‘M&F vende encubrimiento disfrazado de legalidad’
La publicación de los ‘Papeles de Panamá’ y una posterior investigación de la Asamblea Legislativa dejó lecciones importantes a los costarricenses.
Los archivos filtrados del bufete panameño Mossack & Fonseca, y que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación el 3 de abril de 2016, demuestran que el uso de sociedades offshore tiene relación con prácticas fiscalmente riesgosas comunes en contribuyentes evasores.
‘Queda evidenciada la relación común entre el uso de sociedades offshore y las conductas tendientes al incumplimiento tributario’, son parte de las conclusiones de reporte elaborado por nueve miembros de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y publicado el 30 de marzo de 2017
Los legisladores de la comisión investigadora concluyen que la filtración de documentos expuso a una élite política económica que ha gozado de suficiente poder para mantener la legislación con vacíos legales que les han permitido desarrollar acciones inmorales en beneficio de su interés personal.
‘La revelación de una serie de acciones y mecanismos usados por estas élites nos ha permitido señalar vacíos legales donde corresponde desarrollar propuestas de ley que aboguen por el bien común’, añade el documento.
En total fueron diecinueve puntos remarcados como vacíos legales. Entre estos están la opacidad y frágil regulación de las personerías jurídicas y fideicomisos, la falta de regulación de los aportes extraordinarios de capital, la carencia de impuesto a las ganancias de capital, debilidades del impuesto de ventas que facilitan la evasión, las limitaciones en la definición de tipo penal del delito de legitimación de capitales y de defraudación fiscal, la falta de regulación de precios de transferencia y de las entidades financieras sin fines de lucro, la insuficiente legislación para el riesgo de elusión y evasión de los personajes públicos y políticamente expuestos.
LOS PROYECTOS
Para subsanar las fallas, los legisladores proponen un conjunto de leyes para cerrar los portillos de las maniobras de defraudación fiscal. Entre las iniciativas a impulsar están la regulación de las personas jurídicas no inscritas en la administración tributaria, la prohibición a funcionarios con altos cargos públicos de realizar actividades comerciales en paraísos fiscales, retención de impuestos sobre las remesas, reformar el código de comercio para que se protocolicen los aportes extraordinarios de capital, bancarización de las transacciones de bienes inscritas en el Registro Público, reformas a la sanción a asesores tributarios que aconsejen mecanismos de defraudación fiscal, al tipo penal del delito de legitimación de capitales y a la Ley del impuesto sobre la renta.
LEGALIDAD DE ‘OFFSHORE’
En cuanto a la constitución de sociedades mercantiles o personas jurídicas, el informe considera que no es una actividad ilícita. Sin embargo, se identificó que en todas las actividades ilícitas estaban involucradas personas jurídicas como medio facilitador de las mismas por la opacidad que ellas representan.
Como otra conclusión señalan que el bufete Mossack & Fonseca es una organización privada que crea condiciones y estructuras legales para canalizar los fondos de sus clientes a espacios económicos con reglas tributarias menos rígidas.
En su análisis sobre el bufete panameño, señalan que su negocio es constituir empresas offshore como entidades legales que funcionan por debajo de los radares de la legislación fiscal del país de origen de sus beneficiarios, lo que incrementa su riqueza patrimonial y poder político en perjuicio del erario público.
Mossack & Fonseca es, según las conclusiones de la comisión investigadora, un bufete que ‘a la postre vende encubrimiento o camuflaje de legalidad formal para el enriquecimiento ilícito material de clientes de por sí acaudalados, siendo ese tipo servicio profesional representa una cortina de humo para el tema de la especulación financiera, la corrupción o el lavado de dinero (o todas las anteriores)’.
CASOS
Según el reporte, los ‘Papeles de Panamá’ representan un desafío para cualquier país democrático que tenga pendientes en su agenda de gobernanza de los asuntos públicos.
DIPUTADA COSTARRICENSE
El Ministerio de Hacienda de Costa Rica mantiene bajo investigación a 120 empresas o personas sospechosas de prácticas de evasión fiscal vinculadas al escándalo de los ‘Papeles de Panamá’.
La información se refiere a 49 empresas y 41 personas naturales que se dedican a actividades del ámbito jurídico, inmobiliario, agropecuario, comercial y de servicios de asesoramiento y consultorías.
De los 120 involucrados, las autoridades costarricenses tienen plenamente identificados a 69, los cuales, además, crearon un total de 410 sociedades offshore en Panamá, de acuerdo a una publicación de la agencia de noticias EFE , el 21 de marzo de 2017.
La administración ‘presume que detrás de la creación de estas sociedades hay una clara intención de evadir las responsabilidades tributarias, por lo que sus casos serán trasladados a las áreas de fiscalización de la Dirección General de Tributación o al Ministerio Público, según corresponda’, para su investigación, dijo en un comunicado el viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez.
‘NOSOTROS NO ASESORAMOS A LOS CLIENTES FINALES DE ESTOS INTERMEDIARIOS SOBRE LA MANERA EN QUE DEBEN OPERAR SUS NEGOCIOS’,
MOSSACK & FONSECA
FIRMA DE ABOGADOS
Desde abril de 2016, a raíz de la filtración de datos, el Ministerio Público de Panamá instruye un expediente contra los socios del bufete por un supuesto delito de blanqueo de capitales. La investigación ha encontrado obstáculo por recursos interpuestos por la defensa.
Otro proceso fue abierto en el ente investigación panameño por un supuesto hackeo a los servidores de la firma de abogados panameña.
Hasta ahora no hay detenidos en ninguno de los casos.
Marlene Testa
