La isla donde imperan la ley y el sentido común
En una confirmación más de que el péndulo regresa a la razón y al derecho, las Cortes en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) han emitido un fallo que envía un claro mensaje de que los organismos internacionales abusadores como la OCDE y sus paniaguados europeos encontrarán más y más resistencia, ya que el derecho a la privacidad y al debido proceso son sagrados para cualquier nación democrática. En el fallo ‘Quiver Inc. & Friar Tuck Limited vs International Tax Authority’, de 31 de marzo de este año, las Cortes de BVI confirman que el Estado debe mantener un balance al cumplir las obligaciones asumidas en virtud de los tratados de intercambio de información fiscal asegurándose que haya un debido proceso y que se guarden las garantías fundamentales de las personas jurídicas y naturales. Resumiendo, las Cortes de la nación caribeña resolvieron que el Estado no puede bajo el argumento de confidencialidad exigir información de personas jurídicas registradas en BVI sin detallar los motivos en que se fundamenta la petición de la información. Es lógico, es la única manera que se le garantiza el derecho al debido proceso al sujeto objeto de la investigación. Este fallo confirma que los derechos fundamentales a la privacidad y a la confidencialidad son sagrados y deben ser protegidos por el Estado que está obligado a tutelarlos y no solo ser un tramitador sumiso, antes las peticiones de otros países, en virtud de un tratado de intercambio de información fiscal. La firma que representó al cliente ante las Cortes de BVI, Harneys, menciona en su página web que: ‘En la práctica, esto significa que las instituciones estatales de BVI deben entregarle al recipiente (a quien se le pide la información fiscal) suficiente información sobre la solicitud del Estado requirente permitiéndole así, de ser conveniente, presentar los recursos legales apropiados para invalidar la solicitud. Este principio pensamos puede y debe ser extendido a los Common Reporting Stantards (CRS) implementados en BVI. Esto es una victoria fundamental para los derechos constitucionales porque no solo asiste a los directores a ejercer su labor fiduciaria y a los agentes residentes; sino que protege a todas las personas (jurídicas y naturales) de una búsqueda arbitraria (fishing expedition) de países poderosos y al hacerla, reafirma que en BVI hay un Estado de derecho’. En otra acción que confirma que ‘se está volteando la tortilla’, el diario norteamericano The Hill, del día 6 de abril de este año, publica que el senador Rand Paul y el congresista Mark Meadows, ambos republicanos, presentarán legislación para eliminar FATCA, ya que viola los derechos ciudadanos a la privacidad y la Cuarta Enmienda de la Constitución norteamericana. El Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) requiere que las instituciones financieras internacionales reporten las cuentas bancarias de ciudadanos americanos en forma automática sin que medie orden judicial. Le recordamos al lector que la plataforma del Partido Republicano, que llevó a Donald Trump a la Presidencia norteamericana, tenía como una de sus prioridades la eliminación de FATCA. También le recordamos al lector que los Estados Unidos se ha negado a firmar los CRS, ya que ellos tenían FATCA, lo que le dio la excusa perfecta a la OCDE para mirar hacia los países más pequeños y no tener que enfrentarse con los norteamericanos. Pareciera que Panamá debe ser más pausado en la implementación de sus compromisos en vista de que las diversas organizaciones y Estados que promueven la obligación de entregar información financiera y fiscal en forma automática sin cuestionar el fundamento legal están sufriendo algunos reveses judiciales. Recordemos que hasta la Corte Suprema de Justicia francesa rechazó, por inconstitucional, la idea de hacer público el nombre de los accionistas de compañías francesas privadas. San Agustín decía que la paciencia es compañera de la sabiduría. Vamos con calma. La pregunta que debemos hacernos ahora es si los miembros del Órgano Judicial en Panamá entenderán la trascendencia del fallo de BVI y la necesidad de restringir los poderes omnipotentes que han asumido las autoridades nacionales en el afán de cumplirles a los países, que nos atacan constantemente, sus solicitudes de información. Asumir la posición valiente, apoyada en el derecho y proteger las garantías individuales de las personas jurídicas y naturales panameñas, debe primar sobre el llanto ensordecedor de los franceses y de los oficinistas glorificados de la OCDE. Actuar con dignidad y apegado a las leyes es lo que ha demostrado BVI. ¿Qué haremos en Panamá? ¿Aplicar el derecho con agallas o agachar la cabeza ante las presiones internacionales y recibir, con alfombra roja, a los parásitos de la OCDE en junio?.
Álvaro Tomas
