Aporte de la Asamblea Nacional a la ampliación del Canal de Panamá

Han pasado 10 años desde que la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley 28 de 17 de julio de 2006, “que aprueba la propuesta de construcción del tercer juego de esclusas en el Canal de Panamá y dicta otras disposiciones”.

Me correspondió en aquel entonces, como presidente del Órgano Legislativo, presidir este trascendental debate que contó con múltiples intervenciones de los colegas diputados y diputadas, en el que coincidieron en expresar la importancia de la aprobación de este proyecto de ley para el futuro de la vía marítima y la nación.

Una de esas intervenciones fue la del diputado, ya fallecido pero siempre recordado, Tomás Altamirano Mantovani, quien en su condición de presidente de la Comisión de Asuntos del Canal informó que el Proyecto de Ley 224, había sido sometido a una amplia consulta por espacio de dos semanas, en la que participaron representantes de 35 agrupaciones, cuyas intervenciones fueron transmitidas por Canal 11, el canal legislativo y Radio Nacional.

Durante el debate me correspondió dialogar con miembros de la bancada panameñista, en oposición entonces, particularmente con los diputados Manuel Grimaldo y Luis Carlos Cleghorn, quienes habían sido orientados a votar en contra del proyecto de ley. Recuerdo que después de un profundo análisis y fructífero diálogo con ellos, se convencieron en darle el voto favorable a la propuesta.

La iniciativa legislativa fue presentada ante el pleno legislativo el 26 de junio de 2006 por el ministro de Asuntos del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, por impulso del gobierno del presidente de la República, Martín Torrijos Espino. El tercer debate se efectuó el 14 de julio de ese año, después de fecundas deliberaciones.

La Ley 28 de 2006 está constituida por 12 artículos y expresa, entre otros aspectos, que la construcción del tercer juego de esclusas consiste en un programa integral de ampliación de la capacidad del Canal, cuyo costo se estimó en 5 mil 250 millones de dólares y cuyos tres componentes principales son: 1. La construcción de dos complejos de esclusas uno en el Atlántico y otro en el Pacífico de tres niveles cada uno, que incluyen tinas de reutilización de agua. 2. La excavación de cauces de acceso a las nuevas esclusas y el ensanche de los cauces de navegación existentes. 3. La profundización de los cauces de navegación y la elevación del nivel máximo de funcionamiento del lago Gatún.

Es importante destacar que se ordenó al Tribunal Electoral someter a referéndum la propuesta de construcción del tercer juego de esclusas y que tal consulta debía realizarse el primer domingo que siga al vencimiento del término de tres meses, contado a partir de la promulgación de la ley.

Después de una amplia divulgación de los objetivos y alcances de la ley, realizada por la Asamblea Nacional, directivos del Canal y el Gobierno, se llevó a cabo la consulta pública el domingo 22 de octubre de 2006, siendo aprobada de forma mayoritaria por el 76.83% de la población. Este voto de confianza del pueblo demostró, una vez más, que los panameños cuando nos unimos en torno a una meta somos capaces de alcanzar grandes realizaciones.

Efectivamente, después de 10 años de arduos trabajos que contaron con un proceso transparente de licitación, adjudicación, ejecución y supervisión de la obra, esta ha sido culminada con la participación de miles de trabajadores panameños y tiene como fecha de inauguración el próximo domingo 26 de junio.

Las actuales y futuras generaciones deben tener siempre presente que el Canal y su zona adyacente estuvieron durante casi todo el siglo XX bajo el control de Estados Unidos, y que gracias a las gestas patrióticas escenificadas por cientos de hombres y mujeres de nuestro país en la pasada centuria, como la del 9 de enero de 1964, y a los Tratados Torrijos Carter de 1977, se puso fin a la denominada Zona del Canal y nuestra vía interoceánica pasó definitivamente a manos panameñas el 31 de diciembre del año 1999.

Como diputado de la República y miembro de la junta directiva del Canal de Panamá, felicito al pueblo por este gran triunfo que constituye la conclusión del tercer juego de esclusas y manifiesto mi deseo de que el Canal siga siendo motivo de orgullo para todos e impulsor del desarrollo del país.

‘Papers’ y papelones

Lula Luiz Inácio Da Silva y CFK Cristina Fernández de Kirchner, no aparecieron en la lista de los Panama Papers. ¡Qué bueno! Puede que aparezca algún amigo o allegado, o hasta algún pariente, pero lo de ellos es impecable. Honestos a toda prueba.

