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En distintos medios públicos afirmé que el asunto de los Panama Papers no era local, ni de una simple firma de abogados. Siendo optimistas, el negocio total de los mejores expertos nacionales entendidos en la alquimia no es ni el 0.7% del PIB. Siempre que las “reglas del juego” lo permitan, grupos de interés social buscarán ganancias extraordinarias en detrimento de la colectividad. Y esto se da en todas las ligas. Decir que las verdaderas inversiones importantes en Panamá están a la merced, secuestradas, por unos cuantos, no es éticamente aceptable. Ahora se habla de internet, de hackers, etcétera, pero en términos más prosaicos, podemos afirmar que momentos antes de que este país ingresara a la Organización Mundial del Comercio en 1995, la protección efectiva a las fresas panameñas era de 253%, en detrimento de la repostería de un país que se llamaba al desarrollo turístico. Sí, antes hemos sido secuestrados por empresarios agropecuarios e industriales, con una absurda estructura arancelaria que nos hizo menos competitivos en la economía internacional y, claro, más pobres en nuestro propio patio.

Cualquiera hubiese considerado que Joseph Stiglitz y Mark Pieth le darían un gran prestigio a la comisión que analizaría el panorama financiero de Panamá. Lo que no me cabía en la cabeza era por qué dicha invitación la hacía los que la hacían, siendo bien conocida su idiosincrasia. Pero, como sospeché, desde su propia perspectiva erraban por falta de conocimiento en la ciencia y práctica de la economía. En el caso específico de Stiglitz, premio Nobel de Economía, él ha denunciado sistemáticamente que la falta de regulación en la economía es uno de los principales lastres para su desarrollo, como sistema económico-social inclusivo y sostenible. Stiglitz es conocido como post-keynesiano, palabra sucia en Wall Sreet y entre, al menos algún ilustrado, de nuestros expertos en las artes de la alquimia.

Panama Papers es un nombre de marca (negativo para muchos patriotas, muy apropiado entre los entendidos del marketing, dado nuestro flamante recorrido histórico desde la perspectiva de la carga negativa (Morgan, Drake, el oro de California, el Escándalo de Panamá en los medios franceses, Noriega, la invasión, etcétera). El método científico inductivo sirvió para lograr una muestra verdaderamente representativa: investigar a una empresa panameña que se dedicara exclusivamente a ese negocio.

El problema de Panamá es mundial, no nuestro. Somos una prueba piloto y no importa lo que hagamos en la retórica; cuando se mete la pata, la prudencia indica que es mejor dejar al pie de marras bien sujeto en función de la fuerza de gravedad y evitar el menor movimiento.

Miembros de la comisión no comprenden la actitud de Stiglitz y Pieth. No comprenden cómo ellos explican el panorama financiero de Panamá. Afirman que su salida en nada afecta la labor del comité. Que tenían su propia agenda, no orientada a estudiar a Panamá ni hacer recomendaciones puntuales. Eso lo podrán decir aquí en el cálido terruño patrio.

Panamá busca desarrollar sus ventajas competitivas en la economía mundial. Esa es la liga. Y nos siguen viendo mal por incompetentes.

Hablar de corrupción en Panamá es un tópico, pero el descaro con que actúa la “justicia” es el colmo. A nadie decente puede dejar de hervirle la sangre al conocer el “fallo”, en el doble sentido de sentencia y error, cometido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, ante el caso del asesinato masivo con dietilene glycol, llamado “jarabe de la muerte” de la Caja de Seguro Social (CSS): seis altos cargos de la institución exonerados y cinco condenas irrisorias (La Prensa, 30/7/16). “La vida no vale nada”, dice una canción. En opinión del Segundo Tribunal Superior, Ángel De La Cruz, dueño de Medicom S.A., que vendió el veneno como medicina, y a quien se encontró culpable de alterar el certificado de análisis del producto, que la empresa española que se lo vendió (Rasfer International) identificó como “T.D. Glicerine al 99.5%” (o sea, sustituto de la glicerina) a “glicerina de pura calidad USP”, fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación de funciones públicas, que ya se cumplieron. O sea, en las próximas elecciones puede ser diputado.

Si el juicio aceptó la existencia de 170 víctimas mortales (La Prensa, 9/4/16), a De La Cruz le salió a menos de 11 días por muerto. Si contabilizamos a los 8 mil afectados por el envenenamiento, reconocidos por el tribunal, tenemos que pagó 0.04 partes de un día por afectado de por vida. Contando por lo bajito, porque desde el primer día tanto las autoridades de la CSS, como del Ministerio de Salud, del gobierno de Martín Torrijos y la Procuraduría fueron por lo menos negligentes en establecer el cálculo real de las víctimas. Si se fabricaron 260 mil frascos con el jarabe de la muerte, y reconocen haber distribuido al menos 60 mil frascos, los números no cuadran con los reconocidos por el tribunal.

