Ayú Prado se aferra a una frágil defensa
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Lucas López se unió a las voces que exigen al magistrado José Ayú Prado que se declare impedido como juez de garantías en el proceso que sigue esa corporación al expresidente Ricardo Martinelli por el escándalo de Financial Pacific.
López le pidió a Ayú Prado –a través de una carta– que se separe “voluntariamente” del caso.
Y Ayú Prado le contestó. Le remitió copia de una investigación inconclusa de la exprocuradora Ana Belfon, centrada en declaraciones de varias personas que lo eximieron de la acusación que le hizo Mayté Pellegrini –exempleada de la casa de valores, acusada por un presunto desfalco– por supuestamente haberla obligado a retractarse de señalamientos contra Martinelli.
Pese a que Belfon abrió el caso por la supuesta comisión de delitos contra la administración de justicia –amenaza a un funcionario–, tras una llamada que hizo Pellegrini al despacho de Ayú Prado en febrero de 2013, en la que le decía que le había incumplido un trato para liberarla de la cárcel, Belfon nunca la llamó a declarar sobre el particular y cerró el proceso alegando que resultó imposible “la determinación del autor” del hecho [la llamada].
“Nunca me llamaron y tampoco llamaron al tramitante”, dijo ayer Pellegrini, y recordó que cuando ella le dijo al magistrado: “Sacas tú la grabación o la saco yo”, el Ministerio Público cerró el caso de inmediato.
CUANDO BELFON LE TIRÓ LA TOALLA A AYÚ PRADO
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado se enfrentó a una semana difícil. En la calle, distintos sectores de la sociedad civil le exigen que se declare impedido como juez de garantías en el proceso que sigue la CSJ al expresidente Ricardo Martinelli por el caso Financial Pacific (FP) y de paso le recuerdan su polémico ascenso al Palacio de Justicia Gil Ponce.
Carlos Lucas López, quien fungió como presidente de la Corte de 1990 a 1993, en una carta del pasado 28 de septiembre se unió al clamor ciudadano y le solicita que se separe del caso. “No son pocos los honorables panameños y hombres de bien que le hayan (sic) sugerido a usted se declare impedido como juez de garantías en el mencionado proceso”, añade.
Ayú Prado, en otra carta del 30 de septiembre, le agradeció por hacerle llegar su punto de vista, por los consejos, y de paso le envía parte de una investigación de la exprocuradora Ana Belfon. “Cuando lea el contenido de dichos testimonios ampliará su perspectiva acerca de las aseveraciones que hace en los medios de comunicación sobre una supuesta retractación (…) una persona imputada de delitos”, le dice.
Se refiere a un caso que abrió Belfon, por la supuesta comisión de delitos contra la administración de justicia, luego de que el 20 de febrero de 2013, Ayú Prado recibiera una llamada en su despacho de la Sala Segunda de la Corte. Se trataba de Mayté Pellegrini, quien a las 9: 00 a.m. de ese día, vía telefónica, solicitó hablar con el magistrado. La secretaria ejecutiva de ese tribunal, Olga Lidia Barnabás Gálvez, le contestó que estaba en una reunión. Pellegrini afirmó que volvería a llamar y agregó lo siguiente: “Él sabe quién soy yo y dónde estoy”.
Llamó a las 9:20 a.m. y como no pudo hablar con Ayú Prado le dejó otro mensaje: “Dígale al magistrado que me obligó a retractarme de mis declaraciones, prometiéndome algo que no me cumplieron, que el 20 de marzo de 2013 voy a declarar nuevamente y si no cumplen con lo acordado, lo voy a decir todo”.
El 20 de marzo de 2013, seis días antes de la fecha en que sería indagada Pellegrini, Ayú Prado solicitó a Belfon que investigara la llamada.
“Cuando yo salgo en los medios y digo que no me llevaron a declarar [la indagatoria estaba pactada para el 26 de marzo de 2013], y que me llevaron a la máxima [la celda de máxima seguridad en la cárcel de mujeres], Ayú Prado dice que iba a poner una denuncia porque había habido una supuesta persona [yo] que había supuestamente llamado [yo], todos supuestos; yo vuelvo y llamo a los medios y le digo: No tienes que hacer ninguna denuncia (…) ¿qué quieres? ¿Sacas tú la grabación del mensaje o quieres que yo la saque?”, recordó ayer Mayté Pellegrini.