Aunque, como se ha dicho, en los mentados papers no son todos los que están ni están todos los que son. Se sabe sí que Lula tiene o tuvo un asesor, Joao Santana, quien fue el que le organizó la campaña electoral en 2006, y a Dilma Rousseff las de 2010 y 2014, que tiene con su esposa, Mónica Moura, una sociedad offshore. Ello no constituye un delito. Lo que no huele muy bien en este caso son los $16.6 millones que les transfirieron otras offshore pertenecientes a la firma Odebrecht que, como se sabe, aparte de estar muy involucrada en el escándalo Petrobras, era una promotora y una especie de “mecenas” del citado Lula.

José López, en cambio, que se sepa no figuraba en los tales papers ni tenía una offshore. Y no es que sea un José del montón ni un López cualquiera. Se trata de un ingeniero civil argentino, miembro electo del Parlamento del Mercosur (a punto de ser expulsado al momento de escribir esta columna), que fue secretario de Obras Públicas desde mayo de 2003 a diciembre de 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, junto a quienes hizo su carrera política. Fue la mano derecha del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, sindicado a su vez como el “cajero” de los Kirchner.

La cuestión es que el tal mentado José López fue “pescado in franganti” por la policía tratando de ocultar, en medio de la oscuridad, en el Monasterio de las Monjas Orantes y Penitentes del Rosario de Nuestra Señora de Fátima, 160 bultos que contenían 9 millones de dólares, unos 150 mil euros, 425 yuanes, 49 mil 800 pesos argentinos y 2 riyales de Catar, más 6 relojes de alta gama.

No es que López sea un debutante. Desde 2008 se le sigue un juicio por enriquecimiento ilícito al igual que a CFK (a esta por lo menos tres) y está involucrado en otros por corrupción junto con su jefe De Vido. Juicios archivados algunos y bastante demorados otros mientras el kirchnerismo estuvo en el poder. Ahora la cosa cambió.

El hecho es que en solo los primeros cinco años de gobernante 2003 a 2008 el patrimonio de López creció 700%. Y lo que debe haber crecido hasta 2015; debe dejar pequeño al de CFK y Néstor que solo lograron un incremento de algo más del 1,000%. Nada que ver, en cambio, respecto a Máximo Kirchner (hijo de los citados), cuyo patrimonio se estima que creció 53,000% en menos de una década. Lo concreto es que López, quien ahora posa de loco le han aparecido repentinos problemas psiquiátricos confiaba más en las monjitas que en las offshore.

Decididamente, se sentía más seguro con el dinero en la patria, aunque sea enterrado en un convento. Pero, como se sabe o se tendría que saber, el poder no es eterno.

CFK tuvo que salir a hablar. No podía permanecer callada. Por supuesto, habló del caso de los Panama Papers, sobre todo, porque allí aparece en dos o tres sociedades el nombre del actual presidente argentino, Mauricio Macri. “Así como ella usa los papers para sacar la ‘pata del lazo’, otros tratan de usarlos para que los Kirchner, los De Vido, los Baéz y los López no le roben su plata”, ha sido un repetido comentario en Argentina.

Cristina ha sido enfática: “No fui yo” quien le dio la plata a López. Ciertamente, nadie debe haberlo pensado. Además, ¿cuenta con tanta liquidez como para disponer de $9 millones para darle a un excolaborador?

Las preguntas son otras. ¿De dónde salió tanta plata? ¿De quiénes eran los dólares? Y si eran de López, ¿cuánto fue lo que les tocó, entonces, a sus jefes? Lo que ya nadie se pregunta es si los jefes, los mandamases, los número uno, lo sabían. Lula, CFK, por ejemplo. Eran sus hombres más cercanos, sus manos derechas, sus amigos. Tenían sus despachos al lado. Van a posar de tontos y distraídos. Ellos, nada menos que ellos, a los que no se les escapaba nada y las sabían todas.

Una última reflexión: lo que va a ser el día que se destape el tarro en Venezuela. ¿Cuántas operaciones con sobreprecios, y todo lo que eso conlleva, aparecerán? ¿Y las financiaciones y “ayudas”, cuánto sumarán? ¿Y los financiados, cuántos y quiénes serán.

 

Un nuevo sistema por mucho tiempo esperado

Hace años escuché a alguien que relataba con cierta ironía un episodio supuestamente vivido por él. Se trataba, decía, de una persona que, al ser acusada ante un corregidor por haber infringido alguna ley, fue enviada a prisión por una semana. Su abogado demandó saber cuál era la norma que autorizaba ese castigo; el corregidor se la citó. Ni corto ni perezoso el jurista, de vuelta a su despacho, consultó el texto citado y, para su sorpresa y desconcierto leyó: ‘Decreto No. X, por el cual se nombra a Ñato González, corregidor del corregimiento X '. ¡Suficiente autorización!

