Abogados reclaman inventario de temas que afectan la justicia
La propuesta de creación de los tribunales constitucionales que está en etapa de consultas en el Pacto de Estado por la Justicia es vista con buenos ojos por algunos abogados consultados por La Estrella de Panamá , que a la vez coinciden en que está incompleta.
‘CUALQUIER PROPUESTA, SIN UNA NUEVA CONSTITUCIÓN, TODO LO QUE SE HAGA, ES FUEGO DE ARTIFICIOS, ES PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA’,
MIGUEL ANTONIO BERNAL
CATEDRÁTICO Y CONSTITUCIONALISTA
Se refieren a una propuesta de crear tribunales constitucionales que serían parte del Órgano Judicial y que ayudarían a desahogar al pleno de la Corte de Suprema de Justicia de algunos temas como las acciones de habeas corpus , los amparos por derechos fundamentales y los habeas data .
La iniciativa, que está en su etapa de confección y consultas finales, sería entregada por el Pacto de Estado por la Justicia al Órgano Ejecutivo, que a su vez se encargaría de presentarla ante la Asamblea Nacional, que es la instancia que tomaría la decisión final de aprobarla, mediante una ley.
REFORMA CONSTITUCIONAL
El abogado Ernesto Cedeño, por ejemplo, considera que la propuesta del Pacto de Estado tiene que ir acompañada de unas reformas constitucionales para crear una estructura independiente de la Corte Suprema de Justicia. Incluso, añade Cedeño, que el nuevo tribunal no solo sea para conocer temas constituciones, sino que tenga otras responsabilidades, como la de juzgar a magistrados y diputados.
‘La propuesta es una excelente idea, pero tendrá cabida con unas reformas constitucionales’, dijo Cedeño.
En estos momentos, la creación de tribunales constitucionales no tendría las responsabilidades que debería tener, como la de juzgar a los diputados y a los magistrados, recalcó el jurista en una conversación con La Estrella de Panamá .
La creación de tribunales constituciones independientes podría incluso revisar fallos de la Corte Suprema de Justicia, alegó el jurista.
‘Esas son las verdaderas funciones de un tribunal constitucional, pero en estos momentos no tendría esa posibilidad porque la Constitución Política de la República de Panamá, vigente desde 1972, no lo permite’, subrayó Cedeño.
La Constitución Política establece que los diputados son juzgados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y estos, a su vez, por los diputados; es decir, se juzgan mutuamente.
Una de las mayores quejas al sistema de justicia está relacionada con el grado de impunidad que rodea a los diputados acusados de actos de corrupción, pero que nunca son procesados.
De hecho, el abogado Cedeño presentó este lunes ante la Procuraduría General de la Nación una denuncia contra el contralor general de la República, Federico Humbert, por omisión de funciones por la falta de fiscalización de los fondos del Estado, en referencia al uso de más de $416 millones por los diputados de la pasada administración.
TAREA PENDIENTE
Para Juan Carlos Araúz, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), para que sea posible concretar cualquier iniciativa que mejore el sistema de justicia, tiene que haber voluntad política.
Si bien es cierto que se trata de una propuesta que podría resultar beneficiosa para la administración de justicia panameña, el momento es propicio para que el Pacto de Estado por la Justicia realice un inventario de los temas abordados en la mesa y que no se han llegado a materializar, lo que hace necesario que de exija voluntad política para que la iniciativa se convierta en una realidad, siempre según lo que necesita el país, indicó el abogado.
De lo contrario, considera Araúz, el Pacto por la Justicia termina siendo una ‘eterna mesa técnica cuyas recomendaciones nunca se ponen en práctica’.
Araúz cita de ejemplo que se han creado, por ley, tribunales que nunca se han puesto en práctica por la falta de presupuesto.
En este caso, le corresponde al Órgano Ejecutivo asignar los fondos necesarios para que puedan funcionar los tribunales.
El exrepresentante del CNA e xplicó que los estos tribunales constitucionales involucran nuevas estructuras, tanto de personal como de infraestructura, las cuales no serán reales con la situación que se vive actualmente porque la justicia está falta de presupuesto de una manera permanente y entonces no pueden funcionar.
‘Toda justicia especializada siempre será más efectiva que una justicia generalizada’, alega Araúz, y recalca la necesidad de ‘voluntad política’ para llevar la idea a la práctica.
‘NO MÁS CAMBIOS’
Por su parte, el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal está convencido de que el país requiere una nueva Constitución Política y, a partir de allí, entonces establecer los nuevos modelos de administración de la justicia.
‘Están creando un código procesal constitucional en un país donde lo que menos existe es una Constitución’, señala Bernal, al tiempo que, asegura, ‘las autoridades a diario violan la Carta Magna’.
‘Sin una nueva constitución, todo lo que hagan es fuego de artificio, es pan para hoy hambre y para mañana’, alega. Bernal es partidario de crear una corte o tribunal constitucional independiente que se encargue de revisar todas las garantías fundamentales de los ciudadanos y que asuma la responsabilidad de juzgar a los magistrados y a los diputados.
En opinión del conocido estudioso del derecho y catedrático universitario, lo que el país requiere es la convocatoria a una asamblea constituyente que se encargue de la redacción de la nueva constitución que necesita el país, pues la que existe, ‘no aguanta un parche más’ y temas como la justicia ‘deben ser producto de un texto constitucional’.
José Arcia
