Cuidar nuestra democracia

Recientes publicaciones de La Estrella de Panamá muestran cómo desde la administración alcaldía de Roxana Méndez se contrató a la empresa Novasoft, que a su vez subcontrató a la compañía tecnológica Eico, investigada en España por la trama de corrupción política llamada ‘Operación Púnica ', en la que desde 2014 se ha detenido a más de 50 políticos, funcionarios y empresarios. No solo se realizó una contratación de ‘urgencia ', refrendada por la entonces contralora Gioconda Torres de Bianchini, sino que con dineros de los contribuyentes más de 400 000 dólares se buscó favorecer la reelección de la alcaldesa. Amparados en un contrato para supuestos servicios a la Alcaldía de Panamá, evaluaban y apoyaban la figura política de la alcaldesa, a través de redes sociales y medios fantasmas influyeron en las elecciones internas del partido Cambio Democrático e intentaron manipular el proceso electoral para la comuna capitalina en 2014. No por pasado o porque los resultados electorales no le hayan sido favorables a la señora Méndez dejamos de estar frente a gravísimos hechos que revelan cómo, desde el poder y con fondos públicos, se puede procurar manipular las muy populares redes sociales y hasta la opinión pública. Las autoridades, particularmente el Ministerio Público y el Tribunal Electoral, deben iniciar una investigación profunda sobre estos hechos, nuestro Estado de derecho y nuestra democracia se cuidan todos los días.

Sin supervisión no hay justicia

Los panameños tenemos diversidad de ideologías y diferencias en cuanto a conceptos de cómo debe funcionar la economía pública, pero es muy poco probable que estemos en desacuerdo en lo que se refiere a la responsabilidad del Estado de garantizar justicia y seguridad a todos los ciudadanos.

Panamá tiene algunos rasgos propios de estados fallidos, como son la inefectividad de prestar algunos servicios básicos, percepción de la inseguridad como el principal problema del país, y una evidente desproporción entre escándalos de corrupción y funcionarios de alto perfil condenados. La mayor tasa de privados de libertad por 100 mil habitantes, de Latinoamérica, en su mayoría esperando juicio, y por otro lado, el hecho de que ya no parecen ser noticia las constantes denuncias de percepción de justicia selectiva en prácticamente todas las instituciones de control.

A lo largo de las últimas elecciones ha habido diversas denuncias que señalan al crimen organizado como financiador de campañas políticas a diferentes niveles, sin que nada ocurra posteriormente. Por otro lado, se ha vinculado a funcionarios de la Asamblea Nacional con actividades del crimen organizado, sin que hasta el día de hoy se esclarezca si hubo o no participación de los diputados relacionados con esos funcionarios, y sin que parezca haber interés en investigar a mayor profundidad. De igual forma, hemos observado con frecuencia fallos controversiales de jueces y magistrados que despiertan alta suspicacia y duda en cuanto a su integridad, pero resulta aún peor el desinterés de la Asamblea en investigar las múltiples denuncias por corrupción y venta de fallos.

Está ampliamente demostrado que la corrupción es inseparable del crimen organizado. La lucha contra una es inseparable de la lucha contra el otro. Entre el crimen y la corrupción hay sinergia.

Entre ellos se alimentan, se infiltran y se reproducen a todo nivel del aparato estatal y de la sociedad.

No es secreto que en nuestra historia reciente ha habido pactos de mutuo encubrimiento a cambio de apoyo político. No es secreto que la impunidad se ha negociado entre órganos del Estado, entre partidos y entre gobiernos, a cambio de movidas políticas para llegar al poder o para mantenerlo. En Panamá no hay nada que garantice que la justicia continúe los procesos de casos de alto perfil luego de cualquier cambio de gobierno o negociación entre políticos.

Todos sabemos que los sistemas humanos rinden más cuando son vigilados. La sociedad civil panameña, que debe ser una de las principales vigilantes de los procesos, parece dividida, distraída, entretenida, con una población que parece mayormente apática, limitada a comentar entre amigos o criticar en redes sociales, sin tomar acciones de presión con responsabilidad. Sin embargo, la mayoría de los panameños piensa que las acciones internacionales son justificadas, y dejan expuesta nuestra fragilidad institucional, a la vez que desaprueban el manejo que está dando la justicia panameña a casos de dimensiones internacionales, que han generado grandes escándalos y lastimado la imagen del país.

