Abdul Waked: ¡CULPABLE!

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El veredicto fue dictado. Es irreversible. No hay apelación posible; menos permitir que el acusado se entere de qué lo están acusando; pareciera carecer de importancia. Ni hablar de permitirle ver las pruebas. Además, por el mero hecho de que cuestione lo que le están haciendo, donde será despojado de su reputación y de todos sus bienes, está incurriendo en desacato; no está permitido preguntar ni cuestionar nada. Es una decisión de una oficina llamada OFAC, que conocimos en Panamá a raíz de este caso. No hay más nada que hablar.

Como abogado que soy, me siento apenado porque en Panamá se apliquen disposiciones que ni siquiera en el país que las ejecuta tienen fundamento legal. Cualquier abogado en Estados Unidos sabe que incluir a cualquier persona en la Lista Clinton es un acto arbitrario e inexplicable, que carece de cualquier soporte de equidad y justicia. Más avergonzado me siento cuando el presidente Varela sostiene que la decisión de mantener los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo , de propiedad del empresario Abdul Waked, hoy incluido en la nefasta Lista Clinton sin saber por qué, depende del dueño de los medios. Un anticipo de lo que poco después sostuvo el embajador norteamericano en Panamá, cuando expresó en un comunicado que el señor Waked sabe lo que tiene que hacer para que sus diarios salgan de la temible Lista, expresión moderna de la Inquisición. Al igual que pasó con Félix B. Maduro y otra empresa donde tenía intereses, Abdul Waked debe vender los diarios de su propiedad. Al escuchar eso me pregunto: ¿Qué poco importa la libertad de expresión de parte de un país que se jacta de respetarla a como dé lugar? ¿Y adónde dejamos la propiedad que sobre esos diarios tiene Waked, y que ahora pretenden obligarlo a venderlos? ¿Para que los compré quién? ¿Alguien vinculado al presente Gobierno? ¿Será eso o no una nueva intromisión del Gobierno de los Estados Unidos de América en los asuntos internos de Panamá, tal como tantas veces ocurrió en el pasado? Pero, lo más importante de todo, ¿cómo es que un sistema judicial tan ecuánime como el norteamericano permite estos exabruptos?

La relación de los Estados Unidos con Panamá ha tenido sus alzas y sus bajas, en ocasiones muy costosas como las tantas intervenciones que durante el siglo pasado hicieron y que culminó con la invasión de 1989. Sus alzas se han dado cuando los gobernantes panameños se han plantado frente a absurdas exigencias norteamericanas; no se han doblegado. Muchas pruebas de ello muestra la historia patria desde Belisario Porras hasta Roberto F. Chiari, llegando a Omar Torrijos. Las bajas se producen cuando los gobernantes panameños se amilanan frente a las decisiones de los Estados Unidos y sumisamente las aceptan, como todo indica es el caso del caso contra Abdul Waked y sus empresas y Nidal Waked y sus hermanos y negocios.

He vivido en los Estados Unidos en dos periodos de mi vida. Cuando cursé mi maestría en leyes en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans a inicios de los 70, y cuando ejercí como Representante Permanente de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas del 2009 al 2013. He escrito en diarios como The Wall Street Journal y el Miami Herald. Siendo entrevistado muchas veces por diversos medios; he dictado conferencias en diferentes foros y universidades de ese país, hasta en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington. Me encantan su gente y costumbres y admiro sus instituciones, particularmente su sistema judicial, independiente y ajeno a los vaivenes partidistas, respetuoso del derecho ajeno y garantista de los derechos de quien es acusado. Ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia o juez federal es uno de los honores más grandes que recibe un abogado en ese país. La ciudadanía siente gran respeto por sus jueces y magistrados.

Es por ello que el caso Waked me hace hervir la sangre. Según explican allá, guardando los nuestros un extraño silencio, es una sanción administrativa que se le ha aplicado en base a un posible rumor o bochinche, los que ellos llaman ‘hearsay’, que alguien divulgó sobre él; y que hace generar sospechas, aparentemente solo sospechas, sobre sus actividades comerciales y, como consecuencia, merecedor de que lo pongan en la impresentable Lista Clinton, aunque nadie en el Gobierno tampoco sepa qué hizo Waked. Muy diferente al silencio cómplice que Varela guardó con el caso de su ex ministro asesor, Ramón Fonseca Mora, en el caso de los Panama Papers , el explícito permiso que les da a los norteamericanos para que sigan haciendo lo que les da la gana con Waked.

Sin que medie tribunal ni juez ni magistrado y mucho menos jurado. Sin que se le permita escuchar cuáles son los cargos que pesan sobre él. Desconociéndole el sagrado derecho a la defensa y que se le presuma inocente de lo que se le acusa, a Abdul Waked lo han declarado culpable; sin ni siquiera oírlo ni saber él de qué lo acusan. Enfermo de lepra comercial, personal y familiar. ¿Podemos considerar esto justo y democrático? ¿Podemos permitir que en pleno siglo XXI a una persona como Abdul Waked se le obligue a vender todos sus bienes y se tenga que resignar a que ello ocurra sin que pelee por los mismos? ¡Mi respuesta es un contundente NO!

