Acusan a Ayú Prado de idear plan para legalizar pinchazos telefónicos
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, enfrenta una nueva denuncia en la Asamblea Nacional, en la que se le acusa de supuestamente idear junto con el exministro de Turismo Salomón Shamah una fórmula para intervenir o judicializar las intervenciones telefónicas ilegales que se hacían a opositores desde el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Según la denuncia, que llegó el 18 de este mes al Legislativo, la fórmula que ideó Ayú Prado fue incluir en las peticiones de interceptaciones telefónicas de las fiscalías contra Drogas y contra la Delincuencia Organizada los números de teléfonos de las personas que el entonces gobierno de Martinelli quería pinchar, y de esa manera camuflaban la actividad ilegal.
La denuncia, interpuesta por el abogado Rolando Sánchez Núñez, se basa en el relato que el 16 de septiembre de 2015 dio el exabogado de Martinelli, Rosendo Rivera, al magistrado Harry Díaz, quien funge como fiscal en el proceso que la Corte le sigue al exgobernante por los pinchazos telefónicos.
Rivera contó a Díaz que Shamah le reveló todo el plan y que para esa fecha no se acuerda si Ayú Prado era procurador de la Nación o magistrado de la Corte, cargos a los que ascendió por designación de Martinelli.
Según el denunciante, Shamah y Ayú Prado pusieron en marcha el engranaje casi perfecto de una estructura criminal, en la que desde el Gobierno central se giraban órdenes al Ministerio Público, que con el aval de la Corte lograba entrometerse en la vida íntima de las personas y ocultar pruebas del círculo cero de Martinelli. Este medio llamó a Ayú Prado, pero no respondió.
DENUNCIAS ESTREMECEN LA CORTE
Denuncias sobre acusaciones por la supuesta comisión de delitos de corrupción, abuso de autoridad, infracción de los deberes de servidor público, así como faltas a la transparencia e integridad judicial en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han ingresado a la Asamblea Nacional en los últimos días.
El 18 de enero pasado a la Secretaría General del Legislativo ingresó una denuncia dirigida al presidente de la comisión de Credenciales, Jorge Iván Arrocha, en la que se acusa al presidente de la CSJ, el magistrado José Ayú Prado, de la supuesta comisión de los delitos de corrupción, abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público.
El abogado Rolando Sánchez Núñez basa su denuncia en el relato que contó el 16 de septiembre de 2015, el abogado Rosendo Rivera al magistrado fiscal del proceso por los pinchazos telefónicos que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli, Harry Díaz.
Se destaca que entre los hechos denunciados, Rivera señala en su entrevista al fiscal que el exministro de Turismo Salomón Shamah -hombre de confianza de Martinelli- se ideó junto con Ayú Prado, siendo este procurador de la Nación o magistrado de la Corte, una fórmula para intervenir o judicializar las intervenciones telefónicas ilegales.
Según Rivera, Shamah le contó que en los procesos de intervenciones telefónicas que hacía el Ministerio Público a la CSJ se incluían los números de teléfono que el gobierno de Martinelli quería pinchar y de esta manera camuflaban la actividad de espionaje como legal.
Señala el denunciante que “lo más grave de la situación es que según lo narrado por el entrevistado, todo se hizo recibiendo instrucciones del Ejecutivo, para luego, tal cual se hizo, tener la justificación legal para intervenir las llamadas telefónicas, siendo estos actos violatorios al debido proceso legal”.
Sostiene que Ayú Prado, en sus funciones como exfiscal, exprocurador de la Nación y magistrado de la CSJ, violó normas inherentes a su cargo y disposiciones internacionales suscritas por Panamá a favor del derecho a la intimidad de las personas.
Además, solicita a la comisión de Credenciales que investigue a Ayú Prado por la supuesta comisión de los delitos señalados y aporta como prueba la entrevista rendida por Rivera al magistrado fiscal Díaz.
Rivera, quien es querellante en el proceso de los pinchazos, fue abogado de Martinelli en diversos casos, entre ellos uno contra la ex candidata presidencial Balbina Herrera, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), por divulgar los correos con el italiano Valter Lavítola, y otro por $30 millones contra el entonces vicepresidente y hoy mandatario Juan Carlos Varela, por supuestamente atacar su honor.
CREDENCIALES RECHAZA
Ayer la comisión legislativa de Credenciales decidió no acoger como una denuncia formal la carta enviada por el presidente la CSJ, Ayú Prado, para que considerase citar al magistrado Harry Díaz con el fin de que presente las pruebas de sus confesiones y denuncias sobre corrupción, bandos políticos entre magistrados y la intromisión del Ejecutivo en el Judicial.
Ayú Prado había remitido en su nota a la Asamblea la entrevista dada por Díaz a Telemetro el 14 de enero pasado, así como las declaraciones que dio a La Prensa el 26 de octubre de 2014 (Harry Díaz: Moncada Luna solo es la punta del iceberg).
La comisión concluyó que es “improcedente” abrir una investigación por la carta de Ayú Prado, debido a que no se trata de una denuncia o querella tal como lo dispone la normativa legal en estos procesos especiales.
La decisión se dio a pesar de que el propio magistrado Díaz había comunicado su disposición de asistir a la Asamblea a ratificar sus denuncias.
Los diputados Jorge Iván Arrocha, Florentino Ábrego; del partido Panameñista, Mabia Muñoz, Mariela Vega y Rony Araúz; del partido Cambio Democrático (CD) y Alfredo Pérez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) apoyaron la no apertura de la investigación. Solo Zulay Rodríguez, del PRD, consideró que había méritos para investigar.
CENSURAN DECISIÓN
Tras la decisión de la comisión de Credenciales llovieron las críticas. Por su parte, Magaly Castillo, directora ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia, manifestó que tiene que darse una respuesta política a esta crisis en la Corte. Reiteró que se requiere una reforma al mecanismo de investigación de magistrados y diputados. “Se burlan de nosotros y no podemos hacer nada, porque la ley así lo dice y la ley sigue allí, hay que cambiar la ley entonces, necesitamos respuesta. Siguen los mecanismos de protección para estos funcionarios”, dijo.
Por su parte, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), señaló que “pareciera que están eludiendo el tema y la responsabilidad y de paso acrecentando la desconfianza tan grande que tenemos hoy día los ciudadanos, no solo en la justicia, sino también en la Asamblea”, precisó.
“No podemos pasar la página ante un escándalo como este”, dijo el exdefensor del Pueblo José Antonio Tejada.