Cuando una forma de hacer las cosas no ha funcionado es porque tampoco va a funcionar. Es hora de buscar otras opciones. Hermanas naciones americanas han dado ejemplos de activación de su justicia, con la participación y el fortalecimiento de su sociedad civil, como vimos en el desmantelamiento de una red irregular en el Gobierno de Perú, y en lo que parece ser el fin de la tradicional impunidad en la élite brasileña, con más de cien condenas en el caso de Petrobras.

Otro modelo exitoso que podemos considerar, tomando en cuenta nuestra realidad, es el de apelar a ayuda internacional para externalizar la lucha anticorrupción a un ente supervisor, similar a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, al Programa Anticorrupción de El Salvador, o la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

¿Habrá alguna forma de hacer que nuestra sociedad despierte y exija activamente justicia, para evitar que Panamá siga el camino que tomó Colombia, o México, hasta ubicarse entre los países con peores índices globales de impunidad, y sociedades inmersas en la violencia?

¿O será que sencillamente es hora de convocar a la formación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Panamá?.

CSJ y temas electorales

En fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con fecha de 28 de abril de 2016, pero recientemente suscrito por los magistrados, la más alta corporación de justicia se pronunció sobre temas del Código Electoral. Magistrado ponente: Abel Zamorano.

Sumario de la decisión:

1. No es inconstitucional que en cada elección solo puedan postularse tres candidatos presidenciales por libre postulación. La CSJ dijo que el ejercicio de la libre postulación debe ser ejercido dentro de un contexto que no promueva la proliferación de candidatos en forma descontrolada, que a su vez, genere mayores costos de financiamiento por parte del Estado y que no conlleve una auténtica aspiración a la Máxima Magistratura del Estado, o al cargo de diputado por el voto de representación popular, pues ello desnaturalizaría la majestad de uno de los cargos de máxima elección popular en nuestro país.

2. Es inconstitucional la frase que obligaba el concepto previo por la Fiscalía General Electoral para que el Tribunal Electoral pudiera ordenar la suspensión provisional de la propaganda electoral sucia. La CSJ dijo que resulta desacertada su inserción, dada la sensibilidad de la propaganda electoral y la reputación del candidato o partido político que se afecta con dicha propaganda.

3. Es inconstitucional la frase ‘La votación se realizará selectivamente, por un elector un voto. Por cada persona, votante o elector, se contará un voto '. La CSJ dijo que al establecer la Constitución la existencia de circuitos plurinominales, está diciéndoles a los votantes que la representación de ellos es plural y por lo tanto, deben tener derecho a votar por la totalidad de su representación. El votante en un circuito uninominal vota por la totalidad de su representación (uno); el votante de un circuito plurinominal debe poder votar por la totalidad de su representación (2, 3, 4, etc.). El criterio de ‘una persona, un voto ', solo tendría validez jurídica si todos los circuitos fueran uninominales.

La importancia de este fallo radica en ponderar la decisión de la CSJ sobre un tema que debería fijar el lineamiento a seguir en la futura reforma electoral por discutirse en la Asamblea Nacional.