Real o exagerado, el episodio sirve para ilustrar un sistema inadecuado de administración de justicia a nivel comunitario: el simple nombramiento oficial para el cargo era una patente de corso que confería la facultad de definir la infracción y aplicar una sanción a voluntad del juzgador sin necesidad de sustentación alguna ni más limitación que la que se quiera autoimponer la autoridad sancionadora. Ese sistema arbitrario, heredado de tiempos de la colonia, parece haber llegado hoy a su final en Panamá, por lo menos en cuanto a textos legales. Falta ver si con su eficiente implementación se lograrán los resultados deseados.

En efecto, la Ley 16, denominada de Justicia Comunitaria de Paz, acaba de ser sancionada por el Ejecutivo para introducir una filosofía distinta a ese sistema de justicia, fomentando la resolución de controversias por métodos amigables, ágiles y expeditos. Ha sido un largo recorrido, al menos desde el 2005, cuando se entregó al entonces presidente de la República el informe del Pacto de Estado por la Justicia con la idea de establecer la jurisdicción de paz. Analizado por varias entidades estatales y académicas, nada se adelantó con el informe y el resultante proyecto de justicia comunitaria no logró ningún avance. Fue hasta el 2007 cuando se incluyó como un tema a tratar en los Acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo, nacida a raíz de inquietudes sobre el destino de los fondos provenientes de la ampliación del Canal. Pero tampoco se avanzó durante los cinco años del Gobierno pasado hasta que, con auspicios del PNUD, el actual Gobierno retomó el tema y lo actualizó para presentarlo a consideración de la Asamblea Nacional hace cuatro meses.

La nueva ley abarca muchas novedades, modificando un sinnúmero de disposiciones legales para remarcar la congruencia del nuevo sistema. Sin embargo, vale resaltar dos funciones importantes para asegurar el éxito buscado: el juez de Paz y el mediador o conciliador, cuyos papeles son claves.

El primero sustituye al corregidor y al juez nocturno de policía, exigiéndole un nivel de competencia académica hasta ahora ignorado; mientras que el segundo debe aprobar capacitación previa y tener atributos personales que faciliten la solución de conflictos mediante la mediación pacífica y razonada. Ambos serán nombrados por el alcalde de una terna escogida por un Comité Técnico integrado por la Defensoría del Pueblo, una universidad con sede en el distrito, dos miembros de la sociedad civil y uno de la junta comunal del corregimiento, de manera que se excluya el favoritismo político.

El éxito del proyecto dependerá de la capacidad y habilidad de ambos funcionarios para lograr poner fin a las controversias típicas de la vida en comunidad y crear un ambiente de convivencia pacífica, sobre todo en áreas susceptibles de conflictos vecinales.

Afortunadamente los fondos disponibles a los municipios bajo el programa de descentralización permitirán cubrir los costos del nuevo sistema que entrará a regir dentro de un año. Será tiempo suficiente para escoger y capacitar adecuadamente a los nuevos funcionarios.

Cuando la política se impone

Los sucesivos Gobiernos, con el afán de repetir en el poder, utilizan cuanto esté a su alcance no para gobernar, sino para obtener réditos políticos que les ayude a volver a ser electos. Y han intentado de todo, hasta con la reelección de quien detenta el poder. Hasta ahora, todos esos esfuerzos han sido en vano y ni siquiera la reelección partidaria ha sido factible. Pero ese afán de volver lleva a la oposición a hacer lo que sea para impedir que el partido en el poder repita. Esto ha traído una constante en el país, donde solo los primeros 12 meses de Gobierno son los que el nuevo inquilino del Palacio de las Garzas tiene para gobernar. Luego, cada acción que emprenda no se ve como gestión de Estado, sino como un cálculo politiquero para ganar votos. En esta ocasión el cargo lo ostenta el panameñista Juan Carlos Varela y una acción como la prevención del virus A (H1N1) se ha convertido en una histeria colectiva. Las redes sociales hablan de una epidemia de grandes proporciones y de un descuido por parte de las autoridades de Salud. La realidad es que no hay más de mil contagiados y los decesos no superan la treintena. En un país donde la Contraloría habla de 4.2 millones de habitantes, más el millón de extranjeros que aquí vive, esta cifra es mínima. Cierto. Es bueno vacunarse. Lo que no debe ser es mantener esta alarma, que lo que ha provocado es un histeria colectiva innecesaria.

El Canal y Panamá

La historia de nuestro país ha estado íntimamente ligada al Canal de Panamá. Para muchos nuestra separación de Colombia estuvo ligada al interés de los Estados Unidos de construir el canal, algo que no lograron negociar con Colombia. Desde nuestro inicio de vida republicana estuvimos con cierto grado de dependencia en los norteamericanos, la primera policía era de ellos, el acueducto de la ciudad nos lo hicieron, la basura la recogían ellos.

