Panamá, de paraíso a la cárcel del gabinete de Martinelli
Los 75.000 kilómetros cuadrados de Panamá son la cárcel de casi todo el gabinete del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) luego de casi tres años de persecución judicial por los centenares delitos de corrupción que se les sigue, y solo faltaría el exgobernante para redondear la faena.
El único que “brilla” y sobrevivió al cambio de Gobierno es Roberto Roy, el afable ministro de Asuntos del Canal de Panamá y máximo rector del Metro de la capital tanto en la administración de Martinelli y del presidente Juan Carlos Varela, quien fue vicepresidente de su antecesor, con el que se peleó en 2011.
Varela ha dicho varias veces que se alejó de Martinelli asqueado por la “corrupción” en su gobierno, pero también ha repetido, en público y en privado, que él no tiene ninguna persecución montada contra sus antiguos aliados y colegas, porque fue canciller hasta que el exgobernante lo botó con un tuit por “vago”.
De 16 altos dignatarios encartados, entre ministros y viceministros, solo hoy el de Economía y Finanzas, Frank De Lima, está en una celda, nuevamente, desde el lunes pasado, ahora por un nuevo caso vinculado a una concesión de un local dentro del aeropuerto internacional de Tocumen del que nadie se acordaba.
De Lima gozaba desde hace meses atrás de país por cárcel por otro caso en el que quedó vinculado por su exviceministra Gladys Cedeño, quien también está en esa condición, luego que ambos estuvieron un tiempo detenidos el año pasado.
Los que hasta ahora no han sido mencionados en ninguna investigación son los extitulares de Relaciones Exteriores, Fernando Núñez Fábrega, primo lejano de Martinelli, y Francisco Álvarez De Soto, lo mismo que el exministro de Comercio e Industrias Ricardo Quijano.
Mientras que la extitular de Vivienda Yasmina Pimentel es investigada por el caso del desgreño de una programa de vivienda social, pero no tiene ninguna medida cautelar en su contra.
Pero en esa cartera también actuó como canciller Roberto Henríquez -hermano del actual embajador de Panamá en España, Milton Henríquez- quien fue además ministro de la Presidencia de Martinelli y tiene país por cárcel.
La exviceministra de la Presidencia María Fábrega tampoco puede salir del país.
Del Ministerio de Desarrollo Social está Guillermo Ferrufino y su exviceministra Marta González-Ruiz de Varela, tía del actual presidente Juan Carlos Varela; del de Desarrollo Agropecuario los exministros Óscar Osorio y Emilio Kieswetter y del de Obras Públicas sus colegas Federico Suárez y Jaime Ford.
Otra con país por cárcel es la exministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) Giselle Burillo, el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, los exministros de Salud Javier Díaz y Franklin Vergara y su exviceministro Serafín Sánchez, la extitular de Educación Lucy Molinar y la ex del Ministerio de Trabajo Alma Cortés.
Mientras que el exministro de la Autoridad de Turismo Salomón Shamah fue uno de los últimos en aparecer investigado en otro de los cientos de casos de corrupción en el Ministerio Público, pero no ha comparecido y se entiende que se mudó a Colombia hace tiempo.
Luis Eduardo Camacho, hijo homónimo del incondicional portavoz de Martinelli y exviceministro de Comercio Exterior, está bajo el mismo régimen legal.
Un personaje del “círculo cero”, destacado por ser declarado prófugo es Adolfo “Chichi” De Obarrio, secretario privado de Martinelli, cuya madre, Silvina Manzini, fue enviada a la cárcel de mujeres el pasado 9 de agosto por un caso de enriquecimiento injustificado.
De Obarrio salió de Panamá junto con su esposa el 24 de diciembre de 2014 con destino a Miami (EE.UU.).
Otros que no han comparecido ante la justicia panameña son los dos hijos varones de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique, vinculados a la investigación por Odebrecht y contra quienes existe una “alerta roja” en Interpol, al igual que a su padre.
Supuestamente EE.UU. les canceló la visa de ingreso a ese país a los hijos y la esposa del expresidente, Marta Linares, lo que explicaría que no asistan a las audiencias en una corte de Miami contra Ricardo Martinelli desde que fue detenido con fines de extradición, que debe definirse el 31 de agosto próximo.
La lista de exfuncionarios es más amplia, y se le suman decenas de empresarios, bancos cuyos nombres son celosamente guardados por el “secreto de sumario” en un proceso lento de investigación que crea presión por la próxima campaña para las elecciones de 2019, y por las denuncias de “persecución política” que alegan los martinellistas y que niegan los varelistas.
EFE