De aves, jueces y buenas nuevas

Cada mañana me hago el propósito de matizar mi día con toques de color rosa. Me resisto a sumarme al grupo de los ‘todo está mal. La negatividad acogota, impide apreciar las cosas buenas que tenemos. Como dice una amiga, ‘si puedes respirar sin asfixiarte, no te quejes, alégrate. No es conformismo buscar balance para llevar mejor las inevitables dificultades del diario vivir. Mi rutina mañanera prolonga el encanto de la noche que termina en el amanecer cuando todavía, como dice el tango ‘Silencio ' (Gardel), todo está en calma/ El músculo duerme/ La ambición descansa '. Antes de enterarme de las noticias en los medios, pródigos con las malas noticias y tacaños con las buenas, leo un rato el libro de turno, ( La guerra perdida de Lorenzo , del colombiano Rafael Baena, q.e.p.d.), regalo de mi mecenas literario; o juego Scrabble, excelente para gimnasia de las neuronas, en la laptop (‘ordenador portátil ', traducción sin uso ante la brevedad de laptop). Afuera esperan decenas de aves que podría jurar, me conocen; cada mañana, antes de irme a trabajar les sirvo frutas y semillas, gasto que no cubre mi canastita básica familiar; me gusta ver el revoloteo de azulejos, sangre de toro, tortolitas y hasta pericos. Recientemente, ver las aves más grandes alejar de la comida a las pequeñitas (la ley del más fuerte) trae a mi mente al embajador norteamericano Feeley. Y se rompe el encanto del amanecer.

El ambiente nacional está pesado; hay incertidumbre, inquietud. No hay un punto en el país que no ande con ‘las mechas paradas '. La justicia anda en carreta; se ha perdido la confianza en su pulcritud. La pesada herencia de Gobiernos ‘democráticos ', y la más onerosa de todas, la del quinquenio Martinelli, es lastre que no ha logrado superar el Gobierno actual. Las lluvias, más cargadas que lo usual en estos meses del año, han causado estragos. Recientemente nos cayeron como rayos fulminantes dos problemas graves: los Mossack-Fonseca Papers (me niego a usar el otro nombre) y los casos Waked.

Subí el tono del rosado para resistir dos noticias que me dejaron estupefacta. El juez Rolando Quesada Vallespi, el que liberó a Ignacio Fábrega, caso Financial Pacific, liberó $35 millones en cuentas bancarias, y vehículos de lujo que habían sido cautelados a Cristóbal Salerno. Hasta me pellizqué para convencerme de que no estaba dormida y sufriendo una pesadilla. Salerno, sí, el del negocio Cobranzas del Istmo con Luis Cucalón, exjefe de la Dirección General de Ingresos; el mismito que confesó entregas de bolsas de dinero en efectivo al expresidente Martinelli, su ‘mocha ' en un negocio que era mejor que ganarse el Power Ball de Estados Unidos; el que tuvo que devolver al Tesoro Nacional $20 millones 699 mil (como quien dice, un par de dólares). Los alegatos del juez son como para una antología de la impunidad, me dice al oído la mosca de la suspicacia.

El otro caso es de película tipo ‘El Padrino ', también con fallo de antología. El juez Felipe Fuentes, del Juzgado Séptimo Penal, absolvió del cargo de blanqueo de capitales a Dangelo Ramírez Ramea, quien en 2009 fue capturado por la policía; en su camioneta había armas de fuego y $1 millón en efectivo con trazas de metanfetamina, ¡pero no eran suyos, se los encontró cerca de su auto! Me llamó tanto la atención el cuento del dinero encontrado, una vez me encontré en una acera un billete de $20.00 y tampoco sabía de quién era, que busqué más información sobre Ramírez. ¡Este señor está ‘sala'o '! Lo han acusado de cuanta cosa; de tenencia de armas de grueso calibre; de vinculación con robo de $2.4 millones en un banco de la Zona Libre de Colón; de atentar contra la vida de un señor Mejía (disparos a ‘la anatomía ' de Mejía), pero nadie vio nada; y se le acusa de ser, supuestamente, jefe de la banda ‘Calor calor '. Interesante que haya sido sobreseído en seis ocasiones ( El Siglo 3/6/2016). Kevin Moncada, actual abogado defensor del escurridizo Ramírez, está emplanillado en la Asamblea Nacional, asignado al despacho de la diputada Zulay Rodríguez. Sobre lo ético como funcionario y a la vez defensor de Ramírez, Moncada dice: ‘Tiene el récord policivo limpio, defender a una persona inocente no es antiético '. Para mi sorpresa, Rodríguez, que siempre se sabe de todas, todo, dijo: ‘Yo no tengo conocimiento de nada '. Raro, ¿no? Las respuestas de Moncada rechazan el color rosa y valen lo que un centavo hueco; su posición en la Asamblea es incompatible con su rol de abogado defensor de Ramírez.