ABOGADO Y POLÍTICO.

Guillermo A. Cochez

La audiencia intermedia en el Sistema Penal Acusatorio panameño

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Agotada la fase de investigación dentro del proceso penal, el fiscal se enfrenta a varias vertientes sobre las cuales vuelca su juicio de valor respecto al caso particular. Encontrándose ante un proceso bien construido y con fortaleza probatoria, se inclinará por avanzar hacia una formal acusación. En este escenario el fiscal concreta los presupuestos formales que demanda nuestro Código Procesal Penal, haciéndolo de conocimiento de los intervinientes y con ello allana o prepara el camino para el eventual juicio; de allí el nombre de audiencia preparatoria. Debe consignar la acusación del fiscal en lo medular, la individualización del o los acusados, los hechos jurídicamente relevantes, enumerar los elementos de prueba, sean testimoniales, documentales o periciales resaltando su pertinencia o utilidad en el debate del juicio oral, la participación criminal, pena solicitada, cerrando con la solicitud de apertura de juicio oral.

Alejándonos de sus estructuras formales, lo que de inicio pareció un ejercicio pacífico, en la práctica se ha elevado a estadios casuísticos de profunda riqueza para el litigante en el contexto del sistema adversarial de corte acusatorio que ya rige en todo nuestro territorio. La importancia de esta fase procesal se evidencia al ser el momento oportuno para mostrar los elementos probatorios que pretendemos utilizar en el juicio oral y solicitar la exclusión de los del oponente o contrario. Por otro lado concentra el debate sobre los posibles vicios en los que se ha podido incurrir en el curso del procedimiento y que han debido advertirse en fases anteriores y al no ser convalidadas por la parte que la alega, al tiempo que se discuten entre otros, temas procesales como impedimentos y recusaciones y convenciones probatorias.

El carácter concentrado, oral, contradictorio y de economía procesal sobre el cual descansa el sistema penal acusatorio, da la posibilidad de ahorrar argumentación o debate sobre aquellos elementos sobre los cuales no hay contradicción; es decir, los litigantes los aceptan como ciertos, dando paso a las llamadas convenciones probatorias. Una vez las pruebas han sido decantadas en la audiencia intermedia, serán practicadas en la fase de juicio oral, con total inmediación del Tribunal de Juicio, situación impensable en el antiguo sistema mixto inquisitivo que fue abandonado en reciente data en el Primer Distrito Judicial.

Bien pudiéramos afirmar que a estas alturas se consolida nuestra teoría del caso, trilogía compuesta por el cuadro fáctico (hechos), teoría jurídica (derecho) y cuadro probatorio (pruebas). Consolida nuestra visión del proceso desde la perspectiva de cada litigante. Es una forma de reconstruir bajo nuestra óptica, qué pasó, cómo pasó, quién intervino, dónde y cuándo. Esta construcción se le muestra al juez y se devela materialmente en el juicio oral; sin embargo, se anticipa en fase intermedia. Además es la coyuntura procesal para que la víctima convertida en querellante, bien se adhiera a la acusación del fiscal o presente acusación autónoma, pudiendo ejercitar acción resarcitoria.

Para el tratadista colombiano Heliodoro Fierro-Méndez, ‘El acto de formulación de acusación, como requisito estructural procesal-sustancial del debido proceso penal es insalvable, pues se constituye en el referente fáctico y jurídico en orden a la correspondencia o congruencia entre lo imputado en la acusación y lo declarado en la sentencia’. ( La imputación y la acusación en el sistema acusatorio , Editorial Leyer, 2005, pág. 159). Dicho de otro modo, ha de haber correspondencia entre el cuadro fáctico bajo el cual se estructuró la formulación de cargos y aquellos que sirven para la acusación.

Podríamos resumir que la solvencia de la fase intermedia deviene de los controles que se ejercen en ella sobre el descubrimiento probatorio de cada litigante. Dicho de otro modo, es la pizarra donde anotamos nuestras armas probatorias, de las cuales podemos ser despojados mediante su exclusión. Siendo elementos estructuralmente importantes para nuestra teoría del caso, ante su exclusión, quedaríamos seriamente expuestos en el posterior debate.

