La corrupción sin control genera más corrupción

En poco más de dos años, el Gobierno panameño actual ha logrado desilusionar a sus seguidores y a todos aquellos que sin haber votado por sus candidatos tenían algo de esperanza en que iba a actuar de una manera más responsable que las administraciones anteriores. No ha sido el caso.

La corrupción está al orden del día en los ministerios y en las demás instituciones gubernamentales. Todos los días hay nuevos escándalos que para el común de la gente se hace difícil darles seguimiento. En materia de Salud, Seguridad Social, Educación y Vivienda, los sectores sociales más sensibles, las partidas de miles de millones de dólares se esfuman sin que se vea su efecto sobre los programas. El ministro de Salud renunció. La ministra de Educación se quiere ir. El ministro de Vivienda, un empresario, se siente muy satisfecho con sus programas que generan enormes ganancias (y pocas soluciones de vivienda).

Igualmente, en los sectores productivos —como Desarrollo Agropecuario, Comercio e Industrias y la promoción de los pequeños empresarios— las inversiones se pierden antes de llegar a su destino. Las concesiones que hace el Gobierno a hidroeléctricas, mineras, puertos y casinos están generando ganancias extraordinarias para unos pocos inversionistas sin darle beneficio alguno al país. En el caso de la minera de cobre, la corrupción se ha extendido a la burocracia del empobrecido distrito de Donoso que ha creado una pequeña elite que cuenta con toda clase de beneficios en detrimento de la población.

Según cálculos hechos sobre la base del indicador llamado producto interno bruto (PIB), las subvenciones que se hacen a los empresarios son de 5000 millones de dólares. Esta cifra se compara muy favorablemente a los 500 millones de dólares que gasta el Gobierno en subvenciones para los sectores más empobrecidos del país. El Gobierno anunció que en 2017 tendrá un presupuesto que supera los 21 000 millones de dólares. Gran parte de estos gastos se realizarán para pagar la deuda, tanto interna como externa.

No hay que olvidarse de que el presupuesto nacional se ‘arma ' en una oficina muy privada en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde solo tienen acceso los asesores más cercanos del presidente de la República y los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La Embajada de EE.UU. también envía sus observadores para proteger sus intereses.

Estos últimos son los más interesados en asegurar que el presupuesto incluya renglones dedicados a la compra de equipos militares y entrenamiento. Todos los años los gastos militares crecen y la militarización del país (que no tiene ‘Ejército ') aumenta. La vieja excusa de la necesidad de defender las fronteras y el extenso litoral, se vino abajo con la crisis creada por los ‘transeúntes ' que cruzan las porosas fronteras con Colombia y Costa Rica.

La pregunta es si el barco gubernamental está haciendo agua y pronto se hundirá. Aunque pareciera ser el caso, todo indica que mientras más corrupción, más se consolidan el Gobierno y sus estructuras. Algo parecido ocurrió con los Gobiernos anteriores (1989-2014). La corrupción se eleva a alturas no vistas anteriormente. A pesar de su podredumbre, los partidos que los sostienen llegan a las siguientes elecciones optimistas, seguros de su triunfo. Las urnas, sin embargo, les dan un mensaje distinto. Le toca a otra fracción de quienes son dueños del país llegar a gobernar. ¿Hasta cuándo puede durar este juego?

La propuesta más reciente, que no es original, es la privatización de la Lotería Nacional de Beneficencia. Como dice su nombre, es una institución creada hace 100 años (1914) para recaudar fondos en beneficio de los sectores de la población más necesitados. Los ingresos anuales de la Lotería superan los 100 millones de dólares, sin incluir los enormes recursos que genera y que no llegan al Tesoro Nacional.

El embajador Olimpo Sáez señala que la reforma a la ley de la Lotería perjudicaría al país y debe ser rechazado. Según el artículo Segundo A de la reforma, la institución daría en concesión a empresarios ‘la explotación de cualquier juego similar a la lotería, de forma directa o indirecta a través de la contratación de personas jurídicas o naturales dedicadas a la actividad o en régimen de operación compartida '. Los 100 millones de dólares que ingresan actualmente se reducirían significativamente para dar lugar a los pagos que se harían (a sí mismas) las empresas concesionarias.