Por último, agradezco los esfuerzos del Gobierno y el apoyo de gremios y sectores ciudadanos para salvar cientos de empleos en las empresas Waked; y como columnista y ciudadana que defiende el derecho a la libre expresión, las muestras de solidaridad con los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo. Cierro con dos buenas noticias: que la directora del Instituto Nacional de Cultura (INAC) está conformando el Consejo Asesor ( ad honorem ) del INAC con ciudadanos dispuestos a aportar su conocimiento y experiencia para devolver al INAC el lustre que tuvo hace varias décadas. Y que el canal ampliado, nuestro canal, pasó con éxito su prueba inicial.

La desigualdad, fuente del conflicto social

Los profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales en el mundo han estimulado la búsqueda de respuestas por parte de la comunidad internacional por más de dos decenios.

Por ello, los jefes de Estado y de Gobierno de 193 países, reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sede en la ciudad de Nueva York en septiembre de 2015 aprobaron la ‘Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible '. Esta amplia y ambiciosa iniciativa reconoce a la igualdad y la sostenibilidad como los principios rectores, compartidos y universales, en los que se deben basar las nuevas estrategias y políticas globales, regionales y nacionales para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados y las 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

Los objetivos y sus metas abordan los grandes temas que condicionarán el desarrollo sostenible hasta el año 2030, cuyos propósitos fundamentales son ‘acabar con la pobreza extrema; luchar contra la desigualdad y la injusticia, y combatir el cambio climático '. Esta agenda trascendental servirá como un Plan de Acción para que la comunidad internacional y los Gobiernos nacionales promuevan la prosperidad y el bienestar común en los próximos 15 años.

Además de propugnar por poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.

La Agenda 2030 reconoce la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas con igualdad de acceso a la justicia y que se basen en el respeto de los Derechos Humanos (incluido el derecho al desarrollo), Estado de derecho efectivo, una buena gobernanza, así como en Gobiernos e instituciones transparentes y eficaces que rindan cuentas a sus pueblos.

En su ‘Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres ', Juan Jacobo Rousseau sostuvo que la desigualdad social y política es el resultado de los abusos de aquellos que se apropian para sí de la riqueza del mundo y de los beneficios privados que derivan de esa apropiación. La desigualdad está fuertemente relacionada al estrato social, al género, la etnia, la religión, entre otros. Este fenómeno afecta más a las minorías sociales, quienes son las que sufren la mayor parte de las carencias o ven limitadas sus aspiraciones a una vida mejor.

En este contexto, a pesar de su crecimiento económico y a los megaproyectos en construcción, el nuestro es un país donde las desigualdades entre sus ciudadanos son muy marcadas. Conforme al documento de Unicef del 2015, Panamá está entre los quince países del mundo con mayor desigualdad económica y en Latinoamérica ocupa el tercer lugar, con 55 % en el Coeficiente de Gini.

La mayor desigualdad puede verse reflejada en la educación. Mientras no le demos prioridad a la educación, las esperanzas de resolver las desigualdades estarán muy distantes. Cuando las posiciones magisteriales no sean distribuidas de acuerdo a criterios competitivos, sino por ideologías políticas y gremialistas, no habrá avances. A ello se suman las pugnas permanentes entre los gremios magisteriales y el Gobierno, lo que no facilita alcanzar las mejoras que el sistema requiere y brindar a los panameños la posibilidad de un sistema escolar público de excelencia y éxito ciudadano.

La desigualdad se refleja también en los precios de la canasta básica, afectando la calidad de vida de las personas con menores ingresos, perjudicando su alimentación y salud, contrario a las clases sociales altas con mayor capacidad adquisitiva. Y qué decir de los problemas del transporte público y de inseguridad en la que viven los ciudadanos en la mayoría de las ciudades.