ABOGADO Y FISCAL DE CIRCUITO

César Tello

En defensa del lucro

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Una de las quejas más comunes que suelen proclamar aquellos que critican el sistema de libre empresa o capitalismo, es que las grandes compañías y ejecutivos no deben basar sus acciones comerciales en el llamado “sistema de lucro” o de ganancias. Según este pensamiento, los empresarios que cimentan su actividad en el mundo laboral con miras a la consecución del lucro, exclusivamente, crean un sistema contrario a las necesidades de los trabajadores y de aquellos que luchan a diario por mejorar su calidad de vida. Ese pensamiento en contra de las ganancias ignora la verdadera naturaleza del sistema de libre empresa, que permite la cooperación social entre los individuos, mediante la división del trabajo, el derecho a la propiedad privada y la igualdad ante la ley. Aquellos que critican la motivación y los incentivos para obtener ganancias, ignoran la distinción que existe entre intenciones y resultados. Esto quiere decir que ignoran la posibilidad de que las políticas estatales intervencionistas ofrezcan consecuencias no intencionadas. Desde Adam Smith, considerado padre de la ciencia económica, los economistas han comprendido que el interés propio de los productores del que, por cierto, la motivación al lucro es solo un ejemplo puede conducir a progresos sociales importantes. Tal como indicara Smith, “no es por la generosidad del panadero, del carnicero y del cervecero que nos proveemos de alimentos para la cena, mas sí lo es por su propio interés”. La motivación hacia el lucro es lo que permite que se generen riquezas que, a su vez, elevan el nivel de vida de los individuos al poder elegir de forma libre. Lo que realmente determina si los fines de lucro conllevan a la generación de buenos resultados, para la sociedad, son las instituciones a través de las cuales las acciones humanas se llevan a cabo. Un sistema económico bueno es aquel en el que dichas instituciones, leyes y políticas permiten que el interés propio que no debe ser confundido con el egoísmoconlleve a resultados que beneficien a la sociedad. Por ejemplo, tenemos a empresarios institucionales, como Steve Jobs, quien gracias a su motivación personal al lucro logró beneficiar a millones de personas en el mundo, mediante la producción de artículos tecnológicos, como los ordenadores Mac, las tabletas iPad y los teléfonos móviles iPhones que facilitaron el comercio y el desarrollo científico, entre otros. Culpar a la función del lucro es inclusive peligroso. Primero, porque no explica cómo sería posible resolver el problema de la escasez, es decir, cómo asignar los recursos escasos para satisfacer la mayoría de las necesidades que son infinitas; y segundo, porque se asume la idea del Estado benevolente, o sea, afirmar que los oficiales del Estado no operan mediante el factor lucro, a diferencia de los que operan en el mercado, algo rotundamente falso. En economías mixtas (ni capitalismo de libre mercado ni socialismo), en las que rige el Estado interventor como la que predomina en Panamá y, prácticamente, en el resto del mundo el orden institucional premia el comportamiento políticoclientelista que produce consecuencias nocivas para la sociedad. Un claro ejemplo ocurre cuando un clientelista político, al que desafortunadamente a veces se le conoce como “empresario”, ofrece su apoyo a un proyecto de ley o regulación que sabe que solo le beneficiará a su empresa, ya que eleva el costo de operación a las demás empresas con las que compite. Esto es el resultado de la nefasta alianza políticocomercial que tanto domina en los ambientes de sistemas mixtos intervencionistas. Las críticas y quejas de los individuos en la sociedad se deben enfocar en dichas alianzas clientelistas, que distorsionan la naturaleza coordinadora del

mercado. Es muy importante resaltar esta diferencia: Una cosa es que un empresario obtenga ingresos muy altos, sirviendo al consumidor, y otra es que obtenga ingresos y se convierta en millonario, mediante la usurpación del dinero que se extrae, a la fuerza, a todos aquellos que pagan impuestos. La verdadera queja por parte de la sociedad debe enfocarse en dichas alianzas políticoclientelistas.

Jaime Narbón

¿Derecho?

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‘Derecho’ deriva del vocablo latín directum que significa ‘lo que está conforme a la regla’. El Derecho se inspira en postulados de justicia y se ocupa del orden normativo dirigido a regular la conducta humana en la sociedad. La decisión de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC), medida anunciada en su embajada, es un disparate que ilustra de manera prístina los excesos a los cuales la prepotencia, la arrogancia y el abuso pueden conducir a un Estado; desconociendo elementales principios del Derecho. En un solo acto, el compatriota fue acusado, juzgado y condenado; y lo grave, todo ello con la complicidad del Gobierno nacional, el cual, no obstante el tiempo transcurrido, insiste en vender su interés en proteger los empleos, mientras promueve la venta de los diarios, tal como hicieron con otras empresas del mismo grupo. Y hasta aquí, ninguna acusación formal, ninguna prueba ni ningún respeto a las garantías procesales establecidas en la Constitución Política de la República de Panamá. El problema no solo es la burda aplicación extraterritorial de las leyes de otro Estado en el nuestro, lo recriminable es la colaboración interna y que las mismas tengan como sustento la ilicitud, que no la justicia y menos aún, el respeto a la autonomía del Estado panameño.

