TE advierte posibles demandas tras rechazo a nueva ley
En una jornada agitada, diputados de la Asamblea Nacional decidieron ayer no aprobar el proyecto de ley que busca reconfigurar los circuitos electorales, impulsado por el Tribunal Electoral (TE), y por otro lado archivaron seis denuncias presentadas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y la canciller y vicepresidenta, Isabel de Saint Malo.
Ambas medidas se dan en medio de la crisis política existente entre diputados del oficialista partido Panameñista y los diputados de la mayoría legislativa conformada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD).
En primera instancia, en horas de la mañana el proyecto de ley 605 impulsado por el TE para reconfigurar los circuitos electorales siguiendo un mandato constitucional no obtuvo los votos necesarios para ser aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea.
Raúl Pineda, Quibian Panay y Leandro Ávila, del PRD; al igual que Mariela Vega, de CD, se abstuvieron de votar; mientras que Jorge Alberto Rosas y Carlos Santana, del partido Panameñista, y José Muñoz, del partido Alianza, votaron a favor de la iniciativa.
El documento debía tener cinco votos de respaldo para ser aprobado.
La iniciativa tenía como objetivo cumplir con el mandato del artículo 147 de la Constitución Política, que señala que los circuitos se conformarán en proporción al número de electores que aparezca en el último padrón electoral.
Esta misma norma constitucional , según explicó Osman Valdés, jefe de la Dirección de Organización Electoral del TE, señala que a cada comarca y a la provincia de Darién les corresponderá elegir el número de diputados con que cuentan al momento de entrar en vigencia esta norma
Es decir, que por Constitución, e independientemente del número de pobladores, a la comarca Ngäbe Buglé le corresponden tres curules; a la comarca Guna Yala, dos escaños; y a Darién, otras dos curules.
CHOQUE EN EL PRD
En el debate fueron evidentes las fricciones entre los diputados del PRD. La diputada perredista Rosa Canto, del circuito 8-1 de Arraiján, quien respaldaba la iniciativa, cuestionó a la dirigencia de su partido por negarse a aprobar este proyecto.
La iniciativa buscaba incrementar en el circuito 8-1 de Arraiján de tres a cuatro el número de escaños para diputados a partir de las elecciones de 2019.
‘Ese diputado adicional en el circuito 8-1 lo puede obtener el PRD. Yo lo acabo de llamar (al secretario general del PRD, Pedro Miguel González), no sé cuál es su agenda o la agenda que ellos tienen’, dijo Canto.
El documento también buscaba incrementar un escaño para el circuito 8-10 en Tocumen y reducía una curul en los circuitos 8-7 y 8-8.
ADVIERTEN DEMANDAS
Tras el rechazo de este proyecto, Osman Valdés indicó que para el 2019 regiría la ley que está vigente y que se aplicó en las elecciones generales de 2014.
No obstante, advirtió que los resultados de las elecciones en estos circuitos, al no haberse aprobado este proyecto, y que involucraría a 17 diputados, podrían ser demandados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por inconstitucionales.
ARCHIVAN DENUNCIAS
Por otro lado, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional rechazó admitir una denuncia contra los magistrados de la Corte José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega, y otro caso contra el magistrado Cecilio Cedalise. También rechazaron admitir tres documentaciones o quejas contra el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y una denuncia contra la vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado.
EXPEDIENTES
Habían quince denuncias en la Comisión de Credenciales.
Tras ser archivadas seis carpetillas, solo quedan pendientes de análisis nueve denuncias, todas contra magistrados de la Corte.
La denuncia contra Ayú Prado y Fábrega fue presentada por la perredista Balbina Herrera y estaba relacionada con algunas acciones asumidas en el proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli por el caso Impregilo.
Los diputados consideraron que la prueba aportada no tiene la categoría de prueba sumaria y que no constituye delito, toda vez que se trata de una decisión interna de un órgano del Estado.
La denuncia contra Cedalise presentada por el abogado Florencio Barba Hart estaba relacionada con la presunta pérdida de un expediente en la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde se ventila un proceso de nulidad en contra de un contrato relacionado con una empresa telefónica.
Una de las denuncias archivadas contra el presidente Varela estaba relacionada con una queja del dirigente de los jubilados, Eladio Fernández, sobre las intenciones del mandatario de fusionar la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud.
Los diputados determinaron que la misma no cumplía las características de una denuncia formal.
En el segundo expediente analizado y presentado por Heraclio Bustamante contra el presidente Varela, se solicitaba el juzgamiento y destitución del gobernante por no cumplir las promesas que hizo en campaña. También se descartó y se archivó por no tener categoría de denuncia.
Una tercera documentación que señala que el presidente incumple una petición de información sobre el paradero de unas aeronaves del Servicio Nacional Aeronaval, también fue archivada.
De igual manera se archivó una denuncia de Carmen Cecilia Cal de Carles contra la vicepresidenta Isabel De Saint Malo de Alvarado, por algunas opiniones emitidas en ciertos medios de comunicación, en las cuales avaló la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre el matrimonio gay, y que la misma es ‘vinculante para Panamá’.
Se determinó que la emisión de estas opiniones no están enmarcadas en ninguna figura delictiva.
Gustavo A. Aparicio O.
