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Panamá, como país, no se mete con nadie. Por definición y tratados internacionales, somos neutrales. Nos hemos esforzado en los últimos años en firmar acuerdos, tanto comerciales como de asistencia fiscal, con todos cuantos nos han pedido. En especial con EUA, hemos cedido a cuanta solicitud nos han hecho en particular después de la negativa del CMA en el Gobierno de Ernesto Pérez Balladares, pero Mireya Moscos, Martín Torrijos y especialmente Ricardo Martinelli les aprobó todo lo que pidieron. En nuestro país vemos en algunos operativos ‘jackets ' de la DEA, FBI, US CUSTOMS y otras agencias norteamericanas.

Entonces, ¿por qué este ataque a nuestro país?, ¿a su centro financiero, a su comercio? El caso Mossack-Fonseca, según ellos han admitido, lo financiaron agencias norteamericanas, aun cuando Panamá como productora de ‘offshores ' y depósitos bancarios es mínimo al lado de Suiza, Londres, estados de EUA como Delaware, Nevada y otros, Hong Kong, Islas Vírgenes, etcétera.

En el caso Waked no han mostrado una sola prueba, una evidencia, un cargo o expediente, no hay un ‘indictment ' para Abdul Waked; sin embargo, han atentado contra sus compañías, dos periódicos y todo un complejo comercial. ¿Por qué? Decir que estas familias aquí eran los mayores lavadores de dinero en el mundo, es una osadía que nadie puede creer. El problema es que cuando caes en el molino de la justicia norteamericana, es casi imposible salir bien librado.

No hay duda de que EUA es un imperio, un poderoso enemigo cuando se ensaña contra uno. Irak pagó el precio de haberse ‘confundido ' los gringos y atacarlo por tener armas de destrucción masiva; el país, destruido en una guerra y muerto su líder Hussein, ha caído en un proceso de debilitamiento y empobrecimiento increíble. EUA mantiene tropas en Afganistán en una lucha que no pueden ganar, mientras tratan de consolidar su fuerza en América y sus aliados europeos, pero viendo día a día crecer a Rusia y China en poderío.

Y en ese rejuego político, ¿qué interés tienen en debilitar a Panamá?, ¿por el tercer juego de esclusas?, ¿por el canal?, ¿será que pretenden llevarlo de vuelta a su posesión?

Quizá los Gobiernos han sido condescendientes; pero el pueblo panameño, no. Sigue siendo nacionalista y dispuesto a morir por su soberanía. Olvídense del canal, ya es y será nuestro por siempre. Que acaben con nuestro centro bancario, puede ser, usamos el dólar y podrán siempre limitarnos. Pero creo injusto que la relación Panama-EUA sea en una sola dirección. El haber admitido que capturaron a Nidal Waked en Colombia porque no confían en nuestra justicia, fue un insulto. Acaso no hay personas de sus entidades de justicia trabajando en Panama, con una embajada que tiene casi 100 personas laborando allí que incluyen una gran cantidad de agencias de EUA y no diplomacia.

Si sumamos a lo que ocurre las coincidencias, ejemplo, Martinelli pide voto legislativo de oposición, Panamá pide extradición de Martinelli, o bien, ¿por qué no pensar que EUA sugirió a Panama pedir la extradición mientras se distraer el pueblo del tema Waked? Para el panameño nada es sorpresa, ya ha visto el maniobrar de EUA en el pasado en nuestro país, nuestro mejor aliado, pero nuestro peor amigo en momentos. EUA ya no tiene las tropas acantonadas en Panamá de ayer, pero su presencia e influencia es mayor que nunca en el pasado.