La desigualdad en todas sus formas genera estrés, inconformidad, tensión y, a la larga, antipatía hacia la clase política y gobernante. Ello se manifiesta con más intensidad en cada período electoral, donde la promesa de cambiar la vida de los electores carece de propuestas coherentes con las necesidades de los ciudadanos. También en la insatisfacción y frustración que producen el incumplimiento de las promesas al llegar al Gobierno, para que los ciudadanos puedan aspirar a condiciones de vida dignas y no existan distingos políticos, de raza, sexo o religión, para lograr el sueño de mejores días. Panamá lo merece. Panamá lo necesita.

Una ley para los LGBTI, es una ley para todos

Panamá debe adoptar legislación que prohíba los actos de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, y tomar medidas para promover los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y prevenir su discriminación.

Al igual que las mujeres al principio del siglo veinte tuvieron que luchar para que quedase claro que cuando la Constitución panameña hablaba de igualdad no solo se refería entre ciudadanos del sexo masculino, la comunidad LGBTI hoy busca el amparo que les otorga en principio, pero no en la práctica, el ser ciudadanos panameños.

Esto no solo lo digo yo que vivo a diario los estragos de la ausencia de esta ley. Estas recomendaciones vienen del más reciente grupo de trabajo de las Naciones Unidas para el Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos en Panamá, en julio del año pasado.

Me parece sorprendente que los medios de comunicación en Panamá no hayan cubierto esta noticia. Supongo que es mi obligación estar enterado de estos temas y no debería transferir mi responsabilidad. Pero tengo la ligera sospecha de que los medios solo cubren noticias sobre este 10 % de la población cuando existe la posibilidad de burla.

A pesar de que está en todas partes, la diversidad de la comunidad LGBTI es prácticamente desconocida en Panamá a nivel mediático, político y comercial. Un amigo me compartió su hipótesis del porqué, no importa si somos el 1.5 % o 10 % de la población. En Panamá, tu saldo bancario y los tres primeros dígitos de tu número de teléfono son los que cuentan. Y los que cuentan no quieren que nada cambie.

Los ricos enclosetados con números de teléfono que comienzan con 227 o 265 se enjaulan en sus ghettos rodeados de edificios altos, segundas casas de playas encualquier partemenos Coronado, y carros tipo tanque de guerra. A pesar de tener las conexiones políticas y comerciales para implementar las recomendaciones de las Naciones Unidas, ellos son de la opinión que no necesitan pedirles nada a sus políticos. Ellos lo tienen todo y eso de pedir igualdad civil y dignidad atenta contra su estabilidad financiera. Diferente a los EE.UU., el poder del voto gay o el dólar gay no existe en Panamá.

Por su parte, los pobres esperanzados 293 o 299 se visten de arcoíris y salen a la calle con menos que perder a recordarnos que la Constitución garantiza igualdad civil y que la orientación sexual entre dos adultos no es delito ni representa un dilema moral. Pero qué importa, estos pobres llenos de dignidad no tienen textura. No tienen voz. No llegan ni a eco. Sin poder político, sus demandas suenan a ‘ganas de quejarse '.

Recientemente la Asamblea Nacional prohijó un Anteproyecto de Ley que ayudaría a Panamá a cumplir las recomendaciones de la ONU, promoviendo la idea revolucionaria de que los LGTBIs somos humanos. Y como tales, el Estado panameño debe reconocer explícitamente que no habrá ni aceptará discriminación por orientación sexual ni identidad sexual ni en el mercado laboral ni el financiero y mucho menos al utilizar servicios y bienes públicos.

Aprobar esta ley no solo sería una manera de sacarnos a otro organismo internacional de encima. También sería la oportunidad para que todos los miembros de la comunidad LGTBI mostremos la cara y rompamos con tantos mitos peligrosos que evaporan lo que somos, sin importar billeteras. ‘Enclosetados ', limitamos a Panamá. Ya es hora de que, con nuestra diversidad, sensibilidad y talento, podamos contribuir abiertas y plenamente al desarrollo económico y cultural de nuestro país.

¿Se aplican el Derecho y la Justicia en el Caso Waked?

No conozco personalmente al Sr. Abdul Waked. No obstante, sí he tenido conocimiento de su trayectoria empresarial desde que inició sus actividades en la Zona Libre de Colón (ZLC), hace casi cuarenta años, en mi calidad de asesor legal durante veinte años (de 1976 a 1996) de una de las más importantes entidades bancarias en ese momento, con sucursal en la ZLC, en la cual, al igual que otros distinguidos empresarios, el señor Waked realizó múltiples transacciones bancarias que demandaban sus actividades comerciales.

