Actuación de Ayú Prado es ‘improcedente’, dice fiscal
El fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez, decidió no admitir “por improcedente” una petición que le hizo el 4 de febrero pasado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, para restringir los movimientos de personas investigadas por el Ministerio Público (MP) en el llamado caso “la taquilla”.
Este proceso guarda relación con la supuesta red de corrupción que operaba en el Órgano Judicial y que cobraba sumas de dinero a cambio de conceder libertades a implicados en procesos penales ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia y en juzgados de circuito.
En la nota enviada a Vásquez, Ayú Prado informó que una de las personas investigadas por la Fiscalía Sexta Anticorrupción como parte del citado proceso
acudió a las instalaciones del Órgano Judicial para conversar con una funcionaria de esa entidad, por lo que le sugirió que solicitara a los procesados en este caso que “(…) limiten al mínimo su presencia en las sedes de los juzgados y Tribunales Superiores de Justicia”.
En resolución fechada el pasado 26 de febrero, Vásquez citó el artículo 1994 del Código Judicial, según el cual “el denunciante no es parte en el proceso”. “Por lo que se debe establecer que quien no es interviniente en la causa, su actuación en calidad de tal se le limita solo a informar la presunta comisión de delitos, así como la posible expresión de las personas que lo perpetraron”, dice la resolución del fiscal.
Agrega que “ lo que se desprende de la nota remitida a esta fiscalía tiene relación con Carmen Castro, imputada dentro de la encuesta [proceso] penal, quien mantiene fianza de excarcelación, justamente otorgada por el juez natural (…)”.
La nota de Ayú Prado fue criticada por la sociedad civil, que en su momento advirtió que la acción del magistrado puede ser interpretada como una injerencia del máximo tribunal de justicia en los asuntos del MP.
Ayú Prado fue denunciado ante la Asamblea Nacional por este caso el 25 de febrero pasado.
La abogada Celma Moncada se querelló contra Ayú Prado por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad y pidió la “suspensión inmediata” de su cargo, toda vez que, según argumentó, el magistrado “transgrede el Código Penal al interferir en el Ministerio Público”.
En tanto, el abogado Rosendo Rivera interpuso ante la Asamblea el 1 de este mes una denuncia contra el magistrado Ayú Prado por la supuesta comisión del delito de infracción de los deberes de los servidores públicos.
En la acción, Rivera hizo referencia a una nota remitida por Ayú Prado al fiscal Auxiliar, Marcelino Aguilar, en la que le sugirió encargar a Ameth Cáceres Muñoz de una operación de vigilancia del Órgano Judicial, que al final dio al traste con la red de corrupción.
Según Rivera, Cáceres laboró con Ayú Prado en el proceso que la Corte siguió al diputado suplente de la Asamblea Samuel Bennett.
A juicio del abogado, el envío de ambas cartas constituye una “intromisión” del magistrado en la labor del Ministerio Público.
Este diario llamó a la oficina y al celular de Ayú Prado para que diera su versión, pero no contestó.
El fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez, decidió no admitir “por improcedente” una petición que le hizo el 4 de febrero pasado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, para restringir los movimientos de personas investigadas por el Ministerio Público (MP) en el llamado caso “la taquilla”.
Este proceso guarda relación con la supuesta red de corrupción que operaba en el Órgano Judicial y que cobraba sumas de dinero a cambio de conceder libertades a implicados en procesos penales ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia y en juzgados de circuito.
En la nota enviada a Vásquez, Ayú Prado informó que una de las personas investigadas por la Fiscalía Sexta Anticorrupción como parte del citado proceso acudió a las instalaciones del Órgano Judicial para conversar con una funcionaria de esa entidad, por lo que le sugirió que solicitara a los procesados en este caso que “(…) limiten al mínimo su presencia en las sedes de los juzgados y Tribunales Superiores de Justicia”.
En resolución fechada el pasado 26 de febrero, Vásquez citó el artículo 1994 del Código Judicial, según el cual “el denunciante no es parte en el proceso”.
“Por lo que se debe establecer que quien no es interviniente en la causa, su actuación en calidad de tal se le limita solo a informar la presunta comisión de delitos, así como la posible expresión de las personas que lo perpetraron”, dice la resolución del fiscal.
Agrega que “lo que se desprende de la nota remitida a esta fiscalía tiene relación con Carmen Castro, imputada dentro de la encuesta [proceso] penal, quien mantiene fianza de excarcelación, justamente otorgada por el juez natural (…)”.
La nota de Ayú Prado fue criticada por la sociedad civil, que en su momento advirtió que la acción del magistrado puede ser interpretada como una injerencia del máximo tribunal de justicia en los asuntos del MP.
Ayú Prado fue denunciado ante la Asamblea Nacional por este caso el 25 de febrero pasado. La abogada Celma Moncada se querelló contra Ayú Prado por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad y pidió la “suspensión inmediata” de su cargo, toda vez que, según argumentó, el magistrado “transgrede el Código Penal al interferir en el Ministerio Público”.
En tanto, el abogado Rosendo Rivera interpuso ante la Asamblea el 1 de este mes una denuncia contra el magistrado Ayú Prado por la supuesta comisión del delito de infracción de los deberes de los servidores públicos.
En la acción, Rivera hizo referencia a una nota remitida por Ayú Prado al fiscal Auxiliar, Marcelino Aguilar, en la que le sugirió encargar a Ameth Cáceres Muñoz de una operación de vigilancia del Órgano Judicial, que al final dio al traste con la red de corrupción.
Según Rivera, Cáceres laboró con Ayú Prado en el proceso que la Corte siguió al diputado suplente de la Asamblea Samuel Bennett.
A juicio del abogado, el envío de ambas cartas constituye una “intromisión” del magistrado en la labor del Ministerio Público.
Este diario llamó a la oficina y al celular de Ayú Prado para que diera su versión, pero no contestó.