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Desde hace mucho sostengo que el problema fundamental de Panamá es de naturaleza política. Por supuesto, no me refiero a que es un problema que resolverán los que han adquirido conciencia social de sí y para sí, al autodenominarse “clase política”.

El problema de Panamá se resume en una situación en la que el desarrollo de su potencial económico y social está en crisis. No hay ningún dato que indique claramente que este país va hacia una situación social mejor. Hay indicios, sospechas, pero nada de rigor científico. Por lo que aprecio, esta circunstancia no es entendible para la “clase política”. Y no todos los políticos, en el sentido aristotélico, pertenecen a la “clase política”.

Si no se resuelve la crisis, en el peor de los casos el Estado está en peligro de garantizar su existencia. No es ficción, la historia es larga, pero pensemos en Irak, Siria, Yugoslavia, y no se olviden que Alemania se recuperó hasta la década del 80 del siglo pasado, y que después tuvo que enfrentar la reunificación. Claro, es poco probable que Panamá atraviese por semejantes situaciones, pero sí es posible que el país que conocemos ahora sea distinto de aquí a una generación.

La economía es el sustento material de una nación. La nación se conforma por un grupo de grupos de interés económicosocial que busca articularse por medio del control del Estado. En ese sentido, el problema de Panamá es que los grupos que buscan articularse no encuentran fácilmente el común denominador porque el Estado se presenta difuso.

El problema de Panamá es político porque el Estado es un concepto político. El Estado es una organización social, económica, con política soberana y coercitiva conformada por instituciones en un territorio determinado. No estamos en la época dorada de Grecia. Hoy día el Estado debe ser reconocido por la comunidad internacional y debe estar sujeto al derecho internacional.

¿Cuál es la organización social, económica, la política soberana y coercitiva que, por medio de instituciones operativas, garantizaría la funcionalidad de algo llamado Panamá, como ente, como proyecto de desarrollo socioeconómico sostenible en el territorio nacional?

En este contexto, el concepto de organización coercitiva no debe preocuparnos. Es un asunto de la necesidad de reglas claras, de instituciones adecuadas para el desempeño de iniciativas para el progreso social.

¿Cómo podría calificarse la operatividad de las instituciones en Panamá con todos los escándalos que deben enfrentar ante la comunidad nacional e internacional? ¿Cuál es el territorio nacional de un país que atraviesa serios problemas producto del manejo “extraterritorial” de su economía que sirve de plataforma de servicios internacionales?

Claro, no olvidemos que hasta hace poco recuperamos la plena soberanía del territorio nacional. Solo han pasado 16 años en contraste con un proceso que inició (en la economía internacional) en 1501, transitando por la época del ferrocarril y del oro de California, conocidos por el “Escándalo de Panamá” en la época del canal francés, siendo famosos por los sucesos que llevaron a nuestra necesaria separación de Colombia, que sirvió para que se construyera el Canal. No olvidemos la época de la dictadura militar en la que finalmente se destacó Noriega; después hicimos fama con la invasión. Es increíble, pero aún hay panameños ofendidos por el nombre de marca Panama Papers.

Las naciones no crean el nacionalismo, el nacionalismo a veces inventa a la nación. El nacionalismo es una ideología. Puede ser sustentada por razones económicas, étnicas, por populismo o criterios religiosos muy en boga en la actualidad. Muchas personas inteligentes e influyentes están de acuerdo en que es necesario redefinir o definir a Panamá con urgencia. Por supuesto, hay muchos panameños y ciudadanos del mundo que preferirían no discutir nada sobre este asunto. ¿Cómo vamos al grano sin retóricas redundantes? Ya se han propuesto muchas iniciativas de visión país, pero todas han fracasado. Si no, cómo explicar dónde estamos. ¿Alguna idea?.

Cada vez que alguno de los implicados en los casos de corrupción del gobierno anterior es interrogado por cualquier medio de comunicación social o cuando sale de una fiscalía, aduce que es víctima de auditorías amañadas y que las mismas no son competentes.

Rebuscan todo tipo de argumentos para cubrir la cantidad de delitos que hoy los catalogan en la picota pública como los más perversos administradores de un gobierno que solo se dedicó a esquilmar los fondos públicos.

Estos nuevos ricos, que deben reportarse periódicamente, saben que las investigaciones para deslindar sus culpabilidades se fundamentan en los resultados de auditorías forenses que profesionales idóneos, especializados en esta prácticas, los vinculan a ilícitos.

