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Quitarle el tinte político partidista a los planes de desarrollo nacional, solo se logrará cuando quienes nos gobiernen hagan su mejor esfuerzo por ser los estadistas que todos los pueblos necesitan para avanzar. Ahora, que esos estadistas gobiernen no es solo responsabilidad de los políticos de partido y sus partidos, si no de los votantes, de partidos e independientes, quienes son los que ponen los Gobiernos. Pues, los partidos pondrán a quienes mejor convenga a sus intereses; por ello es urgentemente necesario un cambio de cultura política en la población. Pero mientras el clientelismo sea el que mayores réditos dé a los aspirantes, su principal tarea será mantener una masa votante condicionada por el interés a que se atienda su propio beneficio, aunque sea temporalmente. Habría que aprender e implementar lo que es una política de Estado, que se define como ' aquella, que forma parte de las estrategias centrales de un país. políticas que no varían, a pesar del color político ideológico de cada Gobierno ' (Artepolítica / Comunidad). Una cuestión de cultura ciudadana y política de primer nivel, en beneficio de la Nación.

Una democracia más muscular, más institucional, puede ser una realidad si se logra que sus ciudadanos sean menos pasivos, menos cínicos, menos desesperanzados, menos anestesiados. Y ¿cómo se logra esto? Con más y mejor educación. Una educación dedicada más a enseñar a pensar, que a memorizar; más dedicada a cuestionar que a ser un simple eco. Más dedicada a desarrollar una vida de propósitos nuevos, más dedicada a motivar, a lograr seres creativos e independientes y no, simplemente, buenos empleados dependientes. Más dedicada a lograr que cada estudiante sea libre para pensar de dónde venimos, quiénes somos y –sobre todo–¡hacia dónde vamos!

¿Tenemos un modelo de educación que logre lo descrito, que cree ciudadanos independientes y exigentes? Me atrevo a pensar que para la enorme mayoría de panameños la respuesta es un resonante ¡no! Si le preguntamos a esa misma mayoría de panameños ¿cuál es la mayor debilidad que tenemos como país?, esa misma mayoría responderá: la educación. Queremos convertir la educación en nuestra nueva obsesión nacional, así como lo fue hasta ahora el Canal, ¡y lo logramos!

El momento para comenzar a resolver nuestra obsesión por la educación, que queremos y que nos merecemos, es ahora. ¿Por qué? Porque acabamos de lograr un imposible. Ampliar el Canal a través de un gigantesco proyecto que ideamos, programamos, licitamos con transparencia y ejecutamos e inauguramos superando todos los obstáculos. Y lo hicimos a través de una entidad del Estado que juntos diseñamos para ese específico propósito. A esa entidad la pudimos proteger de la política partidaria, y los que trabajan en ella a diario son todos panameñitos vida mía –igual que los que trabajan en los demás entes del Estado– y funciona con categoría mundial. De esta podemos y debemos copiar todo lo bueno y eliminar lo que no lo es, para crear un modelo de gestión estatal para la nueva educación que queremos, y así cumplir la nueva obsesión nacional.

Hay otro deseo que queremos hacer realidad: que los beneficios del Canal le lleguen a todos los panameños en todos los confines de la República, porque son los dueños del Canal. ¿Cómo hacerlo y cómo lograrlo? Hay mil ideas y cada gobernante tendrá sus preferencias, pero hay solo una fórmula que garantiza que se beneficien todos, absolutamente todos los dueños del Canal, y es que el 100% de las utilidades se dedique al nuevo modelo de educación que inventemos. El presupuesto de utilidades del Canal del próximo año es de mil 600 millones de dólares, y el presupuesto del Gobierno para Educación es de mil 300 millones de dólares. Si todas las utilidades del Canal van a la educación, se podría dedicar lo que hoy gasta el Gobierno en esa materia –según el gobernante de turno– a las inversiones sociales de su preferencia. O sea, que desde el inicio habrá 30% más dinero para Educación y así se podrá mejorar a los maestros y profesores, mantener las escuelas, y un largo etcétera.

Entonces, si la gran mayoría acepta estas ideas básicas: el modelo de educación está exhausto y no funciona. Estamos obsesionados con cambiar y modernizarla… y tenemos un ejemplo comprobadamente eficaz de un ente del Estado del que podemos sacar ideas para un nuevo modelo de gestión educativa.

Las utilidades del Canal deben beneficiar a todos y la única manera de que así sea es dedicarlas 100% al nuevo modelo educativo. Hay dinero para iniciar ese nuevo modelo y elevar a los maestros y profesores al nivel que merecen, manteniendo la infraestructura para evitar gastos de entre $50 millones y $60 millones anuales, reparando escuelas siempre tardíamente. Si todo esto es así, ¿cuál sería el próximo paso?

