Magistrado Oydén Ortega, denunciado ante la Asamblea

No habían transcurrido 24 horas de la sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia en la que los magistrados se negaron a investigar a trece diputados, cuando La Estrella de Panamá recibió la copia de una nueva denuncia interpuesta contra uno de los integrantes del Órgano Judicial. En este caso, se trata de un recurso que llegó a la Asamblea Nacional el 27 de marzo de 2017 a las 10:54 de la mañana en el que se señala al magistrado Oydén Ortega Durán.

CAUSA DE LA DENUNCIA

El denunciante asegura que fue estafado por un grupo de personas que utilizan su cercanía con los dispensadores de justicia, en este caso el magistrado Ortega Durán. La disposición era la de influir en los fallos y las sentencias que están en los respectivos despachos judiciales a cargo del citado magistrado. El denunciante, César Guillermo Alvarado Taylor, pide a los integrantes de la Asamblea Nacional ‘un proceso imparcial’ en el que se aclare la verdad de los hechos que denuncia. Alvarado Taylor explica que representa a su madre en este proceso, el cual inició en 2013 en el Juzgado Tercero de lo Civil de Panamá, en un proceso de la Ganadera Cerro Jesús, S.A. vs. Forrest For Friends y Green Development Forrestry Company Inc. Producto de un reclamo civil, la ganadera se encontraba a punto de la quiebra. El proceso fue llevado ante la Sala Civil, instancia que lo rechazó, pero que luego lo reconsideró, recurso que quedó a cargo de los magistrados Oydén Ortega Durán y Hernán De León. Según explica Alvarado Taylor, en el momento en que la ganadera no tenía capacidad para seguir en el proceso y estaba a punto de irse a la quiebra, fue cuando se introdujo la figura de Oydén Ortega hijo, quien le informó que podía intervenir ‘para resolver’ el proceso ‘con la anuencia de su padre’. Aunque asegura que le asistía el derecho, le informaron que el proceso podía ‘resolverse a su favor y evitar la quiebra’ de la empresa ganadera o que la contraparte resultara beneficiada con un fallo a su favor. Asegura el demandante que su contraparte tenía como abogados a Aristides Royo y Aníbal Tejeira, por lo que sentía temor de perder el proceso. Fue entonces cuando accedió a las solicitudes de Ortega hijo, quien le prometía interceder para resolver la causa a favor de la ganadera.

CAUTELA JUDICIAL

En el texto del recurso, el denunciante alega que presenta la denuncia ‘con recelo y cautela, por la creencia popular que esta entidad (la Asamblea Nacional) no acoge asuntos que incumben a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el hecho de que deben favores y respeto’. Al mismo tiempo, reconoce estar ‘consciente’ de los ataques que puedan haber en su contra, ‘ya sea vida, honra y bienes míos o de mis familiares y allegados’. A la vez, Alvarado Taylor solicita que la denuncia no quede en los archivos de la impunidad, a pesar de que no le consta que ‘ustedes (los diputados) patrocinan’. Alvarado Taylor señala en varias ocasiones en el texto presentado que su actuación no tiene ribetes políticos ni morales, sino que trasciende a la esfera criminal. Ante estas consideraciones, el denunciante alega que por esta causa debe hacerse algo más que un llamado de atención, lo que corresponde es una causa en la esfera criminal, sin importar quién haya sido el responsable de ‘transgredir’ la ley, al considerar que se debe hacer valer el axioma según el cual ‘no hay fueros ni privilegios’.

PRUEBA IDÓNEA

En el texto de la denuncia presentada ante la Asamblea Nacional, el pasado 27 de marzo, el denunciante asegura que este recurso no debe encontrarse con el citado obstáculo legal de la prueba preconstituida, ya que adjunta una serie de copias de los pagos hechos a Oydén Ortega hijo, así como las conversaciones sostenidas a través de Whatsapp e incluso solicita que se requiera a las respectivas compañías telefónicas las grabaciones de las conversaciones. Las últimas denuncias que han sido presentadas ante la Asamblea Nacional no han sido consideradas y, en su lugar, han sido archivadas al considerar los diputados que no hay prueba idónea. Un tanto sucede en la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados consideran lo mismo y han ordenado el archivo de distintas denuncias. En opinión de Alvarado Taylor, la documentación presentada, así como la copia de las conversaciones sostenidas en Whatsapp y por la vía telefónica, constituyen prueba suficiente para sustentar los hechos que denuncia, los cuales, considera, bastan para convencer judicialmente a los diputados de que deben ser los encargados de ver la denuncia presentada. El denunciante añade que entre las pruebas señaladas, además de las llamadas telefónicas hay registros de las conversaciones sostenidas entre las partes, las cuales asegura que, de ser verificadas, pueden comprobar sus alegatos. Por ello, Alvarado Taylor insiste en que se verifique la autenticidad de dichas comunicaciones con las respectivas compañías telefónicas en el país. También requiere el demandante que se solicite las vistas de las cámaras del gimnasio Briga y sus alrededores, en el área de San Francisco, cercano al Parque Omar, del cual, asegura, es propietario el hijo el magistrado Ortega.

DENUNCIA PENAL

César Guillermo Alvarado Taylor denunció al magistrado O. Ortega La denuncia fue presentada el 27 de marzo ante la Asamblea Nacional. Según el denunciante, le hizo pagos al hijo del magistrado a cambio de un fallo que supuestamente se daría a su favor. Igualmente, señala que se verifique un local que identifica como Cross Fire, ubicado en el área de Clayton, Ciudad del Saber. Menciona también que en el proceso se desarrollaron reuniones dentro de un automóvil de marca Ford, doble cabina, color gris, el cual usualmente conducía Ortega hijo, encuentros que se realizaban en presencia de una persona que identifica como la ‘señorita Claudia’, la cual fungía, según Ortega hijo, como la asistente del magistrado, persona esta a la ‘que se pagaba para la revisión del recurso’. Añade a las pruebas copias fotostáticas de los depósitos hechos a una cuenta del Banco General, a nombre del hijo del magistrado, con los cuales se hacían los pagos requeridos. Asegura el denunciante que también se puede verificar en los registros contables del gimnasio Briga, al cual se hizo un pago a mediados del mes de noviembre por un monto de $15 mil. El denunciante requiere además que se realice un careo entre él y la persona demandada, a la vez que pide que se les someta al polígrafo, con el fin de verificar quién dice la verdad.

Carlos Anel Cordero