Los panameños crecimos por más de 70 años en una relación de amor/odio con ellos de vecinos, mientras ellos tenían la antigua zona y el propio canal como parte de su seguridad, nosotros añorábamos ser los dueños y que nos proporcionara ingresos. Aquí pusieron la Escuela de las Américas, cuna de los dictadores de los 60 y 70, el Comando Sur y mantuvieron 14 bases militares durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, los panameños enfrentábamos la lucha por reformar y luego derogar el tratado original.

En mi vida, los momentos más emotivos han estado vinculados al canal. El grandioso recibimiento en la 5 de mayo al general Torrijos con los Tratados en 1976, el 1 de octubre de 1979 cuando iniciábamos la reversión, en un acto impresionante en Albrook Field, al que no asistió el general, pero presidido por el presidente Royo. Y qué decir del acto en diciembre de 1999, cuando salían los últimos norteamericanos del área canalera, desaparecía la zona y Panamá celebraba en compañía de varios mandatarios que nos acompañaron junto a la presidente, Mireya Moscoso.

Hoy nos preparamos para otro momento de gran emoción a los panameños, la inauguración del tercer juego de esclusas. Esta vez el orgullo es mayor, fuimos nosotros los que lo construimos, manos de obra local ni chinos ni caribeños, panameños. Toda la administración es panameña, los cargos importantes de dirección todos son panameños y este 26 de junio veremos al primer barco cargado cruzar el istmo por las nuevas esclusas de Aguas Claras y Cocolí.

A la firma de los Tratados, Omar nos dejó como legado que usáramos lo que nos venía para el mejor uso colectivo, en el fondo eso podremos ahora cumplirlo. El nuevo Canal podrá llegar a producirle al Estado más de 3000 millones de dólares al año, más del doble que el actual, dinero que si es bien utilizado debe ayudarnos a mejorar las condiciones de vida de los más necesitados y a reducir la brecha entre ricos y pobres.

El canal es nuestro orgullo. Es lo que a ojos del extranjero justifica los rascacielos y la hermosa ciudad, los desarrollos de playa, las carreteras al interior ampliadas, todo el cuadro de primer mundo que muestra la ciudad y ya también el interior. Somos un país de servicio. y el canal. Por fin estamos explotando debidamente nuestra posición geográfica.

Curiosamente muchos han olvidado y otros no supieron de todo lo que pasamos como nación para recobrar la antigua zona del canal y el canal. Atrás están el 9 de Enero, las negociaciones con el presidente Harmodio Arias, con Remón, con el propio Torrijos. Hoy disfrutamos de los frutos de todas esas luchas, con un canal nuestro y con este tercer juego de esclusas, más nuestro que nunca. Ya no es el canal que los gringos construyeron y nos dejaron, ahora es el canal que nosotros adecuamos y modernizamos.

Esta semana, dejemos atrás las quejas, los señalamientos de los errores que el Gobierno comete o lo que deja de hacer, seamos felices, orgullosos, recibamos a los turistas que ahora se multiplicarán para ver este moderno fenómeno de ingeniería, sintámonos orgullosos por todos los panameños que trabajaron en la obra, por los que trabajan en el canal, quizá no todos hicimos nada en la obra, pero curiosamente todos nos sentimos partícipes y parte del orgullo del éxito.

El canal, decía, ha estado muy cerca de nuestras vidas desde que nacimos, hoy más que nunca el canal es parte de lo que nos enorgullece, ya dejó de ser el canal que los gringos construyeron, ahora es el canal de los panameños, el que administramos y modernizamos nosotros, con nuestra capacidad y esfuerzo.

Por primera vez, al menos yo, siento que puedo decir el Canal de Panamá, con propiedad e invitar al mundo a que venga a conocerlo y de paso a este grandioso y orgulloso país.

¿Por qué no quieren investigar a la Asamblea Nacional?

La Asamblea Nacional, tal como se concibe hoy, tiene su origen en 1984, cuando se escoge el primer Órgano Legislativo completo desde el golpe militar de 1968. Formé parte de esa original Asamblea, así como de la siguiente, 1989-94. En el 86, el Gobierno militar, para ‘ayudar ' a sus legisladores inventó aquello nefasto de las partidas circuitales, que el contralor Rubén Darío Carles descubrió en el 90 habían sido irregularmente utilizadas por los oficialistas de esa época (PRD y PALA); muchos expedientes se abrieron por malversación de recursos públicos. Se dieron las exoneraciones de vehículos que por más que quise que la Corte Suprema las declarara inconstitucionales, por los fueros que creaban, no fue posible. Peor es que las mismas, 32 años después, se siguen vendiendo a diestra y siniestra para autos lujosos a quienes carecen de ese privilegio, con la connivencia de las autoridades de Contraloría y Aduanas.