Redacción La Estrella de Panamá

 

Afrentas a nuestras libertades

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La última de las arremetidas gubernamental contra el Derecho a la Información y la Libertad de expresión, son desafiantes e inquietantes, además de muy peligrosas para nuestras libertades y garantías fundamentales. Al provenir estas del militar al frente del Ministerio de Gobierno y Justicia, observo que “llegó el Lobo”.

Si sumamos esos ataques a las afirmaciones de Robert Gates, secretario de Defensa de Estados Unidos, cuando declaró urbi et orbi: “la Fuerza Pública panameña es una fuerza militar en todo, menos el nombre”, e intentar justificar la remilitarización del Estado panameño, vemos que las actitudes, declaraciones, afirmaciones y actuaciones de los militares nombrados por Martín, el militarista, son “peligrosas, además de desafiantes porque no sólo le dan la espalda a todos los logros y progresos alcanzados en la materia, a nivel universal y local, sino también porque forman parte del método “populista” y poco me importa que caracteriza a los representantes de la ‘patria nueva’ sumisos a los factores reales del poder”, como indicaba en esta misma columna un año atrás. Y ahora, apadrinados por su “Big Brother”, ¿quién los detiene?

Mientras, el jefe de los Batallones de la Dignidad, que tanto terror sembraron en nuestra sociedad y que violaron, junto a los militares, los Derechos Humanos de la población panameña durante años, continúa tumbando árboles en la hoy, ex avenida Balboa, rellena la Bahía con sus socios de Oderbrecht y transa con el Club privado “Yates y Pescas, los ataques y las afrentas, sin reparos, a nuestras libertades, marcan un ascenso superior al del combustible, al del alto costo de la vida y al de la corrupción gubernamental.

Cada día se nos obliga a distanciarnos más de nuestro compromiso y deber ciudadano de buscar mecanismos e instrumentos de consolidación de nuestras libertades, para llevarnos hacia el terreno donde puedan vigilarnos, espiarnos, inspeccionarnos, reglamentarnos, sermonearnos, los funcionarios que no tienen moral, ni tampoco ética para ello.

La arrogancia, la soberbia, el autoritarismo y la demagogia se aprestan, con los enemigos de la democracia enquistados en el poder, a reprimir la primera palabra de queja. Se arman y atrincheran para volver a ultrajar, deshonrar, perseguir, multar, golpear, manguerear, encarcelar, exiliar. Esa es su moral. Esa es su “justicia”. Y a quienes han optado por olvidar, les recuerdo con Milan Kundera que, “la lucha contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido”

Están desempolvando los procedimientos “legales” heredados de su dictadura militar para multiplicar sus amenazas, restricciones y querellas contra los periodistas y ciertos medios de comunicación social, en un abierto desafío a la libertad de expresión y al derecho de información. Nuevamente, y no me canso, recuerdo que no puede existir una sociedad democrática en donde no se respete el derecho a la información y la libertad de expresión.

Panamá sin plan

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Realmente no entiendo el rumbo ni la visión del país que estamos ejecutando y me preocupa que los gobernantes no sepan cómo activar o peor aún, no sepan cómo se mueve el péndulo ideológico del mundo y nos lleven por sus agendas, ya sea de índole religioso o conservadurismo que no se ajustan a la práctica política panameña desde la década de 1970, en donde, en vez de movernos por péndulos ideológicos, nos movíamos en función de nuestros intereses nacionales.

Panamá ha sido despreciado por Colombia y no se ha querido ejercer el liderazgo que el país requiere pensando en los mejores intereses nacionales.

Esta falta de carácter ha impactado en la economía creando desasosiego, y desempleo dentro de los panameños. Si el presidente aplicara alguna medida de retorsión, se pondría de tú a tú con el Gobierno colombiano y le tiraría la pelota al presidente Santos de resolver el problema. Esto sería la jugada maestra, porque el Gobierno colombiano, inmerso en su proceso de paz, busca aliados internos y externos; por ende, al aplicar la retorsión, los capitales colombianos con fuertes inversiones en Panamá, serían los que llamarán a su presidente para presionar por un trato justo para Panamá.

Luego, tenemos las famosas listas grises, negras y de colores sumadas a la OCDE con su bullying permanente. El Gobierno no ha visto, olfateado que el mundo está cambiando, hoy los poderes imperiales y conservadores se toman las banderas de la izquierda sin el menor desparpajo promocionando lo nacional surgiendo una nueva teoría denominada neoproteccionismo.

Ejemplos frente a este malestar antiglobalización, antitecnología, antiinmigrantes los vemos cuando los londinenses votaron a favor del brexit , siendo Londres una de las capitales financieras del mundo y ahora rematada con las elecciones estadounidenses que ponen a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

El mundo se vuelca hacia el proteccionismo, hacia lo nacional, por lo tanto, en vez de estar complaciendo a los intereses de un grupo de burócratas especialistas en derecho fiscal, debe tener cautela y proteger los intereses de la nación, del centro financiero y no hacer concesiones porque la economía global que ya deja de girar en torno a la cooperación mutua perseguidora y se torna para la protección de las industrias nacionales, siendo el sector financiero una industria a ser protegida por Panamá.