Creo no equivocarme al afirmar que el Sr. Abdul Waked, como también en su momento lo habían hecho los hermanos Roberto y Alberto Motta entre otros empresarios zapadores, contribuyó decididamente al desarrollo y expansión del emporio comercial de la ZLC, sobre todo en el mercado latinoamericano (Suramérica, Centroamérica y el Caribe).

En los cuarenta años que han transcurrido desde entonces, jamás había escuchado ni tenido conocimiento en nuestro pequeño país, donde todo o casi todo se sabe al instante, que el señor Waked estuviere envuelto en actividades ilícitas o de lavado de dinero.

De allí que, el pasado 5 de mayo, haya quedado petrificado al enterarme de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. lo había incluido en la ‘Lista Clinton ', por ‘supuestamente ' haber lavado dinero procedente del narcotráfico y que el Ministerio Público de Panamá, a solicitud del antes mencionado Departamento del Tesoro y a través de la Embajada de EE.UU. en Panamá, ordenase la intervención de todas las empresas del señor Waked, incluidas La Riviera, Félix B. Maduro, La Estrella de Panamá y El Siglo , con la afectación moral, social y económica que ello representa, no solo para el Sr. Waked y su familia, sino también para las miles de familias panameñas que laboran y que han dejado de laborar a causa de ello en sus empresas.

Ha transcurrido más de un mes desde que se tomó la medida y, con suma prudencia, habíamos esperado a que el Gobierno de EE.UU. aportase las pruebas que justificasen tan draconiana orden, tal como lo exigen el Derecho y la Justicia en nuestro país que es libre y soberano, ante la magnitud del daño ocasionado al Sr. Waked y a sus empresas; sin embargo, recientes declaraciones del señor John Feeley, embajador de EE.UU. en Panamá, solo hablan de ‘evidencias ' que tienen y de ‘creencia razonable ', sin que hayan aportado prueba alguna, como lo determina la seguridad jurídica y el Estado de derecho en nuestro país.

Debemos tener presente que para todos los panameños, los conceptos de Soberanía y Jurisdicción, que nos costaron tanta sangre, sudor y lágrimas hasta que recuperamos nuestra dignidad soberana con nuestro Canal, no son meras palabras vacías de contenido, como tampoco lo son los principios procesales de presunción de inocencia, del debido proceso y de la legítima defensa que están siendo masacrados a mansalva en el presente caso; poniendo en estado de indefensión al señor Abdul Waked y a sus empresas.

El ejercicio de la soberanía y de la jurisdicción en nuestro país está restringido únicamente a las autoridades de la República de Panamá, no a las de otros países, por lo que están obligadas a proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales y a los extranjeros que se encuentran en el territorio nacional, conforme a lo normado por el Artículo 17 de nuestra Carta Magna; disposición constitucional que no ha sido atendida para defender, como ha sido y es su obligación, las garantías fundamentales del señor Waked.

Cómo van los acontecimientos, no me extrañaría ya que, más adelante, el Departamento del Tesoro incluya también en la ‘Lista Clinton ', si así conviene a sus intereses imperiales, a las empresas Motta, al Banco General, al Grupo Rey, a Varela Hermanos… o a otras empresas panameñas y acabe, mediante esta innoble receta y de una vez por todas, con el Centro Financiero y de Servicios de Panamá.

¿Quiénes son mis clientes y amigos?:

Todos los días que me levanto y salgo a buscar el pan de cada día me preguntó: ¿Quiénes son mis verdaderos clientes y amigos? Esto, debido a que vivimos en un mundo competitivo y cambiante, en el que existe la lucha por el poder sin importar quiénes saldrán perjudicados, una sociedad en caos por los escándalos en lo político, empresarial y social, valores morales distorsionados e incredulidad en la palabra dada.