Puntualizo lo anterior para que se vea que la corrupción en la Asamblea no nace en el período de Rubén de León; es endémica. Renace con la misma creación de la Asamblea en aquella época, porque los anteriores diputados eran bastante parecidos. Esto ha sido por aquello de que son inmunes, se consideran al margen de la ley, cayendo sus actos en un mar de impunidad y en las complicidades de quienes, como la Corte Suprema de Justicia, están llamados a ponerle freno.

En este periodo ello no ha sido obstáculo alguno para que se reproduzcan, para mantener el control de la Asamblea por el Ejecutivo, métodos similares de control legislativo; aunque con ello se violente el principio constitucional de la separación de los poderes que cuando juraron el cargo prometieron respetar. En el periodo pasado, al fisco le costó más o menos dos millones de balboas el cambio de partido por cada diputado opositor a Cambio Democrático. Ahora, se usa otra figura diferente al transfuguismo para lograr el mismo objetivo: embajadas, nombramientos, contratos por servicios profesionales a sus allegados, planillas de eventuales que se venden como si fuera mercancía, viajes, nombramiento en la Autoridad del Canal, contratos de obras disfrazadas para pagar eventos políticos, alquiler de vehículos y helicópteros para uso de actividades partidistas. En fin, un despilfarro tal, quizá peor, que se asemeja a lo que se hizo en tiempos de Martinelli y en Gobiernos anteriores.

Pero el problema no está allí. Sabemos el diagnóstico del enfermo, pero nos encontramos que hacen falta médicos que se atrevan a extirpar ese cáncer tan arraigado y que tanto daño hace a la sociedad panameña por lo que supura. Nominalmente los cirujanos existen en organismos como la Contraloría General de la República, encargada de controlar y supervisar el uso correcto de los recursos públicos, la Antai para que esos gastos se hagan con la ética que se requiere dentro del aparato estatal y la Corte Suprema de Justicia.

Se argumenta que, si no se controla la Asamblea mediante ese tipo de onerosos arreglos, peligra la gobernabilidad del país. Que, si se permite que diputados de Cambio Democrático y el PRD controlen la Asamblea, podría conllevar al enjuiciamiento del presidente y un ambiente anárquico en el país. Podría ser cierto, pero ¿ello da pie y justifica que utilicen toda clase de recursos públicos irregularmente en la Asamblea para obtener la consecuencia política que se persigue? ‘O sea, soy pillo porque la Patria me lo exige '.

De ninguna forma ello es justificable y plausible, porque estaríamos frente a la máxima maquiavélica de ‘el fin justifica los medios ' y del principio dictatorial que tanta gala hicieron Torrijos y Noriega de que lo primero que debe hacer un gobernante ‘es impedir que lo tumben, aunque para ello raye en la ilegalidad ', como es lo que hoy se hace para lograr mayoría en la Asamblea Nacional.

Quienes no hagan su trabajo, como es el caso de la Contraloría General de la República, o evadan el mismo, como la Antai, o engaveten expedientes como la Corte Suprema, por cualesquiera que sean sus intereses, se convierten en cómplices de esas ilegalidades que sin tapujo alguno se permiten en la Asamblea Nacional.

Ese no es el país que quiero legar a mis hijos y nietos y no creo que es el que se merecen mis compatriotas panameños.

El Canal y el campesino sin victoria

La fiesta por la inauguración de la ampliación del Canal de Panamá tendrá su epicentro no solo en las riberas de las nuevas esclusas, sino en el corazón de cada panameño. Los organizadores del evento inaugural han planteado una campaña publicitaria retomando la habituada bandera del nacionalismo, voceando desde cada techo el lema: “juntos lo hicimos”.

La cara del Canal de Panamá ampliado tiene semblante de panameño humilde y trabajador, dejando casi en el olvido la exclusiva fiesta de los 100 años, los sobrecostos, los atrasos y las filtraciones.

Aunque es tiempo de celebración y no es día para recordar los altibajos de la obra, ni para involucrarnos en cuestiones de equidad o distribución de la riqueza que pasa por nuestras represas, nunca está de más preguntar.

Es sabido que nuestros principales clientes mercadean granos, sin embargo, parece improcedente preguntar cuánto se le pagó al campesino que sembró el arroz en un remoto pueblo de China y a cuánto el terrateniente lo vende. La ruta ampliada es bienestar para el comercio de las grandes empresas del mundo, no nos preguntamos si de esas ganancias extras algo bajará al campesino que siembra o seguirá siendo “mano de obra barata”.