Se han descubierto numerosos casos, como sobreprecios en la compra de materiales y equipos, a la vista de todos los ciudadanos que esperan la certeza del castigo, porque además están ligados a los montos altísimos de la deuda pública.

Los análisis de los auditores forenses merecen todo el respaldo de los superiores y del público en general. Estos se orientan a la investigación de los perpetradores de un crimen económico. Es una auditoría especializada para descubrir los fraudes y actos presumiblemente ilegales.

Las quejas de los implicados, como los exdirectivos de pequeñas y medianas empresas, exministros de Educación, de Seguridad y otros, sobre las auditorías forenses a las que han sido sometidos, son injustificadas. Pasan también por el tamiz de la Contraloría General antes de parar a manos de un fiscal.

No solo se percibe que cometieron delitos. Las auditorías forenses, que no son unas auditorías corrientes, evidencian la práctica del dolo, cuya penalidad es determinada por los jueces. Cuantifica los fraudes financieros con base en técnicas precisas para combatir el delito y trabajan estrechamente con la aplicación de justicia, construyendo pruebas periciales.

En consecuencia, los lamentos de uno y otro encausado, como son los anteriores directores de la Caja de Seguro Social, envueltos en más de una docena de procesos, no tienen cabida ni son excusa alguna para ocultar sus delitos.

Ya se sabe que el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI) mantienen íntima relación con el núcleo de poder en Washington; que la mayor parte de estos ‘periodistas ' no se dedica a la investigación, sino a las denuncias de delitos financieros; que jamás el CIPI ha criticado crímenes fiscales y financieros de EE.UU.; que el CIPI tiene los Papeles MossFon desde agosto de 2015, los cuales fueron sustraídos y no pirateados, y que solo divulgan los documentos que pretenden incriminar prioritariamente a los enemigos de EE.UU. y a otros, en menor escala y sin mayor importancia, de sus ciudadanos y socios.

La revelación, parcial e interesada, de los Papeles Mossack-Fonseca ( MossFon ) tiene los siguientes objetivos:

1. Crear una estampida de los capitales hoy amparados en refugios no anglosajones hacia el complejo de paraísos fiscales de EE.UU., Inglaterra, Holanda e Israel, donde gozarán de absoluta inmunidad, garantía y protección, condiciones ausentes en sitios de Europa, Latinoamérica, el Caribe, Asia y África.

2. Desprestigiar a los enemigos de EE.UU., como Rusia, China, Siria, Irán, Venezuela (Vladimir Putin, Bachar al-Assad y Mahmud Ahmadinejad, Chávez-Maduro, etc.) para provocar estremecimientos que puedan cambiar sus estructuras políticas en favor de Occidente.

3. Desestabilizar a los países emergentes y a los posibles líderes que conformarían un mundo multipolar, como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS).

4. Construir un bloque regional para oponerse a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA).

5. Echar las bases de un Nuevo Orden Internacional bajo EE.UU.

Sería ingenuo pensar que estos objetivos puedan lograrse sin la intervención de los servicios de inteligencia proclives a EE.UU.

El primer objetivo —estampida de capital— se produce a raíz de la desconfianza en el supuesto mal manejo de Mossack-Fonseca y, por extensión, de otros offshores no anglosajones, cuyos cuentahabientes mudarán sus fondos a EE.UU. La firma panameña es casi un jugador irrelevante en el escenario global de los Rockefeller, George Soros, Rothschilds, que manipulan sus títeres tras bambalinas.

Según artículo en Rebelión, ‘toda esta operación mediática titulada como Panama Papers trata más bien de una maniobra de ‘shock' para que los grandes capitales se vean obligados a trasladar sus capitales a una zona segura y así, de paso, eliminar cierta competencia que pueda haber '.

Conforme al periodista y experto financiero alemán Ernst Wolff, ‘el escándalo de los llamados ‘papeles de Panamá', es un intento de redirigir los grandes flujos financieros de las zonas ‘offshores' o paraísos fiscales hacia EE.UU. ', (Resumen Latinoamericano / RT/ 5 de abril de 2016).

‘Lo que está sucediendo ahora es que EE.UU. está tratando de secar ciertos paraísos fiscales para presentarse a sí mismo como el nuevo y mayor paraíso fiscal del mundo ', afirma el periodista.

