Acusadores mostrarán pruebas contra Martinelli
El fiscal Harry Díaz ha acumulado testimonios y documentos que le servirán para probar los cuatro delitos por los que acusa al expresidente Ricardo Martinelli por supuestos delitos de fraude en varias formas y por pinchazos telefónicos, seguimientos y vigilancias sin autorización judicial.
En la audiencia de hoy, Díaz deberá leer la acusación frente al exmandatario y mostrar a las partes las pruebas para sustentarla.
Así ha reunido el testimonio de gran parte de las víctimas, que aunque no se han constituido como querellantes, serán las voces que respaldarán la teoría acusadora de que durante el gobierno de Martinelli, se les violó su intimidad y, en ocasiones, estas conversaciones fueron divulgadas en las redes sociales.
Entre los testimonios que han citado tanto Díaz como el querellante autónomo Rosendo Rivera como acusadores, se encuentran dos expresidentes de la República Martín Torrijos y Ernesto Pérez Balladares; el exvicepresidente Samuel Lewis Navarro y el actual presidente Juan Carlos Varela, así como su hermano y diputado José Luis ‘Popi’ Varela.
Además de estas personas, el fiscal también tiene en la lista a reconocidos empresarios como Stanley Motta, dueño de la empresa de aviación Copa y Televisora Nacional TVN, así como al gerente general de ésta empresa Luis Mouynes. Los mencionados se encuentran entre 70 víctimas entre las que también se incluye a Erasmo Pinilla, entonces magistrado del Tribunal Electoral, a Genaro López, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, así como a periodistas, políticos y el alcalde capitalino José Blandón.
Con estos testimonios se pretende probar que se desarrollaron actividades de inteligencia que implicaron la interceptación de sus comunicaciones privadas por telefonía y por WhatsApp, correos electrónicos y con la utilización de artificios técnicos de escucha que permitieron la grabación de sus conversaciones, ya fuera de temas políticos, su vida íntima o agenda de trabajo de la persona en mención.
El fiscal también cuenta con las versiones de algunos miembros del entonces gabinete de Martinelli, como por ejemplo sus dos exministros de la Presidencia (Demetrio ‘Jimmy’ Papadimitriu y Roberto Henríquez), quienes se han desvinculado de las actividades del Consejo de Seguridad Nacional y aseguran que las relaciones entre Martinelli y este organismo se daban de manera directa y sin su intervención.
Díaz solicitará que se cite también a José Muñoz Molina, copartidario y amigo de Martinelli, para probar que el acusado se reunió con el diputado Yassir Purcait en su despacho, donde le presentó una serie de videos que evidenciaban interceptaciones de comunicaciones ilícitas.
Tanto la Fiscalía como Rivera han afinado detalles para introducir nuevos elementos convincentes sobre los hechos que acusan a Martinelli y para evitar duplicidades.
En este sentido, se han arropado de varios testimonios, tanto de exfuncionarios del Consejo de Seguridad, así como de los detectives policiales a quienes encomendaron realizar las inspecciones oculares de los equipos tecnológicos hallados en el edificio 150 de Quarry Heights, donde se ubica el Consejo de Seguridad.
No obstante, dos de los testigos Rony Rodríguez (jefe de inteligencia del Consejo) y William Pittí, exfuncionario del Consejo que solicita la Fiscalía no han sido localizados.
La idea de los acusadores es acreditar que se conocía la existencia de un equipo para realizar escuchas telefónicas a políticos y los seguimientos que se hacían de forma ilegal.
Se han contemplado aproximadamente quince testimonios de funcionarios del Consejo como parte de estas pruebas. Con sus declaraciones, el fiscal pretende probar que Martinelli era el autor de los hechos y que existía un modus operandi para tal fin.
Entre los testigos también están Gustavo Pérez, Alejandro Garuz y Jaime Moltó, exdirectores del Consejo.
Al primero, porque dijo que Rony Rodríguez tenía órdenes de trabajar con la presidencia de la República.