Es más, podemos perder muchas ventajas competitivas que serían atractivas para los empresarios que busquen estabilidad y huir del clima de desasosiego tanto en Europa como en Estados Unidos, esto dependerá de cómo juguemos, si con pantalones largos o cortos.

No puedo dejar de señalar el caso Waked, que es un caso sin comparación alguna, preferimos defender los empleos, sin ser garantes de libertades consagradas en la declaración de derechos humanos, y esta es un juicio justo ante un juez natural.

Esto es lo que debía pedir Panamá, más que sanciones administrativas es un juicio justo con pruebas porque sumado a Panama Papers , y a otros hechos pone el nombre de Panamá en peligro y el buen nombre de una nación que hasta con la sangre se defiende.

El mundo gira hacia le protección del sector agropecuario, basados en la seguridad alimentaria, y nosotros escuchando bonitos planes para el agro, pero nada se da, nada mejora y el tema agropecuario hay que atenderlo, porque el tener comida cara y no hay empleo, se traduce en inseguridad.

Sabemos que lo que le dejó el pasado Gobierno no fue un paseo de rosas, pero llegó la hora de definir políticas migratorias coherentes, una política internacional dirigida hacia la promoción de los servicios financieros panameños, una política hacia el agro que garantice comida, una política de atracción de inversiones y de desarrollo de los capitales panameños con oportunidades.

¡El mundo cambió!, presidente, los nuevos temas son: migración, comida y sobre todo protección a nuevas visiones en nuestro país; no se desvié que Panamá no está para errores.

Los ojos de Silicon Valley y de Wall Street están buscando alternativas montémonos al tren, pero con pantalones largos.

Administración privada y pública, diferencias

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Los nuevos enfoques de gestión en administración permiten contar con herramientas e instrumentos para la aplicación de nueva terminología en valores agregados, relativos a la administración privada (propia del escenario lucrativo) y a la pública (escenario no lucrativo).

Debemos partir por conocer ¿qué es la planificación estratégica? Para los altos jerarcas de la administración pública que provienen de organizaciones privadas, la planificación estratégica es el proceso mediante el que se define su propósito, con una visión a largo plazo, seleccionando las mejores alternativas que tiene el mercado.

En la administración pública, los titulares de las instituciones o entidades estatales buscan traer a sus mejores amigos para entrelazar, en la corporación, el principio de la competitividad en el entorno global. Es decir, que el gobierno central y local forma parte integral de un todo la Nación que pertenece al Estado (el cuerpo político de la Nación).

Así le queda a las altas personalidades, revestidas en el rol de “funcionarios” para el gobierno central y local, definir hacia dónde ir. Para tal efecto, hay que diseñar un escenario con las pretensiones que legalmente encontramos en las normas jurídicas cuando ofrecen la inmunidad, así como el rol de fugitivo, que son las condiciones que permite la ley.

De manera que al diseñar una organización política se oficializa el partido y se estructura un equipo para conformar grupos que asaltan el erario público, y con recursos financieros del gobierno central o local se llega al nivel de competitividad en la corporación gubernamental.

Según la nueva gestión administrativa, las acepciones de clientelismo, gerencialismo y tercialización son escenarios altamente competitivos en la empresa privada. Sin embargo, añadir el concepto público y conformar el termino gestión pública, que recoge la experiencia acumulada en la administración pública neoclásica, permite de manera figurada hacer hincapié en el no formalismo, para introducir la corporación y lo sano de la competitividad, en negocio.

La modernización permite hacer un replanteamiento importante en la administración pública y en la administración de justicia, en las que los fiscales anticorrupción no solicitan; la Contraloría General de la República no realiza; y las unidades administrativas de auditoría interna institucionales no ejercen. Lo agravante es que tampoco consideran las auditorías administrativas (examen de los cincos recursos de la administración pública integral o seccionada) para determinar las vinculaciones con intereses particulares.

En Panamá, hace falta contar con antecedentes como los que maneja el FBI, en Estados Unidos. Cuando esto ocurra, se tendrá la certeza del castigo en vez de la impunidad, así como el cumplimiento de deberes y derechos de las personas en el fortalecimiento de la democracia.

El Caso Waked: La Bitácora…

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Desde que el Departamento del Tesoro de los EE.UU., mediante una conferencia de prensa, anunció que listó a 68 empresas panameñas y al Sr. Abdul Waked, Hamudi Waked y Lucia Touzard, entre otros, en la denominada Lista Clinton, causó conmoción a nivel nacional por tan dura medida atentatoria contra la economía nacional.