Es una situación difícil que enfrenta cotidianamente la sociedad panameña, que pone a prueba todo lo aprendido en casa. Ahora también debemos adaptarnos a los cambios que están dictaminando los organismos financieros, políticos y judiciales, como el principio N° 15 del tratado de Basilea que habla de la importancia de conocer a tus clientes; la Ley 2 del 1 febrero de 2011, “que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá”; la ley 23 de 27 de abril de 2015, “que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismos y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones”.

Ahora debemos cuidarnos con quién realizamos nuestras actividades comerciales para evitar salir en otro escándalo que afecte a la familia, el negocio y la dignidad humana. Al llegar a la casa debemos meditar si actuamos correctamente, si las decisiones tomadas afectan a la familia, a mi persona o a la sociedad. Es la razón por la cual debemos practicar los valores morales. Como dice el refrán: ¡Dime con quién andas y te diré quién eres!

Debemos cuidar nuestra reputación porque las apariencias nos engañan. Algunas veces los lujos y riquezas en el ambiente que nos relacionamos son de dudosas procedencia y no sabemos porque vivimos en una sociedad materialista.

Como le preguntaba al inicio de este artículo, ¿quiénes son mis verdaderos clientes y amigos? Son aquellos que compartimos iguales principios y valores éticos, como ejemplo: si sus actuaciones están basadas en la sagrada escritura que nos ayuda a regular y guiar nuestra fe en este tiempo de incertidumbre, que tenga prudencia, tolerancia, que sea justo y cuidadoso en no caer en la tentación. Como reza el refrán: “No todo lo que brilla es oro”.

Cuidemos nuestras relaciones comerciales, iniciando con conocer a nuestros clientes y las nuevas amistades. Ya no es la cantidad de amigos, sino la calidad de las personas que estarán alrededor de nuestra familia. Además, es importante velar por el comportamiento de nuestros hijos en casa, escuela, en la vida cotidiana y en el uso de la tecnología. El verdadero cliente y amigo es aquel que no me perjudica en ningún aspecto de esta sociedad en la que vivimos. Tenemos que ser exigentes con la calidad de personas con quienes compartimos nuestras alegrías, tristeza y abundancia. Unas de las cosas más bellas que existen en la vida es dormir en paz y dejar buenos legados en la sociedad. Para que te recuerden como un hombre libre y de buenas costumbres.

Informalidad y oportunidad:

Entre 2005 y 2015 se crearon 464 mil 056 empleos, de los que 78 mil 204 (17%) son informales. No obstante, el 70% de ese aumento en la informalidad ocurrió en los últimos 3 años (2012-2015), período en el que esta subió casi 3 puntos, de 37% a 39.9%, a pesar de que se mantiene aún por niveles muy inferiores a los de hace una década (46.6% en 2005).

Poco se sabe acerca de la informalidad, a menudo estigmatizada como un segmento laboral “cuasi delictivo”, asociado a actividades de buhonería. Pero hay 94 mil 734 trabajadores informales laborando en empresas del sector formal de la economía y existe un número importante de oficios con altos grados, como 52% de los trabajadores en el comercio son informales; también 61.4% de los artesanos de la construcción, minería, industria y mecánica; 50.2% de los operadores de maquinaria y 56.7% de los trabajadores no calificados. Más aun, cualquier persona que presta sus servicios sin un contrato laboral ni el cumplimiento de sus compromisos con la Caja de Seguro Social y la Dirección General de Ingresos es un informal.

Algunos de los factores que inciden sobre el reciente aumento de la formalidad incluyen: 1. Crecimiento económico superior a la capacidad de expansión de sector formal; 2. Demanda de productos y servicios mayor a la oferta de economía formal; 3. Imposibilidad del sector formal de absorber crecimiento poblacional; 4. Rigidez del régimen laboral vigente; 5. Costos de la formalidad; 6. Rapidez para establecer negocio informal; 7. Escasas barreras a la informalidad; 8. Apertura comercial y globalización; 9. Limitado acceso y alto costo de crédito a microempresas; 10. Requerimientos de educación/experiencia para empleos formales; 11. Desconocimiento de beneficios de la formalidad por parte de la población; 12. Asunción temprana de responsabilidades familiares por parte de jóvenes; 13. Alto costo de la vida, que obliga a jóvenes a buscar sustento a corto plazo.