A Jimmy Papadimitriu, entonces ministro de la Presidencia, lo sentarán en el estrado para que ratifique que la política de seguridad del Estado era responsabilidad del presidente, y que no existe acta o reunión en la que él haya participado como ministro, ya que todas las reuniones eran en el Consejo de Seguridad.
Otro testimonio clave de la parte acusadora se recarga en Júbilo Graell, un exfuncionario del Consejo que señaló a Rodríguez como instructor de vigilancia y seguimiento a ciertos objetivos que interesaban al Presidente, y que él lo llevaba todas las mañanas a la Presidencia a entregar un sobre amarillo.
PRUEBAS DE LOS DELITOS
La parte acusadora ha recopilado testimonios y documentación
72
Testimonios citarán los querellantes y la Fiscalía
46
Documentos que contienen diligencias de inspección ocular, contratos, notas, además de dos pruebas periciales.
Este funcionario del Consejo también atestiguó que fue él quien trasladó un rack que se usaba para los servidores desde la sede del edificio en Ancón hasta el Súper 99 en Monte Oscuro, donde se encuentran las oficinas centrales del negocio del expresidente.
No obstante, la parte acusadora no cuenta con los softwares que se utilizaron para el espionaje del que se acusa a Martinelli. Cuentan con la documentación que contiene el contrato que se hizo entre el Estado y las empresas proveedoras de los equipos, mas no con el equipo en sí.
En cuanto a la documentación que mostrarán los acusadores, se cuentan más de 48 elementos que consisten en actas de inspección ocular a diferentes lugares, como residencias, oficinas, el hotel donde se hospedaron los proveedores del equipo, los autos de la Sala Penal que confirman que los números pinchados no contaban con una autorización judicial, copia de contratos y otros cuadernillos con las inspecciones oculares que guardan reserva por disposición de la Sala Segunda Penal en cuanto a su contenido, evitando de esta manera su publicidad para no revictimizar a los afectados.
Entre las pruebas periciales que recolectaron los acusadores hay diligencias realizadas a un disco duro en el que se encontró el correo desde el cual se enviaba información de los casos solicitados.
El perito Luis Rivera, del Instituto de Medicina Legal, hablará de los hallazgos en las computadoras y explicará las diligencias de inspección ocular efectuadas a los tanques de Balboa, punto donde se encontraba el enlace de Internet de banda ancha que era utilizada.
La acusación penal contra Ricardo Martinelli
Entre los años 2012 hasta mediados de mayo de 2014, en la planta alta del edificio 150, ubicado en la sede del Consejo de Seguridad Nacional, en Quarry Heights, Ancón, funcionarios de esta institución, por órdenes del entonces presidente, Ricardo Martinelli, realizaron interceptaciones ilícitas de comunicaciones de un número plural de ciudadanos.
Las escuchas se hacían a los correos electrónicos, tarjetas de memoria, agendas telefónicas, audio ambiente, grabación de conversaciones confidenciales y personales de activistas y líderes políticos, dirigentes sindicales, de gremios educativos, grupos de la sociedad civil, abogados, médicos. Los actos implicaron una violación constante y sistemática a la intimidad y derechos humanos. Para estas acciones, se utilizaron equipos, personal del Consejo de Seguridad y dineros provenientes del Estado.
Con este objetivo, se estableció, por parte del entonces presidente, un aparato organizado de poder que actuaba al margen del Estado a través del cual se daban instrucciones para que los funcionarios del Consejo de Seguridad, quienes tenían pleno conocimiento de la ilicitud de sus actividades y que no contaban con una orden judicial, realizaran intervenciones de las comunicaciones en distintas modalidades, por ejemplo, vigilancia y seguimiento de personas a quienes se les denominaba ‘objetivos’. Estos blancos podían ser de grupos políticos, económicos, cívicos y gremiales, haciendo extensiva esta violación de los derechos humanos, en algunos casos, a las familias o amistades del individuo que estaba siendo vigilado. Para la realización de estos ilícitos, Martinelli suministró los equipos, recursos y personal necesario.
Los hechos descritos constituyen los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad (artículos 167 y 168 del Código Penal), delitos contra la administración pública, en diferentes formas de peculado (artículos 338 y 341 del Código Penal).
Adelita Coriat