El Canal ampliado y la nueva economía

Dos meses, aproximadamente, han transcurrido desde la inauguración del Canal ampliado, luego de las dudas, la zozobra y las suposiciones sobre la viabilidad y la transparencia del proceso. Hoy ya tenemos en funcionamiento la vía para el comercio mundial, abaratando costos por volumen. Una ventaja de la economía de escala que nos enseñan en la universidad, menor costo para los clientes por tonelada transportada y mayor ingreso para la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Como los ingresos por el usufructo del activo más productivo que tiene el país, el Canal, están proyectados a aumentar en gran escala, ya vemos a los políticos y a gente del Gobierno, con los dientes afilados, empezando la batalla por establecer un liderazgo para manejar esos ingresos.

El país sigue creciendo, a menor velocidad que el quinquenio pasado, pero eso tiene su explicación en el aumento del endeudamiento público en más de 10 mil millones de dólares, que inflaba el crecimiento real. En este quinquenio veremos, pues, un desaceleramiento, pero a inicios de 2020 debiéramos ver otro repunte de la economía, por lo que se hace atractivo para la clase política nacional.

La nueva economía tiene a los jóvenes, como los mayores impulsores (para 2019 se espera que la población entre 17 y 45 años sea cerca del 60% o más), esto aunado a la tecnología y su exponencial crecimiento, hace difícil a la vieja guardia poder articular un mensaje creíble bajo la premisa de que los mismos trucos van a funcionar después de 30 años.

La juventud tiene mucho por qué luchar. Quizás le falten líderes que la inspiren, que quieran ser parte de la vida pública, pero cómo culparlos si todos los días vemos que la decadencia de los políticos se desborda en los noticieros.

Debemos pelear por una mejor educación, mejores condiciones de salud pública, mejor uso de los activos del país y, sobre todo, crear una sociedad de primer mundo con ciudadanos conscientes de su rol. Estas son las luchas de las nuevas generaciones, que tienen mejores herramientas para llegar a más gente que escuche su voz, y para que sus mensajes lleguen y muevan masas.

Actualmente, la sharing economy (economía compartida) irrumpe en los sistemas, descentralizando los poderes establecidos. En el futuro no muy lejano, no será necesaria la banca, como la conocemos; los malls y el comercio, como los conocemos; ni si quiera el gobierno, como lo conocemos. Entonces, ¿no deberíamos, los jóvenes, debatir sobre la economía del futuro, en vez de dejarle ese trabajo a las personas que solo estarán vigentes por los próximos 10 años? ¿No deberían los medios abrir espacios a los jóvenes para que se expresen, sin que sean cuestionados o moderados por personas de otras generaciones?

Es mi trabajo alzar la voz, mostrar mi posición y hacer que el futuro que quiero se vuelva realidad.

Otra vez por estos lares, Carlos Alberto Montaner

El conocido periodista cubano-americano Carlos Alberto Montaner volvió a estar por estos lares. Montaner es uno cuya pluma es muy cotizada por los Servicios de Inteligencia Norteamericanos desde que se escapó de Cuba en 1960, donde, siendo menor de edad, fue detenido junto a otros poniendo bombas preparadas en cajetillas de cigarrillos, formando parte del Frente Revolucionario Democrático (FRD) con Alfredo Carrión Obeso; artefactos de muerte que hicieron estallar en cines y hoteles de La Habana y ya en Miami, durante la Crisis de Octubre, pudo alistarse en el Ejército de EE.UU. mientras estudiaba en una de sus universidades.

Al seguirle los pasos a su historial como periodista, encontramos que su vinculación a la Central de Inteligencia Americana (CIA) se origina desde que formaba parte del MRR. Más o menos en abril de 1962 fue cuando Carlos Alberto Montaner aceptó ese empleo que juró ejercerlo ‘hasta la caída del comunismo en Cuba '.

Una vez siendo soldado del ejército norteamericano, sus vínculos se consolidaron. Según documentos ya desclasificados, es destinado a Puerto Rico y luego a España, a fin de operar en este último país con la clara intención de un entramado que lo vinculase con países europeos en su campaña de hostilidad contra Cuba, específicamente que la Unión Europea aislara al Gobierno y la Revolución cubanos.