Vuelvo a mirar los rostros panameños del Canal ampliado, que la publicidad me ofrece, y veo las semejanzas ya no solo con los jornaleros antillanos que hace 100 años lo construyeron; ahora puedo reconocer las similitudes con los trabajadores del mundo.

Nuestra empresa insigne responde a la globalización del comercio que multiplica el bienestar para pocos y agranda la brecha de inequidad para los muchos. Miles de nacionales compartirán el memorable espectáculo de ver pasar el gigantesco portacontenedores Andronikos, (en griego significa “victoria del hombre”) cargado de millones de dólares en mercadería barata. Estamos de fiesta, es tiempo para celebrar, no para preguntarnos si Andronikos es el chino que produce, el estadounidense que revende caro o el panameño que le deja pasar por sus aguas.

Hagamos fiesta, reservemos espacio para entonar nuestro himno nacional, repitamos entre cada estrofa: “alcanzamos por fin la victoria”, aunque esta sea la letra de un anhelo que aún no conquistamos, ni como panameños ni como sociedad mundial.

Un socio indeseable:

Finalmente ocurrió lo que anticipábamos quienes estamos familiarizados con los obstáculos que enfrenta Panamá para aprovechar el potencial que le abrirá el inicio de operaciones del Canal ampliado. Bajo el titular, “Panama Ports pide la nulidad de la licitación del puerto de Corozal”, La Prensa del 13 de junio de 2016 nos reporta un recurso de nulidad interpuesto por Panama Ports Company (PPC) contra la resolución de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que autorizó al administrador de la ACP a proceder con los trámites para otorgar a concesión el desarrollo y operación del puerto de Corozal.

Y es que PPC, empresa subsidiaria de la multinacional Hutchison Port Holdings (HPH), ha hecho y sigue haciendo todo lo que está a su alcance para impedir a toda costa tener un competidor del puerto de Balboa. Ya en 2008 bloqueó por la misma vía las negociaciones que iniciaba el gobierno de Martín Torrijos con el consorcio integrado por Cosco Pacific Limited y Ports America Group para el desarrollo de un megapuerto en Farfán.

El puerto de Farfán fue el resultado de estudios realizados para la ACP por Drewry Shipping Consultants, Ocean Shipping Consultants, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y Moffat & Amp; Nichol Engineers. Por un lado sería la respuesta panameña al explosivo comercio en el litoral Pacífico, y por el otro se aprovecharía el material dragado durante la ampliación del Canal, lo que reduciría su costo. Al respecto, el director general de Ports America, Sean Strawbridge, afirmaría el 22 de junio de 2008 que, “El puerto de Farfán será un complemento para el Canal ampliado”.

La demanda de PPC paralizó el proceso de contratación, sobrevino la crisis económica mundial de 2008-2009, y el consorcio chino-estadounidense perdió interés en el proyecto.

Cerrada aquella ventana, ahora se presenta la oportunidad de desarrollar el proyecto de Corozal, y vuelve PPC a convertirse en el gran obstáculo a la necesaria ampliación de la capacidad portuaria en el litoral Pacífico. Su evidente objetivo es consolidar su monopolio en la conectividad entre el Pacífico y el Atlántico vía el ferrocarril.

En realidad la historia de PPC con el Estado panameño ha sido decepcionante. Obtuvo la concesión en enero de 1997 luego de proponer una anualidad fija de más de $30 millones, pero 5 años después logró que el gobierno de Mireya Moscoso modificara, con una resolución ejecutiva, el contrato ley para exonerarla de ese pago anual, ahorrándole más de $600 millones durante el resto de la vigencia del contrato, y se negó a pagar dividendos al Estado por su participación accionaria (10%) en los primeros 16 años, alegando que reinvertía las ganancias. Curiosamente, las demás empresas mixtas sí han venido pagando dividendos al Estado, sin sacrificar inversiones.

En el caso de Corozal, tanto la administración del ferrocarril como los operadores de los puertos del Atlántico (con excepción de Cristóbal) y la Cámara Marítima, han señalado la urgencia de que se aumente la capacidad portuaria del Pacífico mediante la construcción de un nuevo puerto. El expresidente de la Cámara Marítima Juan Carlos Croston ha advertido que si no se aumenta la capacidad portuaria del Pacífico se estancará el crecimiento de los puertos del Atlántico, y muchas navieras imitarán a las que ya han trasladado sus operaciones de trasbordo a otros puertos de la región. Entre las que se han ido de Panamá figuran CMA/CGM, que se fue para Kingston, Jamaica; American President Lines, Mitsui O.S.K. Line y Hapag Lloyd.