¿Cómo terminará todo? Mossack y Fonseca seguirá como firma forense, ahora sin la compañía de fideicomisos, Waked presentará una espectacular pelea con el Departamento del Tesoro, pero tendrá que hacer grandes esfuerzos para mantener sus empresas, especialmente de ‘duty free ' y comercio, creo podrá salvar los dos periódicos, si es de su interés. Panamá pasará por un periodo de incertidumbre y temor de otras firmas de abogados y otros empresarios que teman algo similar a lo ocurrido, hasta que por fuerza de la costumbre volvamos a la normalidad. O, caerán otros bufetes, otros empresarios y Panamá tomará un rumbo descendente peligroso para nuestro futuro.

Lamentablemente, hoy, cuando evaluamos el futuro de Panamá lo tenemos que ver con el imponderable de qué harán los EUA, atacarnos despiadadamente para liquidar totalmente el negocio de las ‘offshore ' y el lavado de dinero o manejarse con el cuidado necesario para no estrangular al país. Siempre entendí la frase de Omar sobre que estaríamos bajo el paraguas del Pentágono, pero nunca que EUA podría algún día entrarnos a paraguazos.

La lucha del pueblo sigue, ante los embates de un Gobierno que prioriza el negociado a la atención de las demandas sociales; que mantiene a los ladrones de cuello blanco en impunidad.

Vergonzosa resultaron las declaraciones de diputados de las diversas bancadas justificando su gira turística con los impuesto que pagamos los trabajadores, pues la clase empresarial no paga, tal como dejan al descubierto los últimos escándalos (Mossack-Fonseca, Waked, Lista Clinton). Frente a ello, Varela declara que cada Órgano del Estado tiene que cuidar su imagen. ¿Qué significa ello? ¿Acaso el Ejecutivo no tiene que velar por el buen uso de los recursos del pueblo panameño? Ah, ello también lo han hecho.

Mientras tanto, no hay recurso para atender los problemas en las comunidades: falta de agua potable, aguas servidas, recolección de basura, ineficiencia del transporte público; problemas que se acentúan sin que se dé respuesta concreta por parte de las autoridades. Pero si se sale a protestar, son reprimidos.

El desempleo se incrementa, la informalidad laboral, no se proyectan de manera significativa nuevas fuentes de empleo, pero el alcalde Blandón atropella y reprime a los buhoneros. Llama la atención que los kioscos son derrumbados sin tener ninguna alternativa lista. Señor Blandón: No se puede atropellar para después decir que están dispuestos al diálogo. Señor Blandón: No se pueden trasladar mecánicamente recetas de otros lares.

En educación, más de cinco planteles escolares cerraron sus puertas por la inseguridad de la infraestructura; a esta altura del año escolar faltan por nombrar más de 200 educadores; los niños pobres tienen cuatro meses sin recibir leche ni galleta nutricional en las escuelas públicas, debido a la ineficiencia de Meduca y la avaricia empresarial.

En cuanto a salud, los servicios que prestan el Minsa y la CSS siguen siendo ineficientes. El negocio de las autoridades parece estar por encima del derecho a la salud, así las largas filas de los asegurados en búsqueda de atención y medicamentos es una agonía diaria, en las instituciones del Minsa la situación no es diferente. Además, en diciembre de 2015 el FMI (promotor histórico de las paramétricas) presentó su informe donde recomienda llevar la edad de jubilación para hombres y mujeres a 65 años y ajustarla cada seis meses a 70 y así sucesivamente.

A nivel de las comunidades campesinas e indígenas la lucha por el ambiente sano es permanente, ante la imposición de proyectos depredadores que solo benefician a las grandes corporaciones mineras e hidroeléctricas. Barro Blanco nuevamente en el foco de la lucha, el pueblo Ngäbe Buglé se manifiesta exigiendo a las autoridades la cancelación de los proyectos hidroeléctricos, pues provocan desalojo, migración forzada y ponen en peligro la producción de alimentos en el área. A estas justas demandas la respuesta de Varela fue la represión, dejando como saldo varias personas afectados por los gases lacrimógenos y perdigones, así como la detención de algunos compañeros. El Gobierno ha trasladado al área más de 500 efectivos, lo que parece recordar la misma posición asumida por Martinelli (Dos masacres contra el pueblo Ngäbe Buglé), Gobierno en el cual cogobernó Varela por 26 meses.