Al pasar los días, se aclaró por los propios personeros de los EE.UU. que la inclusión y todos los efectos punitivos de la lista, afectando a miles de trabajadores, decenas de suplidores, familias arraigadas en nuestro territorio por más de cuarenta años, eran producto de una acción administrativa. Contra Abdul Waked, Hamudi Waked y Lucia Touzard no existía ningún encausamiento criminal, a pesar de catalogarse a su organización comercial como una organización criminal dedicada a actividades delictivas vinculadas al tráfico de drogas.

Una visita a la página web del Departamento del Tesoro establece claramente las razones de la existencia y las motivaciones de las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos a empresas y personas extranjeras:

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Hacienda administra y hace cumplir sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior estadounidense y los objetivos de seguridad nacional dirigidos contra países extranjeros y regímenes terroristas, narcotraficantes internacionales, partícipes en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, política exterior o economía de los EE.UU.

Las medidas punitivas aplicadas salen del contexto de lo judicializado para caer en el terreno de lo político. La designación, como la sanción, es un acto político de un Estado. La designación producto de una mera sospecha sin elementos probatorios contundentes y que conllevan toda la posibilidad de la arbitrariedad y la injusticia.

La Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Panamá abrió una investigación el mismo día, 5 de mayo de 2016, cuando se conoció la designación. Diligenció inspecciones oculares, recabó documentación relevante para la investigación sin que pudieran establecerse suficientes medios de justificación para comprobar los hechos punibles investigados. Esta investigación duró seis meses.

La única documentación suministrada por la DEA en Panamá (sí, en Panamá) fue una carta explicativa de un caso fallado hace buenos años atrás en las cortes panameñas contra sujetos sin ningún vínculo con las empresas o personas listadas. Todo esto motivó viajes del Ministerio Público a los EE.UU. y encuentros con personeros norteamericanos, con la finalidad de recabar pruebas. Jamás se le proporcionó algo.

Destruir empleos, empresas, relaciones comerciales y afectar la economía panameña, como producto de una sospecha, es una conducta inaceptable y que merece la más firme protesta y acción de parte de un Gobierno decente, valiente, nacionalista y firme. Lamentablemente ninguna de estas c ualidades la encontramos hoy en día.

Cómo añoro la política exterior de los años 70, cuando teníamos un país de verdad que buscaba el respeto en la comunidad de naciones, activo en los foros internacionales y con una clara misión de buscar la reivindicación de nuestro territorio y nuestro canal. Agotado el proyecto, hoy parecemos eunucos.

En defensa de la profesión de abogado…

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Honorable señor presidente: Hace unas semanas, leímos en los medios de comunicación social, con preocupación, unas palabras que se le atribuyen, en las cuales hace referencia a que los abogados tenemos culpa del clima de inseguridad que reina en el país…

Es preciso iniciar rechazando tales afirmaciones, las cuales transmiten un profundo desconocimiento del papel que juega el abogado en la sociedad…

No es posible que quien tenga la responsabilidad de conducir el Estado, nos culpe a nosotros de los problemas causados por otros… Me pregunto yo, ¿acaso somos los abogados culpables de que el sistema judicial, CIVIL y PENAL, esté anacrónico, inservible, poco funcional y que estemos viviendo una ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del SIGLO XIX y que el Estado no haya convocado a una Cruzada por la Creación de una Nueva Justicia para el país?

¿Acaso somos los abogados los culpables de los homicidios, robos, hurtos, secuestros, tráfico de droga u otros hechos ilícitos? ¿Cuántos abogados han sido condenados por delitos cometidos por estas razones?

¿Acaso somos los abogados los que hemos provocado el caos social e institucional en el que se encuentran el Ministerio Público y el Órgano Judicial, por la falta de recursos, por la falta de personal calificado o por la mala o deficiente implementación del Sistema Penal Acusatorio?

El problema es que, señor presidente, nosotros, como defensores del Estado de derecho, de las libertades públicas y privadas, tenemos la obligación de ejercer todos los medios posibles para la defensa de los intereses de nuestros representados… Ciertamente hay abuso por parte de algunos colegas indelicados, pero para eso están las instancias correspondientes que deben cumplir con su papel, pero culparnos a todos resulta una amalgama inaceptable, una pérdida de legitimidad y la construcción de un muro innecesario.

La Constitución Nacional expresamente establece que todo ciudadano tiene derecho a la asistencia de un abogado que le defienda, que le represente, dentro del marco legal vigente… Si este marco legal vigente no funciona, pues es la responsabilidad de quienes ostentan el Poder de hacer los cambios justos y necesarios.