Montaner como dejamos expresado, como periodista al servicio de los intereses del imperio norteamericano y de las causas más innobles contra la independencia y la liberación de los pueblos, actúa siempre con maña profesional y no solo busca información sobre Cuba y sus dirigentes, sino que reclama siempre datos sobre la contrarrevolución, tanto en Miami como en España, en las tareas que le asignaban, contando desde luego con recursos muy amplios.

Es tan activo que en 1970 fundó en España la Editorial Playor y la Agencia de Noticias Firmas Press, muy conocidas en algunos medios en el mundo entero desde donde publica libros y escritos sumamente tendenciosos, conectadas a conocidos conciliábulos de reaccionarios.

Montaner en 1980 fue promotor y organizador de los congresos de intelectuales disidentes que se celebraron en Europa y América Latina, y fue más allá, escribió y publicó en su editorial obras que convirtieron a Armando Valladares en un ‘ilustre poeta ', defensor de los DDHH. ¿Lo recuerdan? Claro que sí. También publicó en su editorial la novela El tiempo es el diablo , supuestamente escrita por Ricardo Bofill Pagés. Esta edición resultó un plagio escandaloso de la novela Los ojos de papel del escritor cubano José Lorenzo Fuentes, lo cual fue demostrado por su legítimo autor.

Montaner se presentó el pasado 19 de agosto en el Salón Boquete de Atlapa, según informes, y su conferencia, cuya, sinopsis, ya conocida, quienes asistieron fue del gusto de algunos y del rechazo de otros que creen en la justeza contra la opresión de quienes tienen en sus manos el poder económico y político.

Existe una extensa historia de Carlos Alberto Montaner, que para enumerarla faltarían páginas en un libro voluminoso. Por ejemplo, apoyó la Operación Cóndor de la DINA de Augusto Pinochet, con las consecuencias que se conocieron al final de esa dictadura.

En sus ejercicios periodísticos más recientes ha demostrado su aversión al acercamiento del Gobierno norteamericano con Cuba, en un entendimiento razonable que ha demostrado el presidente Barack Obama en nuevas relaciones diplomáticas y de diálogos, en procura de solucionar las viejas causas de conflictos, principalmente de un bloqueo económico y comercial que dura más de 50 años. A ese mundo abierto, al cual aspira también el papa Francisco, es al que se sigue oponiendo el conocido periodista, cuyos criterios disentimos sistemáticamente en forma objetiva.

Respondiendo al magistrado Harry Díaz

El pasado 13 de agosto de 2016, encontré en este diario una opinión del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry A. Díaz, quien fuera designado Magistrado Fiscal dentro de la investigación seguida a Ricardo Martinelli Berrocal, identificada como la carpetilla No.138-2015, que a nuestro juicio representa un intento desesperado de justificar el grave error cometido al haber presentado acusación sin haber formulado imputación, lo cual ha sido duramente criticado por los propios querellantes dentro del proceso y diversos sectores de la sociedad civil.

En dicho artículo, el Magistrado Fiscal erróneamente pretende hacer ver que la admisión de la investigación por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, representa la imputación contra Ricardo Martinelli Berrocal, amparándose en las discusiones de la comisión de gobierno de la Asamblea Nacional, quienes apelaron a contar con un proceso simple o sumario que brindara mayor celeridad a las investigaciones seguidas contra los diputados de la república.

En cuanto a las actas transcritas por el Magistrado Díaz en su artículo de opinión, queda muy claro que los diputados pretendían contar con un proceso simple que les garantizara obtener una respuesta pronta a sus investigaciones y no tener permanentemente una espada de Damocles sobre sus cabezas que les mantuviera neutralizados en sus funciones.

Por ello que debemos realizarnos y contestar los siguientes cuestionamientos:

¿Contar con un proceso ágil puede representar el desconocimiento de las garantías fundamentales, legales y derechos humanos de un investigado?.

