Los fallos tardíos de la Corte
Mes y medio después de que el gobierno de Juan Carlos Varela asumiera las riendas del país, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer tres fallos a favor de La Prensa. Se trata de las respuestas a tres hábeas data interpuestos hace más de un año, luego de que funcionarios que lideraban instituciones durante la administración de Ricardo Martinelli se negaran a difundir información pública.
En los fallos divulgados la semana pasada, los magistrados de la CSJ llaman la atención del exministro de Seguridad José Raúl Mulino; de la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, y de la exdefensora del Pueblo Patria Portugal.
En el caso de Mulino, quien se negó a dar información sobre contratos entre el Estado y la italiana Finmeccanica para la compra de 19 radares, 6 helicópteros y 1 mapa cartográfico, la CSJ recuerda tardíamente que el artículo 8 de la Ley 6 de Transparencia advierte de que las instituciones están obligadas a entregar a cualquier ciudadano información sobre el funcionamiento, y las actividades que desarrollan las instituciones.
A Torres de Bianchini, quien no quiso brindar detalles de una auditoría realizada a la Caja de Seguro Social por irregularidades en el otorgamiento de contratos, le ordena que en cinco días suministre la información pedida.
A la Defensoría del Pueblo le piden que comunique las direcciones virtuales en las que se puede acceder a la información. (Ver notas relacionadas). Esta entidad, durante la administración de Patria Portugal –destituida por la Asamblea en agosto de 2013–, no quiso dar información de una controversial contratación.
Hasta el momento, la CSJ no ha tenido ningún cambio significativo. Es decir, está bajo el mando de los nueve magistrados que estaban en sus cargos en la era Martinelli: Oydén Ortega, Hernán de León, Harley Mitchell, José Ayú Prado, Harry Díaz, Jerónimo Mejía, Alejandro Moncada Luna, Luis Ramón Fábrega y Víctor Benavides.
OTRO CASO
Los tres recientes fallos coinciden con otra decisión de esta corporación de justicia en la que también dan un espaldarazo al acceso libre a la información.
El 28 de mayo pasado, días después de las elecciones del 4 de mayo que le dieron el triunfo a Varela, la CSJ le dio cinco días hábiles al extitular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario Oscar Osorio, para que respondiera información que le solicitó este medio sobre la brucelosis y tuberculosis bovina. “Por ser un asunto de salud pública la información es de interés para todos”, argumentó Harley Mitchell, magistrado encargado de resolver el hábeas data. Osorio no cumplió con el mandato de la Corte, y luego que La Prensa publicara una nota titulada: “Ministro desatiende fallo de CSJ”, el exfuncionario envió una extensa misiva a este medio respondiendo a medias. No suministró ningún documento.
REACCIONAN
Eduardo Quirós, presidente del Consejo Nacional de Periodismo, opinó sobre el tema. “Justicia tardía no es justicia”, manifestó.
“Ojalá que estas decisiones de la Corte Suprema de Justicia le envíen un mensaje a la presente administración sobre el valor que tienen los derechos de petición que hacen los periodistas”, agregó. Abogó porque se respeten las solicitudes de información para que no se tenga que recurrir a los hábeas data.
La pasada administración de Ricardo Martinelli impidió el acceso a la información a este medio. “Yo le he dicho a la gente [subalternos] que no conteste los cuestionarios”, aseguró el exgobernante en una entrevista televisiva, en la que admitió el cerco informativo impuesto a La Prensa.
Hasta finales de 2013, periodistas de este rotativo habían presentado 18 solicitudes de información ante distintas instituciones oficiales, y 19 acciones de hábeas data ante la Corte Suprema de Justicia por la falta de suministro de información pública, un derecho reconocido en la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia).