Aberrante precedente

Justo el día en que el país esperaba una bocanada de aire fresco con la designación de dos magistrados para la Corte Suprema de Justicia, en la esperanza —contra toda evidencia en contrario— de que estos nuevos nombramientos puedan convertirse en estímulo y dínamo para las transformaciones necesarias en nuestra administración de Justicia, nos cae como balde de agua fría una sentencia del Juzgado Decimotercero de lo Civil de Panamá condenando al diario La Prensa, en una demanda interpuesta por la empresa Transcaribe Trading, S.A. (TCT). Sí, esa misma que permitió que su equipo pesado fuera utilizado para tratar de impedir la libre circulación de medios impresos. El fallo sienta un aberrante precedente, por medio del cual podría impedirse, en el futuro, que los medios de comunicación informen sobre hechos de interés público —donde además están envueltos contratos y fondos públicos—, en el supuesto de que ocasionan un ‘daño moral ' a los propietarios de empresas que a su vez son contratistas del Estado. La jueza Melina Robinson Oro olvida lo consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, convirtiendo su sentencia en un grave atentado a la libertad de expresión. Quedan instancias superiores que revisarán está decisión, pero esta vez no podemos decir, como Federico II, ‘veo, con alborozo, que todavía hay jueces en Berlín '.