Puede un Diputado de la República o Diputado del Parlamento Centroamericano ser acusado sin haber sido imputado?

Para responder a nuestras interrogantes, hay que tener presente que conforme al artículo 557 de la Ley 63 de 28 de agosto de 2008, en ambos sistemas (inquisitivo o acusatorio) se debe garantizar la aplicación del Título I (Garantías, Principios y Reglas), que constituyen la columna vertebral de todo proceso penal. Así el artículo 2 contempla el Principio de Legalidad Procesal, que impone la obligación de que todo proceso sea tramitado con arreglo a la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados por Panamá, y el propio código procesal penal (CPP).

Se debe tener en cuenta también, lo dispuesto en el artículo 481 del CPP “En los procesos que conoce la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de única instancia, se seguirá el procedimiento oral previsto en éste Código para los procesos comunes u ordinarios”, lo que implica el claro reconocimiento de que a pesar de ser un proceso especial, el mismo debe cumplir con los procedimientos contemplados en las fases del proceso penal acusatorio, entre la cual se encuentra la obligación de realizar una audiencia pública de imputación dentro de la fase de investigación.

En cuanto al deber de formular cargos mediante audiencia pública, el artículo 5 del CPP (Principio de Separación de funciones) en su último párrafo es muy claro en advertir que “Sin formulación de cargos no habrá juicio ni habrá pena sin acusación probada”, lo que tiene un sentido muy claro si vemos que a partir de ese acto la persona investigada es vinculada formalmente al proceso y adquiere la calidad de imputada, tal como lo contempla el artículo 92 del CPP “Imputada es la persona a quien le han formulado cargos por parte del Ministerio Público ante un Juez de Garantías. Formalizada la acusación penal en su contra, pasa a denominarse acusado”, lo que da paso a una serie de derechos que el CPP garantiza al inculpado en sus artículo 93.

Ahora bien, debemos destacar que no solo nuestras normas de procedimiento establecen la obligación de respetar las garantías y comunicar al inculpado la acusación que pesa en su contra, ya que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Panamá mediante la Ley 15 de 28 de octubre de 1977, establece en su artículo 8.1 (Garantías Judiciales) “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella…”.

El artículo 8.2 del referido convenio internacional, brinda un detalle de las garantías mínimas que se deben observar durante todo proceso; en el caso específico de la acusación, el literal “C” establece la obligación de efectuar comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, ya que de esa forma se garantiza el derecho de defensa.

Tanto el Ministerio Público como el órgano Judicial, tienen el deber de cumplir con lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impone a los Estados parte la obligación de respetar y garantizar los derechos consignados en la misma, aplicando el conocido “Control de Convencionalidad”, absteniéndose de infringir, directa o indirectamente, por acciones u omisiones, los postulados contemplados en dicho instrumento internacional.

En cuanto al reconocimiento de las disposiciones de la convención y los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es importante hacer referencia al fallo de casación de 16 de febrero de 2016, de la Sala Segunda de lo Penal bajo la ponencia del Magistrado Fiscal Harry A. Díaz, donde de forma unánime se expuso lo siguiente:

“En efecto, cuando un Estado es Parte de un Tratado Internacional, como la Convención Americana para la protección de los Derechos Humanos, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquel. A su vez corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órgano judicial de la Organización de Estados Americanos, aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos.

Cumpliendo con esa labor y en aras de dar plena eficacia a los Derechos Humanos en el Continente Americano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elaboró la doctrina del control de la convencionalidad, según la cual, los órganos del Estado en el marco de sus competencias deben tomar en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia corte.”

Siendo esto así, debemos concluir

a) Bajo ninguna circunstancia podemos tener un proceso donde se desconozcan las garantías fundamentales, legales y derechos humanos que existen a favor de un procesado.

b) Ninguna persona puede ser sometida a una audiencia de acusación sin haber sido previamente imputado mediante audiencia pública.

c) La admisión de una investigación bajo ninguna circunstancia puede suplir la acusación.

d) El procedo seguido a Ricardo A. Martinelli Berrocal, mediante carpetilla No.138-2015 es nulo, al haberse infringido sus garantías fundamentales, convencionales y legales, considerándose además que en la misma no existe prueba alguna que demuestre siquiera de forma indiciaria responsabilidad alguna.

