Corte Suprema de Justicia quita traba en caso Odebrecht
El Segundo Tribunal Superior quedó sin obstáculos para resolver un recurso que presentó la fiscal especial anticorrupción Zuleyka Moore, con la finalidad de completar la compleja investigación de los sobornos de Odebrecht. Esto quedó así, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó ayer un amparo de garantías presentado por Humberto De León, imputado en el caso, contra la decisión del juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, de remitir el recurso de Moore al Segundo Tribunal. En el fallo, con ponencia de la magistrada Ángela Russo, la CSJ confirmó la decisión dictada el 5 de enero pasado por el Primer Tribunal, de negar el amparo a De León, interpuesto por su abogado, Jair Urriola. La decisión de la CSJ deja ahora la vía libre para que el Segundo Tribunal con ponencia de la magistrada María De Lourdes Estrada resuelva el recurso presentado por la fiscal Moore el 7 de noviembre de 2017, concretamente, una apelación al fallo de la jueza duodécima penal suplente, Lania Batista, quien negó adecuar los plazos de la investigación del caso y ordenó al Ministerio Público remitir el expediente con la vista fiscal. En la apelación, la fiscalía sustentó que la jueza Batista incurrió en un “error de derecho” al negar la adecuación de los plazos de la investigación con base en el artículo 2033 del Código Judicial aplicable para causas comunes, a pesar de que desde el 13 de julio de 2017 el proceso había sido declarado complejo y por lo tanto le aplicaba la Ley 121 de 2013, que rige para los casos de delincuencia organizada. En el caso de los sobornos de Odebrecht, la fiscalía ha imputado cargos a 62 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Además, logró la homologación de tres acuerdos de colaboración eficaz y dos acuerdos de pena. Corte rechaza amparo que dilató caso Odebrecht El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negó ayer un amparo de garantías presentado por uno de los imputados en el caso de los sobornos de Odebrecht. El amparo, interpuesto por Humberto De León exempleado de Credicorp Bank, atacaba la decisión del juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, de remitir al Segundo Tribunal Superior un recurso de la fiscal especial anticorrupción Zuleyka Moore. Moore apeló una decisión dictada el 25 de octubre de 2017 por la jueza duodécima penal suplente, Lania Batista, que negó la adecuación de los plazos de la investigación y ordenó al Ministerio Público remitir el expediente con la vista fiscal. La decisión de la CSJ, en la que según fuentes judiciales se abstuvo el magistrado Jerónimo Mejía, confirmó un fallo del Primer Tribunal Superior, que el 5 de enero pasado había negado el amparo presentado por De León a través de su abogado, Jair Urriola. A pesar de que Urriola apeló ese fallo del Primer Tribunal el 17 de enero pasado, la CSJ señaló que no fue sino hasta el 9 de febrero, a las 4.20 p.m., en la víspera de las festividades del Carnaval, cuando el citado tribunal le remitió el expediente del amparo. Ángela Russo quedó como ponente del caso en el reparto efectuado por la Secretaría General de la Corte el 16 de febrero pasado y siete días después puso a circular su proyecto de fallo, con el propósito de que el resto de sus colegas le hicieran objeciones o no. El pleno se pronunció ayer. Tribunal libre La decisión de la CSJ deja la vía libre para que el Segundo Tribunal con ponencia asignada a la magistrada María De Lourdes Estrada– resuelva la apelación de Moore, interpuesta el 7 de noviembre de 2017. En su apelación, la fiscal recordó que el 6 de junio de 2017 solicitó al Juzgado Duodécimo Penal declarar la investigación de las coimas de Odebrecht como caso de delincuencia organizada y que se aplicara el procedimiento de tramitación compleja. En fallo del 13 de junio de 2017, el juzgado admitió la solicitud de la fiscalía y le otorgó una prórroga hasta tanto se agotará la investigación y contará con “el resultado del total de diligencias puestas en práctica y debidamente diligenciadas”. Eso sí, dejó claro que la prórroga estaría vigente siempre y cuando no hubiera ninguna persona detenida, y que en tal caso comenzaría a correr a partir de dicha detención un plazo de dos meses para remitir el expediente con la correspondiente vista fiscal. De acuerdo con la fiscal, con el fallo del 13 de junio de 2017 la investigación de los sobornos quedó “bajo el esquema proporcionado por la Ley 121 de 2013”, que rige para los casos de delincuencia organizada. Moore también destacó en la apelación que en el fallo del 25 de octubre la jueza Batista incurrió en un “error de derecho”, pues utilizó como fundamento para negar la adecuación de los plazos de la investigación el artículo 2033 del Código Judicial, y no la Ley 121 de 2013. La fiscal alega que la jueza debió aplicar el artículo 3 de la Ley 121 de 2013, según el cual “el juez podrá adecuar los plazos para modificar las resoluciones que estime necesario”.Sustentó que el proceso encaja en la definición de delitos graves, por lo que permite la aplicación de disposiciones especiales de la Ley 121 de 2013, que establece: la “extensión del plazo para concluir la investigación”.
Juan Manuel Díaz
