CNA abandona por ‘inoperante’ el Pacto de Estado por la Justicia
El Pacto de Estado por la Justicia, compromiso nacional asumido en 2005 por los titulares de los tres Órganos del Estado, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y representantes de la sociedad civil, perdió el viernes pasado a uno de sus integrantes.
El Colegio Nacional de Abogados (CNA) considera que el comité es ‘inoperante’, por lo que solicitó de manera formal al presidente de la República, Juan Carlos Varela, la convocatoria a un ‘verdadero’ Pacto Nacional por la Justicia en el que para cumplirlo se necesitará un compromiso político de la Asamblea Nacional.
EL ABANDONO OFICIAL
En una carta de tres páginas, el presidente del CNA, José Alberto Álvarez, le comunicó a Rigoberto González, quien en su condición de Procurador de la Administración es el coordinador del organismo interdisciplinario ad-hoc, que la decisión fue tomada unánimemente por la Junta Directiva del CNA que decidió sustraerse de esta instancia.
La directiva del CNA considera que en su primera etapa, el Pacto de Estado por la Justicia jugó efectivamente un papel determinante en el acontecer nacional.
La afirmación de la directiva de abogados se basa en el primer informe y recomendaciones producto de importantes reuniones con la comprometida participación de sectores vinculados a la administración de justicia, pronunciamiento que, consideran, no se ha atendido.
Luego de un letargo de varios años, señala el CNA, tras un sexenio sin reunirse, el Pacto de Estado por la Justicia se reactivó para atender los diferentes problemas que siguen afectando la Administración de Justicia, ‘la cual en estos momentos se encuentra el su punto más bajo de credibilidad’, agregó Álvarez.
‘Este método a través del Pacto está agotado y no representa una opción para contribuir a la grave crisis que afecta al sistema. Es imperante, entonces, un urgente cambio de estrategia’, reclamó Álvarez en la carta entregada a González, el pasado viernes 23 de junio.
La salida del CNA del Pacto de Estado es un tema que debe ser abordado por todos los integrantes del Pacto para obtener una posición conjunta, explicó González en conversación con La Estrella de Panamá .
‘No obstante, dijo González, a título individual y como coordinador del Pacto, me parece una posición desacertada, pues uno no debe renunciar a los espacios en los que se tiene voz y voto sobre los temas de la Administración de Justicia’.
La visión de la reforma judicial planteada por el Pacto de Estado es tener un sistema de administración de justicia transparente, independiente y eficiente, con funcionarios judiciales idóneos e imparciales que rindan cuenta de su gestión, mediante una evaluación eficaz que permita determinar que se cumple con el debido proceso legal, mediante una tutela judicial efectiva, expedita e igualitaria que transmita confianza ciudadana en la Justicia.
EL POR QUÉ DE LA SALIDA
Para sustentar la ‘inoperancia’ del Pacto del Estado por la Justicia, Álvarez detalla que uno de los compromisos era fortalecer la ética profesional del abogado, implementando la materia de ética en todas las universidades que ofrezcan la carrera de Derecho y la aplicación del examen de suficiencia académica profesional como requisito para ser abogado.
‘¿Se pregunta la Junta Directiva para qué pertenecer a un grupo que no apoya ni siquiera una de sus propuestas {ya citada}? La respuesta es obvia: De nada sirve, y por eso lo abandonamos’, detalló el presidente del CNA en la carta. Antes de concluir su nota, Álvarez insiste que se debe revisar el pénsum académico de las universidades que actualmente gradúan a abogados, porque las estadísticas indican que al mes se gradúan unos 150 profesionales del Derecho. Es decir, tres abogados al día, sin importar si es sábado, domingo o día feriado, Navidad o Año Nuevo. Y una sola Universidad gradúa hoy día el doble de licenciados en Derecho que la Universidad de Panamá, y quizás al final de año habrá graduado el triple, lo cual consideran como ‘preocupante’ por la calidad de los nuevos profesionales.
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CÓMO NACE EL PACTO DE ESTADO POR LA JUSTICIA
El Pacto de Estado por la Justicia fue creado en 2005, durante la administración gubernamental del entonces presidente Martín Torrijos Espino.
El Pacto fue creado en reacción a una serie de denuncias públicas que hizo el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona, que acusó a sus colegas magistrados de vender fallos a narcotraficantes y otros delincuentes.
Las denuncias del magistrado generaron una crisis de credibilidad, no solo en el Órgano Judicial, sino también en las demás estructuras del Estado panameño que fueron cuestionadas por los voceros de la sociedad que cuestionaron lo que el hoy el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, califica como ‘inoperancia’.
Ante las críticas, se creó esta instancia que tenía entre sus funciones la creación de políticas públicas y elaboración de leyes que condujeran a la elaboración de leyes que garantizaran la existencia de una justicia transparente y que respondiera a las necesidades del Estado.
Además de los tres Órganos del Estado, se comprometieron en el Pacto de Estado por la Justicia, universidades y organizaciones relacionadas e interesadas en la existencia de un sistema de justicia transparente.
Ismael Gordón Guerrel