El autor es, abogado  y miembro del equipo de defensa del ex presidente Ricardo Martinelli.

¿Qué esperamos los panameños?

Últimamente me hago esta pregunta porque honestamente no sé qué opinar de lo panameños, no sé qué quieren ni qué esperan. Ojo que no son todos pero sí la mayoría. En el ambiente político junto con el económico veo que todos están a la espera de que el presidente les resuelva sus problemas familiares, personales y empresariales.

Opinar a favor del país hoy es eco de apoyo al Gobierno de turno y no debe ser así, cuando opinamos a favor de la economía, apoyamos es a Panamá y a todos los que vivimos en él. ¿Cuándo vamos a entender que no somos dos ni tres repúblicas, como nos quieren hacer creer? Somos Una y Una sola.

Panamá, este lugar hermoso y bendecido y también con sus defectos, como todos, nunca ha dependido del Gobierno para que el país camine. ¿Cuántos han analizado que en el décimo tercer mes actual fue pagado por el Gobierno? 30 millones de dólares a sus empleados contra unos 290 millones que la empresa privada pagó a sus empleados. El motor de la economía somos los empresarios y empresarias de este país, sin nosotros sí no camina Panamá.

¿Cuándo vamos a dejar de quejarnos que si el Gobierno hizo la calle que tú quieras ver hecha o si hizo la ley tal que te conviene a ti para decir ‘estamos bien ', sin entender que la estabilidad política es lo más importante y lo único que necesitamos de parte de ellos?

Todavía no entiendo, hay panameños que se quejan de nuestra economía y hablan ignorantemente de una recesión en completo crecimiento de un 6 %. Es incoherente.

Sigamos quejándonos mientras los extranjeros se aprovechan de lo que está pasando, porque en sus países sí hay recesión y por eso están aquí, aprovechándose de lo que tus padres y abuelos trabajaron para ti. Lo triste es que mientras ellos emprenden, tú te quejas, Hoy en día veo mucho más negocio de extranjeros que de panameños y con justa razón son analíticos y actúan y no espectadores o mejor dicho ‘quejadores ' de una economía que va a 6 % y que para ellos invertir o decir que ‘va bien ' no es volver a los números ficticios de 12 % de crecimiento.

Señores. despierten, esos tiempos no volverán por ahora, no esperen agarrar los mangos bajitos para invertir primero, porque el mundo cambió y dos, en definitiva, el país no lo endeudarán 14 000 millones más en cinco años para decir que anda al 12 %, aceptar eso sería una irresponsabilidad.

¿Qué tan difícil es que entiendan que el país está en crecimiento y quejarse en redes sociales no te va a hacer más rico? Estás autocomplaciéndote o justificándote al decir eso porque no sabes cómo levantar vuelo y le echas la culpa a otro.

Ponte las pilas porque otro ya las tiene puestas y no está quejándose de que su economía no crece en un 12 % sino un ordenado y magnífico 6 %.

Felicidades Panamá

La ciudad de Panamá conmemora hoy 497 años de su fundación. Casi cinco siglos han transcurridos desde que la fundara Pedro Arias Dávila aquel 15 agosto de 1519. Hoy es una ciudad moderna, con enormes rascacielos que dan envidia a los vecinos de Centroamérica. Pero también es una ciudad hostil, donde los sucesivos gobiernos municipales no previeron al ciudadano como centro y motor de la gran urbe, sino que pusieron por delante los automóviles. Tampoco han sido muy eficaces con la higiene, pues la basura se ha convertido en un gran problema de salud pública. Empero, vemos los planes y proyectos a futuro que se están desarrollando y esperamos con optimismo que la ciudad empiece a dar su mejor cara, así como lo ha hecho con el crecimiento de sus edificios. Ojalá en pocos años veamos una ciudad que sirva al ciudadano; que proteja la naturaleza; que sus ríos tengan aguas cristalinas como cuando aquí llegó Pedrarias. También deseamos que los ciudadanos sepan clasificar la basura y reciclen por el bien del planeta; que nuestras industrias no echen líquidos contaminantes a los alcantarillados y que pongan filtros a sus emanaciones. No es soñar; es pensar en el bien común. ¡Es pensar por Panamá!