Panama Ports ha resultado un mal negocio para el país. Fuera de generar los empleos que requiere para sus operaciones y pagar las tasas portuarias, ha escapado gradualmente de sus obligaciones contractuales, con el apoyo de políticos corruptos. En la comunidad marítima local hay quienes sostienen que HPH estaría priorizando al puerto de Freeport (Bahamas) sobre los de Balboa y Cristóbal. Su posición frontal contra los intereses del Estado amerita que el Gobierno revise los términos de la concesión, especialmente la cláusula que describe las causales para dar por terminado el contrato (No. 2.14.3).

El puerto de Corozal fue declarado proyecto de Estado en 2015 por el presidente Juan Carlos Varela, pero luego de ello el mandatario y el ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, han dejado solo al administrador de la ACP impulsando el proyecto. Más que argumentos, ese esfuerzo requiere de músculo político, no solo para que la Asamblea le extienda los beneficios que se aplican a otros puertos, sino para que la Corte Suprema de Justicia asuma una expedita posición en defensa de los intereses nacionales.

Pacto de poder, requerimiento de Panamá

En el desarrollo de los pueblos juega un papel determinante no hacer oídos sordos como sociedad y los que ejercen la política partidista. Tener claro que la arrogancia y egoísmo que crea la embriaguez de la lucha del poder y una vez obtenido, cometer el exceso de autodenominación y condecorarse con ser intocables y que el poder es eterno, dejando a un lado la importancia de la determinación de los pueblos.

Nuestro país ha sufrido transformaciones sociales, políticas y económicas en el transcurso de las décadas, teniendo por ordenamiento responsable no desestimar ningún periodo de vivencias de la República, haciendo referencia a los cambios consecuentes desde que existimos como República hasta el hoy, un Panamá muy diferente e inclusive a una década; obviamente cada uno de estos cambios que se producen son resultado de las necesidades sociales y obtenidos de la decisión del pueblo, así como las determinaciones de nuestros gobernantes.

Cada vivencia en desarrollo político, que nos afecta a todos, es nuestra responsabilidad, pues decidimos de acuerdo a nuestro país y ordenamiento constitucional la selección de nuestros gobernantes y administradores de nuestro Estado a través del sufragio cada cinco años. Nuestro país ha pasado por transformaciones sustanciales, producto de hechos que han producido cambios a nuestra sociedad; hechos que no todos han sido fáciles, aunque no somos un país de cultura de guerra ni zona descrita como peligrosa en la región, por poseer desarrollo de grupos armados, sufrimos una terrible invasión militar. Desde nuestra formación como república, con todos los elementos característicos de la misma, hasta pasar por las denominadas dictaduras militares que eran la praxis de Gobiernos de Latinoamérica para pasar a ser el país con uno de los mayores crecimiento del PIB, país de inversión y ¿por qué no decirlo?, EL SUEÑO AMERICANO, PANAMÁ.

Debemos tener claro que para la existencia y sostenibilidad de la Democracia, es menester la existencia de partidos políticos, así como una participación ciudadana fortalecida mediante la permisión de la imperante necesidad de Gobierno abierto; Gobierno en el cual los ciudadanos estemos informados, podamos aportar como conformantes de la sociedad y pilares de nuestro país, en donde se hace necesario que la participación sea seria y sostenida en la comunicación, información, acceso al manejo de los poderes del Estado, pero respetando la institucionalidad que es necesaria para el orden social y plataforma requerida para la convivencia social y desarrollo de país.

Como producto de la conducta humana y teniendo claro que la praxis de la política, en su mayoría, los asociados la llevan a cabo por intereses que obliga la agrupación para llegar a ostentar el poder y la administración del Estado (equilibrio obligante), Estado que es de todos y menester comprenderlo en este sentido de ideas igualmente atender bajo la comprensión de la necesidad de transformaciones que los partidos políticos como parte necesaria en la democracia no han escapado al deterioro o erosión atribuible a la carencia del seguimiento y determinación de hacer cumplir nuestras estructuras jurídicas en cuanto a responder por los actos ajenos a los compromisos determinados por ley y al mercantilismo, así como la carencia al seguimiento de los actos, una vez obtenido el poder en donde no es sano olvidar que es compromiso con el pueblo y evitar el incremento de la desigualdad, actuando como buen padre de familia ante la administración pública. Solo así y tomando en consideración trabajar en vías del cumplimiento del denominado CONTRATO SOCIAL.

En esta medida, el bienestar será para todos como asociados, protegiendo nuestros recursos, derechos, riquezas distribuidas responsablemente y atendiendo que no escapamos a cambios sociales que serán resultado de las actuaciones y de esto dependerá nuestra democracia y la sostenibilidad de los partidos políticos.