Los otros responsables también fueron condenados a la ridícula pena de un año de cárcel. Todos ellos funcionarios de la CSS que debían cerciorarse de que lo que recibían era lo que decía la etiqueta, y no lo hicieron, a saber: Edward Taylor, jefe del Laboratorio de Control de Calidad de la CSS, quien certificó que el producto entregado por Medicom “cumplía con las especificaciones requeridas”; Miguel Algandona, almacenista del laboratorio, quien certificó la idoneidad de la materia recibida de Medicom; Nereida Quintero y Marta Sánchez, ambas directoras de Abastos, quienes eran jefas directas de los anteriores. Fueron exonerados por el tribunal tanto el exdirector de la CSS René Luciani, como Linda Thomas, jefa de los laboratorios, y Pablo Solís, que fungía de director de la farmacia. Aunque no eran responsables directos, sí lo eran como directores, al menos les cabía una sanción.

Esa es la repugnante realidad de la justicia en este notable caso. También podríamos mencionar otras situaciones: las autoconfesiones corruptas de un magistrado; la inculpación por delitos secundarios de Ricardo Martinelli, mientras que los crímenes de Changuinola y San Félix permanecen impunes; y el que no esté preso ninguno de los grandes oligarcas corruptos que se han hecho millonarios a costa del Estado, etc.

El presidente Varela cree que con haber removido dos magistrados y reemplazarlos ya es suficiente. Desde abajo crece el clamor por barrer con manguera todo el sistema judicial, al igual que los otros poderes del Estado, para sacar toda la podredumbre a la calle.

Finalizada la especie de fanfarria en que algunos convirtieron hace un mes los actos de la ampliación del Canal, es preciso detener la marcha para reflexionar sobre el futuro de nuestro principal recurso nacional y la forma cómo podemos lograr que la ciudadanía sienta de verdad que el Canal pertenece a todos. Algo que no se ha logrado aún en la mayoría de los panameños.

Al margen de comentarios estériles e infundados de tratar de enlodar el gran trabajo realizado, como artículos interesados en la prensa extranjera demeritando lo hecho, o introduciendo elementos como aquellos que sugieren que el Canal solo ha producido beneficios para la oligarquía panameña que continuarán con su ampliación, debemos quitarnos el sombrero frente a los que hicieron posible esta magna obra, la mayor en Panamá desde la construcción inicial en 1914. Si bien esto concluye en 2016, desde antes de nuestra separación de Colombia en 1903 muchos, tanto nacionales o extranjeros, principalmente afrodescendientes, hasta su vida dieron para ver cristalizar la prodigiosa obra que hoy el mundo entero admira, de la cual nos sentimos orgullosos.

Han surgido propuestas como las del expresidente Ernesto Pérez Balladares de que el 25 % de los ingresos canaleros sean utilizados para el desarrollo de la educación nacional. En la misma línea, en uno de mis mensajes en Twitter señalaba que ‘terminada la ampliación, debíamos profundizar en otra urgente ampliación: la de la educación nacional, para que no haya diferencias entre aquella impartida en las escuelas públicas de las privadas '. La actual situación de crisis educativa así lo demostró.

Pero debemos ir mucho más allá, ahora que dispondremos de mayores recursos. Se debe, como en su oportunidad hizo el general Torrijos, al enviar a universidades extranjeras a tantos jóvenes humildes e indígenas para que tuviesen acceso a educación superior. Ese aporte de Torrijos, al permitir el acceso a clases marginadas a lo que antes le estaba vedado, debe ser emulado para la presente generación, en un proyecto mucho más abarcador a largo plazo que enviar a profesores a estudiar inglés. Y eso lo podemos hacer con los fondos del Canal y con las tantas oportunidades de estudios superiores que se ofrecen hoy en tantas partes, inclusive en Panamá.

El efecto multiplicador de la educación debe ir acompañado de un profundo impulso a la cultura. Con los nuevos ingresos del Canal, se pueden impulsar programas a nivel nacional de estímulo emocional e intelectual en niños desde los tres años, mediante la enseñanza masiva de la música, al igual con tanto éxito se hizo en Alemania, lo cual en corto tiempo se comenzaría a ver sus frutos y que con tanto éxito se ha hecho en Venezuela, con el llamado ‘Sistema '. Por igual, como se lo sugerí al administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, podría la ACP darle la mano al aspecto cultural de la población, no solo enseñándole al mayor número de estudiantes cómo funciona el Canal con visitas programadas todo el año, sino encargándose, de la mano del INAC, del mantenimiento y renovación de los sitios históricos más emblemáticos del país, como Fuerte San Lorenzo y Portobelo en Colón, el Sitio Barriles y el Volcán Barú en Chiriquí, Panamá Viejo, El Caño y la Iglesia de Natá y el nuevo descubrimiento arqueológico de Río de Jesús, por mencionar algunos. Ello proyectaría el Canal a un área que debe ser mucho más promocionada y que tanto afianzaría nuestra nacionalidad.