Imaginemos que se acaba de crear la República y que los próceres nos han nombrado, a cada uno de nosotros, en una comisión para crear –desde cero– el mejor y más moderno y eficaz modelo de la educación para la nación. Nos piden que soñemos en grande. Saquemos una hoja en blanco y apuntemos nuestras ideas; cada panameño tiene el poder de lograr todo lo que le parezca importante. Hay que escaparse de la prisión de lo que existe y del pensamiento convencional. La tarea es grande, pero no nos podemos rendir.

Comencemos a apuntar ideas. ¿Cómo sacar la política partidaria de la educación? ¿Cómo lograr que la comunidad sienta propiedad sobre su escuela y la cuide? ¿Cómo evitar injustas locuras como que le deban 15 quincenas a los maestros? ¿Cómo eliminar a los maestros interinos? ¿Qué hacer para que todos tengan permanencia? ¿Cómo integrar a los mejores cerebros en las más importantes funciones y cómo medir la eficacia? Lo que no se mide no se logra. ¿Cómo crear ciudadanos libres y creativos en las aulas? (y sigue un largo etcétera).

Por pedido del Gobierno, el PNUD está por convocar a un diálogo sobre educación. Aseguremos que las hojas con nuestras ideas lleguen al diálogo. Pongamos lo necesario para que la obsesión por la educación pase a la acción. Busquemos a través de la nueva educación una democracia muscular y justa. ¡El momento es ahora! ¡Pongámonos utópicos en nuestra creatividad

Un escenario deprimente y poco esperanzador fue lo que vio y escuchó el pueblo panameño el pasado 1 de julio de 2016, con motivo de la instalación de la Primera legislatura, del tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional y del informe a la Nación del presidente de la República.

En efecto, lo que debió ser un acto de reafirmación democrática de separación de poderes, de balance, de pesos y contrapesos, propios de una democracia que se robustece y; de una alocución presidencial llena de ‘buenas nuevas ' para las mayorías nacionales —porque las minorías poderosas se defienden solas— lo observado por la ciudadanía en general fue un acto bochornoso, donde la ‘clase política ' panameña expresa una vez más que su único propósito es utilizar el poder político del Estado para usufructo propio, de sus familiares y allegados políticos y, donde las necesidades y carencias del pueblo no cuentan en lo absoluto.

Los diputados, por su parte, agregaron una cualidad más a su largo prontuario de politicastros, ahora también son arlequines políticos, con esta última ‘cualidad ' muchos de ellos pretendieron ‘explicar ' su voto en la escogencia de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente), en circunstancias en que la mayoría de los panameños sabía de antemano que sus decisiones estarían motivadas por mucha macuquina procedente de la ‘Casona de San Felipe '.

Por otro lado, los ciudadanos esperaban que el mandatario del país procediera, en esta especial ocasión, a analizar las formas como atendería la solución de los agobiantes problemas que abruman el diario vivir del panameño de a pie. Por ello constituye una gran decepción el hecho de que el jefe del Estado no se refiriera en su comparecencia en la Asamblea Nacional a la grave crisis de salud que vive la Nación, que ha producido la hospitalización de 1500 personas y 42 muertos a causa de la afectación del virus A (H1N1). Como tampoco a la necesaria transformación del sistema educativo (Reforma Educativa); a la crisis del agua potable —decenas de comunidades no cuentan con el suministro del vital líquido—, mientras que de la producción de las plantas potabilizadoras del Idaan se pierde el 40 %; no mencionó la terrible situación del sistema de transporte metropolitano terrestre de pasajeros (‘diablos verdes ', cuyo dueño es, supuestamente, un diputado, y de los ‘piratas '). Como tampoco hizo alusión al abandono total del sector agropecuario y el consecuente aumento de la Canasta Básica de Alimentos (B/.304.12, enero de 2016), del aumento indiscriminado (especulación) del costo de vida; del deterioro del mercado de trabajo, con más del 40 % de informalidad laboral y una significativa precariedad salarial.

La situación del sector agropecuario, a causa del abandono de los Gobiernos postinvasión, es alarmante. Mientras que en la década del 50 del siglo pasado la participación del sector en el PIB fue de 25.4 %, hoy solo participa con un ínfimo 0.4 % (2015), se entiende que Panamá es un país de crecimiento medio, cuya participación en el PIB no puede ser la de 1950, pero tampoco es suficiente la del 2015. Un plan racional y científico para el sector sería ubicarlo en, al menos, 5 % del PIB.

También es inadmisible, aunque se trata de un tema coyuntural, que el Gobierno permita la especulación que se está dando en el precio de la cebolla un rubro regulado. En Panamá se consumen 500 000 quintales de cebolla anuales y se cultivan 450 000 quintales, de modo que se deben importar aproximadamente 50 000 quintales anuales, por lo que no se justifica el supuesto desabastecimiento del mercado para propiciar el incremento ilegal y arbitrario del precio de este bien, que de un precio regulado de B/.0.60 la libra ahora se comercializa al detal a B/.1.50 la libra.