Mientras tanto, en territorio estadounidense está vigente un secreto bancario ilimitado, y los estados de Nevada, Dakota del Sur, Wyoming y Delaware son ‘paraísos fiscales absolutos ', explica Wolff, añadiendo que, tras este escándalo, multitud de individuos y corporaciones retirarán sus fondos de las compañías offshore para redirigirlos a los dos primeros estados.

Se estima que en los offshores hay depositados alrededor de 30-40 billones de dólares y que EE.UU. está interesado en redirigir estos fondos a su país para reflotar su alicaída economía.

Esta estampida multibillonaria tiene sus antecedentes en la huida del gran capital que entró en pánico por causa de la Depresión de 1929 y se refugió en EE.UU.

Según Thierry Meissan (Voltaire), fue la jefa del Comité de Consejeros Económicos del presidente Barack Obama, la historiadora Christina Romer, quien sostuvo la tesis de que lo que sacó a EE.UU. de la recesión de 1929 ‘no fue el ‘New Deal' de Roosevelt ni la Segunda Guerra Mundial, sino la afluencia partir de 1936 de los capitales europeos que huían del aumento de los peligros '.

El temor de los dueños a perder sus fortunas hizo que las trasladaran al lugar más seguro, y el operativo MossFon no tiene otro fin que destruir los paraísos fiscales no anglosajones.

La tesis de Romer está en la base de la política económica de Obama, quien ‘actuó para cerrar todos los paraísos fiscales que no están bajo control de Washington y Londres ' y después, ‘organizó la desestabilización de Grecia y Chipre para que los capitales europeos fueran a refugiarse en los paraísos fiscales anglosajones '

‘El tratado de extradición con Estados Unidos es de principios del siglo XIX, y el crimen por el que la Corte Suprema estaría solicitando la extradición no es parte del Tratado, porque en aquella época no había teléfonos y mucho menos era un delito escuchar conversaciones ', la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, en un conversatorio en el Council on Foreign Relations de Washington, Estados Unidos. La vicepresidenta dijo que han estudiado y evaluado el tema, y la situación se presenta ‘complicada '.

Comentario propio

La Ley 75 de 1904, aprobó la Convención de Extradición entre Panamá y los Estados Unidos de Norteamérica. Con la misma se conviene en entregarse mutuamente las personas que, habiendo sido acusadas o condenadas por los delitos en el Tratado descrito, busquen asilo o se encuentren en territorio de la otra. Es un hecho público y notorio que el diputado del Parlacen Ricardo Martinelli Berrocal reside hoy en día en los Estados Unidos.

El listado de los delitos por las cuales se puede extraditar a un nacional que consagra el artículo segundo del tratado en cita, contempla los siguiente delitos: el delito de malversación cometida por empleados públicos, el soborno, homicidio y/o crímenes, robo, falsificación de valores, algunos tipos de fraude, perjurio, violación, rapto, sustracción de personas, delitos en el mar, incendio, pero no las interceptaciones.

La acusación que hizo el magistrado Harry Díaz contra Ricardo Martinelli Berrocal contempla supuestos delitos de interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial, pero también, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, peculado por sustracción o ‘malversación ' y peculado de uso.

Conforme al Tratado, ninguna persona entregada podría ser acusada, enjuiciada o castigada por otro delito cometido antes de su extradición, que aquel por el cual fue extraditado, salvo que conviniera voluntariamente en ello.

Conforme al Tratado no se requiere de la imputación de cargos para extraditar a un nacional, ya que lo que basta, conforme al Artículo III, es o la condena o la acusación.

A mi juicio, al tenor del Tratado de marras, Ricardo Martinelli Berrocal si pudiera ser extraditado, debido a que ha sido acusado, por un lado y por el otro, se le señala por un supuesto cargo de ‘malversación ', por ejemplo.

El proceso de extradición pudiera ser harto complicado, porque por ‘pinchadas ' no puede extraditarse, de acuerdo al Tratado bajo comentario, pero puede ejecutarse la medida en los términos expuestos.