Después, dijo Pellegrini, “automáticamente retiraron la denuncia”.
Por esa llamada, Belfon tomó declaración jurada de Mauricio Ceballos, exabogado de Pellegrini, a Ricardo Ricky Solís, exfuncionario del Ministerio Público y a quien Pellegrini acusa de haber ayudado a redactar su retractación; a Frank Torres Ruiz, exfiscal decimotercero de circuito, y a Juan Carlos Vergara Arcia, exfuncionario del Ministerio Público.
Curiosamente, la exprocuradora empezó a mover este caso y tramitó la primera declaración jurada [la de Ceballos] precisamente el 4 de julio de 2013. El mismo día en que este medio publicó un manuscrito de Pellegrini en el que revelaba que Ayú Prado le había obligado a retractarse de haber implicado a Martinelli en el caso Financial Pacific. “El 26 de diciembre de 2012, a las 4:30 p.m., un carro de la Presidencia apareció en la [Dirección de Investigación Judicial] DIJ de Ancón a buscarme para una supuesta declaración de la que yo no había sido notificada”, contó entonces.
Pellegrini, exempleada de confianza de FP, había dicho el 22 de noviembre de 2012 que en la casa de valores había una cuenta llamada High Spirit, que era de Martinelli y se usaba para manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla Minerals.
Cuando le consultaron a Ceballos sobre si el 26 de diciembre de 2012 observó o percibió una situación irregular, él contestó: “Para nada”.
Solís [a quien Pellegrini acusa de haber ayudado a Ayú Prado a redactar su retractación] respondió que “en ningún momento se ha reunido o ha hablado del tema de FP, o de Pellegrini, con Ayú Prado. “No conozco a la señora Pellegrini”, agregó.
Mientras que Torres, el fiscal que indagó a Pellegrini el día de la supuesta retractación, manifestó: “No es cierto que ese 26 de diciembre de 2012, el entonces procurador haya estado presente en la diligencia ni en ningún cuarto contiguo a la fiscalía (…)”.
Vergara Arcia tampoco percibió ningún hecho irregular, de acuerdo a la diligencia practicada por el Ministerio Público.
Pero nunca se llamó a declarar a Pellegrini, la autora de la llamada. Ella misma lo recordó ayer. “Jamás me llamaron. Nunca llamaron ni al tramitante del caso”.
SE ARCHIVA
Belfon archivó el proceso alegando que fue imposible la determinación del autor o autores del hecho, luego de establecer que resultó “evidente que los hechos expuestos por quien realizó la llamada telefónica no fueron percibidos por la mayoría de las personas que participaron de la diligencia practicada el 26 de diciembre de 2013, por tanto surge la duda sobre la ocurrencia o no de tales hechos”, entre otras cosas.
La investigación de la exprocuradora, nombrada por Martinelli en diciembre de 2012 en reemplazo, precisamente, de Ayú Prado, sería parte de la estrategia del magistrado presidente de la Corte para desvincularse de las acusaciones en el escándalo FP. Al menos, a esto apeló para responderle a al exmagistrado López.
Pero López dijo ayer a este medio que no le convenció la respuesta de Ayú Prado y así se lo hizo saber en otra carta. “Le estoy reiterando lo que yo había dicho (…) él no puede ser juez de garantías si él está involucrado en el mismo caso. Señor, tiene que declararse impedido y si es mentira, que lo diga…”, afirmó. “Me mandó una carta tratando de excusarse en el asunto, pero me dice lo mismo que ha estado diciendo y me habló de personas que han hablado a favor de él, (…) me parece que está haciendo mal en el caso, a la justicia le está haciendo un mal enorme”, contó el exmagistrado.
LA REUNIÓN
En medio de la vorágine de críticas, Ayú Prado se reúne hoy con representantes de organizaciones civiles para hablar de administración de justicia. La cita fue promovida por el Movimiento Independiente.
Anoche, la Alianza Ciudadana Projusticia, en un comunicado, se refirió a la reunión de la Comisión de Estado por la Justicia celebrada el miércoles. Informan que en la cita estuvo presente Ayú Prado, y la presidenta de esa oenegé, Magaly Castillo, le manifestó la molestia que ha causado ante su nombramiento como juez de garantías en caso FP.