La causa de la especulación salvaje en el precio de los alimentos, medicina y de otros productos de primera necesidad no se debe a la acción de la ‘mano invisible ', sino a la falta de coordinación interinstitucional de los entes del Gobierno y a la invisibilidad del presidente, quien no ha jugado el papel de ‘director de orquesta ' gubernamental.

Panamá ha recibido golpes recientes que ponen a reflexionar. Desde 1927 adoptó un sistema de constitución de sociedades que le ha prestado un servicio importante a la nación y a muchas personas y organizaciones en el mundo que, aprovechado para propósitos aviesos, especialmente desde la década de 1980, a partir de las operaciones de narcotráfico en Colombia, de la guerrilla, el comercio ilícito de armas, contrabando y evasión de impuestos hoy se mira como sospechoso y sucio.

Desde 1948 se estableció la Zona Libre de Colón como un centro de comercio, distribución y redistribución de mercancías, aprovechando la privilegiada ubicación geográfica de Panamá, que pronto llegó a estar entre las tres primeras del mundo, reduciendo costos y haciendo accesible a los mercados latinoamericanos, principalmente mercancías e insumos que fueron bien aprovechados para el crecimiento económico, desarrollo industrial, comercial, agrario y hasta hogareño de las naciones del hemisferio americano; pero, también, esta fue penetrada por no pocos delincuentes para disfrazar las ganancias derivadas del delito.

El marco legal excepcional de la economía panameña en el hemisferio occidental, que permite la libre conversión de monedas, la circulación del dólar, la introducción y repatriación de capitales, bajos impuestos y tasas fiscales inexistentes o razonables, aunado a la visión del diseño de normas atractivas para la banca, hicieron posible que a partir de la década de 1970 surgiera aquí un centro bancario de primer orden, en el Caribe y las Américas. Este, eventualmente, fue aprovechado por la delincuencia internacional para sus operaciones ilícitas.

Es decir que en los 112 años de existencia que tiene Panamá, como república, aprovechando sus ventajas (con innovación e iniciativa) ha hecho, a diferencia de todos los países de la región y con contadas excepciones del mundo, una nación que sin mayores recursos naturales ni minerales obtiene envidiables ingresos, principalmente, derivados del sector de los servicios o terciario, lo que puede y debe contribuir grandemente a su bienestar. Sin embargo, ha descuidado vigilar que esas facilidades y ventajas favorezcan las actividades legítimas, convenientes para todos, previniendo que las herramientas de que se ha hecho caigan en manos de quienes las utilizan para dañar en lugar de beneficiar y ensuciar, en vez de servir.

Lo menos saludable es que el esquema montado no solo tiene efectos buenos y malos en su propio territorio, sino internacionalmente, y aquellos países que resienten el impacto de las operaciones ilícitas han enfocado su atención en Panamá porque, claro, la sienten como fuente de actividades que les son lesivas, sin descartar, por otra parte, que las que no lo son resultan competencia para sus propias economías.

Hay otros sectores de la economía panameña que pueden llegar a ser blanco de la misma mala imagen que se le ha endilgado, como la marina mercante y el Canal, y el logístico, por ejemplo. A pesar de que cuando todavía les falta mucho por desarrollar, carecerían de vigor para crecer, si no hubiera los señalamientos, en buena medida fundados, que se hacen.

En este orden de ideas, los esfuerzos dedicados a prevenir los efectos nocivos de quienes hacen mal uso del sistema económico de servicios de Panamá, como el establecimiento de una unidad de análisis de riesgos a nivel de la Presidencia, la introducción de medidas que obligan a saber la identidad, fuentes y legitimidad de los dineros de los clientes que requieren de servicios bancarios, profesionales, de bienes raíces y demás, no han sido suficientes ni seguramente, satisfarán plenamente la prevención de las actividades ilícitas que quieran aprovechar sus facilidades. Por ello las naciones que más resienten y envidian su éxito jamás estarán satisfechas.

No obstante, al mismo tiempo, tenemos una oportunidad maravillosa para poner la casa en orden y constituir un ejemplo regional y universal de sólida y admirable institucionalidad. La receta es justicia, una justicia firme, pero serena; estricta, pero sin selectividad; con recursos, pero sin lujos; respetada por imparcial, eficaz, legítima y transparente. Servirá para ordenarnos a nosotros mismos y tener el respeto que nos merecemos en la comunidad internacional. Hemos invocado a la justicia desde siempre, pero ¿la hemos elevado donde debe estar? Nunca.