Antes del golpe militar de 1968, los diputados eran electos por provincias, dependiendo de los habitantes de estas. La costumbre era que cada empresa grande tuviese su diputado. Así, en Bocas del Toro y Chiriquí las bananeras contaban con su representante legislativo, al igual que grandes empresas, como Cemento Panamá, Cervecería Nacional y la Fuerza y Luz en la provincia de Panamá, Varela Hermanos en Herrera y, los ingenios en Coclé. Los grandes terratenientes y ganaderos de Chiriquí, también procuraban tener a alguien de confianza en el hemiciclo. En provincias como la chiricana y Bocas, donde el sindicalismo bananero era poderoso, pudieron llegar a la Asamblea al abogado sindical Carlos Iván Zuñiga y al dirigente obrero Virgilio Schuverer. Esos eran casos excepcionales.

La Asamblea que encontraron los militares en el 68, solo duró once días y sus diputados no recibieron pago alguno durante ese período. Eso sí, ya existía una planilla especial de 300 personas, ‘botellas ', que de seguro jamás irían a trabajar, allegadas a los que habían ganado las elecciones. Toda esa información fue publicada en los periódicos de la época para darle justificación a los militares ante el golpe que acababan de dar para ‘adecentar el país ' tan destruido por la ‘oligarquía ' y los ‘políticos corruptos '.

Panamá fue gobernada por Decretos de Gabinete hasta 1972, cuando se conformó la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento (al inicio de solo 505), cuyas funciones básicas eran elegir cada seis años al presidente y vicepresidente (que le indicaran los cuarteles) y declarar la guerra. Paralelamente ese año se nombró un Consejo Nacional de Legislación, integrado por allegados al régimen, donde nunca se supo con exactitud cuántos eran, pero que sirvió de Órgano Legislativo hasta 1980, cuando se elige un híbrido de Asamblea: dos por cada provincia y dos representantes de corregimientos, electos en 1978, por cada provincia.

En 1983, con las reformas constitucionales que incluyen para 1984 la primera elección presidencial desde el golpe del 68, se discute cómo integrar la nueva Asamblea. El representante de la Democracia Cristiana en esa comisión, José Antonio Sossa, propuso la integración de una Asamblea compuesta por diputados nacionales, escogidos de la dirigencia de los partidos, y diputados electos por provincia. La idea era de llevar a gente valiosa de cada partido a la Asamblea que quizá postulados nunca ganarían una elección. Se buscaba mejorar la calidad de los integrantes de esa institución tan desprestigiada.

Lo primero que hicieron fue llamarlos legisladores, ante el gran desprestigio que tenían los diputados de antes. Rubén Darío Paredes, a la sazón comandante de la Guardia Nacional, influyó para que la idea de parlamentarios nacionales no prosperará. En su lugar promovieron la elección por circuitos electorales, donde un circuito electoral con 20 000 habitantes elegía tantos legisladores como una provincia con diez veces más población; esa fórmula no garantizaba la representatividad. Así se controlaría mejor a los electos. O sea que, si bien elegiríamos una nueva Asamblea por primera vez en 16 años, no se encontró la mejor fórmula para hacerlo, totalmente d esgastada y desfasada hoy.

Hoy tenemos 32 años de ese experimento que cada vez se percibe peor por la población. A pesar de que el PRD se apropió en 1984 de 16 curules que no le pertenecían, la mejor Asamblea que ha habido con el nuevo sistema fue precisamente ésa, indistintamente yo hubiese estado allí. En el Panameñismo había gente de primera línea como el colonense Jacobo Salas, Marcos Alarcón, y Antonio Arias. En el Liberal estaba Mario J. de Obaldía; en el Molirena se destacaron Jorge Rubén Rosas y Jaime Fernández y por el Gobierno nadie duda del valor de Luis Navas, Lucho Gómez, Rigoberto Paredes, Alfredo Oranges, Raúl Montenegro, Jerry Wilson y Ovidio Díaz, por mencionar algunos, siendo los de la Democracia Cristiana, Carlos Arellano Lennox, Bertilo Mejía, Raúl Ossa, Jorge Montemayor y yo.

Después de 32 años urge una mejor integración legislativa. Sin egoísmos y mirando al futuro, el país requiere de un mejor Parlamento. De mejor calidad; lo que hemos tenido en los últimos años, con raras excepciones, da lástima y pena. Donde los electos no lo sean por su dinero ni por la relación que tengan con actividades ilícitas. Donde la población, tal como ocurría en 1984 y en 1990, escuche con atención sus sesiones, ya que sabe que allí está representada la Patria.