Este cuadro de situación revela lo que año tras año vivimos los sectores populares ante la política de Gobiernos que ven la esfera pública como una fuente para seguir engrosando sus arcas personales, los de ayer ‘entraban limpios y salían millonarios ', los de hoy ‘entraron millonarios y salen multimillonarios ', sin que a la fecha los corruptos ni corruptores hayan sido juzgados. Prima una mafiocracia, que profundiza la crisis institucional

Frente a ello, la lucha del pueblo no puede quedarse solo en el plano reivindicativo, sino que debe ir a la esfera política. Es necesario tomar conciencia sobre quiénes son los verdugos de la población. Desafiamos las antidemocráticas leyes electorales, en un honesto proceso de inscripción de la verdadera alternativa electoral, el Frente Amplio por la Democracia (FAD), sin clientelismo, sin compra de inscripciones, estamos por los 40 000 adherentes, eso les preocupa, por eso han lanzado su campaña falaz contra el FAD.

El escándalo ocasionado por la divulgación de archivos del estudio de abogados Mossak Fonseca, por el volumen y gravedad de la información ventilada en medios internacionales. Alerta sobre algo que no habíamos pensado: que el sistema jurídico de las sociedades anónimas, en general, y de las fundaciones de interés privado y los fideicomisos, crea un doble sistema jurídico, un blindaje legal para un grupo económico privilegiado, contra los derechos de terceros, en especial, de las clases populares. Y que la confidencialidad entre el abogado y su cliente que ahora defiende el Colegio Nacional de Abogados, citando una cadena de leyes (creadas por ellos y aprobadas por diputados) debe ser revisado frente a las múltiples evidencias sobre el carácter de interés público de gran parte de la información que se esconde tras esta “confidencialidad”.

Aparto de esta reflexión los casos más sonados de compañías offshore utilizadas para el blanqueo de capitales y corrupción internacional (con demasiada frecuencia como para decir que fueron prácticas excepcionales), porque incluso los abogados están de acuerdo en que deben ser castigadas una vez se comprueben sus faltas. Cuestiono otros argumentos pendientes de profunda revisión, porque todavía hay quienes defienden la moralidad de las sociedades anónimas, el secreto profesional de los abogados, la evasión fiscal y otras alimañas, arropándose en la soberanía nacional.

1. Con frecuencia vemos que la legalidad y la ética están en contradicción. Decir que algo sea legal no equivale a que sea justo, ético, democrático ni honorable. La esclavitud, la servidumbre, el derecho de pernada, las indulgencias, la decapitación, entre otras, fueron prácticas legales en tiempos pasados de la civilización occidental, a pesar de que hoy nos parezcan salvajes, indignas o reprochables.

2. Insistir en que evadir impuestos no es delito penal en Panamá, según declaraciones de la procuradora de la Nación, a pesar de que este acto hurte dinero al Estado y, en consecuencia, a obras sociales, equivale a una condescendencia inexplicable, y hasta auspiciadora, en beneficio de quienes evaden impuestos porque no están en planilla y compran sociedades anónimas.

3. Afirmar que las sociedades anónimas son un instrumento legal para protegerse contra la inseguridad por posibles secuestros de familiares a cambio de dinero es un argumento flojo, porque saber quién tiene dinero y quién no es fácil, basta una simple mirada a las mansiones de la ciudad y la playa, a los autos, yates, aviones o helicópteros privados de quienes buscan ocultar su dinero, dizque por miedo o, incluso, por pudor.