Señor presidente, nosotros somos los primeros que estamos a favor de una reforma profunda del Órgano Judicial y del Ministerio Público, de la Administración de Justicia, de los Códigos de Procedimiento, tanto Civil, tanto Penal y de la implementación de todas las medidas que mejoren lo que a diario muchos sufrimos…

Nosotros, los abogados, somos los primeros que vivimos la inoperancia del sistema, cuya responsabilidad recae, no en nosotros, sino en quienes lo administran, quienes tienen la obligación de suministrarle los fondos necesarios y no lo hacen…

La Administración de Justicia, señor presidente, debería ser una PRIORIDAD ABSOLUTA para su Gobierno, pero no lo es… debería ser un tema de ESTADO para todos los partidos políticos, pero no lo es… Todas las fuerzas del país deberían discutir y decidir que ya es hora de tener una Administración de Justicia del primer mundo, que garantice la protección del ciudadano, las garantías y libertades, que luche contra la corrupción, exija las responsabilidades y haga cumplir las leyes.

Hay que recordar que el Órgano Judicial es el garante del Equilibrio de los Poderes y el medio de defensa del ciudadano frente al Poder Ejecutivo… esa es su función primordial en una República… de lo contrario, estaríamos viviendo en un Estado absolutista y abusivo.

Pero en nuestro país, la Administración de Justicia es la Cenicienta… el mal necesario… el mendigo permanente, el eterno penitente… ‘el bien cuida'o' del presupuesto y la última en las prioridades estatales…

Señor presidente, los abogados somos AUXILIARES DE LA JUSTICIA, CIVIL O PENAL… nosotros no somos los enemigos del sistema… un sistema que hace décadas ha colapsado y que los políticos, administración tras administración, se han negado a reformar….

Usted, señor presidente, se comprometió a realizar una CONSTITUYENTE, que creara un marco institucional nuevo… hasta donde tengo conocimiento, esa promesa ha sido incumplida… Entonces, Su Excelencia, ¿de quién es la responsabilidad que se nos quiere atribuir?

Desde hace muchos años, reposan en la Asamblea Nacional diferentes proyectos de reforma a la Ley 9 de la Abogacía, sin que ninguna administración les dé impulso… Queremos una nueva Ley de la Abogacía… queremos un Examen para el ingreso al ejercicio profesional… queremos ser protegidos para ejercer mejor nuestra profesión… queremos cumplir con nuestras responsabilidades… queremos ser los auxiliares que la Ley y la Constitución nos piden que seamos.

Recordemos señor presidente, tal como sucedió durante la dictadura y después de ella, así como se ha repetido administración, tras administración… Aquellos que gobernaban, pasaron a ser gobernados y al siguiente período, aquellos mismos que nos atacaban… terminaron siendo clientes de estos abogados que hoy vilipendian, buscando defensa y protección…

Ciertamente nuestra profesión merece y necesita urgentes reformas… debemos depurar nuestra profesión de quienes la degradan… de quienes no merecen llevar el título de ABOGADO… La calidad de los 25 000 abogados que existen registrados es discutible, gracias a las universidades de CAFETERÍA que continúan graduando abogados en 2.5 años, sin que tengan que acudir a clases… ¿de quién es la culpa de la existencia de tales universidades y de que dichos estudiantes se conviertan en lo que no se han ganado?, ¿de quién es la culpa, señor presidente, que los fiscales y jueces no realicen eficientemente sus tareas… no conozcan el Derecho… sean corruptos… o simplemente cometan graves errores?

Su señoría, el rol del abogado es sagrado… ejercemos una profesión sinónimo de sacerdocio y devoción… Por tales razones, somos los primeros que sufrimos las persecuciones durante las dictaduras y los Gobiernos totalitarios…

Desde la época de Cicerón, en Roma, los abogados somos los defensores de los derechos y libertades del ciudadano… así ha sido durante el oscurantismo de la Edad Media y lo ha sido en la Edad Moderna y Contemporánea… Nosotros arriesgamos nuestras vidas y nuestros patrimonios en la defensa de los derechos e intereses de nuestros clientes… Quienes ejercemos el Ministerio de la Abogacía, pertenecemos a una de las profesiones más nobles y honorables que existen y, por ello, me siento en la obligación de defenderla y mostrarle el camino de la luz de la sabiduría.

Creo que los abogados nos hemos ganado el derecho a ser respetados, aunque a algunos no les parezca y otros no lo merezcan, pues no nos perdonan que hayamos sido nosotros los que hemos desarrollado las instituciones de este país y construido la democracia en la que vivimos, por nuestra historia, por nuestro presente, y por nuestro futuro, el respeto nos lo hemos ganado…

Por tales razones, señor presidente, aceptamos nuestras responsabilidades y gustosos estamos al servicio de la Nación para responder por ellas, por lo que estamos perfectamente dispuestos a contribuir a resolver los problemas, pero jamás aceptaremos la atribución de culpas cuyas causas se encuentran en otros lados.