Transparencia y democracia en Panamá

En Panamá, la clase dominante, los partidos políticos y los medios de comunicación reducen la democracia a las elecciones que se realizan cada cinco años desde hace más de tres décadas. Hay que aclarar que los partidos políticos inscritos y los medios de comunicación de circulación masiva son propiedad de la clase dominante. La democracia, entonces, queda reducida a la libertad de expresión de este pequeño segmento de la sociedad panameña.

Igualmente, la transparencia (en el lenguaje de los políticos) se refiere al hecho de que todos los actos públicos deben ser de conocimiento exclusivo del círculo que conforma la clase dominante. Es parte de la fórmula clásica que se refiere al mercado libre. Para que esta exista, todos los que participan deben estar plenamente informados de ‘la oferta y la demanda '. Este juego que debe desenvolverse sobre un terreno equitativo, donde todos conocen las reglas, no se aplica a escala mundial y menos en el caso de Panamá.

Un ejemplo reciente es la renuncia del renombrado economista Joseph Stiglitz de la Comisión Independiente de Expertos (creada por el Gobierno panameño), quien pretendía destapar la falta de transparencia en las prácticas financieras del centro bancario y otras operaciones. Lo que se quiere tapar, según los comisionados, va desde el lavado de dinero hasta ‘los círculos de prostitución infantil '. La salida de Stiglitz no extraña. Lo que sí fue muy raro fue su selección para formar parte de la Comisión. El premio Nobel de Economía, en realidad, está más interesado en conocer las irregularidades del sistema financiero norteamericano y los ‘paraísos fiscales ' que operan en ese país.

Los problemas endémicos de Panamá en torno a su raquítica democracia y falta de transparencia serán objeto de análisis en el XV Congreso Nacional de Sociología que se realizará en la Universidad de Panamá del 24 al 26 de agosto. A la inauguración han sido invitados para disertar el presidente de Transparencia Internacional (Capítulo Panamá), Carlos Gasnell, hijo, el sociólogo Enoch Adames, del Programa FLACSO Panamá, y la diputada Ana Matilde Gómez. Cada uno de ellos abordará el tema central del Congreso, ‘Transparencia y democracia en Panamá en el siglo XXI ', desde una perspectiva diferente. La pregunta no es si el sistema montado después de la invasión militar norteamericana colapsó. Más bien, la interrogante es qué transformaciones son necesarias para que se pueda encaminar el país hacia una democracia que goce de transparencia.

El Congreso también contará con mesas de trabajo que enfocarán la crisis política de Panamá. El profesor Roberto Arosemena J. propondrá ‘una fórmula para detener la corrupción y exigir rendición de cuentas. El ciudadano es el custodio y el garante del buen Gobierno. En esto consiste el salto de la democracia representativa a la participativa '. Desde una perspectiva de la juventud panameña, el estudiante de Sociología, Mario de León, planteará que en los últimos lustros de ‘postinvasión ', quienes manejan el discurso que auguraba el inicio de la democracia y la participación de todos, ha visto cómo ‘la juventud se ha distanciado de ese discurso y de la participación que se predicaba '.

En otra mesa, la profesora Briseida Allard analizará el escándalo de los ‘papeles ' de Mossack-Fonseca y su impacto sobre el sistema político panameño. En la mesa sobre participación política, el antropólogo, Francisco Herrera, enfrentará lo que llama ‘los procesos de aculturación ' de los pueblos indígenas que contribuyen a ‘la pérdida de identidad cultural e histórica '. El sociólogo Harry Brown descompondrá los resultados electorales de 2014 y describirá sus resultados. Según este estudioso, ‘el análisis de la fragmentación del voto, de la transferencia de los votos y la competitividad de las elecciones, (permite) concluir que el sistema de partidos panameño ha perfeccionado su re-alineamiento '.