4. Defender la intimidad de las personas bajo la confidencialidad abogado-cliente con el argumento de que la privacidad es un derecho humano debe llevarnos a preguntar: ¿Cuál es la naturaleza del secreto de las sociedades anónimas que se guarda con tanto celo? Buena parte de la confidencialidad profesional de los abogados esconde información de interés público y de terceros, en la medida en que encubre a últimos beneficiarios de las sociedades anónimas y el origen, la cantidad y resguardo del capital del cliente. Las sociedades anónimas se convierten en un instrumento para esconder al cliente y su capital, lo que permite, entre los daños menores y menos escandalosos: evadir impuestos en caso de herencias y evadir posibles reclamaciones de esposas divorciadas o compañeras unidas, hijos ilegítimos, trabajadores, entre otros, en defensa de sus derechos sobre el capital del cliente amparado en una sociedad anónima. En estos casos, la sociedad anónima actúa como una entidad legal superpuesta dentro del sistema jurídico, creando una especie de doble sistema, una fortaleza jurídica para blindarse de obligaciones legales frente al Estado y frente a terceros. En analogía con una sociedad medieval, crea una especie de fortaleza intramuros para su nobleza, separada del territorio extramuros para campesinos. Es decir, blindan a sus clientes como si fueran los habitantes de una fortaleza y los sitúan en un subsistema legal por encima del jurídico general de los Estados, que sí aplican a la población “extra muros” de la clase media profesional y los trabajadores. ¿Es esto ético y democrático? No contamos con normas que estipulen la forma en que se procesa penalmente a las personas jurídicas, apenas permiten que se ordene la declaración indagatoria de su representante legal.

5. Ningún panameño desea que el escándalo de los Papeles de Panamá lleve el nombre del país. Sin embargo, continúa siendo política del Estado amparar una legislación que sigue protegiendo a corruptos.

6. Analicemos otra tesis: Que los paraísos fiscales responden a los infiernos fiscales. Si a los defensores de paraísos fiscales les parece que algunos de sus Estados cobran una proporción demasiado alta de los ingresos de sus ciudadanos en calidad de impuestos, ¿por qué no debaten sus leyes fiscales en las instancias políticas correspondientes, sea Asamblea, Parlamento u otros para defender el sistema fiscal que piensan más justo? ¿Y por qué ampararse en sociedades anónimas que los protejan solo a ellos? ¿Acaso es justa que esa misma proporción de impuestos sea pagada por los demás ciudadanos trabajadores? ¿Y les parece bien que los evasores de impuestos se beneficien de las obras públicas financiadas por quienes sí tienen que pagarlos?

7. La propuesta de limitarnos a crear o depurar leyes que regulan las sociedades anónimas para poder oxigenarlas y mantenerlas vivas es una solución cosmética que no resuelve el problema de fondo que identifica a ese instrumento o subsistema jurídico como fortaleza intramuros que protege y, por tanto, genera castas, al blindarlas y situarlas por encima del sistema legal que aplica a las mayorías. Este problema no se resuelve con aplicar una técnica legal más refinada para resolver los vicios más groseros de nuestra debilitada institucionalidad. Si bien el uso de una buena técnica legal es necesario, el problema principal que enfrentamos es que carecemos de visión de país y, en consecuencia, de visión de nuestro país en el mundo, que defienda principios de solidaridad y derechos humanos.

El escándalo de los Papeles de Panamá permite entender mejor los mecanismos legales que conducen a la desigualdad, la impunidad, la injusticia y la concentración de la riqueza, al esconder el origen del dinero de las sociedades anónimas y a sus beneficiarios.

¿Hasta cuándo continuará la demagogia y retórica falaz de nuestros políticos? Los últimos acontecimientos en materia política, económica y judicial, nos llaman a reflexionar sobre todo lo acaecido en los últimos 25 años posdictadura. Lo que se criticó antes, ahora es bueno y se disfraza bajo el ropaje del poder, supuestamente democrático. El mal endémico de la corrupción y la falta de compromiso hacia las clases sociales menos favorecidas afecta el desarrollo de todo un pueblo que exige la distribución equitativa de las riquezas, con igualdad de oportunidades y verdadera aplicación de la justicia. No obstante, la seguridad jurídica ha sido gravemente afectada por los escándalos en el Palacio de Justicia Gil Ponce, en donde tres magistrados han sido separados en los últimos cinco años.

