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Dentro de pocos días los tres estamentos de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), elegirán nuevo rector. La UMIP ha sido blanco de diversas críticas y acusaciones, algunas de las cuales están en los despachos de las autoridades judiciales para deslindar responsabilidades. No es el propósito de este escrito ahondar en torno a estos entuertos, pero, como defensor del principio universal considero conveniente advertir que se tiene que respetar la presunción de la inocencia.

Observo en el panorama a una persona con amplia trayectoria en temas relacionados con la industria marítima. He conversado con varios profesores que ofrecen los servicios profesionales en esa universidad y advierto un denominador común en las expresiones. La mayoría, así lo pude comprobar, se inclina por la figura del Dr. Aladar Rodríguez Díaz. El hombre ya cuenta con un lema interesante: ‘Navegando con ética y dignidad hacia el futuro '. Y eso es precisamente lo que necesita, no solo la UMIP; también muchas instituciones oficiales y del sector privado tienen que orientar esfuerzos hacia la ética y la dignidad.

Aladar Rodríguez Díaz es un profesional comprometido con los pilares en que descansa ese centro de enseñanza. Cuenta con estudios de doctorado en Filosofía del Derecho y está en el proceso de sustentar el trabajo de grado Carácter ontológico y hermenéutica en la legislación marítima de Panamá. Además, tiene dos maestrías, diplomas obtenidos luego de estudios consagrados en la Universidad Santa María La Antigua.

El hombre quiere llegar a la Rectoría con la intención de unir a los distintos sectores que forman parte de esa prestigiosa unidad académica. Panamá tiene el privilegio de contar con costas, tanto en el lado pacífico, como en el atlántico y el día que trabajemos con un plan definido, para explotar esa posición geográfica, la nación escalará a eso que siempre hemos anhelado, ser parte del exclusivo grupo del primer mundo. Contamos con la naturaleza; tenemos un canal que une al mundo; el recurso humano lo estamos formando, solo falta visión, entrega, entereza y hacia allá serán dirigidos los planes del candidato Aladar Rodríguez Díaz.

No existe duda alguna y eso lo pueden comprobar tanto administrativos, estudiantes como profesores, este candidato lo que le sobran son ganas e ideas para hacer grande a la UMIP. Sugiero, a quienes votarán ese día, que le den un voto de confianza. Aladar Rodríguez es miembro de la Asociación de Oficiales de Marina Mercante de Panamá y de la Asociación de Abogados Marítimos y presidente del Nautical Insitute, capítulo de Panamá.

Le escuché decir que trabajará con todos y para todos dejando atrás diferencias. La unidad es parte de su doctrina diaria, lo mismo que el reconocimiento, tanto de aliados como de adversarios. Su lucha será incansable en la defensa y protección de los cadetes, poniendo el mayor de los esfuerzos por consolidar la posición de Panamá apoyando las iniciativas que emanen de la Autoridad del Canal de Panamá y de la Autoridad Marítima de Panamá, cuyos frutos ya se ven y se sienten con el canal ampliado.

Dentro de las prioridades está la regularización del estatus de los docentes con una homologación de salarios acorde con los de otras universidades. Será de vital interés especializar a los docentes en estudios superiores, tanto en el plano local como internacional. Ya lo dejó plasmado en su lema, el hombre quiere navegar con ética y dignidad hacia el futuro y en ese plan ambicioso también entra ese elemento vital compuesto por los administrativos. Tengo la seguridad de que con Aladar Rodríguez Díaz vendrán tiempos mejores porque el hará las cosas bien.

Se considera a la democracia como el poder del pueblo, por y para el pueblo. En Panamá, la Constitución consagra la “partidocracia” como el poder de los partidos, por encima del poder del pueblo. El miércoles de la semana pasada se inició el debate sobre las reformas electorales, proyecto presentado por el Tribunal Electoral (TE), tras un año de trabajo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

En dicha comisión, presidida por los magistrados del TE, participan los partidos legalmente constituidos y el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, integrado por cuatro sectores, el académico, los trabajadores, la empresa privada y las oenegés, y el Movimiento Independiente de Refundación Nacional (Miren) al que represento en ese espacio. Los partidos tienen derecho a 5 votos y el foro, a 4 votos. Los otros participantes tienen derecho a voz. Al Miren, integrante del Foro Ciudadano, no se le permitió participar en la Comisión Nacional Electoral, cuando se discutieron los temas de libre postulación y la formación de nuevos partidos, pese a que en el foro se acordó que esos serían los temas en que participaríamos, por los aportes que podemos brindar al debate.

Con una votación de 5 a 4, a favor de los partidos, era difícil aprobar avances significativos en materia electoral. Pese a ello, decidimos participar por tratarse de un tema sumamente importante para la democracia panameña. Consideramos que la actitud complaciente de los magistrados del TE hacia los partidos políticos, a los que se deben, causó gran daño al debate, lo que se traduce en propuestas, que no responden a las necesidades de la nación panameña.