Siendo la transparencia en su gestión el principal tema de su discurso, primero como candidato y luego como presidente de la República, tanto local como internacionalmente, debe resultar un gran shock el resultado de la encuesta de mayo de Dichter & Neira, hecha pública por TVN Noticias. Asómbrese: El 75 % de los encuestados piensa que existe poca o ninguna transparencia gubernamental, en contraste con solo el 22 % que considera que hay total o mucha transparencia. Esto se da en una sociedad donde solo el 3 % considera que la corrupción es uno de los principales problemas del país. Al paso que vamos, faltando tres años para que este Gobierno deje el poder, prevemos que este deterioro empeorará a medida que se acerque el año de Hidalgo, tal como ocurrió con el anterior Gobierno panameñista. ¿Qué estará pasando entonces?

¿Será la culpa del presidente o de los ministros? ¿Será culpa de los diputados, sumergidos en una crisis de corrupción tan escandalosa como el Gobierno pasado o más? ¿Será culpa de la justicia manipulada, lenta o indiferente que tenemos? ¿Será responsabilidad de los que sirven de voceros incapaces de dar a conocer sus logros? O ¿será, como siempre, algunos pretenden hacer ver, que se trata de una mera percepción, porque la realidad es otra?

Hay detalles de la encuesta que llaman la atención. Lo casos Waked y Mossack-Fonseca, de acuerdo al 81 % de los consultados, al explotar esos escándalos fuera del país, refleja que nuestras instituciones de investigación, regulación y control no son eficientes, ya porque no pueden o no quieren. El 66 % indica que ha faltado voluntad gubernamental para proseguir con éxito los casos de corrupción que se han descubierto del Gobierno anterior. Esto lo agrava lo lento de la justicia en los casos de corrupción en la actual administración, como es el caso del antiguo director del IMA.

Juan Carlos Varela sabe que públicamente lo apoyé para la Presidencia. Explicaré por qué al único que responsabilizo por lo que ocurre es a él mismo. Tiene una visión centralista de la Presidencia: quiere tomar todas las decisiones, hasta en aquellas de nombrar o destituir funcionarios en una institución. No ha tenido la capacidad de crear la mística de trabajo necesaria para promover valores éticos y morales que tanto dicen sus voceros se profesan y practican en la actual gobernación. Algunas acciones pareciera que responden, más que a una decisión de Estado, a lo que quieren ciertos grupos económicos para satisfacer sus intereses.

Usaré un solo ejemplo: el caso Bern. Cuando el grupo de Herman Bern, allegado a todos los Gobiernos en la era democrática (desde Endara se le permitió construir sobre área de mar las torres Miramar que privaron de la espectacular vista al mar de la ciudad que había por la avenida Federico Boyd).

A Bern le adjudicaron en 2003 una licitación en la antigua ARI de parcelas de tierra para construir unos hoteles, que de inmediato fue cuestionada por ilegalidad por el único otro licitante. Simplemente, violando la ley vigente, las reformas al pliego de cargos no fueron publicadas. Bern fue parte del proceso en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pero, como sentía que ganaría, construyó a su propio riesgo y cuenta, lo que dice que le costó 40 millones de dólares. Al hacerlo así, se convirtió en una especie de precarista, con apellido e influencia, pero precarista al fin. La Corte, en 2008 declaró nula la licitación y Bern se quedó sin nada que lo amparara legalmente. En el Gobierno de Torrijos se las ingeniaron e ignoraron el fallo de la Corte Suprema.

En el Gobierno de Martinelli trataron de venderle los terrenos, pero fueron advertidos de la ilegalidad que se cometería. Desistieron. En mayo de 2015, la Sala Tercera de la Corte, ante otra demanda, declaró nula esta vez la concesión de Bern. Ante la pretensión del actual Gobierno de venderle a Bern, mediante carta de marzo de 2016 al ministro de la Guardia, advertí de la ilegalidad que cometerían.

En la Gaceta Oficial del pasado 20 de junio aparece la decisión del Consejo de Gabinete, firmada por el presidente de la República, de venderle los problemáticos terrenos al precarista Bern, olímpicamente ignorando dos decisiones de la Corte Suprema de Justicia, donde se supone que sus decisiones son inapelables y definitivas. De seguir este acomodaticio argumento, el MEF otorgará título a cualquier invasor de tierras que invierta millones donde se metió, porque si la invasión es solo de madera y zinc la policía interviene violentamente.

¿Contribuirán estas ilegales acciones a mejorar la malísima percepción de transparencia que tiene la población del Gobierno? ¿Contribuirá lo hecho, por el contrario, a profundizar la percepción de que los que mandan en Panamá son los intereses de ciertos grupos económicos? Siento pena por esto. Pobre país nuestro. Ahora todo queda en manos del contralor Humbert, quien todavía no ha refrendado este mamotreto.