A todo esto se suma un debate poco armónico que revive y lacera el dolor de las víctimas de la dictadura, pues en programas televisivos y en las redes sociales se aborda la posibilidad de que se le otorgue el beneficio de depósito domiciliario, por razones humanitarias, al otrora comandante de las Fuerzas de Defensa, Manuel Antonio Noriega. Él ejerció el poder político y militar en contubernio con civiles que aprovecharon la coyuntura del poder de las armas y la realidad de aquel momento, para hacer “negocios”, sumar importantes fortunas poco cuestionadas, y violentar el orden jurídico y constitucional para cometer atrocidades de orden social, económico, político y, sobre todo, contrarias a los derechos humanos.

Hoy, aprovechando el silencio de Noriega, sus exseguidores y antiguos amigos, lo señalan, critican y hasta vulneran sus derechos, con el ánimo de decidir su suerte, pero son solidariamente responsables por haber auspiciado la comisión de infinidad de agravios contra quienes no se ceñían al régimen de la época.

Frente a este contexto, ahora el análisis obligado es preguntar: ¿Cuántos errores, malas prácticas, vejaciones y violaciones a los derechos humanos se han cometido posdictadura, en una seudodemocracia viciada de injusticias sociales, inequidad, corrupción rampante, uso desmedido de los recursos del Estado, justicia selectiva, tráfico de influencias, abuso de autoridad, abuso policial y extralimitación de funciones?

La malas prácticas que se criticaban otrora, persisten en su aplicación y generan el descontento y el repudio ciudadano. La dinámica social solo cambió de actores; así aquella sociedad que vivía lamentables episodios en el periodo de la dictadura militar, sufre ahora una dictadura civil, y los ciudadanos todavía aspiran a vivir en un país equilibrado, libre de ataduras y de los resabios negativos del pasado. Sin embargo, vemos las mismas malas prácticas ejecutadas por quienes han sido electos por el voto popular.

Hagamos un balance y observemos que solo han cambiado los nombres y apellidos, escudados en partidos políticos, junto a un equipo de trabajo integrado por gente que se aprovecha de su posición para cometer actos impropios y saciar su ambición. Todo esto nos debe advertir sobre sus verdaderas intenciones, si intentan volver a postularse a un puesto de elección popular.

El desasosiego que generan las acciones de estos personajes nos mantiene en una vorágine de especulaciones e incertidumbres sobre nuestro destino. La inexistencia de políticas públicas adecuadas más un sistema judicial sometido a constantes escándalos, por su falta de independencia, nos llevará al descalabro. Esta crisis política, económica y social no es más que el reflejo de una sociedad carcomida por las ínfulas de poder, la miseria humana, la ausencia de principios y valores; en la que impera el criticar para descalificar, sin embargo, se hace lo mismo que se critica, peor o de forma disimulada, para no advertir a la ingenua población que confía en los proyectos y promesas de gobierno.

Debemos estudiar la historia para observar que en la administración de la cosa pública los hechos se repiten, porque el hombre, en su afán y búsqueda de mecanismos absolutistas, promueve y genera espacios para establecer ideales, que no necesariamente son en beneficio de los menos favorecidos. Como estudioso de los fenómenos sociales, he de advertir que solo con una adecuada organización y selección del poder político lograremos un relevo generacional equilibrado, con bases sólidas que rompan los paradigmas del oportunismo y el clientelismo. Esto permitirá decidir el futuro de la nación en las próximas contiendas electorales, favoreciendo la generación de políticas públicas que resuelvan la infinidad de promesas incumplidas en lo que concierne a salud, educación, seguridad, ambiente, transparencia, justicia social, igualdad de oportunidades, desarrollo humano sostenible y todas aquellas necesidades que surjan de una sociedad en constante evolución, que demanda una adecuada visión de país.