La democracia sigue secuestrada por la “partidocracia”. La libre postulación, una conquista del movimiento popular, prácticamente es aniquilada ante los nuevos obstáculos que se agregan: firmas con libros estacionarios, el doble de firmas y menos tiempo para recogerlas, entre otros requisitos. Se mantiene la limitante de que solo participen los tres aspirantes que más firmas recojan, luego de cumplir con el mínimo requerido, alrededor de 37 mil 800 firmas. Con esta argucia, pretendieron dejar por fuera al profesor Juan Jované, para favorecer a candidatos vinculados a los partidos.

La cuota de adherentes para formar nuevos partidos se baja al 2%, alrededor de 37 mil 800 firmas, cifra que sigue siendo muy alta en un país en donde el clientelismo y la corrupción le han hecho daño a los torneos electorales. En Costa Rica solo se requieren 3 mil firmas, pese a contar con más electores que Panamá.

El subsidio electoral debe ser solo público, con serios medios de control para evitar el despilfarro y las donaciones privadas, algunas de las que pueden ser de dudosa procedencia.

El porcentaje aprobado, 1%, 99 millones, es demasiado alto para un país con tanta pobreza y un pueblo sediento de solución a sus problemas diarios. De esa suma de dinero, el 98% sería para los partidos y el 2%, para todos los candidatos de libre postulación: presidente, diputados, alcaldes, representantes de corregimiento.

Quienes tienen el control del país no han entendido la situación crítica que vivimos. El pueblo hoy no cree en sus autoridades ni en sus instituciones. No se percatan de que se han dado acontecimientos importantes en el mundo. Desde un papa que aboga por los pobres y critica el neoliberalismo hasta el ascenso de la República Popular de China, como la primera potencia comercial.

Necesitamos analizar las reformas electorales, reconociendo que el neoliberalismo es un fracaso y está acabando al país, y necesitamos un nuevo sistema electoral, que contribuya a construir una verdadera democracia popular, incluyente y participativa, para que sea el pueblo panameño el verdadero dueño de su destino.

Cuando se dio a conocer los denominados ‘Panama Papers', aunque se dijo siempre que el objetivo de la revelación era atacar la corrupción que se generaba a través de la creación de sociedades off shore, este medio advirtió que el blanco de las publicaciones era un ataque contra el sistema financiero panameño. Este medio también advirtió que desde el nombre seleccionado ‘Panama Papers' tenía una connotación dañina hacia nuestro país y que esto igualmente repercutiría contra la cacareada inauguración de la ampliación del Canal. En efecto, para la inauguración no vinieron los presidentes de países como Estados Unidos o Francia y en su lugar, lo que nos cayó fue una propaganda negativa en todo el mundo. Pero lo más grave estaba por venir. Hoy, responsablemente, publicamos los efectos que ya van teniendo estas publicaciones contra nuestro sistema financiero internacional. Y es que el Índice de Liquidez Legal Reportado en el Sistema Bancario Nacional se redujo 3.6 puntos porcentuales. Este resultado es producto de que los activos líquidos se redujeron de $1,498 millones durante este periodo. Lo más trágico es que aquellos que pregonan a los cuatro vientos que defienden nuestro país, van a empezar a sentir el golpe, porque no hay duda que si Panamá no cuenta con una banca sólida, todos seremos afectados. Ojalá logremos mitigar este duro golpe y que el próximo informe nos dé una mejor noticia.

La implementación del sistema penal acusatorio, por esencia garantizador, no solo supone un tema de novedad y moda para el gremio jurídico, en realidad, supone un cambio radical para la administración de justicia en cuanto al papel de los operarios judiciales, la defensa de las víctimas y el compromiso constante con una administración de justicia penal, imparcial, sumaria y en tiempo oportuno. Es en medio de este escenario que el sistema garantizador interviene bajo una serie de principios rectores que han de coadyuvar para que el operador judicial se mantenga dentro de la lógica que determina preservar la integridad del Estado de derecho.

En este sentido, la consolidación del Estado de derecho es determinante para la protección y reivindicación de las garantías ciudadanas, de forma que el respeto a la implementación de los principios que sustentan el sistema acusatorio debe ser una prioridad para el operador de justicia y una meta para el desarrollo de la administración del ramo, permitiendo el acceso permanente al justiciable y a cada ciudadano, como objeto de derechos y deberes. De esta manera el sistema penal acusatorio se sustenta en un principio sagrado de convencionalidad, que le permite al ciudadano recurrir a instancias supra nacionales que garantizarán cualquier violación directa a sus garantías y derechos fundamentales.

