGI aplicar mejor sus otras herramientas de control como la normativa de evasión fiscal y las reglas de precios de transferencia.

Estas medidas de mayor transparencia tributaria internacional ayudarían a Panamá a mejorar su recaudación para atender las necesidades públicas, cerrando estos espacios de evasión que usan, sobre todo, los grandes contribuyentes.

Hoy en día Panamá no tiene los convenios mencionados. Por ello, la DGI tiene limitadas las herramientas para combatir estas prácticas que no solo son ilegales sino que son éticamente cuestionables, especialmente por cuanto son una típica ilustración de la desigualdad del sistema, dado que, por contraste, colocan en una situación de clara desventaja a una cantidad importante de contribuyentes, en especial personas naturales, a quienes se les descuenta el impuesto en el salario y carecen de estas opciones de reducción del impuesto.

La desigualdad del sistema también se refleja en el hecho de que, pese a que el sistema general es competitivo, dentro de Panamá existen múltiples regímenes especiales que hacen que una serie de contribuyentes paguen todavía menos. El ejemplo cumbre está en la exoneración del impuesto sobre la renta para los puertos y los suplidores de naves que cruzan el canal. Se trata de la explotación de nuestra posición geográfica, la riqueza de la zona de tránsito debiera aportar para ayudar a las provincias, por lo tanto, estas exoneraciones sobre negocios exitosos carecen de sentido de justicia.

El Nobel Joseph Stiglitz ha escrito: ‘Para que los mercados funcionen como se supone que tienen que hacerlo, tiene que haber una adecuada normativa gubernamental. Pero para que eso ocurra, hemos de tener una democracia que refleje el interés general, no intereses especiales ni simplemente a los de arriba '. ( El Precio de la Desigualdad , Madrid, Taurus, 2012). Coincido con ese enfoque. Por ello pienso que es hora que el marco normativo panameño permita que Panamá tenga convenios de intercambio de información tributaria con los refugios fiscales, a la vez que vaya reduciendo los regímenes especiales. Esta es una excelente vía para caminar hacia una sociedad más igualitaria, poniendo al pueblo primero.