La seguridad jurídica de la ilegalidad

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No podía esperarse menos de una administración municipal tan deficiente y más de lo mismo como la del alcalde Blandón. Falta de creatividad y con personal no capacitado. El director de Obras y su abogada asesora ni siquiera dominan las normas de desarrollo urbano ni leyes, como pudimos comprobar recientemente. Decir que el edificio Scala ha cumplido con los requisitos, es absurdo. Días atrás, esperaban aprobación para el plano, nada menos, que de electricidad, de un edificio terminado.

Por años se han dado casos de increíble ilegalidad donde promotores y presidentes de organizaciones, argumentan y solicitan ‘seguridad jurídica' para sus proyectos, demandados por afectados, por abierta ilegalidad. Caso rellenos de humedales de Juan Díaz, Metro Park Juan Díaz, Obarrio, Coco del Mar, San Francisco, El Crisol y tantos otros.

Edificio Scala en Herbruger, proyecto demandado desde el 2006 y con clara violación a un uso de suelo no permitido. Construido en un lote con una infraestructura para baja densidad.

Representantes del Consejo Municipal (¿patrocinados por quién?) la mayor parte de ellos, con limitada educación y por ende, sin ningún tipo de preparación para entender de estos temas, promueven dar permiso de ocupación al edificio por solicitud de supuestos compradores de los apartamentos, quienes argumentan la ‘seguridad jurídica' de esta ilegalidad.

A estos supuestos compradores no les han importado irregularidades en la aprobación de estos planos de construcción. Así como se consiguió irregularmente un cambio de uso de suelo, del que no existe evidencia, permisos y aprobaciones, ¿qué les garantiza que este edificio cumple con normas de seguridad en construcción? ¿Que no existan otros vicios de construcción que pueden poner en peligro sus vidas y las de otros?

No demandan al promotor por haber sido estafados con un proyecto lleno de irregularidades, pero sí entran en conflicto con vecinos que defienden vivir con orden y sin conflictos que es precisamente el objetivo principal de la existencia de las Normas de Desarrollo Urbano, y a quienes sí es necesario garantizarles la seguridad jurídica. ¿Quién indemnizará a los residentes de Herbruger por esta agresión a sus derechos a vivir en paz y sin conflictos?

Conflictos innecesarios, provocados por funcionarios inescrupulosos y corruptos, quienes ni siquiera son investigados (como debe ser, si hubiera administración del Estado) por negociar la seguridad de personas, vecinos y de quienes compran y utilizan estos edificios. ¿Por qué no han sido investigados: el director de Desarrollo Urbano del Miviot de ese entonces, por no cumplir con su deber e impedir que este caso se convirtiera en una demanda? Había información para que esa zonificación no procediera. Obviamente para que prosiguiera la construcción. Ya terminada, no pasaría nada. ¿El propietario del proyecto por posible tráfico de influencias, lo que es corrupción? El director de Obras del Municipio de Panamá que aprobó este proyecto? ¿Quién es el actual viceministro de Ordenamiento Territorial, principal responsable de la mayor parte de los conflictos generados en la ciudad, en los últimos años, por violación a normas vigentes. Era necesario promoverlo y que siguiera lo empezado ya ahora como viceministro de Ordenamiento Territorial. Hasta el nombre es absurdo.

Una prueba más que el Estado está dividido en ‘territorios', como una verdadera organización delictiva.

En ningún país civilizado y con una administración responsable se construyen altas densidades sin tener la infraestructura de servicios adecuadas para ello, incluyendo anchos de calles. Pero se despilfarra el dinero de los contribuyentes en enriquecer negocios privados y favorecer a aquellos allegados al poder.

Esta situación de afectar propiedades y personas ha llegado a un callejón que está forzando a que cada uno aplique la ley a su manera. Estos funcionarios irresponsables tienen la suerte de vivir en un país con personas que aún creen que pueden encontrar justicia en los tribunales y en la Corte Suprema que tenemos y quienes aún no han reaccionado violentamente contra ellos.

Un lote con una infraestructura en condiciones precarias y diseñada para abastecer una residencia de máximo cuatro baños ¿puede abastecer a 80 o 150 baños?

En todos estos casos ¿quién era el director de Obras del Municipio que aprobó este plano?

¿Quiénes son los funcionarios del Miviot que aprobaron un cambio no permitido por la norma?

¿Quiénes son los funcionarios de ANAM que dieron visto bueno a este estudio de impacto, ahora declarado como ilegal?

¿En un lote diseñado para una vivienda unifamiliar de 4,5 baños puede haber una torre de 20 pisos o más albergando 400 baños?

Las calles deberán tener los anchos de acuerdo a esa densidad.

Todos los edificios de la ciudad de Panamá se están construyendo sin que exista la infraestructura adecuada para esas densidades.

¿Por qué se inundan las calles de la ciudad? ¿Cae más agua ahora que antes? No hay tal cosa. Lo que ocurre es que los sistemas de descarga de aguas pluviales, de aguas grises, eran de una ciudad pequeña.

Han desaparecido áreas verdes. ¿Qué absorbe esa agua, si ahora todo es concreto?