Alegría de perros cazando monos
Es una necedad arrancarse los cabellos ante situaciones críticas, como si estas pudieran ser aliviadas por la calvicie.
Es cierto que los panameños vivimos un momento histórico, político y jurídico que nos causa algo de satisfacción, en función de los progresistas cambios que se generan en el sistema judicial, encaminados a procesar e imponer las sanciones correspondientes a los servidores públicos y empresarios que cometieron toda clase de tropelías en perjuicio del Estado, en especial a los señalados por delitos de peculado y corrupción pública.
Sin embargo, esa satisfacción debe ser tomada con prudencia y cautela, pues tales cambios –cuya efectividad aún están por demostrarse– no son suficientes y solo se registran en la esfera del Ministerio Público.
Causa terror, preocupación e inquietud que el Órgano Judicial (cuya pésima organización y funcionamiento es un hecho público notorio) conserve su vieja, obsoleta y nefasta estructura jurídica, que le permitió la impunidad absoluta a muchos otros funcionarios o exfuncionarios que cometieron delitos o fechorías en el ejercicio de sus cargos. Igual que a los particulares o a los empresarios poderosos que han sido cómplices de tales prácticas delictivas.
Los panameños conocemos que en cualquier momento o con motivo de toda acción legal, le corresponde al Órgano Judicial la misión de proferir la decisión final y definitiva de los casos de alto perfil, cualesquiera sea su naturaleza jurídica (v. gr. penal, civil, administrativa, laboral, comercial, etc.), algo que no siempre han hecho en estricto derecho y con justicia.
Ante esa deplorable e insostenible realidad jurisdiccional, el pueblo, en general, y la sociedad civil organizada, en particular, tienen la difícil y delicada tarea de mantenerse vigilantes ante las actuaciones que asuman los jueces, magistrados y la Asamblea Nacional que conozcan los casos jurídicos de corrupción escandalosas que tienen en vilo y en sobresalto a la nación, a fin de asegurar que en el manejo de estos predomine la transparencia, la verdad, la legalidad y la justicia, en vez de la endémica vagabundería o sinvergüenzura jurídica de años anteriores.
Sin duda, la tramitación y decisión efectiva de los procesos que nos mantienen en zozobra es de trascendental importancia para la vida nacional, no solo por la enorme y perniciosa gravedad de los hechos ilícitos bajo investigación penal y administrativa, sino porque se sienta en un precedente jurídico que abre las alamedas de una primavera panameña en contra de la corrupción pública. Este flagelo había permitido que exfuncionarios corruptos, hartamente conocidos, deambulasen libremente por las calles e inclusive participaran, de forma cínica, en el quehacer público nacional, restregándonos en la cara la fortuna mal habida que lograron como producto de su insaciable corrupción pública.
Tal situación, a no dudarlo, fortalecerá la institucionalidad democrática y el estado de derecho. No obstante, debemos seguir luchando para evitar o contrarrestar la posibilidad de que la administración de justicia caiga en una especie de parálisis o catalepsia funcional, como resultado de que los jueces y magistrados se ocupen de forma única en los casos de alto perfil bajo reciente investigación penal, y que engaveten y dejen que se llenen de más polvo, telarañas y polillas los expedientes de casos de miles de panameños que llevan sin resolverse entre 5 y 20 años, lo que profundizaría la “mora judicial”.
Pareciera que muchos funcionarios judiciales, en vez de despachar estos expedientes, están ensimismados en los casos penales que saltan a la palestra pública, entre los que figura como protagonista principal, nada menos, que el expresidente de la República, por actos de corrupción pública y otros delitos graves.
La mencionada “mora judicial” resulta más patética y criticable, tomando en cuenta que los funcionarios del Órgano Judicial, a diferencia del resto de los servidores públicos del Estado, solo trabajan siete horas diarias, de lunes a viernes, y sus asuetos por días feriados son más que el de los otros órganos o instituciones públicas.
Por consiguiente, es indispensable e impostergable que, como primer paso, se apruebe el proyecto de ley de carrera judicial que se encuentra en la Asamblea Nacional y, de forma paralela, se den los pasos necesarios para la instalación de una asamblea constituyente originaria, de lo contrario los casos penales en contra de exfuncionarios y empresarios corruptos podrían quedar enmarcados en el refrán que dice: “Alegría de perros cazando monos”. En este caso, nada más ni nada menos que monos gordos”.