En pocas palabras, el derecho no se agota en la jurisdicción nacional, pues las instancias transnacionales garantizan que se reivindique el debido proceso, el respeto a los derechos humanos y las garantías fundamentales. No obstante, no podemos confundir el derecho transnacional con el modelo de derecho transicional, pues su origen y fines suelen ser totalmente yuxtapuestos.

Dentro del sistema penal acusatorio, como un promotor de garantía, podemos encontrar el sagrado principio de “justicia en tiempo razonable” y “el principio de respeto a los derechos humanos”, esto supone un reto a la aplicación del nuevo sistema. Este pretende estar limpio de injerencias políticas e interpretaciones restrictivas de la norma, al buscar el beneficio y la protección, tanto de víctimas como de victimarios, al igual que el respeto de sus garantías, pero con una certeza, pura y clara del castigo a aquel ciudadano que generó o cometa un delito, en cualquiera de sus formas o grados de participación.

Por tradición los partidos políticos han sido los vehículos utilizados para acceder al poder, como estructuras algunas siguen ideologías o personas, algunas capacitan a sus miembros y otros por el contrario se activan solo en los periodos electorales. En todo caso son encabezados por personas con supuestos interés de servicio a beneficio del país y de los más necesitados. Con el tiempo al ir en decadencia estos partidos, se ha visto mayor actividad de personas que aspiran como independientes, quienes luchan contra mil y una trabas para participar en igualdad de condiciones.

Para nadie es sorpresa cómo los partidos han ido perdiendo militantes, y digo militantes , pues miembros siempre tendrán y sobre todo si es un partido en Gobierno, al cual se inscriben muchos para obtener un beneficio. Sobre lo de militantes lo decimos pues son los pensantes, los que tienen más que aportar, que exigir al partido y son estos los que igualmente son los más desencantados, pues el rechazo a la clase política es cada vez más evidente. Cada elección repiten las mismas figuras cuestionadas, pero no se puede hacer nada, ya que son electas y no impuestas y eso lo permite la Ley y es Democracia.

Si vemos ejemplos como en España, ante el bipartidismo del PSOE y el PP, aparecen movimiento como Ciudadanos y Podemos que se presentaron a elecciones y captaron muchos votos que eran miembros de los sectores tradicionales, izquierdas y derechas. Que producto de dicho desencanto electoral España está en una crisis institucional, a casi un año con un presidente en funciones, es un tema a debatir, pero ahí es donde se observa el desencanto de la población y el desgaste de la clase política que no quiere dar paso a los relevos generacionales y a las nuevas ideas que apuntan a un mundo más inclusivo, más verde y sobre todo, más participativo de las riquezas nacionales.

Pero ¿cómo evitar que ese desgaste de los políticos de siempre nos absorba como sociedad? Hay que ir a la raíz del problema, y no es más que la Constitución, la cual permite muchas ventajas para sectores que legislaron para sus partidos o movimientos políticos. Y es donde se impone buscar una reforma profunda, no más parches como los de 1978, 1983, 1994 y 2004. En todos estos casos se legisló por temas específicos e incluso si añadimos 1998, donde, por un interés personal, se quiso reformar para introducir la reelección presidencial inmediata. Como se puede ver, la Constitución de 1972 la tienen que ‘más vale un remiendo feo, que un agujero hermoso '.

En Panamá, la Constitución en su Título XIII, artículos 313 y 314, señala las formas como se puede reformar la Constitución, dándole iniciativa a los tres Órganos, por medio de la Asamblea Nacional, Consejo de Gabinete y a la Corte Suprema de Justicia. Los mismos deben utilizar los procedimientos de aprobación de la propuesta en dos Asambleas diferentes sin poder introducir cambios y el otro acto constitucional aprobado por la Asamblea vigente en dos legislaturas, donde sí caben modificaciones, con la diferencia de que se debe someter a referéndum. Pero estas dos vías son para meras reformas, como se ha hecho hasta ahora. Quedando así lo normado por el artículo 314, que habla de que se podrá adoptar una nueva Constitución por medio de una Asamblea Constituyente Paralela. Es decir que el Gobierno sigue funcionando mientras legisla el constituyente, pudiendo ser convocada por la Asamblea Nacional o el Órgano Ejecutivo.

Adicional, se encuentra la convocatoria por iniciativa legislativa, la cual estableció un piso del 20 % de los miembros del Registro Electoral, lo cual resulta muchas veces difícil e incluso hasta desmotivador para un país tan politizado por medio de la prebenda y regalo de los políticos que nada quiere que cambien para seguir con su statu quo. De ahí que hay que empinarse por encima del interés particular, y tener la convicción y voluntad política, para reformar de una vez y por todas nuestra Carta Magna y limitar el abuso y concentración de poder alrededor de pequeños sectores de la sociedad por encima del resto de la población.