Ya con el Canal de Panamá en otra dimensión, proceso que se hizo en diez años luego del referéndum nacional de 2006 en la administración de Martín Torrijos, que apoyé entusiasmadamente, es preciso que nos aboquemos a preparar a nuestra juventud para afrontar con profundidad el desarrollo tecnológico e industrial del país, haciendo énfasis en áreas como el turismo y el valioso recurso humano de que disponemos y que se debería preparar mejor. Solo así podremos salir de la pobreza y la ignominia en que aún viven muchos panameños. Dándoles esas herramientas del conocimiento y la educación, le brindaremos la oportunidad de ser más y mejores panameños. Así todos, especialmente los más humildes, entenderemos por qué se dice que el Canal es de todos.

La corrupción, la impunidad, el entreguismo, los intentos de cercenar las voces contestatarias, la criminalización de la protesta social, la incapacidad de los sucesivos Gobiernos por atender las principales demandas y necesidades del pueblo, las perversas políticas económicas y sociales de carácter neoliberal, han puesto en el centro del debate la obligación de unir esfuerzos para transformar el sistema excluyente y acabar con la falsa democracia.

A lo anterior se suma la situación de crisis económica mundial, signo claro del fracaso del modelo neoliberal, que profundiza el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías y hunde más en el desempleo, la pobreza y miseria a amplios sectores de la población.

En ese contexto Conusi celebra su VI Congreso Nacional , bajo el lema Por la libertad sindical plena, seguridad social solidaria y jubilaciones dignas , en el cual participan delegados de todo el país. En el mismo se abordan los principales problemas que enfrentan los trabajadores, el movimiento sindical y social panameño. La revisión y actualización de la Plataforma de Lucha de Confederación, a fin de responder a los retos que enfrentan la clase trabajadora y el movimiento social en nuestro país y el mundo.

El VI Congreso Nacional se da en un escenario nacional donde los recursos del crecimiento económico y los aportes del Canal al Estado no se utilizan para atender los problemas de la población: falta de agua potable, aguas servidas, recolección de basura, ineficiencia del transporte público, infraestructura escolar y de salud en franco deterioro, problemas que se acentúan sin que se dé respuesta concreta por parte de las autoridades. Los precios de la canasta básica familiar van en galopante crecimiento, principalmente los precios de los alimentos. Aunados a las amenazas de privatizar la salud, la educación e introducir medidas paramétricas a la seguridad social.

En el escenario laboral, las cifras se tornan alarmantes cuando el desempleo en el país viene aumentando (5.1 %), subempleo visible 2.0 % y el subempleo invisible 9.3 %. La informalidad laboral es otro fenómeno que se impone, el 39.9 % (575 415) a nivel nacional.

Los sectores juventud, mujeres y profesionales están entre los más desfavorecido en materia laboral; el trabajo infantil sigue siendo enmascarado en las cifras oficiales. La violación de las normas de salud y seguridad ocupacional es otra de las vicisitudes que enfrentan los trabajadores ante el incumplimiento de los patronos y la falta de supervisión del Mitradel. La precariedad laboral se refleja en los niveles de salario de la mayoría de los trabajadores en el país. El derecho a la organización es violado en amplios sectores económicos y en el sector público.

Enfrentamos problemas: la tercerización empresarial que cercena los derechos laborales y sindicales; la creciente ola de fuerza de trabajo extranjera (mucha de ella ilegal y por encima de lo permitido por ley); el incremento de los cuentapropias ; la satanización de la organización social por parte de los grupos de poder económico y político a través de sus medios de comunicación social.

En este sentido, desde hace varias décadas la clase obrera, en especial las organizaciones que impulsamos el proyecto clasista (Conusi), hemos venido luchando contra toda esta política neoliberal ejecutada a tambor batiente desde finales de la década del setenta y profundizada por los autollamados ‘Gobiernos democráticos ' (Endara, Pérez Balladares, Moscoso, Torrijos, Martinelli y actualmente Varela).

En este Congreso, Conusi camina hacia la consolidación de sus organizaciones sindicales, en defensa de los intereses de la clase obrera y las demandas del pueblo panameño. Afianzamos nuestro trabajo como referente a nivel nacional del movimiento sindical que avanza en América Latina contra el neoliberalismo. Luchamos por la unidad desde las bases del movimiento sindical y social. Nuestra visión es refundar el país a través de una Constituyente Originaria autoconvocada, para construir el Panamá de justicia y equidad social.