Se hace necesaria la comprensión de que los partidos políticos y ese equilibrio de permisión de participación ciudadana equitativa y no dirigido a creación y ponderación de personalidades específicas, haciendo alusión, porque se perdería el espíritu de la participación ciudadana, quizá obteniéndose resultados nefastos, tomando como referencia países hermanos latinoamericanos; que sea real praxis dirigida a la equidad de seria participación y compromiso de país, en donde PANAMÁ sea el proyecto por delante de toda inequidad y ambiciones de poder que requiere de forma constante ejecutar lo necesario para nuestra sostenibilidad que nos beneficia a todos en la medida de la intención y concretar acciones.

Podemos como país lograr que los aspirantes a gobernarnos suscriban un real PACTO DE PODER, basándose en la reorganización del Estado (social, política, económica) panameño, dirigido a la credibilidad en los poderes del Estado, lo cual es necesario y desarrollo de políticas que refuercen nuestro país y sistema democrático. Ya queda en nuestras manos, qué PANAMÁ QUEREMOS.

En defensa de los derechos humanos

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) constituye el único mecanismo institucional que a nivel regional realiza, de forma permanente, una labor de promoción, observancia, defensa y garantía de los derechos humanos.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana (Corte IDH) -los dos órganos del Sistema- han puesto en funcionamiento un andamiaje jurídico que, pese a las discrepancias políticas e ideológicas propias de la zona, ha supuesto un avance significativo en la consecución de justicia más allá de la esfera estatal, en la lucha contra la impunidad y en el establecimiento de estándares mínimos de derechos humanos, con especial atención a aquellos segmentos más vulnerables de la sociedad (pueblos indígenas, grupos afrodescendientes, mujeres, migrantes y refugiados, entre otros).

A pesar de lo anterior, la Comisión Interamericana vive en estos momentos una preocupante crisis financiera, misma que pone en entredicho la continuidad de su mandato en todo el continente. La inminente pérdida de casi la mitad de su personal, la suspensión de audiencias o de visitas in loco son solo algunas de las consecuencias inmediatas de esta grave situación.

El presupuesto de la CIDH para el año 2015 es de 9 millones de dólares, de los que 5 millones provienen del fondo regular de la OEA (lo que representa solo el 6% del presupuesto anual de este organismo), y 4 millones, de contribuciones voluntarias de Estados miembros, organismos internacionales y otros. Esta realidad contrasta con los 100 millones de euros (unos 112 millones 400 mil dólares) con los que cuenta en el presente año el Consejo de Europa para la promoción y protección de derechos humanos.

El presupuesto del Sistema Interamericano no solo languidece frente al de este organismo europeo, sino también ante el de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (27 millones de dólares anuales) o el del Sistema Africano de Derechos Humanos (13 millones de dólares anuales).

En un continente que históricamente se ha visto asolado por sistemáticas violaciones de derechos humanos y que aún en la actualidad se enfrenta a grandes retos en este tema, la labor de los organismos del Sistema se hace cada vez más imprescindible. Como muestra de esta afirmación, basta con comprobar el valioso trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la CIDH, que ha jugado un rol trascendental en la investigación del caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 en Ayotzinapa, estado de Guerrero, México (el informe que presentó arrojó una serie de conclusiones que contradicen la versión oficial de la Procuraduría General mexicana).

Por otro lado, la Corte Interamericana, por medio de su jurisprudencia, ha realizado aportes fundamentales en cuanto al entendimiento y reformulación de los derechos humanos en nuestra región: desde la evolución de los conceptos de reparación del daño, el derecho a la verdad o desaparición forzada, hasta el sorprendente desarrollo de la doctrina del control difuso de convencionalidad. Sus fallos se han inclinado hacia la protección del ser humano y la progresiva construcción de un derecho común interamericano en lo relativo a estos derechos.

Los problemas financieros de la CIDH y, por tanto, del Sistema Interamericano, revelan una crisis mucho más profunda: nos permite constatar la falta de compromiso real de los Estados americanos por garantizar a sus nacionales un acceso efectivo a una justicia internacional en materia de derechos humanos.

Empero, como región, no podemos permitir que se ponga en riesgo la existencia y operatividad de un Sistema que, a pesar de sus limitaciones y falencias, representa indudablemente una garantía para todas aquellas personas o grupos a los que el Estado les ha fallado, ya sea conculcándoles o desconociéndoles derechos, o directamente negándoles la posibilidad de acceder a la justicia.

Tenemos la responsabilidad y oportunidad histórica de apostar, como Estado, por el fortalecimiento económico y logístico de los mecanismos de defensa de derechos humanos con los que contamos a nivel hemisférico.