Pago millonario para abogados por tema Intel
No menos de $2 millones es el monto de la comisión que recibirían los abogados que representan a los extrabajadores del antiguo Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Intel), quienes serían beneficiados con un proyecto de ley que actualmente se discute en la Asamblea Nacional.
La iniciativa, impulsada desde hace más de tres años por el diputado oficialista Luis Barría, busca devolver los impuestos sobre la renta que no se cancelaron cuando se indemnizó a los funcionarios del Intel por efectos de la privatización durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999).
Se calcula que esta devolución representa $20 millones, por lo cual los representantes legales de los posibles beneficiados ganarían más de $2 millones, lo que representa una comisión del 10%, una práctica común en el mundo forense.
De aprobarse esta propuesta legislativa, se presentaría una iniciativa similar para favorecer a los extrabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), otra empresa estatal que fue privatizada en el gobierno de Pérez Balladares.
Además se plantea que la Autoridad Portuaria Nacional, bajo la dirección de Hugo Torrijos Richa (fallecido), llegó a un acuerdo con los trabajadores para pagarles sus indemnizaciones y, posteriormente, devolverles lo que corresponde al ISR, que en principio fue retenido como manda la ley.
COMISIÓN PARA ABOGADOS
El grupo de abogados se quedaría con $2 millones
El pago sería en concepto de la gestión realizada para lograr que extrabajadores recuperen el ISR.
Los trabajadores portuarios se opusieron tenazmente a la privatización de las terminales marítimas, pero fueron convencidos por el pago de las liquidaciones y, más adelante, con la devolución de los impuestos sobre la renta previamente retenidos.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los técnicos sostienen que el mencionado proyecto de ley ‘no tiene sustento, ni moral ni jurídico ni político’.
‘No es moral porque todos pagamos impuestos. No es jurídico porque no cuenta con ningún sustento legal’, comentaron.
Con relación a lo político, el proyecto de ley se califica como inconveniente porque ello provocaría un efecto cascada con consecuencias negativas para la economía nacional.
‘Todo el mundo comenzará a pedir la devolución de sus impuestos. ¿Y entonces con qué recursos contará el Estado para realizar las obras en beneficio de la sociedad?’, preguntan los técnicos.
El MEF no ve con buenos ojos que, por simple interés políticos, algunos diputados creen que serán favorecidos por el voto de unos 3,500 exfuncionarios del Intel y sus familiares. Todo ello en detrimento de las finanzas públicas.
Sin embargo, el hecho que más llama la atención a los expertos del MEF es que el dinero de la supuesta devolución de impuestos no está consignado en el presupuesto general del Estado del presente año 2018.
Además, en estos momentos el gobierno enfrenta una obligación financiera onerosa, como es la emisión y pago de los Cepadem.
Aparte de que no está presupuestado ni un solo centavo para devolver impuestos, por lo que es probable que el Órgano Ejecutivo sancione el proyecto de ley, en caso de que este sea aprobado en el Palacio Justo Arosemena y remitido al Palacio de las Garzas para su correspondiente trámite.
Se vislumbra, desde ya, que si la Asamblea Nacional aprueba el proyecto por insistencia (mayoría de dos tercios de los diputados), el Ejecutivo declararía esa iniciativa como inexequible (inconstitucional) y la remitiría a la Corte Suprema para que esta tome la decisión final, hecho que puede demorar el tiempo que el Órgano Judicial estime prudente.
Carlos Anel Cordero
