Abogados piden más presupuesto para el Judicial
El Colegio Nacional de Abogados, acompañado del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz y el procurador de la Administración Rigoberto González, acudió a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional para quejarse por el bajo presupuesto que se le otorgó al Ministerio Público y al Órgano Judicial.
La preocupación de los juristas es que la baja designación presupuestaria afecta la implementación de la Carrera Judicial y el Sistema Penal Acusatorio (SPA), que el 2 de septiembre, se debe poner en marcha en todo el país.
Pero más allá de las consecuencias por el bajo presupuesto, el Ejecutivo estaría violando la Constitución Política. El artículo 214 de la Carta Magna señala en su segundo párrafo ‘los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público, no serán inferiores, en su conjunto, al dos por ciento de los ingresos corrientes del gobierno central'.
José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, dijo que esta norma constitucional nunca se cumple. Incluso, analiza, si se cumpliera sería un eufemismo porque el Gobierno no incluye los aportes del Canal de Panamá como parte de los ingresos del gobierno central.
El magistrado Díaz considera que no debería ser el 2%, sino el 3 o 4% de los ingresos del Gobierno.
Para Álvarez y el magistrado Díaz también está en juego la independencia del Órgano Judicial. ‘No solo debemos mejorar el presupuesto , sino que para la independencia del Órgano Judicial se requiere una independencia financiera'.
El magistrado alegoóque para la Carrera Judicial se requiere como mínimo $10 millones, pero lo óptimo es $14 millones. Díaz dijo que el Órgano Judicial solicitó $270 millones y el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó $160 millones.
Entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial el presupuesto aprobado por el MEF asciende a unos $305 millones, cuando habían solicitado $450 millones, informó Álvarez.
A juicio del dirigente de los abogados, el Órgano Judicial no tiene porque estar ‘mendigando' fondos para su funcionamiento porque el Gobierno está obligado a garantizar su presupuesto.
El pasado martes, el MEF otorgó al Órgano Judicial $9.5 millones, a través de una traslado de partida interinstitucional, que serán utilizados en la implementación del SPA en el primer distrito judicial.
¿INJERENCIA?
La participación del magistrado Díaz causa suspicacia entre algunos juristas. El abogado Ángel Álvarez denunció que el magistrado Díaz no puede participar en este tipo de actos porque el Código Judicial lo prohibe.
Hace referencia al artículo 49 del Código Judicial que señala que el personal del Órgano Judicial dirigir a los funcionarios felicitaciones o censura de sus actos, entre otras acciones.