Desde Cracovia, el papa Francisco envió a los sociólogos y a todos los panameños un mensaje pensando en el futuro político. A los jóvenes del mundo, les dijo que para pensar en el futuro, hay que ‘tener memoria… Hay que preguntarse de dónde vengo, (tener) memoria de mi pueblo, de mi familia, de toda mi historia '. Si el joven ‘es esperanza para el futuro y tiene memoria del pasado, ¿qué tiene que hacer en el presente? Tener coraje. Ser valientes. No asustarse '. El papa concluyó diciendo que ‘no sé si voy a estar en Panamá (en 2019), pero si sé que les vamos a preguntar si hablaron con los abuelos '.

La Constituyente; una reflexión necesaria

En ocasión del 199 aniversario del natalicio de don Justo Arosemena, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) ha instalado formalmente una Comisión Proconstituyente. Loable decisión, si se considera que la posibilidad de un ejercicio como ese siempre ha sido el resultado de una acumulación de factores históricos, políticos y económicos, impulsados por fuerzas que actúan en la sociedad de manera organizada. EL CNA es una de esas fuerzas y su propuesta sobre la Constituyente merece una reflexión seria, no solo por la presencia de los factores citados, sino por la expectativa que despertó la constituyente durante el más reciente proceso electoral. Una constitución es una síntesis de las ideas y principios históricos, sociales, políticos y económicos que conforman y condicionan la sociedad en un ordenamiento jurídico que rige o pretende regir un país, pero cuando resultan ineficaces para la vida social de una Nación dan apertura a la necesidad de reformarlas o sustituirlas por una nueva. Hace décadas hemos ido construyendo un nuevo país. La interrogante radica en si el ordenamiento jurídico vigente responde a esa nueva realidad o exige ser readecuado. Los años que hemos tomado en evaluar este aspecto parecieran sugerir la valentía como presupuesto de decisión.

Dietilenglicol y administración de justicia… una opinión

El dietilenglicol fue adquirido por el Seguro Social a través de una compra que no se ha revisado con la seriedad que amerita una catástrofe de tal magnitud. Sin embargo, la institución demandó al Estado español, por ‘haberle vendido ' el veneno; ¡gran desfachatez!, porque fue la CSS que, ignorando claras advertencias y desconociendo las leyes, impuso la compra, amparándose en la Resolución 271 del 10 de septiembre de 2003. En la hoja de trámite 3447-03, de la Dirección de Abastos, del 7 de septiembre del 2003, la Directora le informa al encargado de Control que: ‘entre otras, Medicom NO posee licencia de operación expedida por la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas '.

Además, el director de Compras consultó a la Dirección de Asesoría Legal: ‘Como puede observar este documento (Resolución 271) cambia radicalmente exigencias que en la actualidad aparecen en los pliegos de cargos, por lo que necesitamos la orientación legal de la Dirección a su cargo '. Y mediante la nota DALC-634-2003, del 26 de septiembre 2003, la respuesta fue: ‘Sírvase instruir lo pertinente para que se cumpla con la Resolución 271 de 10 de septiembre 2013 y se modifiquen los pliegos de cargos. La Resolución 271 fue emitida por la Comisión Nacional del Registro de Oferentes, sin tener competencia para ello; Resolución que NO fue firmada por el delegado de la CSS ni por el de Economía y Finanzas; además era facultad de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, lo que explica la negativa a firmar, de dichos comisionados. Sin embargo, a ninguno de ellos se les pidió aclaración ni consta investigación alguna.

Además, la Dirección de Asesoría Legal dispuso: ‘se ordena a las instituciones públicas de salud, que en los diferentes procedimientos de selección de contratistas el pliego de cargos NO EXIGIRÁ la presentación de los siguientes documentos cuando el oferente presente el Certificado de Oferentes de Acreditación Definitiva: 1.- Copia de Certificado de Registro Sanitario. 2.- Copia de Criterio Técnico. 4. Copia de Licencia de Operaciones… '.