El Estado se ha venido preparando para luchar contra la informalidad a través del Programa de Asistencia al Sector Informal (PASI), que busca “formalizar la informalidad” a través de cuatro leyes. Estas leyes son la Ley 129 del 31 de diciembre de 2013, que promueve el acceso al crédito y moderniza el sistema de garantías mobiliarias, a través de la hipoteca sobre bien mueble y dicta otras disposiciones.

La Ley 130 de 31 de diciembre de 2013, establece el marco normativo prudencial para las instituciones de microfinanzas y modifica algunas disposiciones de la Ley 10 de 2002, que define las normas con relación al sistema de microfinanzas. La Ley 132 del 31 de diciembre de 2013 crea la Microempresa de Responsabilidad Limitada (MRL) y establece incentivos para la inclusión del sector informal en la economía formalizada. Por último, la Ley 135 del 31 de diciembre de 2013, que modifica la Ley 24 de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes.

El marco normativo de estas leyes está en proceso a través de Ampyme (Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa) cuya implementación convertirá a muchos informales en empresarios integrados al sistema de seguridad social y plataforma fiscal del país.

El caso de Panamá:

Mucho se ha comentado en Panamá y en el mundo con relación al lavado de dinero. Pero lo que extraña es el silencio cómplice de altos funcionarios, de algunas firmas de abogados, de muchos gerentes de bancos, de altos ejecutivos de empresas y negocios importantes del país, que sabían que se estaban utilizando sociedades offshore y establecimientos comerciales en el aeropuerto de Tocumen para encubrir una serie de operaciones turbias, provenientes del narcotráfico.

Algunos países principalmente Estados Unidos ahora se escandalizan de que empresas importantes en Panamá estuviesen lavando grandes sumas de dinero sucio y que una firma de abogados, con ramificaciones en el mundo a través de sociedades anónimas había creado una red de operaciones ilícitas, por lo que cabe preguntar: ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo? Y digo esto porque se sabe que en su propio territorio existen muchos paraísos fiscales, en los que un grupo de familias poderosas son las que controlan la economía del país, en beneficio propio. Un presidente fue asesinado porque quiso poner las cosas en su lugar.

Y como la soga siempre revienta por lo más delgado, quienes probablemente se verán afectados, a causa de este escándalo, serán los trabajadores de algunas de estas empresas, mientras que los responsables de todo ni siquiera van a dar a la cárcel; utilizarán por medio de sus abogados toda clase de recursos dilatorios para entorpecer la acción de la justicia.

Ahora se sabe que no es la primera vez que la firma de abogados Mossack Fonseca ha sido sancionada en algunos países principalmente en Islas Vírgenes por no haber observado los requisitos mínimos de la debida diligencia, ni los controles adecuados para prevenir ciertos delitos, por lo que no cabe la excusa de que “yo no lo sabía”. Y ahí es donde yo pienso que el brazo de la justicia se ha quedado corto, porque cuando se trata del hijo de Petra, que se roba una gallina, las autoridades, ni cortas ni perezosas, lo meten en la cárcel. Esto me hace pensar que la justicia en Panamá tiene dos vías: Una para los poderosos y la otra para los que no cuentan con recursos suficientes para defenderse.

Según un editorial del New York Times: “Con más de 14 mil clientes a nivel mundial y más de 214 mil entidades offshore, Mossak Fonseca, la firma de abogados panameña, cuyos documentos internos han sido revelados, insiste piadosamente en que no ha violado ninguna ley ética. Pero quedan las siguientes preguntas: ¿Cómo pudieron todos estos políticos, dictadores, criminales, multimillonarios y celebridades acumular vastas fortunas para luego beneficiarse a través de complejas redes de sociedades opacas para ocultar sus identidades y haberes? Nada hubiera pasado si no hubiera habido filtración”. Y esto no ha sido nada nuevo, ya ha habido antecedentes de corrupción, evasión de impuestos y blanqueo de capitales a través de estos sistemas.