Respeto a la seguridad jurídica
El respeto a la seguridad jurídica es un principio reconocido no solo a nivel nacional, sino en el orden internacional. Los individuos y entidades llamados a velar por su cumplimiento son los funcionarios y las instituciones que ellos representan; violar este principio universal es el peor servicio que se le puede ofrecer a un país que, como Panamá, se precia de ser un imán para la inversión directa extranjera. Por eso causó sorpresa que el 17 de enero pasado el alcalde y el Concejo de Colón decidieran sesionar en los rieles del ferrocarril como señal de protesta porque, según ellos, la concesionaria Panama Canal Railway Co. (PCRC) no tiene programas de ayuda social en Colón ni paga impuestos. El absurdo paralizó el servicio del ferrocarril durante seis horas. En primer lugar, esa no es la forma como deben actuar los ciudadanos, mucho menos las autoridades llamadas a dar el ejemplo. En segundo lugar, el argumento que esgrimían era falso, pues PCRC tiene sus propios programas de responsabilidad social y paga al Estado más de $10 millones anuales. Además, gasta en compra de bienes y servicios más de $25 millones al año, de los cuales más de $12 millones se quedan en Colón. De su operación, que se rige por la Ley 15 de 1998, se benefician camioneros, talleres, proveedores de piezas, operadores de turismo y de canteras, restaurantes, arrendatarios de equipo pesado y, sobre todo, muchos colonenses que laboran en esa empresa de capital estadounidense. Es por actitudes como la que censuramos aquí, que la United Brands liquidó hace muchos años sus operaciones en Puerto Armuelles, lo que la dejó convertida en ciudad fantasma.
Redacción La Estrella de Panamá