El 6 de abril del 2015, un farmaceuta, de reconocida probidad, denunció ante la Fiscalía Novena de Circuito Anticorrupción, probable delito contra la administración pública, en perjuicio de la CSS, relacionada con el dietilenglicol. Y esta Fiscalía, mediante oficio del 18 de junio de 2015, pidió al Dr. Girón: 1. ‘Certificar a través de la Dirección de Personal de la CSS, si el director de Asesoría Legal, tiene mando y jurisdicción en todo el territorio de la República de Panamá y cuáles son sus funciones en relación al cargo que ostenta. Y 2. Certifique si a la empresa Medicom, S.A. se le adjudicó algún tipo de contrato suscrito con la Caja de Seguro Social, en caso afirmativo, remitir copia autenticada del mismo '. La respuesta, mediante nota DNC-N-930-2015 del 12 de agosto 2015, fue: ‘Le informamos que luego de investigación realizada no contamos con documentación que registre que se haya confeccionado contrato con la empresa Medicom, S.A. '.

El punto 1 fue ignorado. Posteriormente, en vista fiscal No. 674 del 31 de agosto de 2015, se solicita al juez de la causa que profiera un auto de sobreseimiento provisional de carácter objetivo e impersonal. ¿Por qué no citaron al asesor legal?, ¿a la exdirectora de Abastos, que advirtió la inhabilitación de la empresa que suministró el veneno?; ¿al exdirector de Compras, al representante ante la Comisión de Oferentes?; ¿al de Economía y Finanzas?, ¿solicitaron el Acta de reunión donde aprobaron la Resolución 271? ¿Si no compraron el veneno, cómo llegó?

El reciente fallo, del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, constituye un flagrante irrespeto a la ciudadanía nacional. Y no es porque se exima a la mayoría de los encartados, lo injustificable es que los agentes de instrucción hicieran una investigación tan deficiente, al no conferirle la mínima atención a la precitada Resolución 271 ni al papel desempeñado por la Dirección de Asesoría Legal de la institución. ¿Por qué no se exigió respuesta a la pregunta No. 1 del fiscal? ¿Acaso la Ley Orgánica de la CSS confiere al asesor legal la facultad de dar instrucciones a otras instancias? ¿No habría abuso de autoridad o extralimitación de funciones?

¿Valoraría el Ministerio Público y/o el Órgano Judicial el antecedente contenido en la Vista Fiscal No. 80 de 29 de junio de 2007, proferida por la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, en la cual, a Fojas 5 y 6, un testigo, bajo la gravedad de juramento, declaró que una empresa contrataba abogados para buscar los enlaces con la Caja de Seguro Social, y que uno de los abogados contactados para estos negociados laboraba en Asesoría Legal, quien se encargaba de pasar todo tipo de información de los equipos necesitados, con especificaciones claras y precisas y así prácticamente irse a la compra directa y preferencial para una empresa? ¿Descartarían la posibilidad de que la génesis de la nefasta compra ‘legalizada ' pudiera haber sido el peculado? ¿Podría alguien afirmar que se ha administrado justicia.

En el Día de los Abogados

El ilustre abogado y exrector de la Universidad de Panamá, Carlos Iván Zúñiga, a propósito de la proliferación de universidades, dijo una vez que lo que requería Panamá era una excelente carrera de abogados, no la graduación masiva de abogados a la carrera. Hoy se celebra el Día de los Abogados, en conmemoración del natalicio del doctor Justo Arosemena, creador del Estado Federal del Istmo y considerado el jurista panameño más relevante del siglo XIX. Justo este día, la junta directiva del Colegio Nacional de Abogados instalará la Comisión Proconstituyente, una iniciativa que busca impulsar la redacción de una nueva constitución que rompa, de una vez por todas, con los atavismos de la Constitución de 1972, considerada la Constitución de la dictadura y que sigue vigente. El esfuerzo, sin duda, es enorme, porque los intereses creados y que mantienen a Panamá en una vorágine de corrupción que arrastra consigo la institucionalidad democrática del país, merecen una reflexión de todos los panameños. Y es que seguir como vamos es dar vueltas en círculos, donde el país no avanza y solo se benefician los que pelechan del caos. Día de los Abogados, los panameños debemos celebrarlo con mucho entusiasmo y esperanzas y ojalá que el esfuerzo que se haga desde esta Comisión Proconstituyente nos dé luz sobre el futuro de Panamá.