Auditoría de ‘Techos de Esperanza’, en manos del MP
La auditoría para determinar si hubo división de materia y afectación al erario público en las compras efectuadas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), para el programa Techos de Esperanza, ya concluyó.
El documento fue remitido a la Procuraduría General de la Nación desde abril de 2017 y es a las autoridades de investigación a las que corresponde determinar si hubo o no afectación a los fondos del Estado.
La información se desprende de una nota enviada por el secretario General de la Contraloría, Carlos García, a la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín .
La nota fechada el 24 de julio último responde a una solicitud de la ‘zarina’, quien está interesada en conocer el estatus de las auditorías solicitadas por su despacho.
‘Nos satisface que se haya concluido con la auditoría y se haya remitido al MP (…), ya que desde nuestro punto de vista sí hubo división de materia’, dijo Maytín.
EL CASO
Ahora es el MP el que debe decidir, según los resultados de la auditoría, si continúa o no el proceso de investigación iniciado de oficio en enero de 2016.
La Antai identificó facturaciones irregulares que, según su directora, merecían la destitución del actual administrador de la ahora Dirección de Asistencia Social (DAS), Rafael Stanziola.
El sistema registró la facturación sistemática de productos de un mismo proveedor, en la misma fecha, y en ocasiones, con cifras iguales, para atender un programa gubernamental.
A juicio de la ‘zarina’ anticorrupción, esta práctica es calificada como ‘división de materia’ y está encaminada a reducir los montos de las facturas para evadir controles administrativos y la fiscalización del caso.
LA LEY
Según el artículo 23 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas, ‘no se podrá dividir la materia de contratación en partes o grupos para que la cuantía no llegue a la precisa para la celebración del acto público que corresponda’.
‘En caso de existir división de materia, la adjudicación sería nula, y al servidor público infractor se le impondrán las sanciones legales correspondientes’, añade.
En el MP, la investigación, según conoció previamente este medio, era adelantada por la Subsecretaría General de la Procuraduría, bajo el Sistema Penal Acusatorio.
Este proceso se inició por una denuncia anónima interpuesta el 26 de diciembre de 2014, en la Antai, que se refería a irregularidades en la selección de proveedores de equipo pesado para ser usados por el Miviot.
Las compras realizadas a través del extinto PAN eran por ‘invitación de proveedores’. Pero, según la denuncia, nunca se informó quién hacía las compras ni a qué precio, y mucho menos se entregó información del beneficiado. La denuncia señaló a Airco, S.A. como beneficiario.
En sus conclusiones, la Antai consideró que se obvió la convocatoria a una licitación pública en el proyecto Altos de la Torre por $1,044,534 que se dividieron en siete actos de menos de $300,000, que fueron aprobados por el director del PAN y refrendados por Contraloría. También, señaló la Antai, se impidió que otros proveedores presentasen sus ofertas en igualdad de condiciones.
Según las conclusiones de Antai, hubo tiempo suficiente para convocar a una licitación formal.
El proceso de compra de equipo pesado no cumplió con el concepto de ‘condición de urgencia’ bajo la cual se escudaron las instituciones para hacerlas.
Entre noviembre de 2014 y abril de 2015, el Miviot otorgó al menos $15.3 millones en contrataciones a través del PAN, para comprar equipos y materiales para su programa Techos de Esperanza.
Las contrataciones fueron repartidas entre las empresas Royal Construccion Panamá, Airco, S.A. y Fiorazio de Panamá. El representante de Airco, S.A. era Pedro Vallarino, quien al momento era miembro de la directiva de la Caja de Ahorros.
OSCURO PASADO DEL PAN
El Programa de Ayuda Nacional (PAN) fue un foco de corrupción de la pasada administración gubernamental. Su exdirector Rafael Guardia estuvo detenido por cargos que van desde peculado hasta blanqueo de capitales por las contrataciones hechas a través del programa social.
En campaña, Juan Carlos Varela prometió eliminar este programa, pero terminó cambiándole el nombre. Mediante el Decreto Ejecutivo N° 775, el PAN ‘resucitó’ como Dirección de Asistencia Social (DAS), y será la encargada de dar respuesta a situaciones de urgencia y de necesidad pública.
Marlene Testa
